El Comité Ejecutivo de ASAJA, encabezado por su presidente, Pedro Barato, se ha reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su equipo para analizar se analizaron las principales prioridades de agricultores y ganaderos españoles para los próximos meses, con especial atención a la reforma de la PAC y al Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.
En el encuentro ASAJA trasladó una batería de propuestas y reclamaciones que considera prioritarias para garantizar la viabilidad del campo español en los próximos meses.
Incendios forestales. La organización reclamó la declaración inmediata de “zonas catastróficas” en las áreas afectadas, junto a un paquete de ayudas directas, fiscales y líneas de crédito para agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas.
- Política Agraria Común (PAC). ASAJA expresó su rechazo al recorte presupuestario y a lo que considera una renacionalización encubierta de la política agraria. La organización defendió mantener los dos pilares, reforzar la financiación comunitaria y simplificar los trámites burocráticos. Igualmente expresó su rechazo al techo de ayudas y a los pagos regresivos en la futura PAC por ir en contra del modelo profesional que defendemos.
- Celebración de la postura del Ministerio. ASAJA valoró positivamente que el ministerio, con su titular a la cabeza, se oponga a la actual propuesta del Marco Financiero Plurianual —que, según cálculos oficiales, podría suponer un recorte del 20 %— y a la propuesta de la futura PAC, cuestionada tanto en la forma como en el contenido.
- OCM y sectores. La organización apoyó las enmiendas aprobadas en el Parlamento Europeo para reforzar la posición de los agricultores e insistió en la necesidad de medidas urgentes para la ganadería, el vino y el cereal, con especial atención a la sanidad animal y al sobrecoste de los insumos.
- Costes de producción. ASAJA reclamó la puesta en marcha de un plan de choque que amortigüe el impacto de la subida del SMI, la energía, los fertilizantes y la maquinaria, factores que asfixian las cuentas de las explotaciones.
- Agua. La organización pidió una apuesta política firme por nuevas infraestructuras hidráulicas, el impulso al regadío y el desarrollo de una Estrategia de Resiliencia Hídrica que garantice suministro en periodos de sequía.
- Cuestiones horizontales. Se subrayó la necesidad de facilitar el relevo generacional con mayores apoyos económicos, garantizar el acceso a fitosanitarios eficaces y avanzar en el desarrollo de Nuevas Técnicas Genómicas.
- Comercio internacional. ASAJA mostró su rechazo a los acuerdos con Mercosur, Estados Unidos, Ucrania y Moldavia, al entender que generan competencia desleal frente a producciones que no cumplen los estándares europeos. Exigió, además, reforzar los controles en frontera y asegurar la reciprocidad normativa en materia de seguridad alimentaria.
- POSEI. La organización reclamó el cumplimiento de los pagos pendientes y la garantía de los fondos destinados a los productores de Canarias en el marco del programa específico para las regiones ultraperiféricas.
Compromiso de ASAJA
La directiva de ASAJA recordó que seguirá defendiendo con firmeza a los agricultores y ganaderos españoles en todos los foros, exigiendo que las políticas públicas se adapten a la realidad del campo y garanticen la viabilidad de las explotaciones. ASAJA remarcó que está al servicio de sus asociados para proteger sus intereses, impulsar el relevo generacional y asegurar un futuro competitivo y sostenible para la agricultura y la ganadería de nuestro país.
A los arroceros del parque natural de la Albufera, que empiezan la siega del arroz, no les salen las cuentas. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que “la rentabilidad del cultivo peligra” a causa del descenso de como mínimo el 15% de la producción y de los precios en origen, una “tormenta perfecta” al coincidir además con una escalada de los costes de producción, una falta de soluciones eficaces contra plagas y enfermedades y el recorte del 22%, planteado por la Comisión Europea, de las ayudas de la futura Política Agrícola Común (PAC).
Según las previsiones de AVA-ASAJA, la cosecha de arroz quedará reducida a unas 95.000 toneladas, lo que supone una merma del 15% respecto al potencial productivo de 110.000 toneladas que suele alcanzar una campaña normal. La causa más determinante es el brote histórico de piricularia -la enfermedad más letal del cultivo- que afecta al 60% de las parcelas de arroz, principalmente a las variedades Bomba, Albufera y J-Sendra que debido a los problemas fitosanitarios corren riesgo de desaparecer a corto plazo.
Al respecto, la asociación reitera a las administraciones que modifiquen el sistema de autorización de materias activas y aprueben permisos excepcionales de fungicidas que permitan combatir la piricularia y otros patógenos. Asimismo, solicita una mejora del seguro del arroz a fin de ampliar las coberturas e indemnizaciones por las pérdidas de producción derivadas de las plagas y enfermedades.
En cuanto a los precios que perciben los arroceros, AVA-ASAJA denuncia una tendencia negativa a lo largo del año que implica un descenso del 15% de las cotizaciones. Además de la recuperación de la superficie cultivada en Andalucía y Extremadura -tras varios años de sequía- el motivo capital que explica ese desplome de los precios a pie de campo es el incremento de las importaciones. De acuerdo a los datos recabados por el sector arrocero hasta agosto de 2025, las importaciones de arroz alcanzan las 1.586.000 toneladas, casi 70.000 más que la campaña anterior, de las cuales 522.000 toneladas corresponden a Camboya y Myanmar.
AVA-ASAJA exige a la Unión Europea una cláusula automática de salvaguardia que restablezca los aranceles aduaneros cuando se supere un determinado umbral, modificando el actual artículo 29 del Reglamento relativo a la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
Otra reivindicación permanente de AVA-ASAJA es que la UE y el Gobierno de España aprueben, al igual que han adoptado en otros alimentos, la obligatoriedad de indicar el país de origen en el etiquetado del arroz para evitar que los consumidores compren arroces foráneos pensando que se trata de arroz valenciano.
Finalmente, el sector arrocero pide a las autoridades comunitarias que no recorten las ayudas de la PAC destinadas a los arroceros, debido a su contribución medioambiental en espacios de alto valor ecológico, y que en la firma de acuerdos comerciales con países terceros, como el de Mercosur, se considere el arroz como producto sensible, de manera que únicamente entren importaciones que cumplan los mismos estándares de respeto de los derechos humanos y de las exigencias sociales, fitosanitarias y medioambientales que las vigentes en la UE para evitar la competencia desleal y el fraude al consumidor.
ASAJA, junto a Farm Europe y Eat Europe, celebra la aprobación del informe de la eurodiputada Céline Imart (PPE) en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI), un paso clave para reequilibrar la cadena alimentaria y reforzar la posición de los agricultores en la reforma de la PAC.
ASAJA, como miembro y junto a Farm Europe & Eat Europe, celebra el avance para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentaria, tras la votación, por parte de la COMAGRI, del proyecto de informe de la eurodiputada Céline Imart, que modifica la reforma de la Organización Común de los Mercados (OCM), durante su reunión extraordinaria celebrada el 8 de septiembre en Estrasburgo. Tras la adopción de la posición del Consejo el 19 de mayo, la COMAGRI ha aprobado un informe crucial, con propuestas clave para reequilibrar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario y proteger mejor a los agricultores de la UE, en el contexto de la reforma de la OCM.
Aunque los compromisos adoptados son, por definición, compromisos, la mayoría de ellos representan un avance importante y muy positivo para los agricultores y ganaderos, y envían una señal relevante de cara a los próximos debates sobre la nueva reforma de la PAC más allá de 2027. Estos compromisos constituyen un paso importante para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de la UE y superar la debilidad crónica del eslabón agrícola, aclarando las relaciones contractuales, mejorando la capacidad de los agricultores para organizarse mediante la consolidación de la oferta y reconociendo las especificidades de las cooperativas con disposiciones adecuadas para subrayar y valorizar sus altos estándares de relaciones justas con sus miembros.
Estas modificaciones no constituyen un punto final definitivo, pero suponen un verdadero paso adelante hacia el reequilibrio. La posición negociadora que adoptará el Parlamento Europeo es clave, no solo para dar algunas respuestas a corto plazo, sino también para enviar una señal clara antes de las negociaciones y decisiones que habrá que tomar en el contexto de la reforma de la PAC, cuyo proceso se inició con la propuesta de la Comisión el 16 de julio.
En concreto, la modificación del Reglamento de la OCM aprobada por la COMAGRI establece medidas para: obligar a contratos escritos entre agricultores y compradores; introducir cláusulas de revisión en contratos a largo plazo; mejorar el reconocimiento legal y el apoyo financiero a organizaciones de productores; e incentivar la participación de jóvenes agricultores en estas organizaciones.
Valencia, 10 de septiembre de 2025. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que los cítricos procedentes de Sudáfrica ya acumulan en lo que llevamos de año un total de 13 detecciones de la mancha negra (Phyllosticta citricarpa) -una enfermedad declarada de cuarentena por las graves pérdidas que causaría su introducción en la citricultura europea- después de que en el mes de agosto el país sudafricano sumara otros dos casos en sus envíos de mandarinas y naranjas, según revela el último informe publicado por la plataforma TRACES de la Comisión Europea.
AVA-ASAJA también destaca las siete interceptaciones en puertos europeos de la mancha negra y el cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri) en las importaciones citrícolas provenientes de los países del Mercosur. La UE detectó en agosto tres positivos de Xanthomonas citri en limones de Uruguay, otros dos casos de Xanthomonas citri en limones persas de Brasil y dos interceptaciones de Phyllosticta citricarpa en limones de Argentina.
Por otra parte, en las importaciones de otras frutas como la granada, AVA-ASAJA subraya las seis interceptaciones en cargamentos de Israel infestados de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta), una plaga de cuarentena que puede afectar a multitud de cultivos y especies arbóreas.
La asociación presidida por Cristóbal Aguado reclama a las autoridades comunitarias que suspendan la entrada de las importaciones agrarias de países terceros que sean incapaces de garantizar la seguridad fitosanitaria de sus envíos “con la finalidad de prevenir la introducción y expansión de plagas y enfermedades de cuarentena que amenazan con disparar aún más los costes de producción y reducir drásticamente la productividad del sector agrario europeo”. Además de los casos “flagrantes” de Sudáfrica e Israel, que suman “excesivas” detecciones de mancha negra y falsa polilla en sus cítricos y granadas respectivamente, AVA-ASAJA hace hincapié en “el riesgo fitosanitario” que entrañan los países del Mercosur con los que la Comisión Europea ha abierto un proceso de ratificación acelerada para alcanzar un tratado que incrementaría sus cargamentos a la UE.
Aguado pide a Bruselas que “deje de apuñalar a sus agricultores y tome decisiones valientes de una vez por todas para garantizar la seguridad fitosanitaria de Europa. A Von der Leyen no le ha temblado el pulso a la hora de impulsar ese acuerdo con Mercosur que nos condena a más competencia desleal y más plagas, en recortar la Política Agrícola Común (PAC), en abrir las puertas a más importaciones ucranianas sin pensar en las consecuencias, en permitir aranceles a Estados Unidos sin respuesta recíproca o en sacrificar al sector porcino por los aranceles a los coches eléctricos chinos. Ahora, ante la amenaza cierta de la entrada de nuevas plagas y enfermedades, no mueve un dedo y abandona a sus agricultores. Los enemigos del campo están en Bruselas”.
Firma Pedro Barato, presidente de ASAJA
Mientras la Unión Europea presume de sus estrictas normativas sanitarias y de calidad, la realidad en sus aduanas refleja una historia distinta: según un estudio de la Comisión Europea, de los más de 4.777 millones de productos declarados en 2024, apenas 392.529 fueron sometidos a controles físicos. En otras palabras, se inspeccionaron solo 82 de cada millón. Esto representa un 0,0082 % del total, una cifra que plantea serias dudas sobre la eficacia real del sistema de control europeo frente a la avalancha de importaciones procedentes de terceros países.
La seguridad alimentaria debería ser una de las grandes fortalezas de la Unión Europea. Es lo que se repite una y otra vez desde las instituciones: que los consumidores europeos están protegidos, que los controles son rigurosos y que la legislación garantiza la calidad y la trazabilidad de lo que entra en el mercado. Sin embargo, este dato reciente ha puesto esa narrativa contra las cuerdas. No se inspecciona ni un 1 %, ni un 0,1 %, ni siquiera un 0,01%. Apenas una mínima fracción. Tan pequeña, que, si no fuera por su gravedad, parecería anecdótica.
Por si no fuese suficiente, de los productos que sí fueron inspeccionados, más de 64.000 fueron rechazados por incumplir normas sanitarias, de seguridad o de calidad. Esto representa nada menos que un 16,4 % de tasa de rechazo entre lo que se llegó a mirar. Uno de cada seis productos inspeccionados no cumplía con los requisitos exigidos. Sin embargo, estamos revisando solo una parte diminuta del total. Si ese mismo porcentaje de incumplimiento se repitiera a gran escala, millones de productos en mal estado, contaminados o fraudulentos podrían estar entrando cada año en los mercados europeos sin que nadie los detecte. No por falta de normas, sino por falta de controles.
Ese 16,4 % de productos rechazados no es solo una cifra elevada, es una evidencia de que las importaciones con irregularidades no son casos aislados. Lo llamativo es que esta tasa de rechazo no se corresponde con un sistema de vigilancia masivo, sino con una muestra extremadamente reducida de apenas el 0,0082 % del total importado, lo que indica que los controles son insuficientes. Si las aduanas europeas identifican un producto no conforme por cada seis que examinan, eso revela que el sistema de selección por riesgo funciona, pero también que se está dejando pasar una cantidad inmensa de mercancías sin comprobar. De hecho, la proporción de productos rechazados sobre el total importado es apenas del 0,0013 %, lo que confirma que lo verdaderamente escaso no son los fraudes, sino los controles.
El caso adquiere mayor relevancia cuando se pone en contraste con lo que se exige a los productores europeos, y en particular a los agricultores y ganaderos. En España y en todos los Estados miembros, se someten normativas cada vez más estrictas en cuanto a uso de fitosanitarios, bienestar animal, trazabilidad, impacto ambiental y seguridad alimentaria. Cada incumplimiento puede traducirse en sanciones, retirada de ayudas, o incluso el cierre de explotaciones. Mientras tanto, sus competidores de fuera de la UE, en muchos casos, operan con estándares mucho más bajos, pero acceden sin apenas filtros al mismo mercado.
Este desequilibrio no solo es injusto, sino que pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrarias. Cuando un agricultor español tiene que competir en precio con un producto marroquí o sudamericano que no ha pasado por los mismos controles, el resultado es previsible: desventaja económica, presión a la baja sobre los precios y desincentivo a mantener los estándares exigidos. Y todo esto ocurre con la aprobación silenciosa de unas instituciones europeas que miran hacia otro lado mientras hablan de sostenibilidad y de defensa del modelo agrícola europeo.
En este contexto, resulta especialmente preocupante el marco de los acuerdos comerciales que la Unión Europea ha suscrito o está negociando con países como Ucrania, Estados Unidos o el bloque del Mercosur. Estos acuerdos abren aún más las puertas a productos agroalimentarios que, en muchos casos, están sujetos a normativas sanitarias mucho menos exigentes que las europeas o, directamente, a la ausencia de regulación.
Ejemplos como el uso de neonicotinoides en la remolacha azucarera (prohibidos en la UE por su efecto sobre los polinizadores) sigue estando permitido en Ucrania. En el arroz importado desde Asia se han detectado residuos de triziclazol, un fungicida también vetado en Europa. La producción de carne de vacuno en países del Mercosur utiliza hormonas de crecimiento que están expresamente prohibidas en el mercado comunitario, y en materia de bienestar animal, muchos de estos países carecen de cualquier tipo de norma equivalente. A pesar de ello, estos productos entran sin apenas filtros, generando una competencia desleal que va en contra de los principios que la UE dice defender.
El problema no es nuevo, y tampoco exclusivo de 2024. Pero las cifras recientes confirman una tendencia preocupante: el sistema europeo de control de importaciones está lejos de ser tan robusto como pretende. Y esto tiene consecuencias que van más allá de lo técnico o lo burocrático. Afecta directamente a la confianza de los consumidores, a la seguridad alimentaria de millones de personas y a la supervivencia del modelo agrario europeo. El sistema actual no protege al consumidor y está promoviendo una competencia desleal.
Es imprescindible exigir a la Comisión Europea una revisión en profundidad del actual marco normativo. No basta con responsabilizar a los Estados miembros por la debilidad de los controles si el sistema legal europeo no establece una obligación clara, vinculante y eficaz para garantizar inspecciones suficientes. Si el porcentaje de control actual es tan deficitario, la legislación debe modificarse para forzar a los países a reforzar sus sistemas bajo amenaza de sanciones. Solo así se podrá avanzar hacia un modelo más equilibrado, garantista y justo.
La conclusión es tan clara como preocupante: no se puede seguir hablando de control eficaz cuando apenas se inspecciona el 0,0082 % del total. No se puede hablar de protección del consumidor cuando se permite que millones de productos lleguen sin una revisión real. Y, desde luego, no se puede exigir a los agricultores europeos que sigan cumpliendo con normativas cada vez más estrictas mientras se deja la puerta abierta a una competencia sin control.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) acusa a la Unión Europea de “sacrificar al sector porcino” tras conocerse que el Ministerio de Comercio de China ha anunciado hoy que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta un 62,4% a una serie de productos porcinos y derivados como represalia por los aranceles que Bruselas decidió imponer en 2024 a los vehículos eléctricos procedentes de China.
AVA-ASAJA censura a los dirigentes comunitarios por volver a anteponer los intereses de otros productos industriales o transformados -en este caso los coches eléctricos- a los productos agropecuarios.
El porcino es el sector ganadero más importante de la Comunitat Valenciana en términos de producción y valor, seguido por el avícola, vacuno y ovino-caprino. Actualmente supone alrededor del 60–65% del valor total de la producción ganadera valenciana. Es en la provincia de Castellón donde hay una mayor concentración ya que predominan las granjas de cebo.
En 2024, China recibió alrededor de 540 000 toneladas por un valor superior a 1 097 millones de euros, lo que representa casi el 20 % en volumen y el 12,5 % en valor de las exportaciones porcinas españolas. En los últimos años cerca del 70% de la carne de cerdo que salió del Puerto de València se destinó al país asiático.
La UE impuso aranceles provisionales sobre los coches eléctricos procedentes de China en octubre de 2024, que pueden llegar a un máximo del 35,3% adicional al 10% base del arancel comunitario. Estos aranceles fueron una respuesta a las ayudas estatales que la UE considera desleales y que otorgan una ventaja injusta a los fabricantes chinos.
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, ha criticado que una vez más las decisiones de la Unión Europea van a provocar la “asfixia al sector agrícola europeo y valenciano porque hay mucha carne de porcino que se exporta a China”. A ello se suma que acuerdos como el de Mercosur provocarán que “nuestras producciones agrarias se vean duramente golpeadas, con un mercado mucho más inestable en el futuro. Todo ello sin tomar ninguna medida para apoyar a los agricultores europeos ante el dumping social y económico, la falta de reciprocidad y falta de garantías que se merecen los agricultores y ganaderos europeos.” subrayó Aguado.
Rechazo total de ASAJA
ASAJA Nacional expresa su total rechazo a la decisión reciente de China de imponer aranceles antidumping provisionales de entre el 15,6 % y el 62,4 % sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea, en vigor a partir del 10 de septiembre.
Este nuevo ataque se enmarca en un contexto de tensiones comerciales derivadas de decisiones adoptadas en otros ámbitos económicos. Como respuesta, China ha abierto investigaciones contra productos europeos como el brandy, los lácteos y el porcino.
ASAJA denuncia que, una vez más, nuestros agricultores y ganaderos son usados como moneda de cambio en disputas que nada tienen que ver con su actividad productiva. Un conflicto ajeno al sector se ha convertido en una carga que recae injustamente sobre quienes producen nuestros alimentos.
Esta escalada, en un contexto donde los productores ya enfrentan inflación en los costes, caída de precios, reducción de exportaciones, con una caída del 66 % entre 2020 y 2024, y creciente competencia internacional, supone un duro golpe a la viabilidad del modelo agroalimentario europeo.
ASAJA exige una respuesta urgente y contundente por parte de las instituciones comunitarias y del Gobierno español. El sector agropecuario no puede seguir siendo víctima de represalias externas. Es inaceptable que nuestras exportaciones sufran sanciones por causas que nada tienen que ver con su calidad, sostenibilidad o competitividad.
El sector no está dispuesto a pagar el precio de disputas comerciales que no le pertenecen. ASAJA estará vigilante y trasladará estas reivindicaciones a las principales instancias españolas y europeas, exigiendo compensación y protección efectiva para nuestros productores.
Valencia, 4 de septiembre de 2025. El sector agrario valenciano capitaliza las críticas al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) después de que la Comisión presidida por Ursula Von der Leyen haya presentado este miércoles los textos legales que inician su proceso de ratificación y que en los próximos meses deberán someterse al voto del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) mantiene su frontal oposición al tratado por “el devastador impacto que tendrá sobre la agricultura y la ganadería europea, ya que supondrá la entrada con ventajas arancelarias de más importaciones en condiciones de competencia desleal que sustituirán a nuestros productos agrarios, que sí garantizan los máximos estándares de frescura, seguridad fitosanitaria, bienestar animal y sostenibilidad. Además, en vista del elevado número de interceptaciones de plagas y enfermedades que acumulan los cargamentos del Mercosur, esta apertura incrementará el riesgo de introducción de nuevos patógenos que amenazan con destruir nuestras plantaciones”.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “la CE trata de embaucar a los gobiernos que están en contra del acuerdo, como Francia, Polonia e Italia, incluyendo compromisos de última hora que, viendo los precedentes, serán muy difíciles de cumplir. En primer lugar, dice que habrá reciprocidad entre las producciones europeas y foráneas, pero no se incluye una modificación de los requisitos sanitarios y fitosanitarios a las importaciones. También habla de cláusulas de salvaguardia, en caso de incrementarse un 10% los envíos o hundirse un 10% los precios, pero no precisa más y se trata de un mecanismo que requiere demasiadas trabas y tiempo para activarse. Y prevé una reserva de emergencia de 6.300 millones, porque hasta la Comisión es consciente de que perjudicará a sectores como avicultura, vacuno, porcino, arroz o cítricos”.
Pese a todos estos compromisos, Aguado responde que “no nos fiamos de las promesas lanzadas por la CE para minimizar las consecuencias negativas del acuerdo, sobre todo justo después de que haya sacrificado al campo ante las negociaciones sobre los aranceles con Estados Unidos, haya disparado la entrada de importaciones ucranianas y haya recortado el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), diluyéndola en un fondo único donde priman otras prioridades. No, esta CE no es de fiar porque en las elecciones europeas prometió que volvería a defender a sus productores y luego les ha asestado todas las puñaladas que ha querido”.
En este sentido, AVA-ASAJA reitera al Gobierno español y a todos los europarlamentarios españoles a que voten en contra de este tratado “mientras no se apliquen garantías reales y fehacientes que aseguren una reciprocidad total y una rentabilidad digna para los agricultores y ganaderos valencianos. Reforzar los vínculos con Iberoamérica es importante, pero no a costa de hundir a nuestros productores y de engañar a nuestros consumidores con importaciones que no son tan seguras y sostenibles”.
Valoración de ASAJA Nacional
ASAJA Nacional considera que la propuesta de la CE de aplicar de forma provisional el acuerdo comercial con Mercosur es una “enmienda a la totalidad” al fracaso del pacto con Estados Unidos. Según Pedro Barato, presidente de ASAJA, “Bruselas trata de desviar la atención cerrando deprisa y unilateralmente un acuerdo que lleva 25 años bloqueado”.
Además, ASAJA denuncia que esta fórmula es una “usurpación” de las competencias del Consejo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Al separar la parte comercial -que la Comisión aplica de inmediato- de la parte política, “se deja en suspenso lo único positivo del acuerdo: la obligación de cumplir con los compromisos climáticos de París, la normativa de deforestación o las reglas de carbono en frontera. Nos quedamos con un acuerdo puramente comercial que hace imposible competir con los modelos productivos de Mercosur. Sin garantías políticas y ambientales, los agricultores y ganaderos europeos estamos en clara desventaja”.
Valencia, 2 de septiembre de 2025. A medida que se queman las primeras etapas de la vendimia valenciana, con la recolección de las variedades tempranas, los agricultores comprueban con estupor que la producción comercializada será menor de lo que se preveía semanas atrás a causa de la incidencia de los temporales de pedrisco y las olas de calor. Según las estimaciones iniciales de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), la cosecha será de una buena calidad pero, en términos cuantitativos, sufrirá una merma global del 20% respecto al potencial productivo de la Comunitat Valenciana.
Utiel-Requena, que es la principal comarca vitivinícola, encabeza la caída de cosecha autonómica con una disminución del 30%. Además de los daños causados por las sucesivas tormentas de granizo durante los meses de mayo y junio -sobre todo en los términos de Utiel, Las Cuevas, Camporrobles y Caudete de las Fuentes- la otra causa que explica esta merma son las elevadas temperaturas en julio y agosto, que han provocado un estrés hídrico a las cepas y han acabado reduciendo el tamaño de las uvas. No en vano, muchos agricultores se han visto obligados a adelantar la recolección para evitar la sobremaduración de las uvas y garantizar la óptima calidad.
Otra zona productora que no alcanza su potencial productivo es La Marina, con un descenso del 40% debido a las consecuencias que arrastran los viñedos tras la dramática sequía del año pasado y a los ataques de mildiu en los términos de Xaló, Llíber, Alcalalí, Parcent y Benidoleig. El pedrisco también causó siniestros de diversa gravedad en áreas vitivinícolas de la Hoya de Buñol, Los Serranos, La Vall d’Albaida y el Alto Palancia. Mejores perspectivas de producción auguran el resto de comarcas vitivinícolas de Valencia y Castellón, que recuperarán sus niveles de cosecha después de varias campañas marcadas por la falta de precipitaciones.
El responsable del vino de AVA-ASAJA, Jacinto Murciano, afirma entre sus viñedos de Utiel que “la campaña prometía excelentes perspectivas después de una primavera lluviosa, cuando las viñas movieron muy bien y por fin, tras varios años de sequía, parecía haber una cosecha adecuada para obtener una rentabilidad digna. Sin embargo, primero las tormentas de pedrisco y luego el calor extremo han terminado por disminuir el aforo inicial”.
Murciano también advierte de los efectos negativos de las altas temperaturas en la almendra, puesto que la cosecha se va a resentir e, incluso, están apareciendo casos de almendros extremadamente secos que corren el riesgo de morir.
En cuanto a los precios, el viticultor remarca que “al haber menos uva de la esperada tanto en la Comunitat Valenciana como en España y al tener una calidad muy buena, no encontramos motivos para que los precios no suban. Es cierto que estamos en un momento de incertidumbre por el tema de los aranceles de Trump, pero según los criterios objetivos de mercado las cotizaciones en origen deberían repuntar y salir de los números rojos”.
AVA-ASAJA exige al Gobierno central que aplique con rigor la Ley de Cadena Alimentaria, de manera que investigue los contratos de compraventa de uva a fin de sancionar posibles ventas a pérdidas, es decir, precios por debajo de los costes de producción. Asimismo, la organización agraria urge al Gobierno a publicar la ayuda directa excepcional -aprobada hace meses dentro de la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario- destinada a los productores de uva y olivar para aliviar las pérdidas ocasionadas por la guerra de Ucrania y la sequía.
Certis Belchim BV, empresa líder en soluciones agronómicas, ha obtenido la extensión de etiqueta para su fungicida Tri-soil® (ES-01152).
Con este nuevo registro, Tri-soil® amplía su uso al control de Phytophthora nicotianae var. parasítica en pimiento y tomate de invernadero, dos cultivos clave para el sector hortícola bajo abrigo. Gracias a esta ampliación, Tri-soil® completa una amplia gama de cultivos autorizados que incluye hortícolas de invernadero y aire libre, leguminosas, cultivos tropicales, patata y numerosos cultivos menores entre los que destacan berries, brásicas y frutales.
Formulado a base de esporas de Trichoderma atroviride I-1237, Tri-soil® se posiciona como una solución eficaz para el control de hongos de suelo, gracias a las propiedades exclusivas de su cepa y formulación. Estas le confieren una gran adaptabilidad a distintos tipos de suelos, texturas y pH, así como velocidad de crecimiento y tolerancia a situaciones de estrés como el frío.
Tri-soil® actúa mediante múltiples modos de acción que lo convierten en una herramienta óptima para el manejo integrado del suelo: compite con los patógenos colonizando la rizosfera, produce antibiosis y micoparasitismo, induce resistencias en la planta y mejora la salud de la rizosfera favoreciendo la solubilización de nutrientes, la mineralización de la materia orgánica y la inactivación de compuestos tóxicos de la zona readicular.
Con esta ampliación, el producto alcanza ya 76 cultivos registrados, reforzando su posicionamiento para el control de enfermedades de suelo como Sclerotinia, Fusarium, Pythium, Phytophthora y Rhizoctonia.
Para más información sobre Tri-soil®, puedes consultar en la web de Certis Belchim: https://certisbelchim.es/productos/tri-soil-2/
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