Valencia, 12 de mayo de 2026. “La siembra del arroz más cara de la historia”. Así la califica la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), cuyos cálculos concluyen que los arroceros del parque natural de La Albufera se gastarán tres millones de euros más que la pasada campaña, debido a un encarecimiento del 7% de los costes de producción, sobre todo del gasóleo y los fertilizantes, así como de las semillas y la mano de obra.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo, el precio del gasóleo agrícola prácticamente se ha duplicado y un arrocero puede gastarse entre 200 y 300 euros cada jornada de trabajo por la necesidad de emplear maquinaria especializada en las labores de preparación del terreno y la siembra. En cuanto a los fertilizantes, que son imprescindibles para desarrollar las plantas y obtener una cosecha adecuada, la urea -llamada comúnmente en las filas del sector arrocero ‘nitrógeno’ o ‘guano’- ha pasado de 350-400 euros la tonelada a los 850-900 euros actuales, con un incremento medio de todos los abonos superior al 33%. En este caso, además del conflicto bélico, la escalada es consecuencia del doble arancel -sobre las exportaciones agroalimentarias y sobre los insumos de origen ruso- que ha aplicado la Unión Europea. Apenas quedan entre cinco y ocho fabricantes de fertilizantes en España.
AVA-ASAJA alerta que los elevados costes de producción que afrontan los arroceros coincide, además, con un hundimiento del 30% de los precios en origen durante el último año y con un descenso medio del 20% de la producción -de hasta el 80% en las variedades tradicionales Bomba, Albufera y J-Sendra- debido a la falta de soluciones autorizadas en España para combatir el hongo de la piricularia, a diferencia de lo que ocurre en Italia y Grecia donde sus gobiernos sí han autorizado con carácter excepcional materias fitosanitarias eficaces contra la enfermedad.
Reivindicaciones
Ante la situación crítica que atraviesa el sector arrocero, AVA-ASAJA reclama medidas de apoyo urgentes que garanticen la continuidad de una actividad esencial para la economía y el medioambiente de la Albufera y el marjal Pego-Oliva. La asociación pide al Gobierno español rapidez y agilidad en la puesta en marcha de ayudas ya desbloqueadas, particularmente las ayudas al gasóleo profesional y los fertilizantes. Asimismo, a nivel europeo, respalda el plan reivindicado por ASAJA y Copa-Cogeca de que la UE suspenda inmediatamente el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) sobre fertilizantes, elimine temporalmente los aranceles sobre importaciones no rusas y aumente la flexibilidad normativa. Además reclama ir más lejos: una revisión profunda del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) aplicado a fertilizantes, incluyendo la evaluación de su eliminación.
Según estimaciones del Copa-Cogeca, el CBAM supondrá un coste directo de 820 millones de euros en 2026, que crecerá hasta 3.400 millones en 2034. Si los precios de los fertilizantes siguen alineándose con los de importación -como está ocurriendo- el impacto acumulado en siete años podría superar los 39.000 millones de euros, casi el 10% del presupuesto actual de la PAC. En este contexto, ASAJA acusa a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la política climática, de impulsar desde su cartera precisamente los dos mecanismos que más están presionando los costes del campo: el CBAM y el ETS.
ASAJA participará en la movilización del próximo 19 de mayo en Estrasburgo, el mismo día en que la Comisión Europea presentará su Plan de Acción sobre Fertilizantes. La protesta, impulsada desde la vicepresidencia de ASAJA en el Copa-Cogeca, exigirá estas medidas de calado para revertir el encarecimiento inasumible de los costes de producción en el sector primario, que durante los próximos meses podría replicarse a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y provocar una cesta de la compra más cara a los consumidores.
Algunos no han aprendido nada de la DANA. Barrancos como el Carraixet siguen siendo un bosque de cañas, como lo eran el río Magro o la rambla del Poyo antes del 29 de octubre de 2024. La CHJ, dependiente del Miteco, piensa que esta selva es buena para frenar las crecidas. Pero las trágicas consecuencias de la DANA nos enseñaron que si la próxima riada tuviera lugar en L’Horta Nord, el Carraixet sería una bomba explosiva que se llevaría todo por delante -agua, vegetación y enseres- como ya ocurrió en L’Horta Sud y La Ribera. Por cierto, también se cargaría el nuevo puente del bypass, que lo han puesto más bajo que las cañas.
Nos gustaría que en el juzgado de Catarroja -donde somos la única organización agraria personada en el caso- se hablara de las causas que elevaron la magnitud de la catástrofe, de por qué los desbordamientos fueron tan desastrosos y los daños tan extraordinarios. Va siendo hora de determinar si se habría minimizado la riada en caso de que el Gobierno, en cumplimiento de la normativa europea sobre el riesgo de inundaciones en el litoral valenciano, hubiera acometido las actuaciones requeridas y necesarias: tanto la construcción de infraestructuras hidráulicas de almacenamiento, laminación y distribución, como la gestión de unos cauces más limpios, más anchos e interconectados para evacuar el agua por el nuevo cauce del Turia, que para eso se construyó. Ya está bien de imponer un ecologismo radical que se ha demostrado equivocado. Hay que prevenir para evitar daños y salvar vidas.
La reconstrucción también está dando que hablar. Tragsa está limitando sus intervenciones en acequias y canales afectados por la DANA por supuestos efectos en la nidificación. El trabajo de Tragsa es esencial y ya lleva bastante retraso, por falta de disponibilidad de maquinaria y personal especializado, como para cuentos chinos. La vida y el medio de vida de las personas siempre deben ser la prioridad; nunca un ave o una rata pueden ser más importantes que las personas y la necesidad de reconstruir los daños de la DANA.
El Miteco asimismo antepone la burocracia absurda y estéril a los intereses de los agricultores que aún están esperando a que Tragsa entre a sus campos a través de cauces públicos para reconstruirlos. Lo normal sería que un ministerio aclarara con la empresa pública de otro ministerio los arreglos que cabe realizar, pero en el Miteco piensan con los pies y le piden los permisos al agricultor, que naturalmente no sabe ni por dónde empezar dicho proyecto de obra.
Esa incompetencia manifiesta o esa mala voluntad política del Miteco alcanza cuotas especialmente indignantes cuando hablamos de los campos próximos a cauces que quedaron afectados e incluso desaparecieron. Primero no hizo lo que tenía que hacer en el cauce para impedir que esas tierras quedaran arrasadas. Y ahora intenta pasar esos terrenos de propiedad privada al Dominio Público Hidráulico (DPH) sin pagar ninguna compensación. Esa incautación, además, se ha intentado hacer de tapadillo, a través de una normativa periódica del BOE, mientras estábamos esperando que el Miteco -tal como nos había dicho en varias reuniones- estudiaba alguna vía para indemnizar a los propietarios. Nos sentimos traicionados. Así no actúa un Estado de Derecho democrático.
El Ministerio de Agricultura lo ha estado haciendo mejor, pero no lo suficiente. Nos parece muy bien que haya sacado las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas de Andalucía y Extremadura, pero primero debería haber resuelto el pago de las ayudas a los damnificados por la DANA -ocurrida más de un año antes- y parece habernos olvidado. Como en tantas cosas, el Gobierno nos relega a los últimos de la fila.
En fin, la gestión de la DANA, antes y después, deja en evidencia que los políticos han de separar el grano de la paja, ser sensatos y eficientes, servir a los ciudadanos y no complicarles la vida, legislar con menos burocracia y más sentido común. Basta de controlar en exceso, pasarse de la raya y frenar la actividad empresarial. Porque sin voluntad de reconstruir y generar economía, no podremos pagar el progreso y el bienestar social de todos.
Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Madrid 8 de mayo de 2026.- ASAJA hace un llamamiento al sector agrario español para que se sume a la movilización del próximo 19 de mayo en Estrasburgo, el mismo día en que la Comisión Europea presentará su Plan de Acción sobre Fertilizantes. La movilización, impulsada desde la Vicepresidencia de ASAJA en Copa-Cogeca, traslada un mensaje inequívoco a las instituciones europeas: el campo no puede seguir soportando el coste de políticas diseñadas sin medir su impacto real sobre quienes producen los alimentos.
Cifras que ya no se pueden ignorar
Copa-Cogeca acaba de publicar los primeros datos concretos sobre el impacto del CBAM - Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism)- en los agricultores europeos. El mecanismo supondrá un coste directo de 820 millones de euros en 2026, que crecerá hasta 3.400 millones en 2034. Si los precios de los fertilizantes siguen alineándose con los de importación —como está ocurriendo—, el impacto acumulado en siete años podría superar los 39.000 millones de euros, casi el 10% del presupuesto actual de la PAC.
El paquete climático europeo tiene, por tanto, un impacto presupuestario directo y creciente sobre la PAC y sobre la renta agraria. Dos variables que no pueden seguir tratándose como si fueran independientes.
Una pregunta que exige respuesta
ASAJA denuncia que ha tenido que ser Copa-Cogeca quien calcule, por primera vez, el coste real del CBAM para el sector. La Comisión aplicó este mecanismo sin publicar ninguna evaluación de impacto previa sobre la agricultura. La pregunta es directa: ¿existe o no ese estudio?
Si no existe, estamos ante algo inadmisible: decisiones que transforman la economía de millones de explotaciones adoptadas sin ninguna base de análisis. Si existe y no se ha publicado, estaríamos ante el mismo patrón que ya se denunció con la Estrategia "De la Granja a la Mesa", cuyo estudio de impacto fue ocultado durante meses porque sus conclusiones eran incómodas para la Comisión. En ambos casos, el resultado es el mismo: los agricultores pagan las consecuencias de políticas que nadie evaluó —o que nadie quiso mostrar—.
La propuesta de ASAJA
ASAJA respalda el plan de Copa-Cogeca —suspensión inmediata del CBAM sobre fertilizantes, eliminación temporal de aranceles sobre importaciones no rusas y mayor flexibilidad normativa—, pero reclama ir más lejos: una revisión profunda del sistema ETS - Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (Emissions Trading System) - aplicado a fertilizantes, incluyendo la evaluación de su eliminación. El efecto tijera estructural que padece el sector no se resuelve con ajustes parciales. Algunos mecanismos de la política climática europea no están corrigiendo ese desequilibrio: lo están agravando.
En este contexto, no es casual que la mirada del sector se dirija también a Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea responsable de la política climática. Bajo su cartera recaen precisamente los dos mecanismos que más están presionando los costes del campo: el CBAM y el ETS. El 19 de mayo, ASAJA esperará respuestas.
El 19 de mayo, ASAJA llevará a Estrasburgo el mensaje que lleva tiempo trasladando en Madrid y en Bruselas: el campo europeo no puede descarbonizarse a base de desindustrializarse.
Valencia, 8 de mayo de 2026. Los agricultores de la huerta valenciana ya están empezando a recolectar las primeras patatas de la temporada, pero se encuentran con graves problemas para venderlas porque el mercado está saturado de patatas viejas francesas y de países terceros como Egipto. Por ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) insta a los operadores comerciales, las fruterías de barrio y las cadenas de la gran distribución a que “den preferencia a las patatas nuevas valencianas que garantizan al consumidor una mayor frescura y una mejor calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, con el valor añadido de contribuir a preservar el paisaje de un territorio protegido como la Huerta de Valencia”.
La asociada Rosa Gil, que cultiva y confecciona patatas en Picanya, es una afectada por esta situación: “Sembramos pronto, antes de que empezaran las lluvias en invierno, y ya hemos comenzado a llevar palets y cajas de patatas a los mayoristas. Sin embargo, nos hemos llevado una desagradable sorpresa al comprobar que casi todos los operadores prefieren comprar patatas de Francia, aunque estén guardadas en cámara durante meses, o patatas de fuera de Europa, antes que las de casa. No entendemos cómo es posible que nos cueste tanto dar salida comercial a un producto tan valorado por el consumidor, que es mucho más bueno para el paladar, la salud y el medioambiente”.
El responsable de la sectorial de hortalizas de AVA-ASAJA, Vicent José Sebastià, que produce patatas en Poble Nou, afirma que “el sector lo está pasando mal. Este año hay menos producción debido a las precipitaciones y a la falta de soluciones fitosanitarias. A la hora de la recolección, tenemos problemas para encontrar mano de obra y los costes no paran de aumentar. Pero los precios que cobramos son los mismos de hace 30 años, y si los cobramos porque muchas veces, como está ocurriendo con la nueva patata valenciana, ni siquiera las están queriendo como debería ser. Así no podemos continuar”.
AVA-ASAJA ya dio la voz de alarma sobre los bajos precios en origen de la mayoría de las hortalizas valencianas. Además de la tendencia a la baja de las cotizaciones de la alcachofa o la lechuga, la asociación denuncia una “desastrosa” campaña de la cebolla. Según Sebastià, “ha habido poca cosecha de cebolla, a causa del mildiu, y aun así los precios se han hundido por debajo de los costes de producción. ¿Dónde están ahora los valores con los que los políticos se llenan la boca como la proximidad, la sostenibilidad y la protección de la huerta? Si queremos proteger de verdad la Huerta de Valencia, empecemos por priorizar, consumir y hacer rentable los productos agrarios que posibilitan ese paisaje”.
Valencia, 4 de mayo de 2026. Año y medio después, el temor a que una nueva DANA cause desbordamientos y daños catastróficos sigue muy presente. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta que el barranco del Carraixet se encuentra en estado de “abandono” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), hasta el extremo de parecer “una auténtica selva plagada de cañas”, y reclama una limpieza de vegetación y una gestión ambiental adecuada para prevenir desbordamientos ante futuras riadas.
Una delegación de AVA-ASAJA ha recorrido junto a agricultores de l’Horta Nord el cauce del Carraixet desde Bétera hasta su salida al mar en Alboraia para comprobar sobre el terreno la acumulación de grandes masas de cañaverales invasores, además de árboles, maleza y enseres. Su presidente, Cristóbal Aguado, afirma que “el Carraixet está igual de sucio y colapsado que lo estaba el barranco del Poyo por lo que, si esta vez la DANA tuviera lugar arriba de Valencia, podría repetirse la misma catástrofe”.
El delegado de AVA-Foios, José Ramón Saurí, asegura que “nunca pasa nada, pero el día que pase vendrán las lamentaciones. Lo menos que podemos hacer es aprender de los errores pasados y estar mejor preparados para el futuro. En la Comunitat Valenciana son habituales las gotas frías y los expertos vaticinan que cada vez serán más extremas. Por poco nos salvamos en l’Horta Nord de la DANA de 2024, pero quién sabe si la próxima sucederá aquí. Por eso debemos mantener los barrancos, como el Carraixet, más cuidados y limpios”.
Aunque el barranco del Carraixent nace en Gátova y atraviesa Marines y Olocau, la preocupación de los agricultores se acentúa a partir del término de Bétera -donde confluyen varias ramblas desde la vertiente sur de la Sierra Calderona- y aguas abajo también preocupan Moncada, Alfara del Patriarca, Foios, Vinalesa, Benifaraig, Carpesa, Bonrepós i Mirambell, Tavernes Blanques, Almàssera y Alboraia. Un posible desbordamiento del cauce se vería agravado por el hecho de que estos núcleos urbanos, polígonos industriales y huertos tienen una superficie bastante llana y próxima al nivel del mar, de manera similar a las poblaciones de l’Horta Sur y La Ribera que fueron damnificadas por la DANA.
Además, AVA-ASAJA advierte de la baja altura que tiene el nuevo puente del bypass que atraviesa el barranco del Carraixet. Saurí afirma que “la construcción parece que no deja bastantes metros de altura para dejar pasar las cañas arrastradas por una futura riada”. Aguado agrega que “podría convertirse en una barrera cuando, además de agua, bajara toda la vegetación que no se ha retirado previamente”.
AVA-ASAJA reitera la necesidad de que el Gobierno central, especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), del que depende la CHJ, “aprenda la lección de la DANA y rectifique sus políticas hídricas y medioambientales que contribuyeron a elevar los daños. A pesar de las desastrosas consecuencias de la DANA, la CHJ continúa erre que erre insistiendo en dejar una excesiva vegetación para frenar avenidas, en lugar de quitar cañas que luego bloquean, provocan inundaciones graves y, además, destruyen los puentes. Prevenir es mejor que curar, prevenir es salvar vidas y minimizar daños. Hay que pisar el barranco para saber el peligro que seguimos corriendo”.
Paralelamente, ya sea para prevenir riadas o sequías, AVA-ASAJA reivindica la construcción y modernización de nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan optimizar el almacenamiento, la laminación y la distribución de agua en casos de emergencia, por escasez o por exceso de agua, situaciones ambas que son recurrentes en la cuenca mediterránea: “Seguir así es malo para la sociedad, la economía, la agricultura y el medioambiente”, concluye el dirigente agrario.
La nueva campaña del arroz no podría empezar con peores noticias. Esta siembra será la más cara de la historia, con los carburantes y los fertilizantes disparados a causa de la guerra y de disparates europeos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) que la Comisión no quita pese a haberlo prometido. Los arroceros valencianos también asumen sobrecostes por cultivar en un parque natural sin ninguna compensación. Al contrario, de cara a la futura PAC, Alemania y Países Bajos ya han dicho que prefieren armar a sus soldados y, como consecuencia, desarmar y arruinar a los agricultores, que al final no podrán alimentar a esos soldados.
Sin armas continuará el arroz para combatir la piricularia y las malas hierbas. Hemos estado todo el año trabajando codo con codo con el IVIA y Sanidad Vegetal para buscar soluciones eficaces, el lunes pasado nos reunimos con el Ministerio de Agricultura, pero el Gobierno español no va a autorizar materias fitosanitarias que sí permiten Italia o Grecia. Es como chocar contra una pared.
Y esta semana, para colmo, el Parlamento Europeo ha votado una cláusula automática del arroz que es un insulto al sector en plena crisis de precios. El umbral de activación se ha fijado como la media de importaciones de diez años más un incremento del 45%, es decir, unas 570.000 toneladas de Camboya y Myanmar. Para hacernos una idea de esta barbaridad, la cláusula que se puso en 2019 fue por 345.000 toneladas y a partir de 200.000 ya se resienten los mercados. Por tanto, esta medida no servirá para remontar un sector donde los precios están en caída libre, en Grecia queda un 70% por vender y muchos se plantean no sembrar.
La viabilidad del cultivo está en serio peligro por las instituciones europeas que -entre el ecologismo radical, la burocracia y la insolidaridad de los países del centro y norte de Europa que no producen arroz- nos llevan al abismo. Además, sin reciprocidad y sin un etiquetado del origen, cada vez habrá más arroces de Asia, Mercosur y Australia sin saber de dónde son.
Por cierto, ya llevamos un mes de renta y Hacienda no ha sacado aún la reducción de módulos. No sé a qué espera, porque 2025, no sólo en el arroz, fue un año marcado por las adversidades climáticas, las plagas, las enfermedades ganaderas y los problemas de rentabilidad.
Artículo de opinión de Cristóbal Aguado publicado en Levante-EMV.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta de una preocupante oleada de robos en pozos de riego que está afectando de manera significativa a explotaciones agrarias de las comarcas de la Ribera Alta y l’Horta Sud. Estos actos delictivos están provocando importantes daños en las infraestructuras de riego, hasta el punto de imposibilitar en muchos casos el normal desarrollo de la actividad agrícola.
Según denuncian los agricultores afectados, los asaltantes sustraen materiales de alto valor en el mercado ilegal, como cobre, baterías, cableado eléctrico, bombas de extracción de agua y equipos electrónicos. Asimismo, también es habitual el robo de combustible almacenado en estas instalaciones, lo que agrava aún más el impacto económico de estos delitos. El problema no se limita únicamente a los costes derivados de la reposición de los materiales robados o de la reparación de las infraestructuras dañadas. La paralización de los sistemas de riego puede provocar pérdidas muy importantes en las cosechas, especialmente en periodos críticos de desarrollo de los cultivos, si las reparaciones no se llevan a cabo con la suficiente rapidez.
Así lo detalla Joaquín, un agricultor de Montroi afectado, cuyo pozo de riego fue “completamente desvalijado, robando el transformador y todo el cableado”. En esta línea, asegura que el montante de las pérdidas y las reparaciones asciende a “unos 15.000 euros”. “Son grupos delictivos que van con maquinaria y preparados, con radiales y herramientas para cometer el delito, esto no es una cuestión de entrar y salir en dos minutos”, apunta el afectado.
Sistemas disuasorios para incrementar la seguridad
Ante este escenario, AVA-ASAJA recomienda a los agricultores la instalación de dispositivos de seguridad como medida preventiva. Estos sistemas resultan eficaces porque incrementan la dificultad, el riesgo y el coste de cometer robos, lo que actúa como elemento disuasorio. Además, permiten alertar en tiempo real de intrusiones, recopilar pruebas mediante imágenes o grabaciones, proteger los elementos más valiosos de las instalaciones y evitar la repetición de los delitos.
Desde la entidad se ha exigido una aplicación efectiva en el medio rural de la ley, tras la entrada en vigor de la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas y reforzar la respuesta frente a la multirreincidencia. En este sentido, desde AVA-ASAJA se ha exigido medios adecuados y coordinación entre los cuerpos de seguridad y justicia.
En este sentido, según estimaciones de AVA-ASAJA, los robos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana alcanzan anualmente pérdidas cercanas a los 30 millones de euros. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha manifestado que “los agricultores no pueden seguir siendo víctimas indefensas de esta lacra. Cada robo no solo supone un perjuicio económico, sino también un golpe moral para quienes trabajan día a día en el campo”.
Valencia, 28 de abril de 2026. El Parlamento Europeo ha votado hoy contra los intereses del sector arrocero. Con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, la Eurocámara ha aprobado la normativa renovada sobre el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que fija una cláusula automática del arroz cuando se alcance un aumento del 45% en las importaciones en un promedio de diez años.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) deplora la votación del Parlamento por adoptar “un mecanismo absolutamente inútil para proteger el arroz europeo” y, en concreto, por haber desoído las reivindicaciones de los arroceros que habían solicitado rebajar esa tasa del 45 al 20% para que el umbral de activación no alcanzara las 570.000 toneladas de importaciones procedentes de los países beneficiados con el tratado ‘Todo menos armas’ (EBA) -sobre todo Camboya y Myanmar-, ya que con ese un nivel de arroces asiáticos los mercados se han saturado y los precios en origen han caído más del 25% en el último año.
AVA-ASAJA, en estrecha coordinación con ASAJA y el Copa-Cogeca, había estado manteniendo reuniones y contactos con europarlamentarios españoles de todos los grupos políticos -la última vez, este mismo mes de abril en Bruselas- para tratar de sumar apoyos y obtener una mayoría absoluta que redujera el volumen de importación a partir del cual automáticamente se salvaguarde el arroz europeo. Finalmente, en la votación de hoy, los votos acordes con la posición del sector agrario han sido insuficientes dado el rechazo de muchos países del centro y norte de Europa que no son productores de arroz.
Al respecto, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, recrimina que “esta votación de la Eurocámara demuestra la flagrante falta de solidaridad de los países no productores de arroz con los países mediterráneos que sí dependen del arroz para mantener su medio de vida y su territorio, en algunos casos parques naturales como L’Albufera y el Marjal Pego-Oliva de alto valor ecológico. A los políticos europeos, capitalizados por los países del norte, no les importa nada la durísima crisis que está atravesando el sector arrocero”.
El sector arrocero está sufriendo una crisis de rentabilidad sin precedentes, con costes de producción en máximos históricos coincidiendo con el inicio de la siembra del arroz, sin suficientes soluciones fitosanitarias para problemas graves como la piricularia y las malas hierbas, alarmantes stocks sin encontrar una salida comercial digna y cotizaciones a la baja. Hay muchos productores de varios países europeos que se están planteando si sembrar el año que viene o no, como por ejemplo Grecia que todavía tiene un 70% del arroz de 2025 pendiente de vender. Arroceros e industriales coinciden en que a partir de un umbral de 200.000 toneladas ya se producen efectos negativos, por lo que consideran que establecer un umbral de 570.000 no servirá para estabilizar el mercado. Aguado incluso habla de que esta cláusula “es un brindis al sol, un insulto y una bofetada al sector arrocero en plena crisis”.
AVA-ASAJA recuerda “el efecto acumulativo” que suman las importaciones de arroz, tanto de Camboya y Myanmar como ahora de Mercosur y Australia que la CE acaba de aprobar en sendos acuerdos comerciales. Por otra parte, a causa de las precipitaciones de los últimos meses se prevé que toda la superficie potencialmente cultivable de arroz se siembre en España en 2026, con lo que podemos tener una gran producción nacional sumada a una enorme importación de países terceros. “Las políticas europeas nos están llevando directamente al abismo y a la ruina”, denuncia el dirigente agrario.
Valencia, 27 de abril de 2026. La Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) da un paso adelante en su hoja de ruta para poner en marcha, después de 18 años, una campaña de promoción de las naranjas y mandarinas españolas. La interprofesional acaba de registrar en la Unión Europea su propuesta de programa de información y promoción, que abarca el periodo 2027-2029 y va dirigido a los mercados de Alemania, Francia y Reino Unido.
Tras convocar y celebrar un concurso al que se presentaron cinco agencias de publicidad, la comisión de gobierno de Intercitrus ha adjudicado a Somos Food Marketing el referido plan de promoción. Bajo el lema ‘So close, so good’ (en castellano se traduciría en ‘Tan cerca, tan bueno’) -que hace un juego de palabras con la expresión inglesa ‘So far, so good’- la campaña seleccionada pretende fomentar el consumo de naranjas y mandarinas cultivadas en España subrayando el valor añadido que proporciona su máxima cercanía a los consumidores europeos y su producción y comercialización acorde con la normativa comunitaria.
El presidente de Intercitrus, Celestino Recatalá, subraya que “el mensaje que hemos elegido entre todos los colegios de la interprofesional nos parece especialmente idóneo porque pone el énfasis en el producto de proximidad, que en el caso de nuestras naranjas y mandarinas ofrece los mayores estándares de frescura, sabor, seguridad alimentaria y sostenibilidad, así como normativa laboral y social. ‘So close, so good’, además, resulta un eslogan breve, pegadizo y de fácil traducción para el francés y el alemán. Creemos que, acompañada con una imagen atractiva e impactante, esta campaña promocional puede reactivar el consumo de nuestras naranjas y mandarinas en los tres mercados internacionales más importantes para el sector citrícola”.
Dentro del presupuesto de la extensión de norma de Intercitrus, que prevé situarse alrededor de cinco millones de euros anuales durante los próximos cinco años, la promoción de naranjas y mandarinas y de nuestro zumo natural o 100% exprimido constituye el principal capítulo, con una partida que rondará entre el 55 y 75% del total, por delante de otros ejes de actuación como líneas de I+D, la defensa fitosanitaria y la lucha contra plagas y enfermedades. La interprofesional ha acudido a la convocatoria vigente de ayudas para obtener la cofinanciación de las campañas de promoción con fondos europeos de hasta un 70% (países UE)-80% (países no comunitarios) a fin de ampliar el presupuesto definitivo.
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