Dentro del proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto que modifica la intervención sectorial vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la PAC, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han remitido al Ministerio de Agricultura tres propuestas relativas a los siguientes temas para que sean incluidos en el Real Decreto en cuestión.
La grave sequía que afecta a la Comunitat Valenciana está causando pérdidas que ascienden a los 250 millones de euros, amenazando la continuidad de la agricultura y la ganadería en la región. Además de las significativas reducciones en la producción de cultivos de secano, los agricultores que dependen del riego enfrentan gastos adicionales en electricidad para regar sus tierras. Por otro lado, los ganaderos del interior se ven obligados a afrontar costes excesivos para abastecer de agua a sus animales.
Valencia, 12 de julio de 2024. Decenas de tractores y cientos de personas protestaron hoy en Valencia, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, convocados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG), para reclamar medidas urgentes al Gobierno central, tanto al ministro de Agricultura, Luis Planas, como a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al resto del ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, sobre asuntos de máxima actualidad y preocupación como son la sequía, las plagas y enfermedades, la superpoblación de fauna salvaje, los robos, los abusos comerciales, la competencia desleal y las exigencias medioambientales.
Tras la llegada de los tractores, que cortaron el tráfico de la avenida frente a la Plaza del Temple, varios representantes de diferentes comarcas y sectores agropecuarios denunciaron la dramática situación que atraviesan. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de CCPV-COAG, Luis Fernando García, subrayaron las principales reivindicaciones de ambas organizaciones agrarias, las únicas que a nivel nacional no han firmado el paquete de medidas que propuso Planas por considerarlo “claramente insuficiente, sobre todo para la agricultura mediterránea”. Por último, la protesta concluyó con el lanzamiento de productos valencianos en grave crisis de rentabilidad, tales como cítricos, cebollas, vino, almendras, cereales o arroz.
Entre las pancartas se podían leer los siguientes mensajes de denuncia: “Fauna salvaje protegida y agricultor despreciado”, “Las cebollas se ‘rotovatan’ sin precio. ¿Para qué sirve la Ley de Cadena?”, “La sequía demuestra que el Ministerio de la Intransigencia Ecológica hace aguas”, “Cien vacas sacrificadas a la semana por falta de agua. ¿Dónde está el bienestar animal?” o “Año nuevo, plaga nueva (procedente de países terceros)”.
AVA-ASAJA y CCPV-COAG solicitaron la convocatoria de la mesa de la sequía para poner en marcha ayudas directas a los sectores afectados, así como una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; e implantar un seguro de costes/ingresos agrarios.
Las organizaciones también pidieron al Gobierno impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales. En la misma línea, y por destacar algunos ejemplos que preocupan en el campo valenciano, exigieron autorizar la cría y liberación masiva del parasitoide Anagyrus fusciventris para el control biológico del cotonet Pseudococcus longispinus, principal plaga del caqui; autorizar productos fitosanitarios, distintos a la familia de las estrobirulinas, para evitar resistencias en el control de la piricularia del arroz, y autorizar la materia profoxydim, contra las malas hierbas del arroz Echinochloa y Leptochloa, tal como han aprobado los gobiernos de Italia y Portugal.
Las demandas también insistieron en la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; el régimen simplificado de la PAC para pequeños y medianos agricultores; eliminar la obligación de tener un asesor en gestión integrada de plagas en explotaciones menores de 15 hectáreas en regadío y 30 hectáreas en secano; y suprimir la obligatoriedad de realizar fotografías georreferenciadas. Otra petición reiterada fue el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción.
Aguado y García asimismo hicieron hincapié al Gobierno en exigir ante la Unión Europea reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países, así como la revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica; paralizar las negociaciones del tratado comercial con Mercosur; defender una cláusula automática de salvaguardia a las importaciones de arroz; y reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad agraria, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Otras reivindicaciones fueron aprobar una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; aplicar una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario; y revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario.
- ASAJA y COAG han pedido al Ministerio de Agricultura una prórroga de tres años para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 (hasta 2028) para asegurar una transición efectiva y sostenible.
- Además, se ha reclamado un paquete de ayudas para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares.
Madrid, 10 de julio de 2024. Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA y COAG, han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una prórroga de tres años adicionales, (hasta 9 de enero de 2028), para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas. Esta prórroga permitiría:
- Adaptación gradual y ordenada. Realizar una correcta adaptación a los nuevos requisitos sin una drástica caída de la producción. Se estima que la implementación del RD 159/2023 y los nuevos requisitos de densidad de espacio por animal supondrán una pérdida de entre 4 y 8 millones de cerdos cebados al año, dependiendo del método de cálculo de la superficie útil y la aceptación del redondeo por corral. La reducción de plazas oscila entre el 7,06% y el 16,34%.
- Alineación con Normativa Europea: Esperar a los debates y posibles cambios en la Directiva 120/2008 para asegurar la coherencia con la normativa de la UE
- Plan Coordinado de Implementación: Establecer un plan coordinado entre el Ministerio, Comunidades Autónomas y productores para una transición ordenada y efectiva.
Los cálculos realizados por el sector, en base a presupuestos reales, recogen un sobrecoste por encima de los 300.000 para adaptar las granjas a la reducción de densidades por m2 que, en el caso de querer ampliar la superficie de las misma para mantener el nivel de producción, superarían los 500.000 euros.
En relación a ello, COAG y ASAJA han reclamado también al MAPA ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas servirían para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal.
Además, los ganaderos se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal.
¿Qué aspectos esenciales recoge el Nuevo Real Decreto?
El Real Decreto 159/2023, que modifica las normas mínimas para la protección de cerdos establecidas en el RD 1135/2002 y alineadas con la Directiva 120/2008 de la UE, introduce nuevos requisitos de densidad de espacio por animal. Las principales modificaciones son:
- Transición de lechones: De 0,2 a 0,24 m²/animal.
- Engorde de cerdos: De 0,65 a 0,74 m²/animal.
Cabe destacar que esta normativa va por delante de la normativa europea, lo que añade una capa adicional de complejidad y urgencia para el sector.
Solicitud de Modificación de Densidades
ASAJA y COAG proponen una modificación en las densidades de espacio por animal para lograr un equilibrio entre la normativa adicional de bienestar animal y la sostenibilidad económica de las explotaciones. Las densidades propuestas son:
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Peso vivo (En kilogramos) |
Metros cuadrados |
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Hasta 10 |
0,2 |
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Entre 10 y 20 |
0,22 |
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Entre 20 y 30 |
0,3 |
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Entre 30 y 50 |
0,45 |
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Entre 50 y 85 |
0,65 |
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Entre 85 y 110 |
0,68 |
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Entre 110 y 130 |
1 |
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Más de 130 |
1,18 |
“La prórroga solicitada y la modificación de densidades propuestas son esenciales para asegurar una transición ordenada, mantener la viabilidad económica de las explotaciones y continuar contribuyendo al equilibrio territorial y socioeconómico de amplias zonas rurales”, han subrayado desde los sectores de porcino de ASAJA y COAG.
Valencia, 9 de julio de 2024. En pleno verano de un año extraordinariamente seco, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta de una ola de robos en los pozos que dificultan el necesario riego de las plantaciones y agravan la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Los últimos asaltos notificados por los asociados se han producido en Algimia de Alfara (Camp de Morvedre) y Catarroja (L’Horta), donde las pérdidas causadas ascienden a 18.000 euros. Por ello, la organización agraria exige al Gobierno que refuerce la vigilancia tanto en los campos como en los centros de recepción de los materiales sustraídos.
El asociado de Catarroja, Antonio Comes, denuncia que los ladrones forzaron las puertas y ventanas de la Comunidad de Regantes Motor Antolí, destrozaron el transformador, derramaron el aceite y se llevaron los cables de cobre: “Sabían perfectamente lo que hacían, manejaron una instalación de alta tensión en la que te puedes electrocutar de manera mortal, lo que nos hace pensar que se trata de una banda profesional y organizada. Entraron a hacer daño, rápida y bruscamente, sin importarles un pimiento los daños que ocasionaban, lo único que querían era el cobre”, asegura. Las reparaciones que tiene que afrontar esta entidad que facilita el riego a 200 hanegadas de cítricos, caquis y hortalizas alcanza los 12.000 euros, cuando el valor del cobre en el mercado negro apenas rondará los 500 euros.
Días antes, el asociado Manuel Gómez sufrió otro asalto a su instalación de riego en Algimia de Alfara, con unos gastos de reparación de 6.000 euros. Tras reventar la puerta, los asaltantes rompieron las instalaciones eléctricas y arrancaron el motor. Gómez lamenta que “además del impacto económico, como ha ocurrido en verano, me he visto obligado a buscar una alternativa costosa (una motobomba que sólo dura dos horas en funcionamiento) para que mis aguacates no padezcan déficit hídrico y no caigan frutos de la próxima campaña”.
AVA-ASAJA calcula que los robos cometidos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana representan unas pérdidas superiores a los 30 millones de euros en el último año, un 20% más respecto al anterior. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que “aunque bajan las denuncias interpuestas porque cada vez más agricultores deciden no denunciar, por considerar que es una pérdida de tiempo y que la legislación resulta excesivamente impune para los ladrones, la realidad a pie de campo es que suben los robos. La inseguridad rural es una de las asignaturas que este Gobierno tiene pendientes y, en este sentido, es una de las razones por las que los agricultores y ganaderos acudiremos a protestar este viernes 12 de julio a las puertas de la Delegación del Gobierno”.
Es público y notorio que el sector agropecuario europeo está muy mal. Lo demostramos en las movilizaciones y lo reconocen las distintas administraciones en sus palabras, que no en sus hechos. No hay una causa única que explique por sí misma la pérdida brutal de rentabilidad de los agricultores y ganaderos. Podemos hablar de la escalada de los costes de producción, del desequilibrio dentro de la cadena alimentaria, de las importaciones sin cortapisas y en condiciones de competencia desleal, de la carga burocrática absolutamente inasumible… Pero también podemos hablar de un factor que no tiene menos importancia en la crisis agraria: las imposiciones de carácter pseudoecologista que la Unión Europea (UE) ha ido implantando en los últimos tiempos.
A diferencia de los ecólogos, que analizan la ecología desde el prisma científico y racional, los ecologistas empujan a la clase política a tomar medidas ideológicas, emocionales, sin argumentos objetivos. Esta manera de actuar tan arbitraria en asuntos tan sensibles como, por ejemplo, la prohibición de nuevas técnicas genómicas, la restricción de materias activas fitosanitarias, la reducción de fertilizantes, las limitaciones de laboreo, las distancias de seguridad, los plazos de quemas agrícolas y muchísimos más, han abocado a que nuestros costes sean altísimos, nuestras cosechas sean más bajas y nuestra rentabilidad sea mínima, en muchas ocasiones ruinosa.
De ahí que en España haya más de un millón de hectáreas abandonadas, la edad media ya ronde los 65 años, sólo el 10% de los agricultores tengan menos de 41 años y que en los próximos cinco años dos de cada tres se jubilen. Además, gracias también al activismo pseudoecologista, la UE ha llevado los precios que pagan los consumidores a máximos históricos, cuando los productores no pueden vivir dignamente.
Y ahora Ecologistas en Acción por su cuenta dice que todas las fumigaciones aéreas de plaguicidas que se han hecho en los arrozales españoles son ilegales. Total porque el Defensor del Pueblo les ha contestado que no se puede tratar con plaguicidas no autorizados para este método de aplicación y sin tener en cuenta su carácter excepcional. ¿Quiénes se creen estos para asegurar que es ilegal? Los tratamientos se han realizado dentro de la más estricta legalidad. Las administraciones competentes en la materia han efectuado las justificaciones pertinentes desde el punto de vista económico, medioambiental y de la sanidad vegetal.
De lo que se trata es de producir alimentos sostenibles (ambiental, pero también social y económicamente), de alta calidad y saludables para el consumidor. Y eso es lo que estamos haciendo los agricultores y ganaderos en la UE. (No pueden acreditar lo mismo importaciones procedentes de países terceros, que no cumplen los mismos estándares en seguridad fitosanitaria, condiciones laborales y respeto del medioambiente. Y no parece que lo vayan a impedir los políticos a pesar de sus palabras grandilocuentes de “cláusulas espejo”, “lucha contra el cambio climático” o “comercio justo”).
Por último, a Ecologistas en Acción les decimos que dejen de engañar a la gente cuando defenestran la producción europea no ecológica. La diferencia entre la agricultura convencional y la ecológica es que la primera puede emplear plaguicidas naturales y de síntesis, mientras que la ecológica sólo puede usar plaguicidas naturales, con sus correspondientes límites máximos de residuos (LMR), pero todos ellos garantizan la más rigurosa legislación comunitaria en seguridad alimentaria. El único riesgo que corre la UE es seguir dejando que pseudoecologistas acaben por hundir al sector agrario y, con ello, provoquen más despoblamiento rural, más incendios, más desierto y la cesta de la compra más cara, que es lo que está ocurriendo.
Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
El viernes que viene, 12 de julio, tractores y agricultores nos concentraremos a las puertas de la Delegación del Gobierno. La protesta la convocamos las organizaciones agrarias que hemos querido sumarnos (AVA-ASAJA y CCPV-COAG) porque el único color que nos mueve es el verde del campo. Y verde vamos a poner a este gobierno que ha sacado un suspenso general en el curso agrario.
Parece que en Madrid no se han enterado que la Comunitat Valenciana sufre un año hidrológico extraordinariamente seco. Según los cálculos oficiales de la Conselleria, 100 millones de pérdidas llevamos por las mermas de cosechas, pero a ello habría que sumar los sobrecostes, la muerte de plantas y el sacrificio de ganado. El Gobierno se ha negado por ideología a garantizar agua a nuestras explotaciones, un agua que se ha perdido al mar y no se ha podido almacenar por falta de infraestructuras. El viernes pediremos, de nuevo, una nueva política hídrica que prevenga sequías y aporte soluciones basadas en la racionalidad y no en el activismo pseudoecologista, así como la puesta en marcha de ayudas de socorro y mejores seguros agrarios.
El Gobierno nos ha dejado desarmados frente a las plagas y enfermedades. Su ministerio de Transición Ecológica, que en realidad es el de la Intransigencia Ecológica, se ha impuesto al de Agricultura para rechazar autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces. Incluso se ha opuesto a la cría y suelta de parasitoides naturales para el control biológico.
El Gobierno también ha suspendido con el problemón de la fauna salvaje, que causa estragos en los campos, las carreteras y ya empieza en los núcleos de población. Con el tema de la seguridad, ya que cada vez hay menos denuncias, pero la verdad es que hay más robos y menos justicia. Con los precios injustos, al incumplir de manera flagrante la Ley de la Cadena Alimentaria. Con el Pacto Verde, que no ha sido consultado a los agricultores y que con la Ley de Restauración de la Naturaleza ha asestado la última puñalada trapera al sector.
Son muchas las asignaturas suspendidas y reivindicaremos ante la casa del Gobierno en Valencia que conviertan sus fracasos en fortalezas. El que se quede en casa, aun sintiéndose perjudicado por las actuales políticas, cae en la incoherencia. Pero los que asistamos alzaremos la voz para exigir un futuro digno.
Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, publicado en Levante-EMV.
La Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) ha decidido sumarse al acto de protesta impulsado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) que tendrá lugar el próximo viernes 12 de julio a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana para reivindicar asuntos que el ejecutivo central, especialmente los Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, tiene pendientes de resolución en materia de sequía, plagas y enfermedades, fauna salvaje, robos, cadena alimentaria, comercio internacional y exigencias medioambientales.
En el punto de concentración, a las 10 horas la organización repartirá bocadillo y agua y almorzaremos todos juntos. Si quieres participar, bien a pie bien en tractor, pregunta al delegado de tu población.
Valencia, 2 de julio de 2024. Las protestas agrarias no cuelgan el cartel de vacaciones. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), junto a CCPV-COAG, continuará su calendario de movilizaciones con una nueva protesta, el próximo viernes 12 de julio a las 11 horas, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana para reivindicar asuntos que el ejecutivo central tiene pendientes de resolución en materia de sequía, plagas y enfermedades, fauna salvaje, robos, cadena alimentaria, comercio internacional y exigencias medioambientales.
Las principales organizaciones profesionales agrarias convocaron un acto de protesta el pasado 21 de junio ante la Conselleria de Agricultura precisamente por la falta de gestión en temas urgentes de su competencia. De la misma manera, ahora AVA-ASAJA y CCPV-COAG convocan otra protesta en la Delegación del Gobierno, a la que, en esta ocasión, el resto de organizaciones han decidido no participar. Su presidente, Cristóbal Aguado, afirma que “somos objetivos y vamos a seguir manifestando nuestro malestar frente a todas y cada una de las administraciones que no atiendan nuestras reivindicaciones, sean del color que sean. El único color que nos mueve ha de ser el verde del campo”.
A través de tractores y personas concentradas en la Plaza del Temple, AVA-ASAJA reivindicará una batería de medidas al Gobierno central, tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio para la Transición Ecológica y el resto del ejecutivo que tiene competencias que afectan directa o indirectamente al sector agrario.
En el año hidrológico más seco y cálido desde que hay registros, la entidad solicita una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; y aprobar o ampliar ayudas directas a los sectores agropecuarios para paliar las pérdidas económicas derivadas de la sequía y la guerra en Ucrania.
Respecto a la lucha contra las plagas y enfermedades, AVA-ASAJA exige impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces. Asimismo, insta a autorizar la cría y liberación masiva del parasitoide Anagyrus fusciventris para el control biológico del cotonet Pseudococcus longispinus, principal plaga del caqui; autorizar productos fitosanitarios, distintos a la familia de las estrobirulinas, para evitar resistencias en el control de la piricularia del arroz; o autorizar la materia profoxydim, un herbicida contra las malas hierbas del arroz Echinochloa y Leptochloa, tal como han aprobado los gobiernos de Italia y de Portugal.
Entre las medidas para reducir la burocracia destacan la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; implantar el régimen simplificado de la PAC para pequeños y medianos agricultores (aquellos que perciben menos de 5.000 euros de ayudas directas al año); eliminar la obligación de tener un asesor en gestión integrada de plagas en explotaciones menores de 15 hectáreas en regadío y 30 en secano; y suprimir la obligatoriedad de realizar fotografías georreferenciadas. AVA-ASAJA también insiste en el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con prohibición expresa de venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción.
La organización agraria pide a Madrid que “se plante y deje de ser un don nadie en Bruselas”. Las demandas fundamentales consisten en exigir reciprocidad o ‘cláusulas espejo’ en todos los acuerdos comerciales con terceros países, así como la revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica; paralizar las negociaciones del tratado con Mercosur; defender una cláusula automática de salvaguardia a las importaciones de arroz; reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos; y en ese sentido reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad agraria europea, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Otras reivindicaciones son aprobar una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario; revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario, entre otras asignaturas pendientes.
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