Valencia, 13 de febrero de 2025. El empleo de drones representa una importante herramienta para afrontar los retos de la agricultura del futuro. El sector es consciente de las posibilidades que puede aportar esta innovación a la hora de ganar en precisión, eficiencia y sostenibilidad, despertando especial interés para la prevención y control de plagas y enfermedades. Sin embargo, su implantación en la Unión Europea para esta fundamental operación agrícola aún despierta insalvables desafíos técnicos, económicos y regulatorios. Por ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) participa en un nuevo proyecto -el Grupo Operativo DRONSafe- que ahora despega los primeros vuelos de dron sobre los campos valencianos.
Denominado “Aplicación de productos fitosanitarios con drones como herramienta para disminuir la exposición”, el proyecto pretende demostrar que el uso de estos equipos aéreos no tripulados ajustados a las particularidades agronómicas de los cultivos mediterráneos se adecúa a las exigencias medioambientales que establece la legislación europea.
En DRONSafe participan entidades de Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, y Castilla y León. La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) coordina la parte técnica de un consorcio en el que también se encuentran el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), que coordina la parte administrativa, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), AVA-ASAJA como usuario final en la Comunidad Valenciana, la Unión Agroganadera de Álava-Arabako Nekazarien Elkartea (UAGA) como usuario final en el País Vasco, la Bodega Cuatro Rayas Sociedad Cooperativa Agroalimentaria, como usuario final en Castilla y León, y FTS AgroConsulting, empresa oficialmente reconocida (E.O.R 87/14) por MAPA para la realización de ensayos oficiales con productos fitosanitarios. Asimismo, el grupo cuenta con tres subcontrataciones técnicas: el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER-BRTA), la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).
Las experiencias iniciadas en la Finca Sinyent de AVA-ASAJA suponen solo uno de los varios living-labs (laboratorios de innovación, en este caso realizados parcialmente al aire libre) sobre cultivos como cítricos, viñedos y patatas. La idea del consorcio surgió a raíz de la normativa que regula la utilización de equipos aéreos no tripulados para la realización de aplicaciones de productos de protección de cultivos, tanto bajo la actual Directiva de Uso Sostenible, como en la primera propuesta del Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios.
La normativa europea proponía que los Estados miembro podrán eximir de la prohibición de la aplicación de productos fitosanitarios por aplicación aérea con aeronaves no tripuladas cuando factores relacionados con el uso de estas demuestren que los riesgos derivados de su uso son inferiores a los riesgos derivados de otros equipos aéreos y equipos de aplicación terrestres, por lo que el uso de drones queda condicionado a la demostración de la disminución del riesgo para la salud humana y ambiental en comparación con las otras aplicaciones.
En este sentido, el proyecto prevé desarrollar escenarios realistas y representativos de este tipo de vuelos que, además, se ajusten a condiciones agroambientales típicamente mediterráneas. Concretamente, pretende evaluar escenarios de exposición de deriva ambiental, seguridad del operador y transeúnte, así como de exposición dietaria a residuos. AVA-ASAJA trabajará así para incorporar al sector tecnologías que permitan optimizar el control de plagas y protejan el medioambiente y la salud de los productores y los consumidores.
El proyecto encaja además en un contexto legislativo que podría abrir nuevas oportunidades. Así, la Asamblea Nacional de Francia acaba de aprobar un proyecto de ley que autoriza la aplicación de productos fitosanitarios mediante drones en determinados cultivos, como el plátano y ciertos viñedos, cuando la pendiente del terreno supere el 20%.
DRONSafe está cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC-FEADER con un importe de ayuda de 584.391,17 euros.
La expansión de los Scirtothrips de reciente aparición (Scirtothrips dorsalis y Scirtothrips aurantii) continúa generando alarma en la citricultura española. El más reciente, Scirtothrips aurantii, identificada por primera vez en Huelva en 2020, ha extendido su presencia a zonas clave como Murcia, Alicante, Castellón y diversas comarcas de la provincia de Valencia, afectando tanto a los cítricos como a otros cultivos, como el caqui, la granada, la vid y numerosas hortícolas. El impacto económico, agronómico y social de esta plaga ha sido significativo durante 2024 y plantea importantes desafíos para el año 2025.
Madrid, 11 de febrero de 2025. ASAJA denuncia que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la quinta consecutiva sin consenso con la patronal, supone un golpe insostenible para el sector agrario, que ya enfrenta una crisis estructural debido al aumento de los costes de producción, costes salariales y sociales, y a la falta de mano de obra.
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, considera que "cualquier subida del salario mínimo es inasumible en el campo. Desde 2016, el incremento ha sido del 80%, lo que está llevando al límite a muchas explotaciones".
El incremento aprobado eleva el salario mínimo neto a 1.184€ por 14 pagas, pero el coste real para el empresario agrícola será de 1.925€ por trabajador. De este importe, el trabajador verá descontados 720€ en cotizaciones e IRPF, un aspecto que el Gobierno no aclara y que afecta directamente a los asalariados del campo.
ASAJA ha solicitado reiteradamente, “sin éxito”, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para amortiguar esta subida.
Esta medida incrementa la presión que el sector agrario ya soporta debido a:
· Subida de costes: electricidad, gasóleo agrícola y fertilizantes han experimentado incrementos exponenciales.
· Reforma laboral rígida: que limita la contratación flexible en campañas agrícolas.
· Déficit de mano de obra: que se verá agravado con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
“Nos enfrentamos a una tormenta perfecta: más costes, más rigidez y menos trabajadores. Si no se toman medidas, muchas explotaciones desaparecerán”, ha alertado Barato.
Por todo ello desde ASAJA se pide periodo transitorio amplio para la aplicación de la medida en el sector agrario; bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para aliviar el impacto en las explotaciones y flexibilización en la contratación de temporeros para evitar la pérdida de campañas clave.
Valencia, 10 de febrero de 2025. Apenas dos semanas después de que la Conselleria de Agricultura estableciera medidas obligatorias para detener la rápida expansión de la plaga de cuarentena Scirtothrips aurantii Faure, hoy ha publicado en el DOGV otra resolución por la cual actualiza el avance de otro trips, el Scirtothrips dorsalis Hood, y adopta de nuevo medidas urgentes para su control. Por ello, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reitera a la Generalitat Valenciana que ponga en marcha una línea extraordinaria de ayudas, a través de pagos o el reparto de productos fitosanitarios y trampas, para que los agricultores afectados lleven a cabo las actuaciones impuestas.
Asimismo, la organización agraria valora que el Servicio de Sanidad Vegetal y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) hayan difundido una estrategia contra el Scirtothrips aurantii en cítricos y caquis, pero considera que la Administración debería definir, comunicar y facilitar la implantación de una estrategia de lucha conjunta para prevenir y combatir para cada cultivo todos los trips presentes en la agricultura valenciana. Además de los trips que ya había instalados en el siglo XX, recientemente han llegado nuevos como Pezothrips kellyanus (trips de la corona), Chaetanaphothrips orchidii (trips de la orquídea), Scirtothrips dorsalis Hood (trips del té) y Scirtothrips aurantii Faure (conocido ya como trips sudafricano, por proceder del sur de África).
“El sector desconoce si para hacer frente a cada trips hay que emplear los mismos productos fitosanitarios, las mismas dosis, en las mismas fechas o los mismos métodos de lucha. Si nos han llegado estas plagas por culpa de las administraciones, estas tendrían que aclarar cómo acabar con ellas de manera armonizada, autorizar las soluciones adecuadas y asumir los costes de ese control”, afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Scirtothrips dorsalis Hood fue detectada en España por primera vez en 2016 en Alicante, mediante importaciones procedentes de países terceros. Desde entonces se ha ido expandiendo a Murcia, Almería y Granada. La resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera publicada hoy constata que la plaga también se ha detectado en cítricos y granadas de 48 municipios de las tres provincias de la Comunitat Valenciana: además de Alicante, se ha desplazado a prácticamente todas las zonas citrícolas de Valencia (La Ribera, Hoya de Buñol, L’Horta, Camp de Morvedre y Los Serranos) y de Castellón (La Plana y el Baix Maestrat).
Las medidas obligatorias de erradicación en plantaciones al aire libre o invernaderos asignadas por la Conselleria de Agricultura son: realización de tratamientos fitosanitarios contra la plaga sobre la totalidad de los vegetales hospedantes con los productos autorizados para su control, se deberán aplicar un mínimo de dos tratamientos consecutivos con un intervalo de dos a tres semanas alternando las sustancias activas de modos de acción diferentes, teniendo en cuenta la fenología del cultivo y respetando los condicionamientos y restricciones establecidos por la legislación vigente; instalación de trampas adhesivas cromotrópicas; y proceder a la inspección y limpieza de herramientas, maquinaria y vehículos utilizados en terrenos con especies hospedantes infestadas o empleados para el transporte de frutos, para evitar el movimiento accidental del organismo.
En el caso de los viveros, así como almacenes y centros de distribución, la normativa obliga a realizar tratamientos fitosanitarios que aseguren la correcta eliminación de la plaga de todos los lotes de ramas y flores cortadas con hojas y vegetales hospedantes contaminados o, en el caso de que no sea posible la aplicación de dichos productos fitosanitarios, destrucción de los mismos; inspeccionar el material vegetal de vivero, ramas y flores cortadas con hojas del almacén o centro de empaquetado y distribución; garantizar que el material vegetal que salga de sus instalaciones esté libre del citado organismo nocivo, por lo que deberán realizar tratamientos fitosanitarios en el momento más próximo a la posible comercialización; e instalación de trampas adhesivas cromotrópicas.
Madrid, 4 de febrero de 2025. ASAJA expresa su firme rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Esta medida, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, se ha impuesto sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal, lo que generará serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país.
Pedro Barato, presidente de ASAJA, ha manifestado que esta decisión "dejará al sector en una situación muy complicada, ya que actualmente ya sufrimos una grave falta de mano de obra en nuestras explotaciones y campañas agrícolas". La reducción de la jornada obligará a contratar más trabajadores para cubrir las mismas tareas, lo que supone un incremento de costes inasumible para muchos productores.
Desde ASAJA se recuerda que, con la actual reforma laboral, solo se pueden realizar contratos fijos o fijos discontinuos, dificultando aún más la adaptación del sector a esta nueva normativa. "No encontramos trabajadores y ahora, además, se encarece el coste laboral, ya que, al reducirse la jornada y mantenerse los salarios, se genera una subida encubierta de sueldos", añade el presidente de ASAJA.
Desde la OPA se subraya que la reducción de jornada no responde a la realidad del campo, donde los trabajos agrícolas dependen de factores como la climatología y los ciclos de producción. "Ya es complicado negociar los convenios con la jornada actual, como para ahora imponer una reducción sin atender a las necesidades reales del sector", se advierte desde ASAJA.
Además, la OPA denuncia que esta medida se ha adoptado sin consultar ni considerar las consecuencias para la agricultura y la ganadería. "Los legisladores desconocen por completo la realidad del campo y legislan desde los despachos, sin escuchar a quienes trabajamos cada día en la producción de alimentos", critica la Organización.
ASAJA trabajará con los grupos parlamentarios para trasladarles la enorme preocupación del sector y exigir que se introduzcan medidas de flexibilidad para la agricultura y la ganadería. "Es imprescindible que tanto el Gobierno como los sindicatos entiendan que las condiciones del campo no pueden equipararse a las de otros sectores y que cualquier modificación en la regulación laboral debe contar con la participación de todos los actores afectados", concluye la organización.
ASAJA seguirá defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos españoles frente a decisiones que comprometan su viabilidad y competitividad.
Valencia, 31 de enero de 2025. Mari Carmen Casañ ha compaginado durante los últimos años la gestión de su explotación arrocera en el parque natural de La Albufera con un laborioso proceso de investigación destinado a abrir nuevos canales de consumo del arroz valenciano. Entre siembras y siegas, esta miembro de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), vecina de Catarroja, ha patentado una tecnología que permite obtener, por primera vez en el arroz redondo -el tipo característico en la Comunitat Valenciana-, un producto que garantiza la máxima seguridad alimentaria, aguanta en el lineal durante 15 años y acorta el tiempo de cocción -por ejemplo para la elaboración de una paella- de los habituales 18-20 minutos a los 5-8 minutos.
Esta innovadora patente, basada en procesos de precocinado, deshidratación y evaporización con posibilidad de añadir valor proteico, es el fruto de años de estudios, ayudas de Next Generation y colaboraciones con investigadores, empresas y universidades -no solo de España sino también de otros países europeos como Italia, Alemania y Países Bajos- que han desembocado en nuevas aplicaciones sobre el arroz redondo mediante tecnologías que ya se empleaban en ámbitos de la sanidad, la cerámica y otros alimentos. El siguiente paso es buscar una vía de comercialización para hacer llegar este arroz a los consumidores.
Mari Carmen, hija y nieta de agricultores, asegura que su objetivo es emplear esta patente exclusivamente con arroz cultivado en el parque natural de La Albufera a fin de “mejorar el consumo, la demanda y, por tanto, la rentabilidad de nuestro arroz que, en última instancia, favorecerá la preservación del parque natural. El cultivo ya cuenta con los más altos estándares de trazabilidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Pero, gracias a la combinación de tradición e innovación, podemos dar un paso más para revalorizarlo y diversificar sus usos gastronómicos”.
El arroz redondo obtenido tras el procedimiento patentado cuenta con todas las garantías desde el punto de vista de la salud y conserva sus óptimas propiedades nutricionales durante quince años, lo que contribuye a reducir el desperdicio alimentario. Respecto al tiempo de cocción, al estar sometido a un proceso de precocinado, se reduce notablemente de 18-20 minutos a 5-8 minutos, en función de los gustos del consumidor. En el caso del arroz integral, la cocción también requiere un periodo mucho más breve: de los 35-40 minutos actuales a apenas 10-12 minutos con la nueva patente. Los ensayos se han realizado con las variedades tradicionales del arroz redondo producido en la Comunitat Valenciana, tales como el Bomba, Albufera o J-Sendra.
El mismo día en que la Comisión Europea (CE) da a conocer su brújula estratégica para la competitividad europea, presenta simultáneamente una propuesta para imponer sanciones a los fertilizantes rusos y bielorrusos. Esta medida tendrá un impacto grave en la producción y la competitividad de la agricultura española. Sin una estrategia clara de diversificación, los agricultores europeos pronto se encontrarán entre la espada y la pared. En caso de ser aprobada la subida de los aranceles, esta comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2025 con la aplicación a los fertilizantes nitrogenados.
Ahora que algunos aprovechan el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para poner sobre la mesa un debate sobre el peligro que podría estar corriendo la democracia, la Unión Europea no debería sacar demasiado pecho de su carácter democrático. No, al menos, a la vista del trato que dispensa a los agricultores y ganaderos.
Según el Eurobarómetro hecho público por la UE, más del 80% de los ciudadanos europeos (más del 90% en España) están de acuerdo o muy de acuerdo con las recientes protestas de los agricultores en Europa; consideran que la importación de productos agrarios, independientemente de su origen, solo debería permitirse si su producción cumple las normas europeas en materia de medio ambiente, bienestar animal y laboral; y coindicen con el sector agrario en que los acuerdos comerciales de la UE exponen a los productores comunitarios a la competencia desleal de países terceros.
¿Entonces por qué la Comisión Europea y los Estados Miembros, en lugar de defender las políticas agrarias que apoya la mayoría, hacen justamente lo contrario? El tratado con Mercosur, por poner el último ejemplo, es tan perjudicial como antes lo han sido los acuerdos con Sudáfrica, Marruecos o Egipto. En todos ellos, Europa no pide a los productos agrarios de fuera las mismas exigencias que sí se afana en imponer a los europeos. Por tanto, si la Comisión sabe lo que piensa y respalda la ciudadanía europea, pero aprueba leyes que no respetan lo que piensa la gente, entonces estamos ante una Comisión que dista mucho de ser democrática.
Los motivos que esconde Bruselas para actuar de espaldas al campo y la sociedad son más oscuros de lo que parece. Estos días hemos conocido una investigación, del periódico holandés De Telegraaf, que revela que la Comisión Europea ha estado otorgando subvenciones a grupos ecologistas con el objetivo de que lleven a cabo una calculada campaña de lobby, con nombres y apellidos de eurodiputados a influir, a favor del Pacto Verde que impulsaba Frans Timmermans.
Es inaudito que todo un vicepresidente primero de la Comisión se dedicara, como una mano negra, a mover hilos por detrás del telón, incentivando un radicalismo ecológico en Europa, buscando el enfrentamiento con el sector productor y poniendo contra las cuerdas, no solamente la viabilidad económica de los agricultores y ganaderos europeos, sino también la soberanía alimentaria y la lucha mundial contra el cambio climático.
Porque sus supuestas leyes ‘verdes’ en realidad lo que hacen es exportar y agravar la contaminación, dando una ventaja tramposa a unas importaciones agrarias que son producidas en unas condiciones ambientales mucho más laxas y que son transportadas en barcos no poco contaminantes desde miles de kilómetros. Por cierto, la mayoría de esas importaciones promovidas por el holandés Timmermans descargan en el puerto de Rotterdam, convertido gracias al Pacto Verde en una mina de diamantes.
Independientemente de sus intereses, no constituye la manera de hacer política más transparente y honesta aquella que se gasta el dinero público de los europeos en grupos ecologistas radicales para hacer la vida imposible a una parte de la población que es más necesaria que nunca para garantizar una alimentación de proximidad, calidad y seguridad. La Comisión Europea debería dar todas las explicaciones, pedir disculpas a la sociedad y rectificar el rumbo de sus políticas agrarias en aras de lograr, de verdad, una democracia plena, participativa y no excluyente del sector agrario.
Valencia, 29 de enero de 2025. Ante la publicación en el DOGV de una resolución por la cual la Generalitat Valenciana actualiza la situación de la plaga de cuarentena Scirtothrips aurantii Faure y adopta medidas urgentes para su control en la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita a la Conselleria de Agricultura que destine una línea especial de ayuda, mediante pagos económicos o el reparto de productos fitosanitarios y trampas, para subvencionar la realización de las medidas de erradicación impuestas en esta normativa en las explotaciones agrarias afectadas por este nuevo trips.
La resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, además de ampliar a 325 los términos municipales con presencia de la citada plaga, establece una serie de medidas, de obligado cumplimiento, en plantaciones al aire libre o invernadero afectadas: tratamientos fitosanitarios con los productos autorizados para su control (se deberán aplicar un mínimo de dos tratamientos consecutivos con un intervalo de dos a tres semanas alternando las sustancias activas de modos de acción diferentes); instalación de trampas adhesivas cromotrópicas; y proceder a la inspección y limpieza de herramientas, maquinaria y vehículos empleados para el transporte de frutos, a fin de evitar el movimiento accidental del organismo. En las zonas tampón, se implementarán además medidas de vigilancia intensiva, con la colocación de trampas adicionales para la detección temprana y se realizarán inspecciones de herramientas, maquinaria y vehículos.
Para la erradicación en viveros, almacenes y centros de distribución, son obligatorios tratamientos fitosanitarios que aseguren la correcta eliminación de la plaga de todos los lotes de ramas y flores cortadas contaminadas, o a su destrucción en caso de no poder aplicar el producto fitosanitario, además de llevar un control exhaustivo para garantizar que el material vegetal que salga de sus instalaciones se encuentre libre del organismo nocivo.
AVA-ASAJA denuncia que “la Unión Europea ni impidió en su momento la entrada de esta plaga, procedente del sur de África, ni permite ahora el uso de soluciones eficaces para combatirla. Los agricultores valencianos no tendríamos que costear con nuestros bolsillos la lucha contra un problema que nos han generado las administraciones por su falta de competencia o de voluntad para hacer cumplir la ley. Si la Conselleria de Agricultura no pudiera afrontar las medidas de apoyo que necesitamos, debería dirigirse al Gobierno español y la Unión Europea, principales responsables del impacto de esta plaga, para que la apoyaran financieramente”.
Tal como informa la resolución, Scirtothrips aurantii está causando en la Comunitat Valenciana graves pérdidas de cosecha, por su caída o su depreciación cualitativa, en los cultivos de cítricos, caqui, aguacate, granada y uva de mesa. El trips se alimenta de frutos y hojas, lo que deriva en un severo daño celular en los tejidos atacados, dando lugar a deformaciones. Los daños en hojas afectan a la actividad fotosintética de la planta, pero las repercusiones más dañinas van asociadas a los ataques a los frutos. Además del descenso de producción, los agricultores valencianos sufren una escalada de los costes de producción que, con estas nuevas disposiciones obligatorias, continuarán aumentando.
Este trips fue detectado por primera vez en España en 2020 en la provincia de Huelva, lo que supuso la primera detección a nivel europeo. Desde mayo de 2024, cuando la Generalitat Valenciana constató los primeros síntomas en Alicante y Valencia, Scirtothrips aurantii se ha convertido en la plaga más preocupante de la agricultura de la Comunitat Valenciana, debido a su irrupción generalizada y devastadora en multitud de cultivos.
Según estimaciones de AVA-ASAJA, la falta de soluciones eficaces, la introducción de nuevas plagas procedentes de países terceros -especialmente el Scirtothrips aurantii- y la mayor persistencia de las mismas a causa del cambio climático provocaron en 2024 unas pérdidas de 80 millones a los productores y un considerable desperdicio alimentario a pie de campo.
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