La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que el Ministerio de Agricultura dejará fuera a miles de agricultores de la Comunitat Valenciana de las ayudas aprobadas para compensar el encarecimiento de los fertilizantes derivado de la guerra en Oriente Medio, debido a las trabas burocráticas y digitales que impone a la hora de efectuar la solicitud.
La organización agraria presidida por Cristóbal Aguado lamenta que, a diferencia de lo ocurrido con las ayudas habilitadas durante la guerra de Ucrania -que fueron concedidas de oficio-, el Gobierno ha optado ahora por establecer un procedimiento más complejo que obligará a los agricultores y ganaderos a presentar telemáticamente una declaración responsable, en la que, además de tener una firma digital y entender los pasos informáticos, deberán cumplir unos ingresos agrarios de al menos 5.000 euros en la declaración de la renta de 2024 y conservar las facturas de compra de abonos en un periodo de cuatro años. También llama la atención que el Ministerio dispondrá de hasta cuatro meses para publicar las listas de beneficiarios en la página web del FEGA, pero solo concederá a los agricultores un plazo de 15 días hábiles para tramitar dicha declaración responsable, sin la cual no se cobrará la subvención.
Aguado afirma que “si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil, como hizo con la ayuda de Ucrania, de oficio y sin necesidad de trámites. Si pide una declaración responsable a través de la sede electrónica del Ministerio, con todas las trabas y requisitos que ello conlleva, en la práctica estará excluyendo sobre todo a pequeños agricultores y agricultores mayores, que igualmente están pagando unos sobrecostes inasumibles”.
Ayudas insuficientes
El Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio contempla una ayuda de 55 euros por hectárea en superficie de regadío y 22 euros por hectárea en secano, con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros de ayuda. Aguado resume que “el Gobierno pide demasiada burocracia para una cantidad tan exigua, que será totalmente insuficiente”. En el artículo 50.6.b) se especifican todos los requisitos para aceptar la ayuda por medios electrónicos.
AVA-ASAJA recuerda que la media de la población agraria valenciana ronda los 65 años y muchos de ellos superan incluso los 80 años, por lo que tienen dificultades para realizar gestiones informáticas. Asimismo, a propósito de nuevas cargas como el cuaderno de explotación digital o el registro telemático de tratamientos fitosanitarios, el Gobierno aún no ha realizado ningún programa formativo para explicar a los agricultores el uso de aplicaciones informáticas que digitalicen las tareas ni ha dispuesto oficinas gratuitas de gestión. Por otra parte, a día de hoy aún hay carencias de cobertura de internet en numerosas áreas rurales, que imposibilitan la gestión de trámites digitales desde las explotaciones y los municipios de interior.
AVA-ASAJA alerta que la escalada de los costes de producción, sobre todo de los fertilizantes nitrogenados y el gasóleo agrícola, ya ha supuesto en estas primeras semanas de conflicto más de 15 millones de sobrecostes en la agricultura valenciana, por lo que considera “injustificable” que la Administración complique el acceso a unas ayudas que deberían llegar de manera ágil y directa a los profesionales del campo. Por ello, exige al Ministerio de Agricultura que rectifique este planteamiento y adopte un sistema de concesión automática, similar al aplicado en la guerra de Ucrania, que permita que las ayudas lleguen sin obstáculos a todos los agricultores afectados.
Certis Belchim anuncia una nueva ampliación de registro de Dinamite® (Nº de registro fitosanitario 25.360), acaricida autorizado para el control de ácaros tetraníquidos. Esta ampliación incrementa los cultivos en los que puede emplearse, tanto en invernadero como al aire libre, ampliando las opciones disponibles para agricultores y técnicos en un contexto en el que el control de ácaros resulta especialmente exigente por la elevada presión de plaga en periodos cálidos y la necesidad de diseñar programas eficaces y sostenibles.
Dinamite® destaca por su nuevo modo de acción (IRAC 20B) y por su alta eficacia gracias a un rápido efecto de choque, contribuyendo a reducir la presión de la plaga en momentos clave del ciclo del cultivo. Además, su perfil favorece la integración en estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP) por su compatibilidad con la fauna auxiliar, ayudando a construir programas más equilibrados y orientados a una protección más sostenible.
“Esta ampliación de registro nos permite ofrecer más opciones de control frente a ácaros tetraníquidos, facilitando la planificación de programas eficaces y compatibles con el Manejo Integrado de Plagas tanto en invernadero como al aire libre”, señala Víctor López, Crop Manager Hortícolas de Certis Belchim.
Nuevos usos autorizados
Con esta ampliación, Dinamite® incorpora nuevos usos en los siguientes cultivos:
· En invernadero: pimiento, pepino, berenjena, fresal, tomate y calabacín.
· Al aire libre: berenjena, tomate, calabacín, calabaza, melón, sandía y pepino.
· Macro túnel: fresal.
Recomendación de encaje en programas de control
Por su modo de acción y su perfil de uso, Dinamite® constituye un apoyo relevante dentro de programas de control que busquen la alternancia de herramientas y la compatibilidad con estrategias MIP. Su incorporación permite reforzar la protección del cultivo en fases sensibles y contribuir a una gestión más eficaz de la presión de ácaros a lo largo del ciclo, especialmente cuando las condiciones favorecen la rápida proliferación de la plaga.
Condiciones de uso autorizadas
Dinamite® se aplica contra ácaros tetraníquidos mediante pulverización foliar, conforme a los usos autorizados en etiqueta. En los usos autorizados, el plazo de seguridad (PS) es de 3 días. Las aplicaciones deben realizarse conforme a la etiqueta vigente y dentro de los estadios BBCH indicados para cada cultivo y sistema de producción.
Una nueva herramienta para reforzar la protección de los cultivos hortícolas y fresal
Con esta ampliación, Certis Belchim refuerza su propuesta técnica frente a los ácaros tetraníquidos, aportando una herramienta que facilita la planificación de programas de control en escenarios de alta presión y contribuye a mantener la sanidad del cultivo en fases sensibles del ciclo. La compañía continúa así ampliando su oferta de soluciones para la protección de cultivos, con herramientas alineadas con las necesidades actuales de técnicos y agricultores.
Para más información sobre Dinamite® y consultar la etiqueta actualizada: https://certisbelchim.es/productos/dinamite/
El próximo 2 de abril entra en vigor en España la nueva normativa contra el desperdicio alimentario. El objetivo es necesario y compartido: reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena. Sin embargo, cuando se analiza lo que está ocurriendo en el campo, surge una contradicción evidente: se legisla contra el desperdicio mientras se toman decisiones que lo están incentivando en origen.
Porque hoy, una parte creciente del desperdicio empieza antes de la cosecha. Empieza en la propia explotación. Las restricciones europeas en fitosanitarios, que además quisieron acelerarlas a través del fallido Pacto Verde Europeo y la estrategia De la Granja a la Mesa, están reduciendo de forma progresiva las herramientas disponibles para los agricultores. El objetivo ambiental es legítimo, pero en muchos casos no va acompañado de alternativas eficaces.
A esto se suma un elemento diferencial clave: la aplicación en España. Mientras países como Grecia, Italia y Portugal están recurriendo con mayor flexibilidad a autorizaciones excepcionales para hacer frente a plagas y enfermedades, aquí el margen es mucho más estrecho. Esto deja a los agricultores en una situación de clara desventaja competitiva y, sobre todo, con menos capacidad de reacción.
Las consecuencias son visibles: cultivos que no se pueden proteger adecuadamente, producciones que pierden calidad comercial y, en muchos casos, fruta que ni siquiera compensa recoger. Es decir, alimentos que se pierden directamente en el campo.
No es una cuestión menor. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que una parte significativa de las pérdidas alimentarias se produce en las primeras fases de la cadena, especialmente por problemas fitosanitarios y falta de medios adecuados para afrontarlos.
A esta incoherencia se suma la falta de apoyo económico. La ley contemplaba medidas específicas para sectores especialmente sensibles como el viñedo y el olivar, con 370 millones de euros ya aprobados pero estas ayudas han quedado paralizadas ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Es decir, se elevan las exigencias sin reforzar el acompañamiento.
Y mientras tanto, en Bruselas se abre una oportunidad para corregir parte de estos desequilibrios. El paquete de simplificación normativa, conocido como “ómnibus food & feed”, plantea revisar el marco de los fitosanitarios. Un debate clave en el que España, lejos de liderar una posición firme en defensa de su sector productor, está adoptando un perfil bajo.
El resultado de todo este conjunto de decisiones es una ecuación difícil de sostener: se pide al campo que produzca con menos herramientas, que asuma más riesgos y que, además, reduzca el desperdicio. Pero sin producción viable, ese objetivo se queda en el papel.
Y todo esto no es ajeno al consumidor. Cada cosecha que se pierde en el campo es menos oferta, más tensión en los precios y mayor dependencia de importaciones producidas bajo estándares distintos. Lo que ocurre en la finca acaba, inevitablemente, en la cesta de la compra.
Porque no hay política contra el desperdicio que funcione si se ignora el origen del problema. Y no hay mayor desperdicio que una cosecha que se pierde antes de salir de la finca. Si de verdad se quiere luchar contra el desperdicio por parte del gobierno, que se empiece por modernizar la legislación de las medicinas de las plantas de una vez por todas.
José María Castilla Baró, Director de la Oficina ante la UE de ASAJA.
AVA-ASAJA ha sumado fuerzas hoy con representantes de la sociedad civil y la economía valenciana para reclamar a les Corts, sobre todo a los grandes partidos políticos, que soliciten urgentemente, antes del 25 de abril (fecha conmemorativa de la batalla de Almansa y la consecuente pérdida de los Fueros), la recuperación del derecho civil valenciano dentro de la inminente reforma constitucional a propósito del nuevo senador por la isla de Formentera.
El presidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, introdujo que “no podemos permitir que el gobierno valenciano desaproveche esta oportunidad. Es inexplicable que Baleares solo haya tardado dos semanas en tramitar la petición de su senador y que les Corts en cinco meses aún no haya empezado la solicitud, cuando es un acuerdo prácticamente unánime desde 2020”.
La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, añadió que “la recuperación del derecho civil valenciano favorecería a las empresas, pero sobre todo estamos hablando de una cuestión de justicia, como es el tema de la infrafinanciación valenciana. Nuestros políticos mantienen unos discursos a favor en Valencia pero que se diluyen cuando llegan a Madrid, por lo que somos el único territorio foral que se ha quedado atrás”.
Situación de indefensión
En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denunció que “hace más de 300 años teníamos unos Fueros que nos convertían en líderes económicos y agrarios respecto al resto de España. Pero tras la batalla de Almansa, perdimos unos Fueros, un liderazgo y, mientras otras comunidades lo han restituido, nosotros seguimos en una situación de indefensión. Necesitamos el derecho civil valenciano para tomar decisiones más valientes, dominando nuestro presupuesto, y adecuar las leyes a nuestras costumbres y características”.
Aguado destacó que “los valencianos nos sentimos ninguneados, diferenciados y discriminados. La debilidad valenciana nace de los propios políticos, porque apoyan la recuperación del derecho civil valenciano, pero cuando llega la hora de la votación no se mojan. Va siendo hora de recuperar el espíritu del pueblo valenciano, su respeto y su defensa. Este derecho histórico es esencial para nuestra economía y nuestra agricultura”.
Durante la rueda de prensa convocada en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), la diputada del ICAV, Sofía de Andrés, y el catedrático de derecho civil, Francisco Blasco, explicaron que el derecho civil valenciano “es el derecho del día a día, básico para nuestro autogobierno, que tendría repercusiones positivas para la sucesión mortis causa (actualizaría y daría más libertad a la hora de testar), el divorcio (preserva la custodia compartida de los hijos), la protección de las personas con discapacidad y la sucesión de empresas familiares (con especial interés para el relevo generacional de las explotaciones agrarias).
Valencia, 27 de marzo de 2026. En medio de una crítica situación del sector arrocero -con mermas históricas de cosecha, costes disparados y rentabilidad ruinosa- la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) interpone sendas denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) -organismo dependiente del Ministerio de Agricultura- a las grandes cadenas de distribución Lidl y Carrefour por una supuesta venta a pérdidas en sus paquetes de arroz redondo. La organización presidida por Cristóbal Aguado argumenta esta denuncia al entender que el precio de venta al público de 1,09 €/kg -coincide exactamente en ambas firmas comercializadoras- no permite cubrir los costes de producción del arrocero y del resto de operadores que intervienen a lo largo de la cadena de valor.
Según cálculos de la asociación, los costes medios de producción del cultivo del arroz en la Comunitat Valenciana se han incrementado más del 50% en los últimos años, llegando a los 0,60 €/kg sobre todo en el caso de las variedades tradicionales (Bomba, Albufera y J-Sendra) debido a la falta de soluciones eficaces contra el hongo de la Piricularia y al descenso del 50-80% de la producción en los arrozales más afectados. Posteriormente, el arroz cosechado suma nuevos gastos durante el transporte a las plantas de procesamiento (molinos arroceros), secado, limpieza, descascarillado, blanqueado, selección, envasado y distribución que, en total, pueden elevar los costes de producción por encima de los 1,2-1,4 €/kg.
Los arroces redondos ofertados por Carrefour y Lidl no indican en su etiquetado el origen España -en el caso de Lidl únicamente expone un envasador valenciano- por lo que puede tratarse en ambos casos de arroces importados de países terceros con condiciones más laxas en materia fitosanitaria, laboral y medioambiental. Además, AVA-ASAJA cuestiona en el arroz redondo de Lidl la mención de “Categoría extra” del producto.
Aguado advierte de que la supuesta venta a pérdidas del arroz -práctica prohibida según la Ley de la Cadena Alimentaria- por parte de Lidl y Carrefour es perjudicial para los productores y para el conjunto de la sociedad: “Así se hunde un sector tan importante como el arrocero y se pone en peligro la preservación medioambiental de los parques naturales de La Albufera y el Marjal de Pego-Oliva que dependen del cultivo del arroz”. En caso de que ambas cadenas no corrijan esta supuesta ilegalidad, AVA-ASAJA se plantea posibles acciones reivindicativas a las puertas de sus establecimientos.
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El proyecto de Toni Sinisterra, un asociado de AVA-ASAJA, apuesta por la venta directa y la experiencia única para salvar la herencia de su padre
Valencia, 25 de marzo de 2026. Toni Sinisterra, asociado de AVA-ASAJA y propietario de Huerto Sinisterra, ha transformado los campos heredados de su padre en un proyecto que combina producción, educación y turismo agrario. Con el objetivo de evitar que sus tierras queden abandonadas y minimizar la pérdida por intermediarios, Toni ha apostado por la venta directa, también a través de canales online, acercando los cítricos valencianos al consumidor final.
Pero su visión va más allá de la comercialización: Toni busca que los visitantes descubran el cultivo de los cítricos de primera mano. Los asistentes pueden probar las naranjas directamente del árbol y exprimir su propio zumo, experimentando el sabor auténtico que muchas veces se pierde en el proceso comercial. “Muchos niños dicen que no les gusta el zumo de naranja, pero cuando lo prueban recién exprimido del campo, cambia totalmente su opinión”, comenta Toni.
Huerto Sinisterra abre sus puertas a colegios y grupos escolares, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de conocer cómo se cultivan los cítricos y participar activamente en la recolección y preparación del zumo. Además, turistas de países como Alemania, Francia o Reino Unido también visitan el huerto, donde combinan la experiencia en el campo con comidas tradicionales valencianas: paella, fideuà o la típica torrà, integrando la gastronomía local en la vivencia agraria.
Una experiencia educativa y turística
La última iniciativa de este agricultor ha sido sumarse al programa Cultiva, impulsado por ASAJA y financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Esta iniciativa busca acercar a los jóvenes agricultores formación práctica en gestión y producción agraria, adaptándose a sus necesidades formativas.
Concretamente, este mes el huerto recibió a tres jóvenes agricultores: Alejandro y María, de Extremadura, dedicados al cultivo de tabaco y pimentón de la Vera, y Esther Ramos, de Ciudad Real, que trabaja con almendros y olivos. Los visitantes destacaron especialmente el aprendizaje sobre fertirrigación y sistemas de riego mediterráneo, como modelos a exportar en sus explotaciones. “Está siendo una experiencia muy bonita, porque no solo aprenden ellos de nosotros, sino que ellos también nos hacen aprender mucho”, asegura Toni Sinisterra.
Con esta apuesta, Huerto Sinisterra se consolida como un ejemplo de diversificación agraria, combinando producción, educación, turismo y formación profesional en un único proyecto que acerca el campo valenciano a la sociedad.
Valencia, 24 de marzo de 2026. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) muestra su rechazo frontal al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Australia, al considerar que, una vez más, “el sector agroalimentario europeo vuelve a ser moneda de cambio en las negociaciones internacionales”. Al igual que denuncia ASAJA Nacional, la organización presidida por Cristóbal Aguado advierte de que Bruselas ha cedido en sectores agrarios, especialmente la ganadería y el arroz, a cambio de favorecer intereses industriales ajenos al sector primario, especialmente en ámbitos como la automoción o la industria química, así como para garantizar el acceso a materias primas estratégicas vinculadas a la transición energética, como el litio, el magnesio o el aluminio.
“Siempre que hay que sacrificar a alguien en Europa, el elegido es el sector agroalimentario”; y esta situación no es nueva. Ya ocurrió con las consecuencias de los aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos, con el encarecimiento energético o en anteriores negociaciones comerciales como Mercosur o el de Marruecos.
Sectores sensibles en riesgo
El acuerdo contempla la apertura de contingentes arancelarios para varios productos agroalimentarios considerados especialmente sensibles para España y la Comunitat Valenciana. En carne de vacuno, se permitirá la entrada de 30.600 toneladas -más de la mitad libres de aranceles-; en ovino y caprino, 25.000 toneladas sin derechos; y en azúcar, 35.000 toneladas libres de arancel. También se incluyen concesiones en productos lácteos, arroz, etanol o derivados del cereal.
Aunque la Comisión Europea defiende que estos volúmenes representan un porcentaje reducido del consumo comunitario -en torno al 0,5 % en vacuno o menos del 0,3 % en azúcar-, AVA-ASAJA considera que el impacto en determinados sectores y territorios puede ser significativo: “La experiencia demuestra que estos contingentes, aunque parezcan pequeños en términos globales, generan tensiones en los mercados y presionan los precios en origen”.
Además, critica que no se haya seguido el modelo de otros acuerdos en negociación, como el de India, donde los sectores más sensibles quedaron excluidos. “AVA-ASAJA apoya el comercio internacional, pero siempre bajo condiciones de reciprocidad y dejando fuera aquellos sectores estratégicos, algo que en este caso no ha ocurrido”.
Desconfianza en las cláusulas de salvaguarda
Otro de los puntos que preocupa especialmente a la organización es la eficacia real de las cláusulas de salvaguarda previstas en el acuerdo. AVA-ASAJA recuerda precedentes recientes en los que estos mecanismos han resultado ineficaces o se han activado con años de retraso, como ocurrió con las importaciones de arroz procedentes de Birmania y Camboya o con el etanol de Pakistán. “Son herramientas defensivas muy difíciles de aplicar en la práctica. Cuando llegan, el daño al sector ya está hecho”.
Ocho años de negociación en un contexto geopolítico incierto
El acuerdo UE-Australia culmina un proceso negociador de más de ocho años y se produce en un contexto internacional marcado por una fuerte incertidumbre geopolítica. La guerra en Oriente Medio -con Irán como actor clave-, la volatilidad energética y el encarecimiento de insumos agrarios están disparando los costes de producción en el campo europeo, que ya arrastra una pérdida de rentabilidad estructural.
A ello se suma un calendario comercial especialmente intenso. Desde AVA-ASAJA se advierte de que este “efecto acumulativo” de acuerdos comerciales puede agravar la situación del sector primario europeo si no se introducen salvaguardas reales y criterios de reciprocidad. Ante este escenario, AVA-ASAJA ha hecho un llamamiento directo a los eurodiputados, responsables de ratificar el acuerdo, para que voten en contra: “La política comercial de la UE no puede seguir construyéndose a costa de quienes producen nuestros alimentos”.
Valencia, 23 de marzo de 2026. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) calificó el paquete de ayudas al sector agrario para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio como “bienvenidas pero no dejarán de ser parches insuficientes si el conflicto se alarga. Los incrementos de precios de los carburantes y los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados cuya producción y comercialización dependen en buena parte de esta zona del planeta, ya son extraordinarios y los agricultores no podremos soportar una escalada así por mucho tiempo. Cuatro millones de sobrecostes a la semana son muchos millones en una situación de rentabilidad que ya era precaria. Necesitamos que la guerra acabe cuanto antes y que la economía vuelva a la senda de la estabilidad y para ello es necesario más diálogo”.
Estas fueron algunas de las declaraciones que pronunció el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, durante su intervención de hoy en Fórum Europa Tribuna Mediterránea, celebrada en el Hotel Las Arenas ante dos centenares de autoridades políticas, dirigentes empresariales y representantes del sector agrario valenciano. Aguado apeló a la clase política, sobre todo a los grandes partidos, a “dejar el juego del perro y el gato que desde la democracia están pagando los ciudadanos. Es momento de buscar consensos para trazar un plan de futuro de la agricultura valenciana”.
El dirigente agrario acusó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de ser “un enemigo del campo europeo. No hay derecho a que todo el sector agrario esté manifestándose en la calle cuando nuestro trabajo está en el campo. En una dictadura sí, pero en una democracia no hay cabida a una manera de gobernar sin escuchar al sector agrario y de llegar a acuerdos comerciales con países terceros sin acuerdo con el sector agrario”. Aguado reivindicó una Ley de la Cadena Europea que evite abusos comerciales, una Marca de Producto Europeo, suficientes soluciones contra las plagas y acabar de verdad con la burocracia “asfixiante”.
Sobre el Gobierno español, el presidente de AVA-ASAJA afeó que “no corrige la desconexión europea con el campo, sino que la agranda, sobre todo discrimina la agricultura mediterránea. Es abanderado del Pacto Verde, de acuerdos como Mercosur y de una política hídrica que rechaza las infraestructuras hidráulicas que necesitamos para almacenar más agua y prevenir daños y salvar vidas ante futuras riadas”. En cuanto a la Generalitat Valenciana, Aguado pidió que “el presupuesto de Agricultura sea el doble, porque hace bien la lucha contra plagas, los seguros agrarios o la investigación, pero no le permite revertir la dinámica de abandono”.
En referencia a la reconstrucción tras la DANA, Aguado valoró “el gran esfuerzo del Ministerio y la Conselleria de Agricultura a la hora de reparar infraestructuras, viveros y explotaciones, aunque aún falta en torno al 30% por acabar dada la gravedad de los daños”. Sin embargo, lamentó la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica por no haber dado todavía una solución a los propietarios de parcelas situadas junto a cauces que quedaron arrasadas por la riada y van a pasar al Dominio Público Hidráulico (DPH) sin percibir ninguna compensación.
Para concluir, Aguado subrayó que “el campo valenciano sí tiene futuro si aborda con las administraciones estos retos políticos y los retos pendientes del propio sector, como la profesionalización e introducción de nuevas tecnologías, la dimensión adecuada de las explotaciones, la asociación a las organizaciones profesionales agrarias, el impulso de las interprofesionales o la diferenciación a través de marcas de calidad. Tenemos buen clima, buena tierra, agua si se hacen las infraestructuras hidráulicas necesarias, buenos investigadores, ingenieros y transferidores de tecnología, cercanía al mercado europeo. Hay futuro pero debemos conquistarlo”.
Valencia, 17 de marzo de 2026. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reivindica al Gobierno -de cara al Consejo de Ministros extraordinario del próximo viernes- el establecimiento de medidas fiscales y ayudas directas a los agricultores y ganaderos para compensar la escalada de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola y de los fertilizantes. Esta reivindicación fue trasladada ayer por ASAJA Nacional al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una reunión con las organizaciones agrarias y cooperativas con motivo de la guerra en Oriente Medio.
Según estimaciones de la asociación, los sobrecostes económicos que está asumiendo el sector agrario ascienden a 4 millones de euros cada semana en la Comunitat Valenciana. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, subrayó que “los agricultores y ganaderos tenemos mucho que perder en el actual clima de tensión, con el foco en el estrecho de Ormuz. Las guerras son el enemigo número uno para nuestros productos agrarios, especialmente aquellos perecederos como las frutas y hortalizas. Esta vez, al situarse en una zona del planeta donde se concentra la producción y comercialización de numerosas materias primas, dispara aún más los precios de los fertilizantes, insecticidas, combustibles y otros insumos debido a las distorsiones comerciales que acaban afectando a nuestros bolsillos. Va siendo hora de que Bruselas rectifique sus políticas agrarias y de que el Gobierno español, sabiendo que indirectamente también pagamos los platos rotos, tome medidas de apoyo al sector agrario. Todo esto debe acabar cuanto antes, de lo contrario supondrá una factura muy cara para el campo”.
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, declaró tras la reunión que “no estamos exagerando las circunstancias. Los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, ya están sufriendo una subida de entre 150 y 280 euros por tonelada. Y en el caso del combustible, si un tractor grande de 200 caballos consumía unos 450-500 litros de gasóleo y eso costaba, a grosso modo, en torno a 400-500 euros, hoy vale 850-900 euros y subiendo”. Por ello, el dirigente agrario concluyó que “igual que el Gobierno interviene en el salario mínimo interprofesional, pues puede intervenir en los costes de producción para que los agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente”.
Propuestas
Una vez terminada la cumbre agraria, en la que el ministro Planas compartió con el sector la gravedad de la situación y posibles medidas para mitigar el impacto de la guerra en el ámbito agropecuario, ASAJA destacó sus propuestas: garantizar la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes para el sector agrario; frenar las prácticas especulativas por parte de algunas petroleras e industrias de fertilizantes, que han incrementado en más de un 50% los precios en destino; aprobar ayudas directas con relación al gasto que cada productor haya tenido sobre factura, tanto en gasóleo como en fertilizantes; y ayudas en la declaración de la renta, medidas fiscales, desgravaciones tanto de los fertilizantes como del gasoil, etc.
Tras escuchar las reivindicaciones del sector agrario y completar una ronda de conversaciones con los sectores afectados por la tensión geopolítica y comercial, el ministro informó de que el Gobierno aprobará previsiblemente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con medias estructurales y coyunturales.
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