En un escenario político donde las noticias aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, me gustaría detenerme a reflexionar sobre las importantes repercusiones que está teniendo la tendencia del voto agrario europeo. El que fuera ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, titula un artículo así: ‘Los agricultores protestan con su voto contra sus gobiernos’ y la verdad es que, repasando los resultados de los últimos comicios, no va nada desencaminado.

Un estudio elaborado por los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) constata que los costes de producción de los cítricos se han incrementado un 18% desde 2020, de tal manera que en el caso de las naranjas los costes de producción se sitúan en 0,27 euros por kilo (€/kg) mientras que en las mandarinas se elevan hasta 0,33 €/kg.

Valencia, 19 de agosto de 2024. Nos encontramos en los primeros días de la campaña de recolección y comercialización de la algarroba en la Comunitat Valenciana. Los tiempos del “oro negro” -cuando el precio en origen se acercó a los dos euros por kilo en 2022- quedaron atrás y este año, al igual que sucedió tras el batacazo comercial de 2023, los pronósticos son preocupantes, tanto en términos de producción como sobre todo de rentabilidad.

Valencia, 16 de agosto de 2024. Los agricultores no sólo tienen un problema cada vez más serio para encontrar mano de obra, sino que también se enfrentan a una legislación en materia de contratación laboral que les genera preocupaciones y trastornos económicos. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está imponiendo en el último año a, al menos, una veintena de empresarios agrícolas elevadas sanciones por contratar, sin saberlo y cumpliendo todas las obligaciones legales, trabajadores que habían falsificado su identidad para poder formalizar el contrato pese a tratarse de extranjeros extracomunitarios en situación irregular.

Según establece la normativa actual, el trabajador que ha aportado otro número de identidad de extranjero (NIE) o fotografía para engañar al contratador queda libre a las pocas horas de la detención sin tener que pagar ninguna multa, mientras que, por el contrario, el contratador que ha sido víctima del fraude es multado con 12.000 euros por cada caso detectado. Por ello, AVA-ASAJA reclama a los grupos políticos del Congreso de los Diputados que cambien la ley para que los agricultores, y los empresarios en general, no sean sancionados por contratar a trabajadores extracomunitarios que intencionadamente les engañan con una identidad suplantada.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “los agricultores queremos contratar trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, para obtener una producción suficiente con la que vivir dignamente. Muchas veces nos cuesta Dios y ayuda encontrar mano de obra, más aún si es cualificada, en un país como España donde hay casi tres millones de parados. Y hay veces, como las que nos notifican algunos asociados, que cuando los encuentran y los contratan, de buena fe, con los seguros pertinentes, con la prevención de riesgos laborales exigida, con todos los impuestos en regla, resulta que encima les multan, con cantidades exageradas e inasumibles, porque hay trabajadores que eran en realidad inmigrantes irregulares. La ley está mal hecha y hay que cambiarla. Si la Administración permite que estén aquí, también debería permitir que trabajen para ganarse la vida honradamente sin perjudicar a nadie”.

En respuesta a las primeras gestiones de AVA-ASAJA y ante las inminentes campañas agrícolas, la Guardia Civil recomienda a las empresas que contratan trabajadores extracomunitarios que verifiquen la documentación antes de proceder al alta, dando cumplimiento a lo siguiente: Recabar de la persona trabajadora el documento original de autorización para trabajar en España, y desconfiar de la autenticidad de fotocopias y documentos estropeados o borrosos. Es recomendable que la empresa realice directamente copia del documento original y la conserve. Examinar el periodo de validez y ámbito geográfico y de ocupación del documento que autoriza para trabajar en España, y así cerciorarse de que se encuentra vigente en el momento de la contratación. Efectuar una comprobación visual, cotejando si la persona a la que pretende contratar es la misma que aparece en el documento de autorización para trabajar en España y, si no existen una correspondencia esencial entre sus rasgos fisonómicos, se aconseja declinar la contratación, ante un riesgo de identidad suplantada.