Desde ASAJA no nos negamos a que se suba el SMI a los trabajadores, pero reclamamos apoyo para que el sector agrario pueda asumirlo, es decir, el establecimiento de bonificaciones al empleo para los empresarios agrarios, como así lo han reclamado las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) en las reuniones celebradas entre el ministerio de Trabajo y los agentes sociales.

Ya en febrero de 2023, hace casi un año, ASAJA advirtió sobre el impacto que las subidas del SMI estaban teniendo en el empleo agrario. En el año 2022, el incremento de los costes salariales, unido a los nefastos efectos de la reforma laboral, hicieron caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores. En 2023, solo en el tercer trimestre el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto al año anterior. Esta última subida agravará, inexcusablemente, la tendencia de reducción de empleo en el sector.

Durante una multitudinaria rueda de prensa sobre el balance agrario, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cuantifica en 400 millones de euros las pérdidas del sector agrario de la Comunitat Valenciana en 2023, debido a las mermas de cosechas por las adversidades climáticas, los elevados costes de producción, la competencia desleal de las importaciones, la falta de soluciones eficaces para hacer frente a las plagas y enfermedades, los daños récord de la fauna salvaje y el aumento de los robos en el medio rural.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclama a todas las administraciones un plan de choque, a varios años vista, para garantizar la viabilidad agraria: “Los políticos de Bruselas son como la banda de músicos que tocaban en el Titanic mientras la agricultura mediterránea, que es el barco, se está hundiendo para dejar de ser una preocupación para ellos. Nosotros no somos una preocupación, somos la solución. Y necesitamos que las administraciones se mojen más para ofrecer una cobertura total del seguro agrario, aportar transparencia a la cadena alimentaria, revisar los acuerdos comerciales, potenciar una investigación que permita cultivos más adaptados al cambio climático y soluciones eficaces contra las plagas y enfermedades, incentivos para concentrar explotaciones y recuperar tierras abandonadas”.

Por segundo año consecutivo, el cambio climático causó estragos, si bien en 2023 la siniestralidad agraria en España batió su récord histórico con 1.300 millones (un 60% más que en 2022) de indemnizaciones de Agroseguro. AVA-ASAJA eleva a 170 millones las pérdidas directas por razones climáticas en la Comunitat. La sequía, las elevadas temperaturas y las granizadas fueron algunas de las inclemencias más extremas que ocasionaron desplomes de cosechas respecto a la media de los últimos años: cítricos (-15%), uva (-40%), arroz (-15%), caqui (-40%), frutas de hueso (-40%), almendra (-50%), olivar (-50%), cereales (-60%), etc.

En un contexto de inflación, donde los precios de los alimentos sufrieron un incremento interanual del 9%, la subida generalizada de las cotizaciones a pie de campo no permitieron en la mayoría de los casos compensar esta bajada de producción y, además, cubrir los costes de producción, los cuales se mantuvieron extraordinariamente altos, un 30% más que antes de la guerra. Incluso en producciones mermadas como el vino tinto, la almendra y la algarroba los precios en origen fueron a la baja. El impacto por este capítulo ascendió a 80 millones.

La sistemática supresión de materias activas fitosanitarias y la generación de resistencias siguieron dificultando la lucha contra las enfermedades y plagas, como el Cotonet de Sudáfrica y los ácaros en cítricos, las moscas blancas y cotonets en caquis, la pyricularia en el arroz, etc. En 2023 llegaron a la Comunitat la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y la avispa asiática (Vespa velutina) que provocaron nuevos perjuicios a ganaderos y apicultores. Las pérdidas en materia de sanidad vegetal y animal se situaron en 70 millones.

La superpoblación de fauna salvaje, sobre todo de jabalíes, disparó los daños agrarios hasta los 50 millones, un 25% más que en 2022. Por su parte, la escalada de robos de naranjas en la presente campaña citrícola aumentó las pérdidas de la delincuencia rural a 30 millones, en un año negro con importantes sustracciones de cosechas, maquinaria e instalaciones de riego.

2023 fue también el primer año de la nueva Política Agrícola Común (PAC) que comportó menos beneficiarios, más burocracia y nuevas exigencias ambientales no adaptadas a la realidad de los cultivos. Las instituciones europeas libraron una dura batalla entre los impulsores de un Pacto Verde diseñado de espaldas al campo y los partidarios de medidas acordes a la ciencia y de aplicación real en la agricultura.

AVA-ASAJA participó, entre otras movilizaciones, en una concentración frente a un acto de Agroseguro en El Puig (2 de marzo), protestas apícolas (2 de febrero en les Corts, 23 de febrero en la Conselleria y 9 de marzo en el Ministerio), una falla en Puçol contra el justiprecio de expropiaciones (16 de marzo) y una protesta ante la cumbre de ministros de comercio de la UE en Valencia (20 de octubre).

Valencia, 8 de enero de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lanza un mensaje de tranquilidad al sector citrícola a raíz de las importaciones de naranjas procedentes de Egipto al mercado europeo. La organización agraria constata que las noticias que están apareciendo al respecto en los medios de comunicación y el menor número de operaciones de compraventa que se están produciendo en estos últimos días generan un clima de preocupación en las filas de los agricultores valencianos, pero insta a mantener la calma en base a los argumentos objetivos de la presente campaña citrícola.

Valencia, 5 de enero de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) insta a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio a que trabajen conjuntamente para que las plantaciones truferas en terrenos agrícolas de la Comunidad Valenciana sean reconocidas como cultivos agrícolas, en las mismas condiciones que el olivar o el almendro, en lugar de mantener su clasificación como forestales por las trabas que ello implica. Asimismo, la organización solicita una revisión de la orden 4/2015 de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente con el propósito de eliminar las restricciones de tamaño de superficie para la truficultura, tanto para zonas protegidas como no protegidas.

En la Comunidad Valenciana la truficultura es clasificada como un cultivo forestal sujeto a registro, de manera que si no están inscritas en plantaciones forestales temporales, al llevar a cabo la reversión agrícola esta comportará un trámite administrativo de cambio de uso, que si es denegado por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de  pasará de manera directa a la consideración de suelo forestal. Esta reversión, si se lleva a cabo en un terreno de más de 25 hectáreas (10 hectáreas si es zona LIC, ZEPA, etc.) estará sometida a evaluación de impacto ambiental. Dicha circunstancia entra en contradicción con las ayudas agrícolas que ofrece la PAC, que clasifica la trufa como “cultivo de yema” y considera la unidad de cultivo de 18 hectáreas.

AVA-ASAJA valora estas medidas como significativamente lesivas para la truficultura valenciana y por ello pide un trabajo conjunto del Consell para que las plantaciones truferas cultivadas en suelo agrícola sigan teniendo la consideración de cultivo agrícola. De lo contrario, al someter la actividad agrícola a trabas burocráticas, estas suponen una devaluación de la propiedad con limitación de derechos sin indemnización al reclasificar terrenos agrícolas como forestales. Esta situación, unida a la falta de claridad sobre cómo seguir con la actividad cuando la plantación empiece su declive, genera incertidumbres desfavorables para las inversiones. Todo ello deriva en una merma de la competitividad, respecto a la truficultura en otras comunidades autónomas y países europeos en los que sí se reconoce su auténtica naturaleza agraria.

El experto en truficultura Santiago Reyna subrayó durante una conferencia organizada por AVA-ASAJA “el desacierto de esta clasificación teniendo en cuenta el carácter ecológicamente amistoso y sostenible de la truficultura. Es un cultivo favorable, con pocas necesidades de agua, fertilizantes y fitosanitarios, cultivado sobre árboles autóctonos que generan hábitats adecuados para la biodiversidad y contribuye al freno de los incendios forestales, así como al despoblamiento en zonas del interior”.

La truficultura, al igual que tantos otros cultivos, pasa por la domesticación de un árbol, se utilizan plantas generalmente del género Quercus sp. como las encinas o los robles, micorrizados con trufa negra mediante técnicas de biotecnología, se labra anualmente, se poda, se fertiliza, etc. Además, está totalmente contraindicado cultivarla sobre terrenos forestales donde la competencia de otras micorrizas es muy intensa. Reyna señaló que “no son las especies sino las técnicas lo que hacen una gestión agrícola o forestal”.