Valencia, 7 de abril de 2025. Agricultores de Buñol y, en menor medida, Chiva han presentado más de 150 firmas en el ayuntamiento de Buñol para solicitar a las administraciones competentes que acondicionen el barranco del Poyo (a la altura de Buñol se denomina rambla del Gallo) para evitar en el futuro graves inundaciones en su huerta. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) apoya esta iniciativa porque, tal como alerta el colectivo, la obra de emergencia que acaba de realizar ADIF en las vías ferroviarias redirigirá las aguas, en caso de una nueva DANA, a los campos de Buñol y el pueblo de Chiva.
El delegado de AVA-ASAJA en Buñol, Joaquín Lambies, lamenta que “los vecinos y agricultores de la zona estamos muy preocupados por si vuelve a llover, aunque sea mucho menos que en la anterior DANA, ya que se han juntado dos circunstancias que harían que el agua, en lugar de ir encauzada por el barranco, se desviaría hacia la huerta del Ruedo, la más productiva del término, destrozando campos de hortalizas, pero también naranjos, almendros, olivos y viñedos”.
Por un lado, ADIF, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, acaba de reparar a la altura de Buñol la línea de cercanías Valencia-Utiel, dejando seis aliviaderos para la evacuación del agua a través de la rambla. Pero, por otro lado, en ese mismo tramo del barranco no se han retirado la grava y los materiales, tanto vegetales como urbanos, que arrastró la DANA y, por tanto, el cauce del barranco ha quedado sensiblemente reducido y no sería el adecuado para asumir lluvias torrenciales.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha manifestado al president de la Generalitat Valenciana, la delegada del Gobierno, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA “esta anomalía que puede tener consecuencias graves en caso de sufrir nuevas riadas. No queremos que haya ningún riesgo en la infraestructura ferroviaria, pero no puede ser que el mal estado del barranco ponga en peligro a los ciudadanos y los agricultores. Pedimos las actuaciones, por parte de quien sea, para acondicionar los cauces y estar preparados para nuevos temporales, que llegarán sí o sí porque son recurrentes en la cuenca mediterránea”.
Valencia, 4 de abril de 2025. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita a la Conselleria de Agricultura que tome cartas para ampliar, del 30 de abril al 31 de mayo, el plazo de tramitación en la Comunitat Valenciana de la Solicitud Única de la Política Agrícola Común (PAC) correspondiente al ejercicio 2025. La organización presidida por Cristóbal Aguado argumenta que los constantes problemas del sistema informático que permite esta gestión provocan que, a falta de un tercio del periodo autorizado, aún quedan por tramitar el 55% de los expedientes.
Según los datos publicados por la propia Conselleria, la Comunitat Valenciana registró durante los meses de febrero y marzo 16.800 solicitudes, lo que representa aproximadamente un 45% del total. Por tanto, AVA-ASAJA considera que “a este ritmo no será posible tramitar más de la mitad de los expedientes restantes en solo este mes de abril, teniendo en cuenta además los festivos de Semana Santa y San Vicente Ferrer”.
Una de las principales causas que explican, a juicio de AVA-ASAJA, este preocupante retraso de las tramitaciones es que el programa informático que están utilizando las administraciones y las entidades colaboradoras -SINAPA, dependiente del Ministerio de Agricultura- ha estado dando muchos problemas, y en el caso de los derechos -que corresponde al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)- en ocasiones no estaban cargados, lo que ha demorado la gestión.
AVA-ASAJA recuerda que la ampliación de la Solicitud Única es una medida que otras comunidades autónomas ya han solicitado o van a solicitar y que se ha estado aplicando en los últimos años de manera frecuente debido a los mismos problemas informáticos y burocráticos que genera la Administración.
Valencia, 3 de abril de 2025. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que la imposición por parte del Gobierno de Estados Unidos de aranceles del 20% a los productos agrarios de la Unión Europea “no es una buena noticia ni para la Comunitat Valenciana ni para Estados Unidos, porque va a traducirse en una pérdida de competitividad y en un aumento de los precios de los alimentos”.
Para la agricultura valenciana, afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, “el mercado estadounidense era muy interesante hasta que nos cerraron el envío de clementinas, pero desde entonces ha pasado a ser un destino muchísimo menor que la Unión Europea, donde ahora destacan las ventas de vino, aceite y hortalizas. De todos modos, no es positivo perder competitividad en otro mercado internacional con millones de consumidores después de que en 2014 perdimos ya el mercado ruso”. Además, el sector agrario valenciano puede sufrir “pérdidas indirectas en caso de que productos de otros países que hasta ahora iban a Estados Unidos se conviertan en una competencia, en muchos casos desleal, para los productos valencianos”.
AVA-ASAJA solicita al Gobierno español y a la Unión Europea que “compensen debidamente a los sectores afectados como el agrario y no les vuelvan a dejar en la estacada como ocurrió con el veto ruso o los aranceles de la anterior legislatura de Trump”. Aguado defiende “la reciprocidad y, en este sentido, no entenderíamos otra respuesta por parte de nuestros gobernantes que contestar con el mismo arancel a los productos agrarios estadounidenses que vienen aquí, destinando esa mayor recaudación para compensar a los sectores perjudicados”. La organización subraya las almendras y nueces que “inundan nuestro mercado y hunden los precios en origen”.
Abrir mercados
La organización nacional ASAJA también pide no quedarse en la defensa, sino también pasar a la acción: “Es el momento de abrir nuevos mercados y reforzar nuestra capacidad de exportación en aquellos destinos donde podamos crecer con garantías. Para ello, es fundamental que la Unión Europea aumente el presupuesto destinado a los programas de promoción agroalimentaria, porque si no podemos vender en Estados Unidos en igualdad de condiciones, tendremos que buscar alternativas que nos permitan seguir creciendo y garantizando la viabilidad de nuestro sector”.
Con todo, ASAJA se pregunta “¿por qué siempre es el sector agroalimentario el que acaba pagando los efectos de decisiones políticas y comerciales? Mientras se imponen aranceles a nuestros productos agrícolas, permitiendo que el campo sufra las consecuencias de disputas ajenas, seguimos dependiendo del gas ruso sin que haya una medida similar que reparta los costos de la guerra de Ucrania de manera más equitativa. ¿Por qué no se impone un arancel al gas ruso para que todos los ciudadanos soporten las consecuencias de la guerra en Ucrania? Si realmente queremos una política comercial coherente y justa, no podemos cargar siempre las crisis sobre los mismos sectores. Es hora de que los sacrificios sean compartidos y que las decisiones estratégicas se tomen con un criterio de equidad”.
El producto está desarrollado a partir de la Tecnología PK-Tech, sobre la que Seipasa ha iniciado un proceso de patente.
Con SeiZen, la compañía abre una nueva etapa para colocar el portafolio de bioestimulantes en el centro de su estrategia.
Valencia, 3 de abril de 2025.- SeiZen, el bioestimulante desarrollado por la compañía española Seipasa, ha obtenido el registro europeo bajo la categoría CFP 6 (B) (Bioestimulante de plantas no microbiano) de acuerdo al nuevo Reglamento UE 2019/1009.
Esta nueva certificación aporta un valor añadido a SeiZen, ya que avala su comercialización a nivel europeo bajo su función específica como producto bioestimulante a partir de los múltiples ensayos que certifican su eficacia y acción sobre los cultivos.
El producto presenta una amplia etiqueta que va desde los cultivos extensivos hasta los hortícolas, pasando por los leñosos, ornamentales y plantas medicinales o aromáticas.
SeiZen es un bioestimulante líquido idóneo para potenciar la productividad de los cultivos. Concede a la planta la capacidad de aumentar su potencial energético y actúa como mejorador fisiológico: estimula la división, el crecimiento y diferenciación celular, y permite la mejora en el rendimiento de los cultivos. SeiZen también está diseñado para preparar a los cultivos frente a situaciones desafiantes y de mayor demanda energética.
El producto está desarrollado a partir de la Tecnología PK-Tech, sobre la que la compañía ha iniciado un proceso de patente. Esta tecnología tiene su origen en la molécula ASM (Anti-Senescence Molecule), diseñada por Seipasa para convertir a SeiZen en un bioestimulante de última generación.
Con Tecnología PK-Tech
“Con SeiZen hemos ido un paso más allá respecto al concepto de bioestimulante estándar. SeiZen no es un producto diseñado para aportar un sustrato bioquímico con una funcionalidad concreta, sino que permite que la planta maximice su capacidad de transformar la energía lumínica en energía química, y que la derive hacia donde ella considere necesario en función de su momento vital”, apunta Francisco Espinosa, director de I+D de Seipasa.
“La Tecnología PK-Tech nos sitúa en un estadio metabólico anterior que permite a la planta dirigir la energía hacia donde ella considere, ya que tiene una capacidad energética mucho mayor gracias al efecto potenciador y bioestimulante de la molécula ASM. En otras palabras -subraya Espinosa-, la principal diferencia con cualquier otro bioestimulante es que con SeiZen estamos dando a la planta la capacidad de que su fábrica energética siga en marcha y siga funcionando de forma continuada”.
Nueva era para los bioestimulantes
La certificación de SeiZen como nuevo bioestimulante con registro europeo bajo la categoría CFP-6 abre una nueva etapa para Seipasa en el desarrollo de productos bioestimulantes. Con un portafolio de biocontrol muy amplio y definido, la compañía pone el foco en su I+D para impulsar su catálogo de soluciones bioestimulantes en el acceso a nuevos mercados y segmentos de cultivo.
“Cada vez más, los biostimulantes se van a vender por conocimiento y no por precio. Es decir, el nuevo Reglamento UE 2019/1009 nos lleva a un mercado mucho más tecnificado, en el que todo el conocimiento, el desarrollo y la innovación que tenemos detrás van a ser claves para llegar al agricultor con una propuesta diferencial”, sentencia Espinosa.
El principal valor añadido de este marco regulatorio que certifica y avala a SeiZen es que, por primera vez, es posible comercializar legalmente un producto a nivel europeo con una alegación específica de función bioestimulante, diferenciándolo del mero aporte nutricional de un fertilizante.
Esto hecho permite comunicar de manera clara al agricultor el funcionamiento concreto del producto, con el respaldo total de la regulación vigente y con el añadido de la seguridad y confianza que ello genera. Además, representa una validación regulatoria de que es posible intervenir y mejorar los procesos fisiológicos de la planta, yendo más allá de los productos convencionales que solo aportan nutrientes.
Acerca de Seipasa
Seipasa es una empresa española pionera en biotecnología aplicada a la agricultura. Diseña, registra, fabrica y comercializa soluciones naturales de origen botánico y microbiológico para la protección, la bioestimulación y la nutrición de los cultivos a nivel global.
La compañía nació en 1998 a partir de la visión empresarial de anticiparse al cambio y a la transformación que la industria agrícola vive hoy en día. 27 años después, Seipasa ha impulsado el modelo Natural Technology® a partir del cual desarrolla soluciones de alto valor tecnológico, alineadas con la sostenibilidad y que se aplican en las agriculturas más exigentes del planeta.
Su sólida apuesta por la innovación en un sector tradicional y fuertemente regulado como el agrícola la han hecho merecedora del Premio Nacional de Innovación 2020 que concede el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Seipasa exporta sus productos a más de 30 países en todo el mundo.
Más información en https://www.seipasa.com/es/ o https://www.seipasa.com/es_ES/seizen/
Hoy, 2 de mayo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, impulsada por el Gobierno de España. En este contexto, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha conseguido que el texto final incluya importantes mejoras para el sector agrario, destacando especialmente la exención de las pequeñas explotaciones agrarias de las obligaciones impuestas por la norma.
Esta ley obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria, incluidos agricultores y ganaderos, a contar con un plan de gestión del desperdicio de acuerdo con una jerarquía de destinos. No obstante, gracias a la gestión de AVA-ASAJA, las pequeñas empresas y microempresas del sector agrario quedarán exentas de esta obligatoriedad. En concreto, la ley no afectará a aquellas explotaciones con menos de 50 empleados y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros, lo que supone un gran alivio burocrático y económico para el sector.
Otros logros destacados
Además de esta importante exención, AVA-ASAJA ha logrado incluir en la legislación nuevas medidas que beneficiarán a los agricultores y ganaderos, entre las que destacan:
- Doble tarifa eléctrica: La ley contempla que los titulares de explotaciones agrarias, ya sean autónomos, empresas, cooperativas agrarias o comunidades de regantes, podrán disponer de dos potencias eléctricas diferentes a lo largo de 12 meses. Esta medida permitirá ajustar el consumo a las necesidades reales de cada explotación y reducir costes energéticos.
- Flexibilización de contratos temporales: Se ha logrado que los agricultores puedan realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas. Esto supone una mayor adaptabilidad a las necesidades laborales del campo y facilita la contratación de mano de obra en los momentos de mayor actividad.
- Reducción de la protección del lobo: Otra de las medidas recogidas en la ley es la retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Con esta modificación, la especie deja de estar protegida y podrá ser cazada, lo que supone un alivio, especialmente para el sector ganadero.
Con estos avances, AVA-ASAJA refuerza su compromiso con la defensa de los intereses del sector agrario, logrando medidas que permiten reducir cargas administrativas, mejorar la competitividad y garantizar una mayor flexibilidad en la gestión de las explotaciones.
Puedes consultar el texto completo de la ley en el documento adjunto a esta noticia.
Valencia, 1 de abril de 2025. El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, reclamó hoy, durante su intervención en la comisión sobre la DANA en el Senado, que “las ayudas lleguen rápidamente a todos los agricultores y ganaderos damnificados, sin discriminaciones ni trabas burocráticas, y que se reparen y construyan todas las infraestructuras hidráulicas que son necesarias para minimizar las pérdidas ante futuras riadas no solo en el territorio afectado por la DANA, sino en toda la cuenca mediterránea”.
El dirigente agrario empezó su comparecencia afirmando que “en una catástrofe de estas dimensiones tan extraordinarias pueden producirse errores y si los ha habido, quien corresponde ya dirá lo que tenga que decir. La prioridad ahora mismo es acelerar la recuperación al máximo y realizar aquellas infraestructuras hidráulicas que este fenómeno ha demostrado que hacen falta y que, si no están hechas todavía, hay que hacerlas para evitar tantos daños materiales y vidas humanas”.
Tras cifrar las pérdidas del sector agrario de la Comunitat Valenciana en 1.380 millones de euros a causa de la DANA, Aguado criticó que “las ayudas pagadas a los agricultores cinco meses después cubren una mínima parte de los daños totales. El apoyo al campo está siendo insuficiente, discriminatorio y lento. Por ejemplo, las ayudas directas para autónomos han dejado fuera a la gran mayoría de los agricultores valencianos que o son jubilados o trabajan en la agricultura a tiempo parcial. Incluso hay autónomos que no han cobrado esta ayuda porque no estaban inscritos en el Censo de Empresarios Profesionales y Retenedores, un trámite que nadie les había pedido antes para su actividad profesional. De igual manera, las ayudas para compensar la pérdida de renta han excluido a los que no estaban inscritos a fecha 28 de octubre de 2024 en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) y a aquellos casos en los que no constan ingresos procedentes de la actividad agraria durante los últimos años”.
Por ello, además de extender las ayudas a todos los productores afectados, Aguado exigió al Gobierno que, tal como permite el reglamento comunitario en su artículo 1 punto 9, complemente las ayudas concedidas por la Unión Europea con hasta un 200% de ayudas nacionales. Asimismo, reiteró al gobierno que eleve, con carácter retroactivo, la cuantía máxima de las ayudas de minimis de 25.000 a 50.000 euros, tal como adoptó el reglamento de la Comisión del 10 de diciembre.
En cuanto a las reparaciones de infraestructuras y explotaciones siniestradas por las lluvias torrenciales, Aguado alertó que “las máquinas de Tragsa aún no han entrado en la mayoría de los campos afectados, en muchos casos ni siquiera han contactado y ni mucho menos han llegado los ingenieros para hacer las peritaciones. A este ritmo, habrá problemas para llevar a buen puerto las próximas cosechas y las pérdidas no harán más que aumentar”. En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA subrayó la necesidad de que “el Gobierno ofrezca la opción a los propietarios que así lo deseen de abonarles una compensación con la cantidad económica peritada por Tragsa para que ellos mismos, de manera directa o contratando a terceros, se encarguen de agilizar las reparaciones necesarias”.
Otra propuesta lanzada por Aguado fue expropiar las parcelas situadas junto a cauces y barrancos que han quedado arrasadas: “En lugar de destinar ingentes fondos públicos a restaurar estos terrenos que podrían volver a sufrir graves daños en futuras riadas, sería más inteligente aprobar una línea de ayuda para expropiar. Así, la Administración ahorraría, los barrancos y ríos tendrían la anchura adecuada y los propietarios recibirían una compensación suficiente para poner en marcha otra explotación en un área no inundable”.
Finalmente, Aguado consideró “inaplazable un replanteamiento de las políticas hidrológicas y medioambientales del Gobierno”. En concreto, urgió a reparar infraestructuras dañadas como los embalses de Forata y Buseo, el pantanillo de Llombai, el barranco del Poyo y todos sus afluentes. En cuanto a las obras nuevas, destacó la construcción de las presas de Vilamarxant y Montesa, una alternativa a la presa del Marquesat en el río Magro y río Sellent, canalizaciones desde las desembocaduras de los ríos de aguas sobrantes a cabecera y autopistas del agua. Paralelamente, exigió una “mayor limpieza de los cauces y barrancos, en lugar de multar a los agricultores que quitan cañas para darles un uso tradicional, a fin de dar salida apropiada a los caudales súbitos y atenuar desbordamientos”.
Acabamos de conmemorar el Día Mundial del Agua con muchos actos y discursos, pero la mejor manera de celebrarlo sería con decisiones políticas, basadas en los expertos, que permitieran garantizar suficiente agua y precios dignos en el campo.
El agua es esencial para generar vida en el medio rural. Sin agua, tengámoslo claro, no habrá agricultores en el futuro, y más con la evolución climática que estamos atravesando. Es lamentable que en un país como España aún queden tantas zonas agrarias por modernizar sus infraestructuras de riego, como muchos sectores de la Acequia Real del Júcar que en algunos casos no están ni siquiera proyectados. Desde la firma del convenio de Alarcón han transcurrido muchos años, pero ahí siguen unas obras inacabables que parece que estemos construyendo las pirámides de Egipto.
Es preciso construir más infraestructuras que almacenen, retengan y compartan el agua entre cuencas. No solo presas y pantanos; también balsas, azudes y actuaciones inteligentes que con poco esfuerzo e impacto aporten soluciones eficaces. Con una pequeña parte del agua de lluvia que no pudimos recoger en la DANA o en las últimas borrascas, tendríamos más que de sobra para revitalizar las áreas de secano donde cayó y evitar que los pocos agricultores y ganaderos que aguantan no se vayan en estampida. Basta recordar, por ejemplo, que el pasado verano hubo que llevar cubas a Els Ports y otras comarcas para salvar el ganado y ahora, por falta de infraestructuras, hemos vuelto a dejar que el agua se vaya al mar.
El envejecimiento de la población agraria, el despoblamiento de los pueblos, el aumento desaforado de la fauna salvaje y la desilusión que generan las políticas agrarias de la Comisión Europea que expulsan a los agricultores de sus tierras puede constituir el gran desafío del siglo XXI. Con una amenaza muy clara: quien se va del campo no vuelve.
El agua es el oro de las próximas décadas y los gobiernos que no apoyen al sector agrario con hechos, que es lo que realmente necesita, están condenando a toda la sociedad al fracaso. La Unión Europea debe decidir si quiere soberanía alimentaria o no. El mensaje de una organización profesional agraria como AVA-ASAJA es más vale prevenir que curar y más vale tener los pies en tierra, realidades, que en el aire, espejismos.
Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA Cristóbal Aguado.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) celebra la aprobación en el Congreso de una enmienda a la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y que incorpora mejoras significativas en materia energética para el sector agrario. Esta modificación responde a una reivindicación histórica de AVA-ASAJA la cual permitirá a los titulares de explotaciones agrarias, sean autónomos, empresas, cooperativas agrarias o comunidades de regantes, disponer de dos potencias eléctricas diferentes a lo largo de 12 meses.
Esta medida supone una mejora sustancial en la gestión energética del sector, ya que permitirá ajustar los costes energéticos a las necesidades reales de cada explotación según la época del año. De esta manera, la reforma contribuirá significativamente a la reducción de costes en el sector agrario, aportando mayor flexibilidad operativa y facilitando la gestión energética de los regantes y agricultores. Del mismo modo, la simplificación burocrática es un avance clave, dado que la comunicación con el suministrador eléctrico podrá realizarse de manera telemática o telefónica, sin necesidad de trámites adicionales.
La reforma incluye también otras mejoras demandadas por el sector como los cambios en materia laboral que permitirá a los agricultores realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas.
El presidente de AVA-ASAJA y de la Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunidad Valenciana, Cristóbal Aguado, ha valorado esta reforma como “un paso adelante para los agricultores y regantes” y ha recordado que “aumentar la flexibilidad en los costes energéticos es una reivindicación histórica de AVA-ASAJA”. “Esta medida nos permite ser más eficientes y competitivos, algo esencial en un sector que ya enfrenta numerosos desafíos” ha recordado Aguado. No obstante, el responsable ha exigido “que la reforma permita beneficiarse a todas las entidades de riego, sea cual sea su personalidad jurídica”, al tiempo que ha demandado “celeridad en la creación de los canales directos y gratuitos con las compañías suministradoras”.
Más de un centenar de productores, comercializadores e investigadores del sector del kaki unieron fuerzas hoy, en el marco de Kakifórum 2025, para buscar estrategias eficaces de prevención y control de las plagas que permitan garantizar la viabilidad económica de este cultivo a corto y largo plazo. La jornada organizada por la Asociación Española del Kaki (AEKAKI), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), con la asistencia del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, analizó las últimas novedades sobre la lucha de plagas, las cuales están convirtiendo al kaki en “el cultivo con mayor desperdicio alimentario, ya que alcanza mermas medias de producción superiores al 30% a pie de campo”.
Los especialistas abordaron a través de ponencias y una mesa redonda las dificultades para gestionar las moscas blancas, los cotonets y el nuevo trips de Sudáfrica (Scirtothrips aurantii) que ha irrumpido de manera generalizada y virulenta desde la pasada campaña. Asimismo, los investigadores expusieron nuevas estrategias de control biológico y de manejo sostenible de plagas en el cultivo, en respuesta a las exigencias fitosanitarias y medioambientales cada vez más estrictas de la Unión Europea.
El presidente de AEKAKI, Pascual Prats, afirmó que “el kaki vive una etapa de cierta estabilidad comercial, pero la rentabilidad se tambalea por el problema creciente de las plagas. A causa de la entrada de nuevas plagas por la falta de controles en frontera y de la escasa disponibilidad de soluciones eficaces por la prohibición de materias fitosanitarias, sobre todo en un cultivo menor como es considerado el kaki, muchos agricultores no pueden obtener una cosecha suficiente y acaban abandonando el cultivo”.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denunció que “mientras la clase política legisla para reducir el desperdicio alimentario, al mismo tiempo suprime las materias activas fitosanitarias que son imprescindibles para combatir las plagas. El kaki es el ejemplo paradigmático de que la Comisión Europea, con sus incoherentes y suicidas políticas agrarias, es la máxima culpable del desperdicio alimentario en el campo”. Aguado también apostó por “acabar la guerra en Ucrania para recuperar el mercado ruso que nuestro kaki tiene vetado desde 2014 con unas consecuencias muy negativas”.
Durante la inauguración, el vicepresidente de AVA-ASAJA, Bernardo Ferrer, agregó que “hemos pasado de la preocupación al alarmismo” y pidió “un plan de choque para controlar las plagas del kaki en una zona productora muy concentrada”.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, subrayó que va a destinar una partida récord de 36 millones a sanidad vegetal y 19 millones adicionales para reforzar el IVIA. “Además del estrepitoso fracaso de la UE para evitar la entrada de plagas, ha dejado el botiquín del campo vacío. Desde la Conselleria seguiremos trabajando para investigar, conseguir autorizaciones excepcionales como el spinosad y facilitar a los agricultores las medicinas necesarias”.
En el mismo sentido, el director del IVIA, Alejandro Tena, coincidió en que “el centro está llevando a cabo una ardua labor para hacer frente a las plagas del kaki. Hemos pasado en 10 años de no sufrir ninguna plaga a tener ahora cinco especies diferentes (dos cotonets, dos moscas blancas y el nuevo trips), de manera que debemos hallar soluciones eficaces a la vez que cumplir la legislación europea”.
La jornada kakifórum 2025, celebrada en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), contó con el apoyo de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA), la Asociación 5 al día, Fruit Attraction y el patrocinio de Cajamar.
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