AVA-ASAJA reclama al Gobierno que aproveche la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) para enmendar su error y acabar con el periodo transitorio de dos años que impuso en 2007 para el nuevo pago único de cítricos. "El mantenimiento acoplado de los pagos sólo ha servido para complicar la salida del género del mercado en fresco a la industria de zumos y el cobro por parte de los productores de la ayuda que les corresponde", advierte el presidente de la asociación agraria, Cristóbal Aguado.
Además, el líder agario defiende un desacoplamiento total e inmediato de todas las ayudas comunitarias para todos los cultivos, como Bruselas aconsejaba en su propuesta. De aprovecharse la disposición que ahora habilita el ‘chequeo médico’ de la PAC se atendería el clamor unánime ya existente entre citricultores y cooperativas, que ya han reclamado formalmente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural que no mantenga en la próxima campaña la obligatoriedad de remitir a la industria unas cantidades mínimas de naranjas o mandarinas.
En lo demás, la reforma pactada supone la consolidación de la política de recortes de los fondos estrictamente agrícolas y la nacionalización de la propia PAC que quedaría casi desmantelada. “Una vez más los funcionarios de Bruselas, por muchos y costosos informes que hayan encargado, no han sabido dibujar cuál es el panorama agrícola que tiene Europa y que necesita para el futuro”, advierte el líder de AVA-ASAJA.
No obstante, la organización agraria matiza que el aumento de la modulación decidido (trasvase de fondos agrarios a los de desarrollo rural) tendrá un impacto menor puesto que la detracción fijada se aplicará a los perceptores de ayudas superiores a los 5.000 euros, cosa que cumplen pocos agricultores valencianos. Sí preocupa, en cambio, que el Consejo plantee dejar el límite mínimo para recibir subvenciones en 100 euros o una hectárea o la posibilidad concedida a España de aplicar un coeficiente para establecer tal mínimo en más de 300 euros o en una superficie de dos hectáreas que podría dejar fuera de estos fondos a miles de agricultores con estructuras minifundistas principalmente valencianos.
De igual manera, la organización agraria se mostrará vigilante con las consecuencias que sobre la PAC tendrá la incorporación a la legislación sobre el agua de ciertas normas de condicionalidad sobre ‘franjas ribereñas y el riego’. Con censurar la desviación de fondos hacia el también llamado ‘segundo pilar’, AVA-ASAJA valora la inclusión en este fondo de planes para el fomento del seguro agrario, contra el cambio climático, a favor de la bioenergía y de la buena gestión del agua así como el aumento del límite máximo de inversiones para jóvenes agricultores, que se leva de 55.000 a 70.000 euros. “Pero si la PAC no vela por la agricultura y no se mejoran las rentas de los productores, difícilmente se podrán dar nuevas incorporaciones al campo”, concluye Aguado.
Los agricultores de l’Horta Nord denuncian una nueva oleada de robos desde principios de octubre, aprovechando las lluvias persistentes. Así, tan sólo en los últimos 45 días, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) contabiliza en el término municipal de El Puig robos de cobre en 20 casetas de riego, así como la extracción de 65 contadores, en dos ocasiones consecutivas, en la Agrupación de Regantes Pozo del Tolliner.
“Muchos agricultores de la comarca ya no saben si van a reparar todas las instalaciones con cobre u otros materiales metálicos porque creen que los delincuentes pueden volver a robarles con total impunidad”, lamenta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.
Aguado ha enviado una carta al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, para reclamar “una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y una mayor vigilancia en los campos”.
“Es evidente que todo este material robado es reintroducido en el mercado, ya sea como bienes usados ya sea como chatarra”, añade Aguado, por lo que AVA-ASAJA también solicita que se intensifique la vigilancia sobre los posibles receptores tanto en lo concerniente a la búsqueda del material robado como de los justificantes de compra del material o metal que estos receptores vendan.
AVA-ASAJA atribuye buena parte de la responsabilidad por el “nefasto” inicio de la campaña citrícola a la “pasividad” demostrada por el Gobierno central en diversos aspectos que hubieran tenido una incidencia clave. "En la pasada temporada, la caída de la producción supuso un leve alivio para el agricultor pero el Ministerio de Medio Ambiente y Rural no ha sabido aprovechar tal circunstancia para preparar la temporada actual, que se sabía podía ser problemática” advierte el presidente de esta asociación, Cristóbal Aguado.
El líder agrario matiza que “con su pasividad y sus errores sólo ha contribuido agravar una situación que ya a estas alturas es dramática”. AVA-ASAJA lamenta que el Gobierno central haya hecho oídos sordos al clamor del sector por aprobar una Ley del Comercio que sirviera para regular los márgenes comerciales y así acabar con los abusos. La organización agraria también atribuye buena parte de la complicada coyuntura citrícola a la “pésima negociación” llevada a cabo por el ministerio en la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas primero y más tarde para regular su aplicación.
En este sentido, Aguado lamenta que pese a las advertencias reiteradas de todas las organizaciones agrarias “se prefirió compensar antes a un determinado subsector y a una determinada región que aprobar un reglamento útil para toda la citricultura”. El líder de AVA-ASAJA se refiere así a la “obcecación” que mostró el Ejecutivo español por mantener acoplados los pagos a los productores durante las dos campañas de periodo transitorio que se decidió a imponer. Una opción que sólo ha servido para “complicar tanto la salida de género del mercado en fresco a la industria de zumos como el cobro por parte de los citricultores del pago único que les corresponde”, señala.
La primera consecuencia es que no sólo se niega el precio al agricultor por sus clementinas sino que tampoco se les concede a los operadores por las cantidades que remiten para ser transformadas. En último extremo, AVA-ASAJA lamenta que en tan complicadas circunstancias el Ministerio de Hacienda se “burle” nuevamente del sector citrícola al negarle las reducciones en los módulos para la declaración de la renta de 2008. “No me cansaré de repetir que se deben revisar los índices de rendimientos agrarios y que el agricultor no puede seguir pagando más impuestos si tiene pérdidas”, advierte el líder de la asociación.
Por todo ello AVA-ASAJA entablará en breve conversaciones con el resto de organizaciones agrarias valencianas para estudiar movilizaciones contra “todas aquellas administraciones que no se involucren en dar solución al problema” así como protestas contra “aquellos eslabones de la cadena agroalimentaria que se sabe que trabajan sin respetar la dignidad del citricultor” asegura Aguado.
La Comisión Europea (CE) ha sacado adelante su propuesta para eliminar la mayor parte de normas de calidad de frutas y hortalizas. Así, sólo se mantendría la regulación establecida para diez cultivos –entre ellos los cítricos, lechugas, tomates, fresa o melocotón- pero se suprimiría la de otros 26 productos frescos mediterráneos. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que "la decisión es propia de la agricultura tribal del pasado y dañará por igual al consumidor".
Aguado añade que "esto ayudará a hacer de Europa el basurero del resto del mundo y que perjudicará al agricultor, que tendrá que competir con el género importado, más barato pero que ahora entrará sin las limitaciones de calidad de antes”.
La iniciativa ha sido aprobada gracias al giro dado por Alemania que, presionado por el ejecutivo comunitario, arrastró a suficientes países como para superar la mayoría de bloqueo. En la votación del Comité de Gestión de esta mañana, de hecho, hasta 16 Estados miembros han votado en contra de la propuesta pero la abstención de dos –Portugal y Austria- y el voto favorable de otros nueve, liderados por Gran Bretaña, ha sido determinante para dejar en manos de la CE la decisión, que comenzará a aplicarse en la temporada 2009/2010.
“Mientras en EEUU refuerzan su política de calidad con la aprobación de ‘marketing orders’ para cada vez más cultivos, en la UE –que ya es el primer mercado hortofrutícola del mundo- se da un nuevo paso atrás”, se lamenta Aguado quien postula la conveniencia que estas cuestiones vengan reguladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los 26 cultivos que se quedarán sin normas de calidad se podrán comercializar a granel y solo se les reclamará la identificación del país de origen. El único requerimiento exigido a este respecto es que cumplan con la genérica definición de tener “una calidad sana, cabal y comercial”. Para el resto –que la CE aduce que representa el 74% del comercio continental- seguirán en vigor las normas referidas a calibres, peso, número de frutos, homogeneidad que definen los distintos tipos de formato y calidades y que hasta ahora eran determinantes en la conformación de un precio para el consumidor.
Sin embargo, el texto aprobado por Bruselas extiende esta desregulación de la calidad incluso a los diez cultivos mentados para los que se mantienen las normas, que podrían pasar a venderse sin cumplir los requisitos siempre que en su etiquetado se aclare que “no son conformes con las normas de comercialización comunitaria” o se especifique que se trata de un “producto para transformación”, un extremo que AVA-ASAJA considera igualmente “inaceptable”.
“La desaparición de las normas europeas provocará que se refuercen los reglamentos privados que la gran distribución ya aplica, no para conseguir mejores estándares de calidad, sino para forzar a la baja los precios de las frutas y hortalizas”, advierte el presidente de la organización agraria. “La sinrazón de la política comunitaria impuso primero el descontrol en las fronteras, con lo que la entrada de plagas es una constante y ahora se prepara para abrir las puertas a la importación barata y de baja calidad.
En el horizonte, de no mediar reacción, se encuentra ahora una nueva regulación para dejar a los agricultores sin medios con los que defenderse de las plagas”, advierte Aguado quien cuestiona que a medio plazo se puedan conseguir los objetivos perseguidos por la CE –abaratar los precios- puesto que en el “momento en que Europa pase a depender de la importación la inflación de los alimentos estará garantizada”.
El borrador del Plan de Seguros Agrarios 2009 que el Gobierno ha presentado al sector congela el presupuesto inicial en 280 millones de euros. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que, en realidad, el Gobierno plantea un descenso de en torno al 14% respecto 2008 al no considerar la inyección de 40 millones de euros que ha realizado este año y, para cuadrar el presupuesto, ha rebajado los porcentajes de las ‘subvenciones base’ para toda la producción agraria, ganadera y forestal.
AVA-ASAJA critica duramente las reducciones de las subvenciones base que afecta a los principales cultivos de la Comunitat Valenciana. En la póliza multicultivo en cítricos, la subvención cae un 4%, más un 2% adicional por la modalidad de contrato que desaparece. Y en la póliza de explotación de cítricos, se pasa del 22 al 17% de subvención base.
Descuentos similares se producen en otros cultivos mediterráneos. El seguro combinado de uva de vinificación reduce la subvención base del 18 al 14%, lo que supone un 4% de rebaja, al igual que ocurre con el seguro de caqui. “Es indignante que el Gobierno central se vanaglorie de un falso aumento del presupuesto total para los seguros agrarios del año que viene y, al mismo tiempo, los agricultores y ganaderos tengamos más dificultades económicas para contratar el seguro”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
El Ministerio de Economía asegura que ajustará la dotación presupuestaria al gasto previsto, cifrado en 280 millones de euros, para evitar inyecciones extras como viene ocurriendo en los últimos años. “El seguro agrario es la única arma eficaz de garantía de renta con la que cuenta actualmente el productor y el Gobierno debería apostar por él, incentivarlo y mejorar sus puntos débiles para cubrir las necesidades reales de los agricultores y ganaderos”.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado esta mañana el informe que el legislativo comunitario debatirá sobre la futura normativa de fitosanitarios. Los cambios introducidos hoy en el proceso de segunda lectura radicalizan aún más si cabe la inasumible postura que ya postuló esta misma institución en su primera lectura. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, llama a la movilización de los europarlamentarios y de la Administración.
De entrar en vigor el reglamento en los términos actuales “no sólo se perderá a medio plazo más del 70% de la producción agrícola valenciana sino que desaparecerá el medio rural tal y como hoy lo entendemos, con consecuencias demográficas y ecológicas inimaginables”.
Como ya denunció esta organización el pasado viernes, de aplicarse tal norma en sus actuales términos, la economía valenciana tendría que afrontar a medio plazo la pérdida del 74% de la producción citrícola, de entre el 60 y el 70% de la hortícola o del 68% de la de frutales de pepita. Sólo los daños ocasionados en el cultivo de naranjas, mandarinas y limones se cifrarían en 740,5 millones de euros y en 13,2 millones de jornales cada año, lo que es como decir que desaparecerían más de 55.000 empleos. En la votación de hoy, lejos de flexibilizarse los criterios de corte para mantener los fitosanitarios, se han endurecido aún más, con los que estas cifras se quedarían cortas.
De nada ha servido la oposición de 20 de los 65 eurodiputados presentes en la comisión, incluidos los negativos de los tres representantes españoles, porque el informe ha salido adelante con 39 pronunciamientos a favor y seis abstenciones. De cualquier manera, lo reñido de la votación invita a pensar que el decisivo debate en sesión plenaria será –como señala Aguado- “muy tenso por lo que ahora más que nunca es necesario que los eurodiputados españoles hagan una intensa campaña para que los grupos mayoritarios europeos, popular y socialista, entren en razón y por responsabilidad impidan que esta norma salga adelante”.
El presidente de AVA-ASAJA censura, por otra parte, la pasividad mostrada en todo este proceso por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural: “España será el principal perjudicado por lo que nuestro Gobierno nunca tendría que haber permitido que el debate llegara a estos extremos”.
Los cambios ahora introducidos no sólo elevarán a más del 90% los fitosanitarios que tendrán que ser retirados del mercado, sino que también obligarán a los Estados miembros a reducir el uso de los que queden en hasta un 50% en menos de cinco años. Y la agricultura mediterránea, como la valenciana, será la más afectada porque la norma sólo permitirá recurrir a menos de 20 insecticidas para los miles de plagas existentes y, como se ha dicho, se restringirán también el número de tratamientos. “La pérdida de las cosechas y de los empleos en el medio rural que conllevará aplicar este despropósito de norma acelerará el proceso de despoblamiento que ya padecemos en estas zonas pero también provocará graves daños en el ecosistema valenciano”, advierte el líder de AVA-ASAJA.
Un caso paradigmático sería el de los arrozales de la Albufera, donde los productores ya están de por sí limitados por trabajar en el interior de un Parque Natural. Pues bien, la aplicación de la norma y los especiales controles que ahora se quiere dar para prohibir –no ya controlar su uso- los fitosanitarios que más dañen el medio acuático, abocarían a la desaparición temprana de este cultivo, que es precisamente el agente clave que mantiene el ecosistema en este humedal.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) pide prudencia a todos los operadores comerciales de cítricos con el objetivo de garantizar que las persistentes precipitaciones acumuladas durante el pasado mes de octubre no mermen la calidad de los envíos de fruta al exterior. En este sentido, ya se han detectado algunas partidas de naranjas y mandarinas en mal estado en los puntos de destino. Así mismo, exige a las Administraciones rigurosidad en las inspecciones para controlar el estado óptimo de la mercancía que sale de nuestras fronteras.
“Desde que se inició la campaña, arrastramos varias semanas consecutivas con intensas lluvias, la tierra ya no da más de sí puesto que llueve sobre mojado, los árboles no han tenido tiempo de secarse y permanecen muchos días con una excesiva humedad con lo que se produce un deterioro que, en principio, al ser recolectadas no se aprecia pero al llegar a los lineales de venta hay envíos que presentan un aspecto no deseable con el consecuente rechazo del consumidor”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.
La organización agraria pide, en este sentido, que hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas, los campos se sequen y se reúnan las condiciones necesarias para garantizar su calidad frente al consumidor se reduzca la actividad en el campo. Además, según el líder agrario “sería un error mayúsculo ignorar este problema y seguir enviando fruta en malas condiciones a Europa puesto que estamos al principio de la campaña y un buen arranque es nuestra mejor carta de presentación ante los consumidores”.
“Evidentemente, y con las crisis de rentabilidad que arrastramos desde hace años, lo que debemos evitar es un hundimiento de precios en los mercados que echaría por tierra el enorme esfuerzo del agricultor”, señala Aguado.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votará el próximo día 5 las enmiendas al nuevo reglamento sobre el uso y comercialización de fitosanitarios. La nueva regulación entra en la fase decisiva para su aprobación y lo hace sin haber calculado antes el impacto que sobre la producción agrícola europea que supondría la eliminación masiva de los insecticidas, fungicidas y herbicidas hoy existentes, que es lo que precisamente provocará en primera instancia.
Según un informe de Asaja presentado esta mañana en la sede de AVA-ASAJA, las pérdidas sólo en cítricos que a medio plazo generaría la aplicación de esta normativa ascenderían a 1.184 millones de euros y en términos de empleo, supondría la eliminación de 16,4 millones de jornales. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, ha exigido por ello a los eurodiputados de los grandes grupos que “frenen con sus votos este despropósito y exijan que la norma no se apruebe sin antes conocer las consecuencias que tendría”.
Desde que esta normativa comenzó a gestarse hace dos años, AVA-ASAJA ha promovido multitud de reuniones en Bruselas y Estrasburgo con los responsables comunitarios que tenían algo que aportar en su desarrollo. El reglamento fue promovido en primera instancia por la Comisión Europea y más tarde recayó en el Parlamento, que radicalizó la propuesta inicial. La nueva regulación sustituye a la directiva 91/414 y supone un cambio drástico sobre la manera en la que se analizan y dan permisos a los fitosanitarios ya existentes y futuros.
Así, en lugar de considerar el riesgo real que conlleva el uso de estos productos, propone analizarlos sólo en función de la peligrosidad intrínseca de sus componentes. “Es como si pretendieran prohibir la lejía: todos sabemos que es tóxica pero nadie repara en ello, sino en el uso que se debe de hacer con ella”, matiza el presidente de AVA-ASAJA. “La situación podría ser dramática porque ya hoy sufrimos serias dificultades para poder combatir las plagas y sólo falta que encima los criterios se endurezcan más y que lo hagan de forma tan caprichosa”, advierte Aguado.
Efectivamente, desde que entró en vigor en 1993 la directiva 91/414 se han eliminado del mercado el 57% de las sustancias activas, se han aprobado sólo el 15% y el 28% restante aún están pendientes de revisión. Dicho de otro modo, sólo quedan 400 de las 1.100 sustancias que se disponían para hacer frente a los insectos, enfermedades y malas hierbas. Y la nueva regulación agravaría la situación en tanto supondría que en un breve lapso de tiempo se eliminasen las sustancias activas que componen el 32 % de herbicidas, el 42% de fungicidas y el 65% de insecticidas.
Un dato: los agricultores de frutas y hortalizas valencianos y de toda la UE se quedarían con menos de 20 insecticidas para tratar miles de plagas. “Al no tener una pluralidad de productos y tener que repetir los tratamientos con los mismos productos se generarán resistencias lo que reducirá la efectividad y aumentará la contaminación que las autoridades europeas dicen querer reducir”, señala Aguado.
En tales circunstancias, al no tener los productos fitosanitarios clave para tratar más de 2,5 millones de hectáreas y como se refleja en el gráfico adjunto, las pérdidas sobre la agricultura mediterránea española serían mastodónticas: entre 11,8 y 14,2 millones de toneladas por valor de entre 5.058 y 6.170 millones de euros y con un impacto sobre el empleo igualmente evidente en tanto implicaría tener que renunciar a entre 67,5 y 94,9 millones de jornales al año.
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