La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) muestra su “comprensión” al agricultor de Almenara que disparó a los ladrones que estaban hurtando alcachofas de su huerto, “dada la reiteración de los robos de cosechas y equipamientos de riego en el campo y dada la crispación y la desconfianza de los agricultores hacia una Administración que no cumple su respon-sabilidad para atajar la inseguridad en el medio rural”.
Durante la reunión de delegados de AVA-ASAJA celebrada ayer en Valencia, todos los delegados de la organización agraria criticaron la situación de los robos de “insostenible” y reclamaron por unanimidad “un endurecimiento del Código Penal que proteja a los débiles, los agricultores, que están sufriendo una oleada de delitos sin la justicia que reclama el sector agrario”.
“Si hubiera una mayor vigilancia en el medio rural y se aplicara una justicia más dura para los delincuentes, los ladrones no robarían tantas veces y con tanta impunidad a gente como la detenida el miércoles en Almenara que lo que quiere es vivir como agricultor de una forma digna”, destaca Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, “pero con esta dejadez de responsabilidades de la Administración parece que quieran echarnos del campo”.
Reforma del Código Penal
La reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno pretende incluir cambios legislativos que penalicen la reincidencia de algunos delitos que generan una amplia repulsión social como el terrorismo, la pederastia y el tráfico de menores. “Es urgente que se refleje además penas más duras para la delincuencia organizada de las bandas especializadas en asaltos en el medio rural”, añade Aguado.
La UNIÓ de Llauradors i Ramaders (La Unión), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV) –con la aquiescencia de las cooperativas agrarias valencianas, que se han mantenido a la expectativa de lo que fueran a disponer los principales sindicatos agrarios- han acordado esta mañana aplazar momentáneamente las protestas, incluido el paro general convocado para fechas próximas a Navidad, tras comprobar la buena predisposición negociadora de la Conselleria de Agricultura.
Las organizaciones agrarias valencianas retomarían la senda de las movilizaciones en el caso de que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino no mostrase idéntica actitud a la hora de concretar las medidas propuestas para aliviar la crisis citrícola a corto plazo y para corregir los problemas estructurales que tiene el sector.
La Administración autonómica ha transmitido en los últimos días a los representantes agrarios valencianos su intención de asumir la mayor parte de reivindicaciones contenidas en el documento conjunto suscrito por las tres entidades convocantes del paro citrícola y que el pasado jueves fue entregado personalmente a la titular autonómica de Agricultura, Maritina Hernández. Los representantes de los citricultores valencianos esperan ahora la reacción del departamento de Elena Espinosa, que ayer recibió la tabla reivindicativa que es de su ámbito competencial.
AVA-ASAJA, La UNIÓ de Llauradors y UPA-PV insisten en que en las actuales circunstancias se imponen medidas conjuntas que impliquen tanto a la Administración valenciana como a la central, que a su vez debe mediar para que los gobiernos del resto de regiones citrícolas también se involucren en las soluciones a la crisis. Es necesario, por tanto, que se dé una actuación política, presupuestaria y geográficamente coordinada entre las máximas autoridades agrarias del país, incluidas las de Andalucía, Murcia, Cataluña y la Comunitat.
Las organizaciones que en su momento optaron por movilizarse para dar respuesta al clamor de sus asociados ven ahora, tras constatar más de dos meses de campaña ruinosos, como el mercado en origen comienza a recuperarse. Un hecho que refuerza la necesidad de que los acuerdos que emanen de este proceso de diálogo no sólo incluyan un paquete de medidas de choque a corto plazo sino que además definan la hoja de ruta para evitar que en el futuro se puedan repetir situaciones tan críticas como las que viene sufriendo el sector repetidamente durante las últimas campañas.
Los precios de la campaña citrícola siguen la tendencia inversa a la de los costes agrícolas. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el incremento de los precios de estos imputs desde diciembre de 2007 llega hasta un 234%, lo que agrava la crisis de los citricultores que están obteniendo en su mayoría precios a pérdidas. Un informe de los servicios técnicos de AVA-ASAJA revela que todos los abonos químicos de uso común se han disparado por encima de los dos o incluso tres dígitos.
Así, el ácido fosfórico ha pasado en el último año de 0,32 a 1,07 €/kg (234%), el fosfato monoamónico de 18,3 a 48,7 €/25 kg (166%), el nitrato potásico de 12,5 a 29,2 €/25 kg (133%) y el sulfato potásico cristalino de 11,5 a 24,3 €/25 kg (119%), entre otros. Junto a ello, no hay fitosanitario básico que no haya subido sus precios en el último año.
Como refleja el gráfico, el acaricida contra la ‘araña roja’ se ha disparado un 15,91%, contra el ‘piojo rojo de California, un 21,6%, contra la mosca de la fruta, un 11,95%; los tres herbicidas más comprados lo han hecho un 102.1%, un 61,6% y un 17,6%... El único coste que ha disminuido desde el comienzo de la campaña citrícola ha sido el gasóleo.
Sin embargo, los productores iniciaron la campaña con un precio disparado de 1,07 euros/litro y con este coste realizaron el grueso de labores agrícolas. Desde entonces, el litro de carburante ha bajado un 40% pero lo ha hecho a un ritmo muy inferior al precio del petróleo de referencia (barril de Brendt), que ha caído en ese mismo periodo un 70%. “El brutal desequilibrio que se genera entre costes y precios en origen está llevando los citricultores a la ruina”, denuncia Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. “Desde hace años que reivindicamos que el Observatorio de Precios no debe ser un mero ente para acumular estadísticas sino que debería servir para detectar abusos en la cadena y actuar en defensa del eslabón más débil, el agricultor”, subraya Aguado, quien también reivindica una Ley de Comercio para “dar solución nacional a un problema que es igualmente nacional pero sólo de los citricultores, no del resto de la cadena agroalimentaria”.
Según este órgano, de hecho, los precios en el campo de la naranja Navelina se han hundido en sólo tres semanas (del 17 de noviembre al 7 de diciembre) un 39,27% hasta situarse 0,089 euros/kg, cuando los costes producción se sitúan en 0,18 euros/kg. Por su parte, desde que comenzó la campaña, las cotizaciones en origen de las clementinas han caído casi un 60% (de 0,30 euros/kg a 0,13 en la primera semana de este mes), cuando el coste de producción se sitúa en 0,22 euros/kg.
En los comentarios que elabora el propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural se atribuye esta situación a la “abundante oferta de bajos calibres” lo que refrenda que, como viene denunciando AVA-ASAJA, no se está cumpliendo el acuerdo de tamaños mínimos que pactó Intercitrus a principios de octubre. “Hasta los datos del propio Gobierno, con ser mucho menos dramáticos de la propia realidad, confirman la gravedad de la crisis. La Administración, pese a conocer los hechos, sigue negándose a actuar por lo que tenemos más motivos que nunca para movilizarnos y acudir al paro general que se realizará antes de finalizar el año”, advierte Aguado.
La UNIÓ de Llauradors i Ramaders (LA UNIÓN), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unión de Pequeños Agricultores del País Valenciano (UPA-PV) han confirmado la convocatoria de una huelga general del sector citrícola para fechas próximas a la festividad de Navidad. Las organizaciones agrarias quieren expresar el hondo malestar por el hundimiento de la campaña de clementinas y navelinas forzado por la gran distribución europea y sensibilizar a la Administración para que en breves fechas consensúe un plan de choque a corto plazo.
Por eso, los convocantes han reclamado mantener un encuentro con carácter de urgencia con los máximos responsables de sendas administraciones, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa.
Los representantes de la inmensa mayoría de citricultores valencianos aspiran a que el paro citrícola sirva también para evidenciar la importancia estratégica de un sector que, juzgan, no ha sido atendido ni en las últimas fechas ni en los últimos años como se merece. Una actividad que, sólo en la Comunidad Valenciana, da empleo directo e indirecto a más de 150.000 personas pero que, hasta el momento, no ha merecido mayor desvelo por parte de las autoridades. LA UNIÓ, AVA-ASAJA y UPAPV consideran a este respecto que la citricultura, valenciana y española, merece ser tratada como el sector estratégico que siempre ha sido, clave entre otras cosas para equilibrar la balanza comercial por lo que se merece la misma atención que se ha tenido con otras industrias que, pese a las ayudas, ya han comenzado a destruir empleo.
La movilización convocada está abierta a la adhesión de los comercios citrícolas, cooperativos o privados, que a nivel representativo o particular quieran sumarse, tanto a nivel autonómico como nacional. Los citricultores valencianos quieren, de otro lado, mandar un mensaje claro y de unidad a la gran distribución española y europea que con su actitud ha logrado romper nuevamente la cadena alimentaria a sabiendas de que está obligando a su eslabón más débil, el productor, a vender su producto a pérdidas.
Durante las últimas jornadas, las organizaciones agrarias firmantes han consensuado un paquete de medidas a corto y medio plazo que esta misma tarde serán presentadas a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y que en breve serán trasladadas también a la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Como en el caso del paro, las organizaciones agrarias valencianas matizan que la propuesta planteada podría enriquecerse con las aportaciones del resto de representantes del sector. La situación del sector es insostenible y es tan crítica como lo manifiestan los datos del Observatorio de Precios impulsado por el propio Gobierno.
Así, según reflejan sus propias estadísticas, desde el comienzo de la campaña los precios en origen de las clementinas se han hundido un 50% (de 0,30 euros/kg a 0,15 en la última semana de noviembre), cotizaciones que son las peores de la historia sólo superadas por las registradas en la campaña 2006/07 (0,12 euros/Kg). Y lo mismo se podría decir de la Navelina, que acumula también una caída del 45% en lo que llevamos de temporada (de 0,18 euros a 0,10). En ambos casos, se constata que el sector viene trabajando a pérdidas, sin cubrir siquiera los costes de producción.
Los datos, sin embargo, no reflejan la realidad objetiva de un sector que se encuentra en una situación mucho más dramática, que está siendo aprovechada por el comercio privado para extender nuevamente la perniciosa práctica del ‘a comercializar’.
AVA-ASAJA rechaza que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, para cumplir con su última promesa y dedicar a destilación una ayuda de 700 euros/Ha, recurra a detraer fondos de los nuevos planes de reconversión y reestructuración de viñedos a los que aspiran cientos de viticultores valencianos. La organización agraria denuncia que la improvisación con la que el Gobierno central está abordando el decreto para definir las medidas del programa de apoyo al sector vinícola, está añadiendo incertidumbre al mercado.
“Están reaccionado tarde y mal, con sucesivos borradores que han sido modificados según las presiones recibidas y ahora se quiere salvar la situación primando los intereses de una región vinícola a costa de los de las más necesitadas, como es el caso de la Comunitat”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
Efectivamente frente al clamor del sector -que sigue reclamando medidas de crisis para descongestionar el mercado- el departamento de Elena Espinosa ha ido presentando al sector hasta tres borradores de decretos. El primero se dio a conocer el 10 de octubre y en él se aprobaba una ayuda para la destilación de uso de boca de 450 euros/Ha que podrían beneficiar a 176.060 hectáreas.
A finales de noviembre, el propio secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, anunció en una visita a Castilla-La Mancha, que esta ayuda se podría elevarse hasta los 700 euros. Al poco se presentó un segundo borrador en el que se aclaraba que con tales cantidades la superficie beneficiada tendría que limitarse a 113.181 Ha. Finalmente, el departamento de Elena Espinosa ha cambiado por tercera vez de criterio y el decreto que podría haber enviado al Consejo de Estado para su consulta ha vuelto a ser trastocado en su anexo clave, el XIII, que se refiere a los fondos para destilación y que ahora volverán a aplicarse sobre un área de 176.060 Ha.
Atendiendo a la nueva prioridad marcada -que beneficia básicamente a una sóla región, donde se concentran las alcoholeras, en detrimento del resto de zonas vinícolas- para atender la destilación de la producción para tal superficie, la Administración central necesitaría desviar de los fondos ya asignados por la OCM del Vino al programa nacional unos 44 millones más. Es decir, en total, España tendría que destinar 123,4 millones a la destilación cuando sólo tiene presupuestados 79,22.
AVA-ASAJA denuncia a este respecto que, al retraso que ya acumula el Gobierno en la aprobación de este decreto, habrá que sumar el que ahora supone que el Consejo de Estado se tenga que pronunciar al respecto, lo que podría aplazar otra vez su publicación hasta finales de enero o principios de febrero. “El ministerio está usando triquiñuelas para dejar sin margen de reacción a los viticultores, que tendrán muy poco tiempo para solicitar las ayudas a la reconversión y reestructuración, con lo que podrá desviar parte de estos recursos a la destilación que tanto le piden otros”, denuncia Aguado.
Efectivamente, si en marzo no se han gastado la totalidad de los fondos, la OCM permite al Estado miembro redistribuir los ‘sobrantes’ a otros conceptos del plan, como la destilación. La viticultura de la Comunidad Valenciana sería de las más perjudicadas por este recorte en tanto los planes quinquenales para la reconversión y reestructuración deben iniciarse ahora en la mayoría de los casos. De los 86,8 millones de euros aprobados para este concepto, 35,9 están ya comprometidos, son ‘intocables’, puesto que deben asegurar la continuidad de planes ya aprobados con anterioridad, que se concentran en una sóla región, que no es la valenciana.
En este sentido y frente a los problemas generados en esta campaña y los que seguro se darán también para la próxima, AVA-ASAJA recuerda que siempre ha reclamado la eliminación del periodo transitorio del pago único, lo que eliminaría tremendamente las cargas burocráticas y garantizaría un reparto más justo de los fondos.
Corte de voz de Luis Herrerías, técnico de AVA-ASAJA en 'descargas relacionadas'
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders (La Unión), Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), Jóvenes Agricultores–ASAJA Alicante y FEPAC-ASAJA Castellón rechazan la valoración que ayer realizaron sobre la marcha de la campaña citrícola tanto la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, como la secretaria general del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, Alicia Villauriz, para descartar la necesidad de poner en marcha un plan de choque.
Es más, las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana lamentan muy especialmente que su responsable autonómica considere “razonables” los precios que vienen recibiendo los citricultores durante estos meses cuando en la práctica es un clamor la ruina que éstos suponen puesto que en la mayoría de casos el productor ni siquiera podrá cubrir los costes. Por no hablar de los miles de productores que, afectados por la falta de demanda y la extensión de la venta ‘a resultas’, han visto cómo sus clementinas –decenas de miles de toneladas de ellas– se han quedado sin recoger en el árbol.
En primera instancia, los representantes de los citricultores quieren desmentir que las dificultades por las que atraviesa el sector sean de carácter coyuntural. La gran cantidad de parcelas citrícolas que se han abandonado a su suerte durante estos últimos años así como la falta de relevo generacional son el mejor reflejo de que los problemas del sector son evidentemente estructurales. Al menos así lo son para aquellos que los quieran apreciar porque –como reza el dicho- ‘no hay peor ciego que el no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar’.
Pero siendo tal cosa así, es evidente que la situación que se ha consolidado durante estas últimas semanas es mucho más grave que una “tensa” coyuntura en los mercados, como lo describieron ayer desde sendas administarciones. Una valoración que sorprende en tanto se contradice con la propia estadística emanada del Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Ambiente que a finales de septiembre hablaba de un precio en origen para la clementina de 0,25 euros/kg y que 20 días después lo dejaba en 0,15 euros/kg, lo que supone confirmar un desplome en tiempo récord del 40%.
El sector productor estima que al acabar el mes de noviembre la cotización media alcanzada por la clementina se sitúa en 0,11/0,12 euros/kg, esto es, a menos de la mitad del umbral que permitiría al productor cubrir sus costes. En naranjas, la situación es parecida o incluso más grave porque las cotizaciones del mercado en fresco se sitúan por debajo de tal cantidad y los precios de la industria de zumos ni siquiera cubrirían los costes para la recolección. Es más, dado que la venta ‘a resultas’ se ha extendido a la mayor parte de la producción ya comercializada, las asociaciones de citricultores esperan que cuando lleguen las liquidaciones se confirmen cifras para el productor aún si cabe menores o incluso negativas.
Los representantes de los citricultores lamentan la actitud que viene manteniendo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural en todo este asunto pero aún entienden menos la de la consellera Maritina Hernández, a la que se le presuponía un mayor grado de compromiso y, sobre todo, de conocimiento de las circunstancias del sector citrícola valenciano por evidentes razones de proximidad.
En este sentido, cuesta entender que, justo un día después de que decidiera ampliar la campaña de compras de clementinas para hacer promociones de zumo, la consellera manifieste que tanto el comercio como las cooperativas “están trabajando a un ritmo adecuado, están haciendo sus expediciones a mercados a un buen ritmo y se mantiene la tensión adecuada a unos precios que son razonables para toda la cadena”.
Si tan idílica fuera la situación, ¿por qué la Generalitat está adquiriendo clementinas de destrío en lugar de aquellas con calibres y condición comercial óptima para hacer zumo? A las organizaciones agrarias les preocupa igualmente que quien tendría que mediar para reordenar la situación, para coordinar las actuaciones con otras Administraciones sólo se preocupe de tratar de desmovilizar a los agricultores descontentos para así justificar su propia pasividad. En este sentido, las asociaciones ratifican que, frente a la complacencia mostrada por la consellera, sí existen desde hace tiempo multitud de medidas puestas encima de la mesa de las administraciones que aún están pendientes de ser debatidas.
En primera instancia, el sector lamenta que no se haya atendido la posibilidad de retrasar la fecha de presentación de contratos de la industria de zumos. Para el futuro, y con objeto de evitar el caos burocrático provocado entre los citricultores, las asociaciones reclaman al Gobierno central que se elimine el periodo transitorio del pago único de cítricos.
De igual manera se insiste en que el Gobierno avance en la aprobación de un seguro de costes y de una Ley de Comercio que acabe o minimice al menos los abusos generalizados en los márgenes comerciales y el abismo existente entre los precios en origen y destino y que prohíba la práctica del ‘a resultas’. A corto plazo, habría que reforzar los controles de calidad y fitosanitarios para los cítricos procedentes de terceros países y mediar ante Bruselas para que la medida pudiera extenderse en el resto de países europeos.
A la Administración autonómica se le ha reclamado hasta la saciedad que arbitre un sistema de concertación social agroalimentario, tal como está previsto en la Ley de Desarrollo Rural valenciana. También se le ha reclamado reiteradamente que condicione la concesión de ayudas a la industria agroalimentaria a aquellas empresas que en el campo compren a precios justos y dignos. Se le ha inquirido igualmente para que potencie aquella investigación más útil para el sector, como la referida a las nuevas variedades y patrones, la lucha biológica y la mecanización de las labores citrícolas, sobre todo, de la recolección.
De igual manera, convendría recordar que hace casi un año y medio que no se tiene ninguna noticia del Observatorio de Precios Agrarios de la Comunidad Valenciana. A corto plazo, se ha insistido en que la promoción de clementinas para zumos impulsada tenga un tonelaje significativo y que sea respaldada por actuaciones similares en otras autonomías citrícolas e incluso cuente con financiación estatal.
En idéntico sentido, en su momento se denunció que el manido plan de reconversión varietal de cítricos en absoluto serviría para regular la producción si se mantiene la superficie -18.000 Ha en toda España- y el mínimo presupuesto aprobado, por lo que conviene ampliarlo. De cualquier manera habría que matizar que en sus actuales términos, como en el caso de las promociones en el extranjero que la consellera también viene destacando, en absoluto servirían para aliviar un problema que afecta exclusivamente a los productores.
Si a la crisis de precios y rentabilidad sumamos la irresponsabilidad política que supone negar la realidad es evidente que están más justificados que nunca la realización de actos reivindicativos contundentes.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA), La UNIÓ de Llauradors i Ramaders, Unión de Pequeños Agricultores (UPAPV), Jóvenes Agricultores–ASAJA Alicante y FEPAC-ASAJA Castellón desautorizan la valoración ‘idílica’ de la marcha de la campaña citrícola que el presidente de Intercitrus, Antonio Muñoz, vino a manifestar ayer a los medios de comunicación tras la Asamblea de la Interprofesional Española de Cítricos.
Las organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana rechazan que el presidente de Intercitrus, sea del colegio que sea, haya hecho valer su opinión personal para desvirtuar el planteamiento que comparten totalmente las organizaciones agrarias, las cooperativas y buena parte del comercio privado y que confirman un hundimiento de precios y la necesidad de tomar medidas.
A este respecto, y preguntado por la posibilidad de la convocatoria de una huelga general citrícola en el ámbito nacional, Muñoz declaró a la agencia Efe que “hay que estudiarla pero, lo mejor es que cada uno se dedique a su trabajo, que ahora sí que hay”. De igual manera, el presidente de Intercitrus calificó de “al menos, sorprendente”, la posibilidad de consumar tal movilización.
Las organizaciones de productores lamentan también la actitud confrontadora que mantiene Muñoz en el transcurso de las reuniones de la interprofesional, que sistemáticamente se aleja del posicionamiento conciliador que por su responsabilidad institucional debiera de tener y es exigible y más en situaciones tan delicadas como la presente. Según los representantes de los citricultores de la Comunidad Valenciana, si Antonio Muñoz desea realizar declaraciones a título personal, ya sea como operador comercial, industrializador o productor, primero debería dimitir como presidente de Intercitrus. No se cuestiona de ningún modo que sus palabras a nivel personal puedan ser ciertas, es decir, que su negocio citrícola obtenga una rentabilidad para él y los productores que confíen en él, pero no es el caso de la inmensa mayoría de citricultores que a día de hoy están perdiendo dinero.
En referencia al paro general citrícola u otras movilizaciones, las organizaciones agrarias se van a reunir en los próximos días para consensuar las fechas más adecuadas para llevarlas a cabo. No obstante, resaltan que en principio, y sin haber todavía un acuerdo nacional de todas las organizaciones agrarias, no existen motivos para posponer hasta enero estas actuaciones. Si a los citricultores no se les garantiza en todos los tratos de venta hasta la campaña de navidad un precio que cubra los costes de producción y aporte un margen razonable de beneficios, no tendría sentido tal aplazamiento.
Para los productores, seguir enviando fruta al extranjero perdiendo dinero no es de recibo porque, como reza un acertado refrán que solemos usar los valencianos, “más vale perder, que más perder”.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) prevé una merma en la producción de alcachofa del 50% en el Camp de Turia, especialmente en Benaguasil y Llíria, debido a que las intensas precipitaciones que se han producido durante octubre han causado una excesiva humedad en las plantaciones. Se dan casos, incluso, de propietarios que no han recogido las hortalizas y han “rotovatado” el campo como última salida a esta situación.
“El agricultor ya no aguanta más, el abandono de los campos es un hecho, la meteorología no ayuda y la inestabilidad de los precios tampoco”, señala el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado. “De hecho, hace seis años, se plantaban alcachofas en La Pobla de Vallbona, pero este año nada y en Benaguasil se ha abandonado la mitad de los campos”.
En circunstancias normales, una hanegada de tierra dedicada al cultivo de la alcachofa produce durante los siete meses de cosecha entre 1.500 y 1.700 kilos, incluso hace años, esa cifra se superaba hasta sobrepasar con creces los 2.000 kilos.
Mientras que en la temporada pasada, la producción de alcachofa rozó los 120 kilos por hanegada en una semana, este año, la producción se sitúa en torno a los 50 ó 60 kilos, es decir, la mitad. Las extraordinarias precipitaciones de otoño han afectado al primer brote del alcachofar así como a la siembra de coles, coliflores, lechugas, acelgas y espinacas, entre otras hortalizas.
Además de las inclemencias del tiempo, el sector se encuentra con otro problema. Así, desde inicios de la década, la industria conservera, que tiende a presionar a la baja los precios, exige ocho piezas por kilo para ser comercializadas lo que conlleva recogerlas de la planta con un tamaño demasiado pequeño, por lo que el agricultor, al vender con menos calibre, gana menos.
“El estado de las matas no se recupera ya que no han podido absorber tanta agua y encima tenemos la presión de las conserveras. Hay campos que da lástima verlos, es para llorar”, destaca Aguado quien recuerda que “el año pasado heló a mitad de noviembre, pero como la campaña es larga, las plantas pudieron recuperarse, pero lo de este año es otra cosa más grave”.
Pese a la merma de producción, el kilo de alcachofas ronda el euro aunque si el agricultor se implica en la comercialización y tiene posibilidad de elegir comprador puede venderlas entre 2,40 y tres euros el kilo. Sobre la conserva, los precios medios oscilan entre los treinta y los cuarenta céntimos de euro por kilo.
Como en el caso de los cítricos, las compras en origen de vino se han paralizado en las últimas semanas casi totalmente a causa de la baja demanda y de la crisis económica. Según estimaron ayer los miembros de la sectorial del Vino de AVA-ASAJA, si por estas fechas el año pasado se había pactado ya la venta de entre el 20 y el 30% de la producción vinícola de la provincia de Valencia, este año sólo se ha colocado el 10-12%.
Para la organización agraria, el retraso por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural en la aprobación de las ayudas que incentivarán la destilación de uso de boca contenidas en la nueva OCM del Vino está contribuyendo a saturar aún más el mercado e incrementar la incertidumbre entre viticultores, cooperativas, bodegas y el propio comercio.
En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que esta situación “era previsible porque ya advertimos que la nueva OCM del Vino, al reducir o eliminar los mecanismos de regulación, iba a dejar sin defensas al viticultor y al comercio con las que hacer frente a las oscilaciones del mercado”. En la misma línea se manifestaron los miembros de la sectorial del Vino de la organización agraria, cuyo presidente, José Luis Robredo, tildó de “inexplicable” el retraso que acumula el Gobierno en la publicación de la normativa española de aplicación del programa de apoyo al sector.
El vacío regulativo afecta especialmente a lo concerniente a las entregas obligatorias de vino que tienen que realizar las bodegas para asegurar el cobro de las ayudas de superficie por parte de los viticultores. “El parón en las compras no tiene precedentes y se está prolongando tanto porque, a la falta de demanda, se le une ahora la falta de concreción de las ayudas para la destilación de uso de boca”, explica Robredo.
Los miembros de la sectorial atribuyeron también la congestión que ahora sufre el mercado a la entrada en los circuitos, coincidiendo con el inicio de la vendimia, de los caldos de la campaña anterior que obtuvieron prima de almacenamiento. “El ministerio no aprovechó el inicio de la vendimia para sacar el real decreto y anunció hace casi un mes que iba a elevar la prima para la destilación pero, desde entonces, no ha movido ficha, lo que ha contribuido a que los operadores retrasen también sus operaciones. Se ha perdido un tiempo precioso, una oportunidad que otros países como Italia han aprovechado ya para copar hasta un 60% de la cuota que pertenecía al mercado español”, denuncia Aguado.
Corte de voz: José Luis Robredo, presidente de la sectorial del vino de AVA-ASAJA
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