AVA-ASAJA denuncia que el informe presentado ayer por el Observatorio de Precios de Alimentación en el Comercio Minorista confirma que la ‘guerra de precios’ en la que está inmersa la gran distribución española se está realizando a costa del agricultor. Efectivamente, en el estudio realizado por el Ministerio de Industria y Comercio se advierte que los productos alimenticios que más bajaron en estos establecimientos en el último trimestre fueron las frutas y hortalizas, con un descenso superior al 10% frente a una caída del 3,2% en el conjunto de la cesta de la compra.
“Para mantener su clientela, los grandes supermercados e hipermercados se están cebando con el eslabón más débil de la cadena, los productores, pero la dinámica destructiva que se inició primero y que aún no ha acabado con el abandono de campos se ha consolidado y afecta ya a toda la industria agroalimentaria”, advierte el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, quien lamenta la actitud del Gobierno que “cegado por abaratar los alimentos, en lugar de tomar medidas para frenar esta oleada de despidos y cierres, está incentivándola”.
Efectivamente, el informe del gubernamental confirma que todos los formatos de la gran distribución están ‘cebándose’ con el sector hortofrutícola. La comparación entre la evolución de los precios entre el conjunto de alimentos y las frutas y verduras según tipos de superficies así lo evidencia.
Así, los hipermercados bajaron los precios un 3,9% en los alimentos pero un 20,2% en los productos del campo; los grandes supermercados (más de mil metros) lo hicieron un -3,8% y un -20,4% y los medianos supermercados (de 400 m a 999) los redujeron un -3,6% por el -19,6%, respectivamente. “Pero lo más grave es que los consumidores tampoco se están beneficiando porque sigue existiendo un abismo entre los precios de los lineales y lo que se le paga, a pérdidas casi siempre, al agricultor”, explica Aguado quien acusa de “cinismo” a la gran distribución porque “venden una rebaja en los alimentos para así ‘poner su granito de arena’ contra la crisis a costa de los demás y mientras mantienen intactos sus márgenes y beneficios”. Mercadona es, según el informe, la enseña nacional más barata en alimentación pero aún lo es más en frutas y verduras.
Así, la mayor cadena española de supermercados rebajó sus precios un 4% en el último trimestre pero llegó hasta el 18,3% en el caso de los productos del campo. En este sentido, Aguado lamenta “que una empresa valenciana que se hizo grande gracias a los valencianos y cuyos propietarios tanto han alardeado de ‘responsabilidad social’ haya sido la primera en desencadenar esta destructiva guerra y estén ensañándose ahora con el sector hortofrutícola valenciano y español para tratar de aumentar su clientela”. Y la expansión de las marcas de la distribución está siendo igualmente perniciosa.
Efectivamente, según un informe de la firma Adecco, el 63% de las empresas agroalimentarias ha recortado personal como consecuencia de este proceso y hasta un 36,6% advierte que tendrá que reducir su producción en los próximos meses. “El Gobierno no puede mantenerse impasible, no debe cruzarse de brazos o peor, fomentar este proceso con la falacia de que es beneficioso en época de crisis y debe intervenir como ya ha hecho Francia dando transparencia a los mercados con algo más que fríos estudios que se quedan en el papel”, afirma Aguado quien concluye que “la falta de respaldo de esta Administración a la agricultura se recordará como el mayor error político en la larga historia de España”.
AVA-ASAJA lamenta la “falta de sensibilidad” con los regantes demostrada por la vicepresidenta Segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al rechazar aplicar a este colectivo un IVA con tipo reducido del 7% (hoy es del 16%). La ministra opta así por desoír el doble mandato acordado por el Senado (el 30 de junio de 2008) y ratificado por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo porque considera –según la carta de contestación remitida- que “estos momentos no son los más adecuados” para una rebaja fiscal de esta índole.
La decisión se produce justo después de que se consume una subida anual de hasta el 70% en los costes de la electricidad para el riego. “Dados los desorbitados incrementos en la factura de la luz que vienen sufriendo los regantes y la crisis irreversible que está afectando a toda la agricultura española me gustaría saber qué es lo que tiene que pasar para que el Gobierno se decida a bajarnos los impuestos”, se pregunta el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado. La petición del sector respaldada por el poder legislativo español se basaba en lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y tomaba como antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes pagan un impuesto reducido por la energía gracias a las gestiones que el Gobierno transalpino realizó en su momento con la Unión Europea.
Paradójicamente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido negarse a materializar este mandato de las Cortes, alegando que la aplicación de tipos reducidos cuenta con la oposición de muchos Estados miembros "por la subida presupuestaria que supone la puesta en marcha de estas medidas y por el reducido efecto que ejerce en los precios finales de los servicios a los que afecta". AVA-ASAJA reitera en este sentido que tal cosa no ha sido obstáculo –como se ha dicho- para que Italia mueva pieza pero, es más, para que Francia haya logrado recientemente el respaldo de los Veintisiete para rebajar el IVA de bares y restaurantes del 19,6% al 5,5%.
El país vecino, asimismo, prepara una segunda modificación para someter la venta al consumidor final de los productos no transformados, como frutas y hortalizas, a un porcentaje de IVA del 2%, en lugar del gravamen del 5,5% que soportan en la actualidad y para hacer extensible posteriormente tal modificación al resto de la UE. Tales ejemplos demuestran, como destaca Aguado, que la decisión “es sólo una cuestión de voluntad política y está claro que el Ejecutivo no la tiene. Ni la tuvo con la traumática forma de imponer el proceso de liberalización del mercado eléctrico, ni la tiene ahora para tratar de aliviar sus dramáticas consecuencias”.
Desde 1 de julio de 2008, la factura eléctrica a los regantes se ha disparado hasta un 70%. A partir de aquella fecha, se eliminaron por decreto las tarifas especiales de riego, lo que ya supuso un encarecimiento de los costes para los que optaron por formalizar un contrato en el supuesto nuevo ‘mercado libre’, del 30%. Tales contratos volvieron a subir desde el 1 de enero otro 10%. En última instancia y desde el pasado 1 de julio se han ‘actualizado’ el término de potencia regulado, lo que ha vuelto a suponer un nuevo incremento de entre el 23,1 y el 30%.
AVA-ASAJA advierte que el hundimiento de los precios en origen de todas las hortalizas de temporada podría provocar en poco tiempo un abandono masivo de los campos, algo inédito hasta el día hoy. La caída del consumo pero, sobre todo, la presión a la baja en los precios de la gran distribución está provocando que las cotizaciones ya no sólo no cubran los costes de producción genéricos, sino que ni siquiera den para que el agricultor pueda pagar los gastos de recolección de estas verduras.
“Comenzamos la campaña a finales de mayo con precios por debajo del umbral de rentabilidad pero es que ahora ya no permiten siquiera el poder sacar la producción al mercado”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, quien señala además que “somos los agricultores quienes estamos pagando buena parte de la guerra de precios en la que están sumidos supermercados e hipermercados”. En una primera fase, los horticultores trataron de buscar mejores cotizaciones que las que le venían ofreciendo los asentadores habituales que abastecen a las grandes cadenas llevando sus producciones en masa –ellos mismos y en pequeñas furgonetas- a los ‘mercas’ (Mercavalencia o Mercavasa).
A estas alturas, sin embargo, tales instalaciones están también saturadas de género, lo que ha agravado aún más la situación. Según un informe del Departamento Técnico de AVA-ASAJA, los precios que vienen ofreciéndose por sendas vías no cubren ya –en casos como el pimiento, el melón o la berenjena- ni siquiera los gastos de recolección/pre-confección que tiene que asumir también el agricultor. Es decir, el productor perdería dinero si se decidiera a recoger, comprar las cajas, preconfeccionar y transportar las verduras hasta el comprador. Efectivamente, sólo los gastos por este concepto suman unos 35 céntimos, cuando en los casos citados, los precios ofrecidos son inferiores a tal cantidad. En el resto de cultivos analizados la situación no es mucho mejor porque ni siquiera se cubrirían los costes de producción estrictamente agrícolas, pero al menos el productor podría plantearse reducir sus pérdidas.
“Las hortalizas son cultivos que se van recolectando en sucesivas pasadas semana a semana. Si no se recoge cuando toca cuesta más volver a poner en producción los campos, por lo que lo más normal es que el agricultor opte por echar el resto de su cosecha a perder”, explica Aguado. AVA-ASAJA viene insistiendo desde hace años en la necesidad de que el horticultor programe sus cosechas junto a un comercio/asentador, con el que aclarar las fechas, cantidades, variedades de hortalizas y precios ofertados. La campaña de verano está siendo tan nefasta y la presión de las grandes cadenas de distribución es tal que incluso los agricultores que actúan de esta manera acumulan también cuantiosas pérdidas.
“Pese a que son los productos frescos los que más están contribuyendo a bajar el IPC, sigue existiendo un abismo entre los precios que se dan en el campo y en los lineales de los supermercados, por lo que el consumidor ni siquiera se está beneficiando de esta crisis”, señala el presidente de AVA-ASAJA quien insiste en reclamar al Gobierno que “de una vez por todas tome cartas en el asunto y regule de forma racional los márgenes aportando mayor transparencia a la cadena alimentaria”.
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En este sentido, la organización agraria reclama a la Administración autonómica que agilice las tramitaciones de los permisos de caza –reduciendo la burocracia, habilitando un número de teléfono especial o incluso una web, como ya se ha hecho en otras autonomías, para acelerar las gestiones- pero que también actúe contra los responsables de los cotos que hayan demostrado estos últimos años inactividad o dejación en el deber de gestión de su espacio cinegético. “No es de recibo que la Administración continúe dando permisos para otros aprovechamientos seguramente más lucrativos a sociedades que no han cumplido antes con su obligación de actuar contra las poblaciones de conejos”, denuncia Aguado.
De igual manera, AVA-ASAJA reclama a los agricultores que, pese a la reiteración en el daño a sus campos, continúen remitiendo a sus ayuntamientos los correspondientes partes, básicos para que la conselleria pueda fijar un mapa de prioridades en la actuación. “Ante la imposibilidad de cultivar los campos, como consecuencia de la crisis de precios, pedimos un plan especial para ayudar económicamente a los agricultores con el fin de mantener los campos limpios y así combatir la expansión de esta plaga”, advierte el presidente de la organización agraria quien señala que los productores “son víctimas y no responsables de esta situación”.
En última instancia, AVA-ASAJA insiste especialmente en la necesidad de que el departamento autonómico actúe de ‘motu propio’ o, en su defecto, exija responsabilidades a los titulares de obras públicas. Y es que los movimientos de tierras que generan las grandes infraestructuras que realizan las distintas administraciones se convierten en muchos casos en ‘criaderos’ masivos de conejos que campan a sus anchas en madrigueras descontroladas. “No hay más que seguir por dónde van, por ejemplo, las obras del AVE para darse cuenta de cómo la plaga de conejos ha ido avanzando a medida que lo hacía el tren”, señala Aguado.
Los servicios jurídicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) acumulan decenas de casos en los que un determinado comercio citrícola se ha visto obligado judicialmente a justificar la liquidación realizada al productor. La organización agraria –ahora que están llegando en masa las liquidaciones a los productores, la mayoría de ellas ‘a comercializar’- anuncia en este sentido que apoyará cualquier iniciativa que vaya en esta dirección y reclama de igual manera a comercios privados y cooperativas transparencia a la hora de dar sus resultados y de rendir cuentas por ellos.
“Siempre hemos aconsejado la defensa de un precio pero si el citricultor se ve obligado a vender su cosecha ‘a comercializar’ y posteriormente se siente engañado debe reclamar al operador” señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. La práctica ‘a resultas’, ‘a comercializa’ o el ‘ya-te-veré’ –como también se le conoce popularmente- se basa en un acuerdo entre las partes que conlleva la obligación del operador de asumir los costes de la recolección del fruto y la comercialización posterior sin que en el contrato figure un precio por arroba o por kilo.
El productor, por lo tanto, acepta el riesgo que supone el depender de cómo se paguen sus cítricos en el mercado. Se trata, como señalan las reiteradas sentencias y autos acumulados a este respecto, de un ‘contrato de compra-venta atípico’ pero sometido como el resto al ‘principio de buena fe’. Si la liquidación resultante del proceso no estuviera bien detallada y no satisficiera al productor, éste estaría legitimado por tanto a reclamar judicialmente que se rinda cuentas de forma detallada y justificada.
El departamento jurídico de AVA-ASAJA ha reclamado con éxito, de hecho y por un coste asumible, la práctica de multitud de diligencias preliminares en virtud de las cuales el comercio se ha visto obligado a entregar este tipo de documentación. Se trata de procesos que, por otra parte, podrían tener su continuidad y derivar en una segunda actuación contra el operador en caso de que tal información siguiera sin satisfacer al demandante.
En este sentido, una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Nules ratificaba que tales documentos no pueden considerarse como “internos” o confidenciales porque para la debida rendición de cuentas no es “suficiente con la entrega de la factura emitida por la mercantil” sino que debe “comprender la globalidad de los actos de administración y de disposición realizados por la apoderada, expuestos de manera sistemática junto con los cobros percibidos y con los gastos soportados indicándose el destino del dinero percibido y el origen del dinero aplicado a subvenir los gastos”. Aguado señala que el “citricultor no puede aceptar que la liquidación suponga a un tiempo el asumir su ruina y un acto de fe sobre la actuación del comercio. El operador sí logra un beneficio, pero quien generó el negocio, no, por lo que es justo reclamar al menos explicaciones”.
AVA-ASAJA solicita por todo ello a los comercios –privados o cooperativas- que, en caso de disconformidad, el citricultor pueda tener libre acceso a documentos tales como: el precio de venta, las facturas emitidas al comprador, la trazabilidad que siguieron las clementinas en cuestión, el coste de confección, del transporte de la finca al almacén y de éste a su punto de destino, de la recolección, de los gastos generales aplicados, el listado de clasificación de calidades y calibres…
El único requisito para comercializar es que no presenten “podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios del consumo”, lo que –como en su momento reconoció hasta Bruselas– favorecerá la venta de frutas y hortalizas defectuosas. Para Aguado, “las consecuencias serán malas tanto para los consumidores, porque la medida podría hacer de Europa el basurero del mundo, como para los agricultores, que no podrán competir por precio precisamente porque la propia Comisión Europea ha insistido durante décadas al sector español y europeo en apostar y diferenciarse por la calidad”.
A pesar de que Bruselas ha decidido bajar los parámetros mínimos de calidad de los productos frescos con el último propósito de presionar los precios del consumidor a la baja, Aguado concluye que “puede salirle el tiro por la culata, porque en el momento en que Europa cierre sus explotaciones, pase a depender de las importaciones y se vea obligada a pasar por el aro de países terceros, la inflación de los alimentos estará garantizada”.
Los 26 cultivos que se quedarán sin normas de calidad -puerros, berenjenas, calabacines, pepinos, endibias, repollos, coles de Bruselas, apios, espinacas, coliflores, alcachofas, zanahorias, espárragos, guisantes, judías, ajos, cebollas, melones, sandías, nueces y avellanas con cáscara, champiñones, aguacates, albaricoques, ciruelas y cerezas- se podrán comercializar a granel y sólo se les reclamará la identificación del país de origen y que cumplan con la genérica definición de tener “una calidad sana, cabal y comercial”.
Para el resto -entre ellos los cítricos, lechugas, tomates, fresa o melocotón- seguirán en vigor las normas referidas a calibres, peso, número de frutos, homogeneidad que definen los distintos tipos de formato y calidades y que hasta ahora eran determinantes en la conformación de un precio para el consumidor. Sin embargo, podrían pasar a venderse sin cumplir los requisitos siempre que en su etiquetado se aclare que “no son conformes con las normas de comercialización comunitaria” o se especifique que se trata de un “producto para transformación”, un extremo que AVA-ASAJA considera igualmente “inaceptable”.
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Mañana entra en vigor el Reglamento 1221/2008 de la Comisión Europea (CE) por el cual se eliminan 26 de las 36 normas de calidad comercial hasta ahora vigentes de frutas y hortalizas. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que esta supresión no sólo abre las puertas de la Unión Europea a la importación barata y de baja calidad sino que también puede implicar un mayor riesgo de introducción de género afectado con plagas y enfermedades de cuarentena.
Más de 12.000 plantones de aguacate se cultivan desde 2004 en campos de Benifaió, Alginet, Silla, Alcàsser, Gandia, Tavernes y Benifairó de la Valldigna, Faura, Benifairó de les Valls, Vilamarxant y Godella. Hasta esa fecha sólo se podían ver pequeñas explotaciones o árboles aislados en Tous, Alzira, Alberic, Picassent o Benisanó. La introducción del aguacate en la provincia de Alicante fue más temprana, en los años ochenta, concretamente en Callosa d’en Sarrià, donde el níspero le ganó la partida y la falta de agentes comercializadores favoreció su estancamiento. Otros términos alicantinos donde hay explotaciones de aguacate son Altea, La Núcia y Polop.
En la provincia de Castellón, de momento no hay noticias del cultivo. AVA-ASAJA estima que en los próximos cinco años la Comunitat Valenciana producirá más de un millón de kilos de aguacate. Actualmente en las tres provincias se consume esa misma cantidad, de modo que la cosecha local podría cubrir a corto plazo el consumo interno, que por otra parte va en aumento. “Para mantener unos buenos precios es necesario tomar medidas ya, porque si no es así terceros países como Perú, Chile, Sudáfrica, Kenia o Israel nos comerán el terreno”, aseguró Faulí durante el acto, quien añadió “la importancia de crear una Interprofesional del sector para desarrollar campañas de promoción que incentiven el consumo”.
Ventajas e inconvenientes
Las principales ventajas que el aguacate tiene sobre otros cultivos son la menor necesidad de mano de obra y un tiempo de recolección muy extenso, de hasta cuatro meses, inigualable para cualquier otro frutal. Por otra parte, se beneficia de una menor incidencia de plagas que en nuestra región es prácticamente nula.
En cuanto a los inconvenientes, el clima no permite plantar aguacates en todos los sitios donde hoy hay cítricos, sino sólo en zonas cálidas donde no hiela. Aun así, en la Comunitat Valenciana hay cerca de 2.000 hectáreas idóneas para el aguacate.
La Conselleria de Agricultura posee un mapa climático donde los interesados pueden informarse de las zonas donde se puede plantar el tropical. Desde AVA-ASAJA se está en contacto, junto a la Conselleria de Agricultura, con investigadores y productores de todo el mundo para aprovechar las posibilidades de este cultivo.
Frente a la dinámica consolidada en el pasado, en la que los productores abordaban la reconversión sin mayor preocupación que la variedad a elegir, la nueva regulación supone que no sólo es obligatorio injertar o plantar material con certificado fitosanitario sino que además ahora se debe aceptar en muchos casos las condiciones de explotación que impone su propietario industrial. En los 48 casos citados y en los que en próximas fechas se incorporarán al registro, es el obtentor o licenciatario el que se encarga de especificar las condiciones en las que se podrá producir su variedad o patrón. AVA-ASAJA advierte que los detentores de los derechos de un cítrico protegido están legitimados para actuar legalmente contra todos aquellos que injerten o planten sin su consentimiento.
En las compras de material vegetal protegido, además del albarán en el que se concreta el precio de cada planta o pie con sus correspondientes derechos, el viverista licenciatario suele hacer firmar al comprador un contrato de ‘no propagación y no comercialización’ de las plantas o yemas adquiridas. En tal documento al citricultor adquiriente se le advierte de las consecuencias penales, de prisión incluso, en las que se podía incurrir en el caso de violar tal contrato, por ejemplo cambiando la ubicación física del material vegetal. Los hay que llegan a establecer una indemnización de hasta 300.000 euros ‘por los daños y perjuicios causados’ al obtentor. En casi todos ellos, además, se advierte al comprador de que ‘queda informado y acepta’ que el cítrico o pie en cuestión no tiene garantizado un determinado comportamiento agronómico.
La organización agraria alerta en este sentido de la proliferación de algunos cítricos que han sido evaluados en el extranjero, no por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y cuyo desarrollo podría ser cuestionable. “Últimamente algunos se están trayendo mandarinas o naranjas que se venden como revolucionarias y que se ofrecen a precio de oro pero cuyo futuro podría no estar del todo claro”, advierte Aguado. De igual manera. AVA-ASAJA sugiere a los productores que lean muy atentamente la letra pequeña de estos contratos, en concreto, las cláusulas referidas a las condiciones y limitaciones en la producción o comercialización de estos cítricos protegidos.
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