Cerca de 3.000 agricultores y ganaderos de AVA-ASAJA se manifiestan en Madrid ante la crisis agraria
Con cánticos de “¡Zapatero, el campo es lo primero!” o “¡si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra!” casi 3.000 agricultores y ganaderos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se han manifestado esta mañana en Madrid junto con profesionales del campo de ASAJA a nivel nacional (unos 20.000). El objetivo era protestar por la grave crisis que atraviesa el sector primario como consecuencia del encarecimiento desorbitado de los costes de producción (gasóleo, fertilizantes, tarifas eléctricas) y de los bajos precios que reciben los productores agrarios por la venta de sus productos.
El Ministerio de Economía y Hacienda publicó en el BOE del pasado 30 de abril las reducciones de módulos para las actividades agrícolas y ganaderas que se vieron gravemente afectadas por circunstancias excepcionales. En aquel entonces, AVA-ASAJA ya denunció que los beneficios aprobados eran una “burla” al sector porque resultaban “insuficientes e incompletos” y además contenían numerosos errores en las denominaciones de los pueblos beneficiarios.
AVA-ASAJA advierte que la huelga de transporte ha puesto en jaque a la cabaña ganadera de la Comunitat de porcino, vacuno, cunícola, avícola y equino. Alrededor de 2.700 granjas valencianas sufren desde el lunes o incluso antes problemas en el suministro de alimentos y la amenaza de muerte por inanición de muchos animales será inminente si no se les atiende en breve. Y el problema que se avecina no es sólo comercial sino también sanitario porque, al igual que con el transporte de piensos, el sistema de retirada de cadáveres de las explotaciones está muy lejos de funcionar con normalidad.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que las aves de La Albufera han intensificado los ataques que venían realizando los últimos meses no sólo sobre los arrozales del lago sino contra los huertos de los municipios lindantes. Así, AVA-ASAJA ha registrado multitud de daños causados por los animales que, en su búsqueda de alimento, están destrozando campos de lechugas, coles, maíz o incluso melones ubicados en los términos de Silla, Sollana y Catarroja.
AVA-ASAJA reclama al nuevo Delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, que ante la ola imparable de robos en los pozos de riego y en las casetas de los agricultores convoque la Junta de Seguridad en el Ámbito Rural a la que se comprometió su predecesor, Antonio Bernabé. Ésta es la segunda petición que la organización realiza al responsable gubernamental en menos de un mes pero “la situación de inseguridad en el campo no permite siquiera dar los tradicionales días de cortesía”, advierte el presidente de la asociación, Cristóbal Aguado.
De hecho, sólo en L’Horta Nord, se asaltaron durante la semana pasada las instalaciones de hasta tres comunidades de regantes, algunas de las cuales ya habían sufrido robos recientemente. Efectivamente, durante los últimos siete días los delincuentes entraron a robar en las casetas de comunidades de regantes de Museros, Albalat dels Sorells y Foios causando graves destrozos en su búsqueda de cobre.
En la mayor parte de los casos, los asaltos se produjeron pese a disponer de alarmas, que saltaron convenientemente pero que no impidieron la comisión del delito. En Albalat y en dos acciones distintas, se forzó la cerradura de la caseta para robar el cable que recorría el transformador y la boca del pozo y días más tarde se asaltaron los contadores del agua de una segunda caseta. AVA-ASAJA ya denunció el pasado 16 de mayo –jornada en la que casualmente asumió su nuevo cargo Ricardo Peralta- que una de cada seis instalaciones de riego ha sufrido al menos un robo, lo que situaría la cifra acumulada desde 2007 en más de 1.500 pozos.
Las pocas compañías de seguros que, de hecho, mantienen la cobertura duplicaron ya este año las primas a pagar y en muchos casos condicionaron la póliza a la instalación de una alarma en la caseta, gasto ‘extra’ que también ha corrido lógicamente a cargo de las comunidades de regantes. Tras años de inactividad, el anterior delegado del Gobierno en la Comunitat, Antonio Bernabé, convocó el 29 de enero la ansiada Junta de Seguridad en el Ámbito Rural, compuesta por representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las asociaciones agrarias, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de la Conselleria de Agricultura.
En aquella reunión se pactó crear comisiones provinciales para abordar cada 3 meses la cuestión y coordinar las acciones contra la delincuencia rural. “Han transcurrido más de cuatro meses y no sabemos nada de aquella promesa y ni los delincuentes que buscan cobre ni los agricultores que sufren sus asaltos entienden de cambios políticos”, advierte Aguado.
AVA-ASAJA advierte que el decreto del Plan de Reconversión Varietal de Cítricos que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural ha presentado esta mañana a las organizaciones agrarias y a las cooperativas está abocado al fracaso. Para su presidente, Cristóbal Aguado, el borrador que el Gobierno ha defendido y que próximamente será consensuado con la autonomías productoras “margina y maltrata a casi el 60% de citricultores por lo que sus resultados ni siquiera se acercarán al objetivo perseguido”, esto es, ampliar la oferta citrícola para adaptarla mejor al mercado.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lamenta que la subida de los precios del arroz provocada por la situación internacional no haya servido para compensar el fuerte incremento paralelo sufrido en los costes de producción. “El arrocero valenciano no puede vivir del mercado porque la coyuntural mejora en las cotizaciones se la está ‘comiendo’ el disparatado aumento de los precios de los fertilizantes y del gasoil y además sus ingresos se ven menguados cada año por las limitaciones que conlleva el producir dentro del parque natural”, explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
La sede del Colegio Oficial de Médicos de Valencia acogió este jueves una amplia exposición de productos agroalimentarios valencianos en la I Jornada de puertas abiertas conjunta entre la Corporación Médica y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en la cual se ha firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Conselleria de Sanitat y la Conselleria de Agricultura.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lamenta la “insensibilidad” que volvió a demostrar el Gobierno central ayer durante la reunión mantenida con los representantes nacionales de las asociaciones agrarias y de los regantes para abordar la liberalización, el próximo 1 de julio, de las tarifas eléctricas.
Tras negarse a tratar el problema durante más de un año, los altos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y del departamento de Industria se limitaron a prometer que, a lo sumo, las tarifas especiales de riego que vencen en tal fecha se podrían prorrogar entre un mes y tres. “Quiero pensar que la Administración central no ha valorado las graves consecuencias que esta subida tendrá y que rectificará, porque al incremento de esta factura hay que sumar la subida del gasoil, la de los fertilizantes y la propia crisis estructural que arrastramos desde hace años”, advierte el presidente de esta asociación, Cristóbal Aguado.
Los altos funcionarios de sendos ministerios, no sólo descartaron la prórroga de un año que reclama unánimemente el sector, sino que tampoco aceptaron las alternativas propuestas para compensar a los regantes por una subida de la factura de la luz que, en el mejor de los casos, llegará al 30% y que –como ya denunció AVA-ASAJA- en el caso de la Comunitat podría suponer duplicar los costes del riego. A este respecto, se mostraron escépticos también a la hora de aprobar un IVA reducido (del 16 al 7%) similar al establecido para al gasoil agrícola y que, por cierto, ya aprobó Italia, así como a introducir fórmulas para dotar de una mayor flexibilidad a la potencia contratada.
De cualquier manera, y pese a la proximidad de la fecha de contratación, las partes acordaron mantener las conversaciones. La liberalización supone pasar de comprar la electricidad mediante la tarifa especial a adquirirla en el mercado directamente a las compañías distribuidoras, lo que representa “un cambio de enorme calado para muchas comunidades de regantes que en una negociación con las poderosas empresas eléctricas nos encontramos en clara posición de desventaja y además, con un tiempo mínimo para la negociación”, explica Aguado quien advierte, además, que el cambio resulta especialmente “inoportuno” no sólo por el contexto de crisis económica en la que se da, sino también porque “la subida se cebará especialmente con la agricultura que más esfuerzo ha hecho por ahorrar agua y que ahora más sufre las consecuencias de la sequía y podría llegar incluso a pensarse que primará a aquellos que no consumen luz pero sí mucha agua y que en su momento no modernizaron sus sistemas de riego”.
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