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AVA-ASAJA y LA UNIÓ-COAG han firmado hoy en Alzira, con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), un manifiesto en el que reclaman que se actúe legalmente contra aquellas empresas de zumos de cítricos que compran la fruta sin ningún control sanitario y sin que puedan demostrar su procedencia y trazabilidad, así como contra aquellas chatarrerías que compran material de cobre sin que puedan demostrar su procedencia.

 

 

 

 

 

 

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Las previsiones de producción de melocotón y nectarina para la campaña presente arrojan unos datos que inciden en la tendencia a la baja sobre la cosecha de 2007. Los agricultores de las comarcas  valencianas productoras esperan recolectar un 20% menos que el año pasado, aunque hay campos de la Ribera Alta con descensos en sus cultivos de hasta el 70%.

 

 

 

 

 

 

 

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La Comisión Europea (CE) pretende eliminar 26 normativas europeas sobre requisitos de calidad de frutas y hortalizas para así “sim­­­­­­­­­plificar las normas de comercialización”. De esta medida quedarían excluidos 10 cul­­­­­­­­­tivos –entre ellos cítricos, lechugas, tomates, fresa o me­lo­co­­tón- pero afec­­­­­­­taría a otros productos frescos básicos co­mo la pera, la ce­bo­lla, el ajo, el melón, la sandía las judías, la col, la coliflor, la berenjena, la alcachofa, el albaricoque o el es­pá­rrago, que ya no ten­drían por qué cum­­­­­­­­plir con los es­tándares europeos.

 

 

 

 

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AVA-ASAJA rechaza de plano los términos pro­­­­puestos en el primer borrador del Plan de Reconversión Varietal que el Gobierno cen­tral presentó a las autonomías citrícolas en marzo y que acumula ya un im­por­tan­te retraso en su tramitación. Para su presidente, Cristóbal Aguado, el borrador pre­­sentado “discrimina a los citricultores no asociados a una Or­ga­nización de Pro­duc­to­res (OP) y que suponen alrededor del 60% del total), es extremadamente res­trictivo y, resulta rácano y de­cep­cionante”.

 

 

 

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la decisión del Consejo de Ministros aprobada hoy de ejecutar un trasvase del río Ebro a la ciudad de Barcelona es “discriminatoria e insultante” para los agricultores de la Comunitat Valenciana. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que “es inconcebible el agravio comparativo del Gobierno de todos los españoles, que permite hacer desde el Ebro una tubería hacia arriba pero no hacia abajo”.

 

 

 

 

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La gravedad de la crisis citrícola provocó que en 2007 se redujeran a la mitad el número de plantones comercializados en la Co­mu­­­­­nitat, que suele acaparar entre el 70 y el 80% de las ventas del conjunto del país. Efec­­tivamente, du­ran­te el pasado año sólo se cer­ti­fi­ca­ron 2,17 millones de plan­tones en la Comunitat cuando en 2006 esta cifra as­­­cen­dió a 4,34 millones. Como refleja el Grá­­fico 1, 2007 fue el se­gundo año con­­­secutivo con descensos en las ventas de los vi­­veros.

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El campo valenciano sufre por cuarto año consecutivo una dramática sequía que ya ha empezado a causar graves daños en frutas y hortalizas e, incluso, pone en peligro el arbolado y la plantación de muchos cultivos de primavera. Ante tal déficit hídrico, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a las administraciones una ley extraordinaria que garantice una rentabilidad digna e indemnizaciones por no usar el agua suficiente para cultivar y disponer agua tan sólo para asegurar la subsistencia de los árboles.

 

 

 

 

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El director de la Entidad Nacional de Seguros Agra­­­­­rios (ENESA), Fernando Bur­­gaz, advirtió hoy que “España está obli­ga­da a dar la ta­lla” en el desarrollo del futuro seguro de ingresos y el líder de AVA-ASAJA, Cris­tó­­bal Agua­do, le instó por ello a “copiar” o al menos considerar los modelos de pólizas que ya se han implantado en EEUU y Ca­­nadá para proteger la renta de los agr­i­cul­tores frente a las crisis de pre­cios.

 

 

 

 

 

 

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AVA-ASAJA y LA UNIÓ-COAG alertan que si Bruselas con­tinúa pro­­hibiendo y restringiendo el uso de plaguicidas, la producción hortofrutícola cae­rá drás­ti­camente entre un 30% y un 40%, lo que acabará por inducir una fuerte subida de los pre­cios para el consumidor. “Si eliminan la mayor parte de fitosanitarios, los que queden serán me­nos efi­ca­ces, resultarán más caros y se provocará una fuerte caída de la cosecha que se tratará de compensar con importaciones de países ter­ceros, que son precisamente los que más incumplen las normativas europeas en esta materia”, denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

 

 

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