La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la orden ARM/1312/2009 del Ministerio de Medio Rural publicada en el BOE de 27 de mayo, que regula los sistemas del control de agua, impone nuevas y farragosas exigencias a los agricultores, de difícil y costoso cumplimiento. En dicha orden se obliga a los titulares de pozos de riego a situar los contadores lo más cerca posible del punto de captación de agua además de a cumplimentar un nuevo y complejo libro de control anual así como partes de consumo cada mes.
Concretamente, la orden detalla en un anexo de doce páginas hasta ocho complicados formatos de libros de control en los que se exige a los agricultores cuestiones tan gratuitas como dibujar un “croquis sencillo de la toma que permita saber cómo funciona el aprovechamiento, de dónde saca el agua y con qué sistema (canal, tubo y bomba, pozo, manantial,…)”.
Para los pozos con caudales de entre cuatro y cien litros por segundo -que son la mayoría- se exige ahora que en el libro de control conste el día y mes de la anotación, los metros cúbicos e incluso la identidad de quien comprueba la lectura, cuestiones que evidentemente tendría que responsabilizarse la Administración. Además, el documento llega al extremo de exigir que el agricultor no cometa tachaduras ni raspaduras en los asientos o que los datos se conserven al menos cuatro años.
“Nosotros no nos oponemos a que se controle el agua que gastamos pero esta orden, que ya está en vigor pese a que no se ha consultado ni informado al sector, nos mete en un estado policial y burocrático, que camina en sentido contrario a la simplificación de todos los procesos administrativos que viene defendiendo la UE desde hace años” afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que son “los políticos quienes deben propiciar una regulación clara y sencilla y los funcionarios los que deberían encargarse de las tareas de gestión. El agricultor está para cultivar, cuidar sus campos y cosechas, pero no para que se pase la jornada con burocracia, asumiendo la labor que corresponde a los empleados públicos”.
AVA-ASAJA entiende que esta regulación es más inoportuna si cabe por que se produce a los pocos meses de haber eliminado las tarifas especiales de riego y porque llega en un momento muy delicado para el bolsillo del agricultor. La norma vuelve a incrementar los ya de por sí cuantiosos gastos de gestión de la comunidades de regantes, que en muchas ocasiones no tienen ni personal ni medios materiales suficientes.
“Es normal que se lleve un control anual del uso el agua, pero no lo es que se nos exija uno mensual, incluso nos parece absurdo que tengamos que medir cuestiones como la altura del agua (piezometría) o registrar en un documento la identidad de la persona que lo haga”, advierte Aguado quien concluye que la cumplimentación del libro de control debería de ser una tarea asumida por la Administración “a la que pagamos religiosamente nuestros impuestos”.
De los 73.172 valencianos que reclamaron y tramitaron en 2008 la ayuda del nuevo pago único de cítricos, sólo 33.000 han podido cobrarla, lo que supone que el 55% de citricultores solicitantes han quedado excluidos. AVA-ASAJA atribuye tan alto porcentaje al empecinamiento del Ministerio de Medio Ambiente en mantener las ayudas acopladas, condicionadas a la entrega por parte del productor de unas cantidades mínimas destinadas a su transformación.
Como señala el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, “la errónea opción escogida por el Gobierno y la actitud obstruccionista de muchos operadores han impedido que las subvenciones de la nueva OCM lleguen a más 40.000 citricultores valencianos”.
Efectivamente, la nueva regulación europea de la OCM suponía en el caso de los cítricos un cambio de filosofía en tanto las ayudas dejaban de darse a las Organizaciones de Productores (OPFH) en función de los kilos transformados en zumo, sino directamente a los citricultores, a tanto por hectárea. Pero el departamento de Elena Espinosa –con la oposición de todas las organizaciones agrarias españolas- introdujo un periodo transitorio de dos años (para la campaña 2008/09 y la 2009/10), en el que se obligaba a los citricultores a entregar a la industria unas cantidades mínimas (de 2.300 kilos por hectárea en el caso de naranjas y 1.300 kg/ha, en el de mandarinas).
Para después cobrar la ayuda, en el caso del citricultor no asociado a una OPFH, el productor tenía que conseguir que el llamado ‘receptor autorizado’- que en la Comunidad pasaron a serlo casi todos los operadores- le incluyera en el contrato que tenía que suscribir con la industria transformadora, que constaba de un listado de productores en el que figuraba que se había efectuado las entregas mínimas reclamadas.
Pues bien, como se ha dicho, hasta 73.172 citricultores valencianos reclamaron la ayuda pero sólo 33.000 lograron que su nombre figurase en el listado citado. Como ya advirtió AVA-ASAJA, el problema para el citricultor independiente que sí cursó su solicitud de ayuda y tenía derecho a recibirla, no ha sido el lograr entregar las cantidades exigidas –que se podrían obtener de los destríos habituales de cada venta- sino el haber dependido de la voluntad del ‘receptor autorizado’ para poder cobrarlas.
“Muchas cooperativas y un número reducido de comercios colaboraron y facilitaron la gestión al citricultor, otros quisieron cobrar incluso un ‘peaje’, pero es evidente que la mayor parte de comercios se negaron a hacer el trámite, seguramente, porque sabían que cuantas menos solicitudes fueran aceptadas más trozo del pastel iban a llevarse para sus fincas”, denuncia Aguado. El resultado del primer año del periodo transitorio ya es conocido: los productores de naranjas y mandarinas están recibiendo estos días 587,86 euros/ha y los de limones, 1.214 euros/ha. En términos generales, la citricultura de la Comunidad Valenciana, con el 57% de la superficie citrícola nacional, percibirá alrededor de 50 millones (el 54% del presupuesto nacional, de 93,7 millones).
AVA-ASAJA advierte que esta cantidad por hectárea podría aumentarse considerablemente cuando se abonen las cantidades correspondientes a este segundo año de periodo transitorio, en él se ha exigido lo mismo que el año pasado y cuyo plazo de solicitud acabó el 30 de abril. “La experiencia del primer año ha sido tan negativa que muchos ni siquiera se han acercado a volver a pedir la ayuda, con lo que serán otra vez unos pocos los que se beneficien del sistema arbitrario e injusto impuesto por el Gobierno”, advierte Aguado.
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El sector vitivinícola de la comarca de Utiel-Requena ha detectado en los últimos días una reactivación de movimientos de compra-venta de vino, aunque a precios en origen a la baja, cada vez más por debajo del umbral de rentabilidad. Pese a ello, a estas alturas de la campaña AVA-ASAJA denuncia que tan sólo el 15-20% de la añada se ha vendido y retirado de las bodegas. Así, todavía queda alrededor de un 25-30% de la producción por vender.
A esto hay que sumarle otro 25-30% que, a pesar de haberse vendido, aún debe ser colocado en sus puntos de destino. El vino restante de la producción se ha destinado para destilación de uso de boca. “La dramática situación de los viticultores valencianos no sólo se debe ahora a los precios de ruina o a los retrasos en el cobro de las liquidaciones, sino que en el horizonte pesa la amenaza de que, cuando llegue la próxima vendimia, se tenga que afrontar un problema social más serio aún: que la campaña se paralice porque no haya espacio para almacenar más vino”, explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
AVA-ASAJA lamenta las declaraciones realizadas recientemente por el presidente de la Federación Española del Vino (FEV), José García Carrión, quien anunció que se están manteniendo negociaciones para diseñar un plan nacional de retirada escalonada del vino antes de la vendimia “con o sin precio”. Para Aguado tal cosa refleja “la falta de sensibilidad de los bodegueros con los productores y cooperativas que son los que mantienen el sector” y advierte que “no es de recibo que determinados operadores traten de aprovecharse de la situación para comprar más barato y ahondar en las miserias del sector”.
AVA-ASAJA insiste por todo ello en reclamar al Ministerio de Medio Rural, que con el retraso en la aprobación del paquete de medidas de la OCM del vino tanto contribuyó a desestabilizar aún más el mercado, a aprobar una destilación de crisis de urgencia. Junto a ello, la organización agraria exige que los fondos de Desarrollo Rural desgajados de la propia OCM del Vino y que ascienden a 5,92 millones de euros para el periodo 2009/2013 se dediquen íntegramente a medidas para aliviar la crisis de liquidez tanto de las cooperativas como muy especialmente de los viticultores.
La invasión del mercado nacional de patatas viejas francesas, almacenadas durante meses y a unos precios inferiores a los de los propios costes de producción galos, ha obligado a determinadas cooperativas y horticultores a dejar en el campo y sin recoger su producción. Es el caso de Cohoca (Cooperativa Hortofrutícola del Campo de Benifaió) que ha optado por dejar de servir pedidos de patata temprana valenciana porque a los precios propuestos sólo se cubría los costes de la recolección.
AVA-ASAJA ha remitido una carta tanto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural como a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) reclamando una investigación sobre una posible subvención ilegal dada por el Ejecutivo francés a sus horticultores. “Sólo mediando una ayuda del Estado se puede entender que la cosecha gala del año pasado se esté vendiendo aquí ahora a precios que casi no cubren ni lo que cuesta el transporte de Francia a España”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
El tubérculo francés se está vendiendo a los consumidores en los supermercados a un tercio del precio marcado para el producto valenciano. En las fruterías de barrio el desequilibrio es aún mayor y los 0,50/0,80 euros/kg a los que se ofrece la patata temprana valenciana o nacional contrastan con los entre 0,20 y 0,25 euros/kg por los que se vende la francesa (a un euro, cuatro o incluso cinco kilos).
Y tal cosa se antoja imposible de conseguir de no mediar un factor distorsionador del mercado como una ayuda. De hecho, el Departamento Técnico de AVA-ASAJA advierte que sólo el transporte desde el país vecino ya ascendería a 0,15/0,17 euros, a lo que habría que sumar los costes de producción de lavado, secado y calibrado, que se vendrían a situar entre los 0,12 y 0,15 euros/kg. A la posible ayuda ilegal dada a los productores franceses habría que sumar una segunda infracción evidente, la de las normativas de calidad. El 24 de enero el BOE publicó un completo decreto en el que se reforzaban las condiciones mínimas exigidas en el mercado español para poder comercializar patatas.
AVA-ASAJA denuncia que las partidas francesas, que masivamente se han importado hasta copar el mercado y hundir las cotizaciones de las locales, no reúnen en muchos casos los requisitos establecidos en cuanto al calibre, presentación, ausencia de podredumbre, envasado… Y no es difícil de entender que se esté produciendo tal cosa porque se trata de un género procedente de la anterior campaña que, como explica Aguado, “ha sido almacenado durante meses en cámaras de frío, lo que les hace perder toda su frescura. Aunque aparentemente el lavado pueda camuflar sus carencias, quien las haya adquirido ya habrá podido comprobar que en muchas ocasiones el interior está ennegrecido y que una vez frita la patata se reblandece y pierde todo el sabor”.
AVA-ASAJA llama por ello a los consumidores al consumo de patatas tempranas locales que mantienen todas sus cualidades organolépticas intactas, entre otras cosas, porque son recolectadas días antes de que puedan ser consumidas y “no son los saldos de lo que los franceses no pudieron colocar en su momento”, explica Aguado.
AVA-ASAJA denuncia que el precio que perciben los productores de hortalizas valencianas de temporada se sitúa por debajo de los costes de producción y confección a pie de campo. A pesar de estar en el inicio de la campaña de recolección, el sector hortícola detecta un hundimiento de las cotizaciones en origen de las patatas, cebollas, tomates, pimientos, berenjenas, calabacines y pepinos autóctonos de la huerta debido a la crisis económica y la consecuente bajada del consumo en las fruterías de barrio, que son los comercios a los que accede la producción autóctona.
Según un estudio de AVA-ASAJA, a la puerta de los ‘mercas’ el tomate valenciano de calidad se vende a hasta 1’3 €/kg cuando los costes ascienden a 1,5 €/kg, la patata y la cebolla a 0,15 €/kg frente a 0,30 €/kg de costes, el pimentón italiano a 0,35 €/kg con 0,50 €/kg de gastos, la berenjena a 0,40-0,50 €/kg con 0,60 €/kg de gastos, y el calabacín y el pepino blanco se hunden a los 0,20 €/kg cuando los costes suben a 0,40 €/kg y 0,60 €/kg respectivamente.
“La campaña de hortalizas de verano ha arrancado con muy mal pie”, asegura Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que “al principio de campaña los precios de las hortalizas precoces de gran calidad normalmente se caracterizan por ser altos al coincidir con el final de la recolección en Andalucía”.
El dirigente agrario critica que “mientras las hortalizas valencianas no encuentran salida en las fruterías de barrio por el desplome del consumo, las grandes superficies y supermercados prefieren colocar en sus lineales hortalizas de otras zonas productoras”. Un caso “gravísimo” sería la preferencia por la patata vieja, comprada a Francia a precio de saldo, aunque sean de una calidad mucho peor a nuestra patata temprana”.
El director general de Investigación Agroalimentaria, Manuel Láinez, se comprometió ayer ante la sectorial de cítricos de AVA-ASAJA a registrar hasta cinco variedades de cítricos y un nuevo patrón cada año. La Conselleria de Agricultura responde así a los requerimientos de AVA-ASAJA, que ya incluyó en la tabla reivindicativa consensuada en diciembre con el resto de organizaciones agrarias, la necesidad de reorientar los proyectos de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) hacia cuestiones más prácticas y de rápida aplicación.
“El IVIA ha sido un centro citrícola de referencia mundial pero en los últimos años no estaba dando las respuestas que requería el citricultor. Ahora parece que se está impulsando un giro para que los citricultores podamos explotar antes y de la mejor manera sus logros”, ha señalado el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado La sectorial citrícola de esta organización agraria confirmó primero que buena parte de la responsabilidad de las ruinosas liquidaciones que a duras penas comienzan a llegar a los citricultores, junto a otros problemas estructurales determinantes, se debe a la concentración de la oferta entre noviembre y diciembre. De ahí la importancia de la salida al mercado, no sólo de nuevas variedades tardías sino también de pies que sirvan para alargar la vida agronómica de mandarinas de calidad como la Nules.
Este hecho ha marcado el contenido del ‘Plan de Objetivos y Evaluación de Variedades y Patrones’ del IVIA que ayer presentó Láinez y que supondrá mejoras relevantes en todo el proceso para la obtención de nuevo material vegetal. Para Aguado el enfoque dado llega en el momento más oportuno “porque servirá para dar medios e ilusión a los citricultores que ya empezábamos a creer que la innovación y las nuevas naranjas revolucionarias sólo podían ser explotadas por clubes exclusivos dominados por unos pocos privilegiados”.
El citado plan supondrá la creación de un equipo que se encargará de exigir resultados prácticos, coordinar los diferentes programas (de generación de mandarinas triploides, irradiadas, para la mejora genética o para la obtención de patrones y su adaptación a las nuevas variedades…) pero también para acelerar el proceso de registro, posterior limpieza y cuarentena y experimentación. “No se puede entender que una mandarina, una vez obtenida, tarde más de ocho años en llegar al citricultor”, advierte el presidente de AVA-ASAJA. Desde AVA-ASAJA, y con el fin de buscar mayor efectividad a la hora de gestionar nuevos registros del IVIA para los agricultores valencianos, le pedimos a la conselleria nuevas fórmulas más imaginativas que ya están aplicando empresas privadas como los clubes de variedades.
AVA-ASAJA denuncia que el precio en origen del conejo se hunde mientras se dispara el del consumidor
AVA-ASAJA denuncia que el precio en origen del conejo de granja lleva semanas muy por debajo de los costes de producción, mientras que los precios al consumidor suben sin cesar. Según los últimos datos del Observatorio de Precios del Ministerio, en la última semana analizada la caída para el cunicultor fue del 6,71%, pero el precio en destino, en el mismo periodo, se disparó casi un 14%. Para Cristóbal Aguado “es evidente que alguien, mataderos o grandes superficies, se están enriqueciendo a costa de los productores”.
Efectivamente, según las cotizaciones registradas en el observatorio, la pieza de conejo se situó entre el 11 y el 17 de mayo en 2,92 euros para el productor, a un precio inferior que los costes mínimos (de alrededor de 3,2 euros), mientras que el consumidor lo venía pagando a 6,91 euros. Y la tendencia, lejos de ralentizarse, se ha acelerado espectacularmente en la última semana.
El hundimiento de las cotizaciones del conejo de granja se produce en un periodo de especial caída del consumo que se trata de compensar con las campañas de promoción que en su momento se acordaron en la interprofesional Intercun. Los anuncios de televisión y radio que se están emitiendo en Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana son financiados por los productores, que asumen la mitad del coste mientras que el ministerio aporta el resto. “La publicidad es positiva en líneas generales pero difícilmente es sostenible cuando al único que no beneficia es al cunicultor, con el que sólo parece que se cuente para pagar, aún a costa de incrementar las pérdidas”, advierte Aguado. La Comunitat Valenciana es la tercera región en producción cunícola – con unas 250 granjas y 90.000 plazas- y la primera en consumo.
El disparatado precio al que se situaron los piensos, unido al hundimiento de los precios en origen experimentado durante buena parte de 2007 y el primer semestre de 2008 ya provocó la desaparición de hasta el 30% de granjas. “Aún sin tiempo de recuperarse de aquella histórica crisis, muchos productores no podrán aguantar más vendiendo a pérdidas”, concluye Aguado.
AVA-ASAJA denuncia que robar hasta 2.418 kilos de naranjas en el campo estaría considerado por el Código Penal (CP) como una falta de hurto que sólo podría ser castigada, en la práctica, con una multa de unos 120 euros. El último caso de este tipo que ha podido conocer esta organización se dio el viernes en Picassent, donde la Policía Local sorprendió ‘in fraganti’ robando en un campo a un individuo que ya acumulaba en su furgoneta más de una tonelada de cítricos (50 cajones).
El hombre fue retenido y juzgado y salió a las pocas horas en libertad tras ser condenado a pagar una multa que ni siquiera llegó a la cantidad citada. “Este sistema penal hace aguas porque no sólo deja en la más absoluta indefensión a los agricultores, sino que anima a delinquir”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien insiste en que “llevamos años denunciándolo sin que el Gobierno se decida a promover un cambio legal”.
El artículo 623 del vigente CP califica de falta –que no delito- cualquier ‘robo’ cuyo valor no exceda los 400 euros, lo que supone sobre el papel una indemnización equivalente a lo sustraído con pena de 4 a 12 días o multa de uno a dos meses. Según los precios de la Lonja de Cítricos de Valencia la cotización máxima actual de las naranjas Valencia es de 0,165 euros/kg, de lo cual se desprende que haría falta sustraer más de 2,41 toneladas para que el acto fuera considerado delito de hurto.
En la práctica, según el departamento jurídico de AVA-ASAJA, los delincuentes se declaran insolventes con lo que evitan el tener que indemnizar por las cantidades robadas. En cuanto a la pena, cada día de multa se sanciona con entre 3 y 300 euros pero lo cierto es que –en la práctica- se suele fijar una cantidad de entre cuatro y seis euros por día. Una multa por 30 días (un mes) saldría pues al infractor por 120 ó180 euros, respectivamente, e incluso se suelen dar facilidades para aplazar y fraccionar el pago. Para que la sustracción consumada en el campo merezca la consideración de delito de hurto -castigado con penas de prisión de uno a tres años- el valor de lo sustraído tendría que superar los citados 400 euros. Y no se castiga la reincidencia: el delincuente podría ejecutar en el plazo de un año hasta cuatro robos distintos y cometer sólo una falta siempre que el montante acumulado no superase también dicha cantidad (artículo 234 CP). “Quienes se dedican a esto ya conocen la generosidad de la legislación y procuran no excederse nunca de tal cantidad.
El problema es que, con las cotizaciones actuales, el robo ya supone un volumen alarmante”, explica Aguado. La consideración como delito de robo –con pena de prisión de uno a tres años- es casi imposible puesto que requeriría de la concurrencia de ‘fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas’ (escalar una valla, forzar una cerradura, agresiones…) y la inmensa mayoría de fincas no están cercadas y si la explotación en cuestión lo estuviera ¿cómo demostrar que la fruta robada procedía de ella?
AVA-ASAJA ha denunciado en varias ocasiones durante esta campaña la existencia de un circuito comercial paralelo al legal cuyo suministro se basa en la fruta robada y cuya salida habitual se da en las llamadas fruterías ‘low cost’ de barrio que tanto han proliferado en el último año, en la venta ambulante o incluso en algunos mercados municipales y bares. “Ésos cítricos llegan al consumidor pese a que no cumplen la regulación mínima en materia de calidad, sanidad o trazabilidad por supuesto que son cítricos que no pagan IVA y además de ser una amenaza para la seguridad alimentaria sólo contribuyen a depreciar la mercancía que sí cumple con la legislación”, explica el presidente de AVA-ASAJA.
AVA-ASAJA alerta de que el primer plazo para pedir la moratoria por las heladas de 2005 acaba mañana
AVA-ASAJA alerta de que el primer plazo para reclamar la moratoria de dos años por los créditos concedidos con motivo de las heladas de 2005 acabará mañana, día 19 de mayo. Se insta, por ello, a todos los afectados a acudir a las entidades financieras con las que suscribieron el préstamo a formalizar el aplazamiento ofrecido por la Generalitat ya que, de no hacerlo, justo al día siguiente –el miércoles, 20 de mayo- podrían cargarle a su cuenta la letra de la amortización del crédito correspondiente a este ejercicio.
A finales del mes pasado, la Conselleria de Agricultura informó primero por correo postal a los posibles beneficiarios de la moratoria y más tarde lo hizo en público, a través de una rueda de prensa celebrada el pasado 8 de mayo. El acuerdo, además, fue publicado en esa misma última fecha en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En virtud de este compromiso, la Administración autonómica se hará cargo en solitario del coste del aplazamiento del pago pendiente para este ejercicio y el que viene, lo que supondría un coste de 8,4 millones de euros y podría beneficiar a cerca de 6.600 agricultores de toda la Comunitat Valenciana.
A buena parte de estos productores les vence la letra del crédito el próximo miércoles, a otros en el mes de junio e incluso los hay que les podrá llegar en diciembre. Para todos aquellos que puedan estar interesados en el aplazamiento y con independencia pues de la mencionada fecha de vencimiento, AVA-ASAJA les recomienda que acudan a la entidad bancaria correspondiente para cumplimentar y entregar lo antes posible los formularios con los que solicitarlo.
Por otra parte, el pasado viernes 16 de mayo en el DOGV se publicó una relación de beneficiarios de esta moratoria con arreglo a sus respectivos números de DNI. AVA-ASAJA sospecha que este listado es incompleto y se podrían haber excluido a cientos de agricultores beneficiarios por lo que ya ha requerido por carta al departamento autonómico para que corrija a la mayor brevedad esta posible anomalía.
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