Los servicios jurídicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) acumulan decenas de casos en los que un determinado comercio citrícola se ha visto obligado judicialmente a justificar la liquidación realizada al productor. La organización agraria –ahora que están llegando en masa las liquidaciones a los productores, la mayoría de ellas ‘a comercializar’- anuncia en este sentido que apoyará cualquier iniciativa que vaya en esta dirección y reclama de igual manera a comercios privados y cooperativas transparencia a la hora de dar sus resultados y de rendir cuentas por ellos.
“Siempre hemos aconsejado la defensa de un precio pero si el citricultor se ve obligado a vender su cosecha ‘a comercializar’ y posteriormente se siente engañado debe reclamar al operador” señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. La práctica ‘a resultas’, ‘a comercializa’ o el ‘ya-te-veré’ –como también se le conoce popularmente- se basa en un acuerdo entre las partes que conlleva la obligación del operador de asumir los costes de la recolección del fruto y la comercialización posterior sin que en el contrato figure un precio por arroba o por kilo.
El productor, por lo tanto, acepta el riesgo que supone el depender de cómo se paguen sus cítricos en el mercado. Se trata, como señalan las reiteradas sentencias y autos acumulados a este respecto, de un ‘contrato de compra-venta atípico’ pero sometido como el resto al ‘principio de buena fe’. Si la liquidación resultante del proceso no estuviera bien detallada y no satisficiera al productor, éste estaría legitimado por tanto a reclamar judicialmente que se rinda cuentas de forma detallada y justificada.
El departamento jurídico de AVA-ASAJA ha reclamado con éxito, de hecho y por un coste asumible, la práctica de multitud de diligencias preliminares en virtud de las cuales el comercio se ha visto obligado a entregar este tipo de documentación. Se trata de procesos que, por otra parte, podrían tener su continuidad y derivar en una segunda actuación contra el operador en caso de que tal información siguiera sin satisfacer al demandante.
En este sentido, una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Nules ratificaba que tales documentos no pueden considerarse como “internos” o confidenciales porque para la debida rendición de cuentas no es “suficiente con la entrega de la factura emitida por la mercantil” sino que debe “comprender la globalidad de los actos de administración y de disposición realizados por la apoderada, expuestos de manera sistemática junto con los cobros percibidos y con los gastos soportados indicándose el destino del dinero percibido y el origen del dinero aplicado a subvenir los gastos”. Aguado señala que el “citricultor no puede aceptar que la liquidación suponga a un tiempo el asumir su ruina y un acto de fe sobre la actuación del comercio. El operador sí logra un beneficio, pero quien generó el negocio, no, por lo que es justo reclamar al menos explicaciones”.
AVA-ASAJA solicita por todo ello a los comercios –privados o cooperativas- que, en caso de disconformidad, el citricultor pueda tener libre acceso a documentos tales como: el precio de venta, las facturas emitidas al comprador, la trazabilidad que siguieron las clementinas en cuestión, el coste de confección, del transporte de la finca al almacén y de éste a su punto de destino, de la recolección, de los gastos generales aplicados, el listado de clasificación de calidades y calibres…
El único requisito para comercializar es que no presenten “podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios del consumo”, lo que –como en su momento reconoció hasta Bruselas– favorecerá la venta de frutas y hortalizas defectuosas. Para Aguado, “las consecuencias serán malas tanto para los consumidores, porque la medida podría hacer de Europa el basurero del mundo, como para los agricultores, que no podrán competir por precio precisamente porque la propia Comisión Europea ha insistido durante décadas al sector español y europeo en apostar y diferenciarse por la calidad”.
A pesar de que Bruselas ha decidido bajar los parámetros mínimos de calidad de los productos frescos con el último propósito de presionar los precios del consumidor a la baja, Aguado concluye que “puede salirle el tiro por la culata, porque en el momento en que Europa cierre sus explotaciones, pase a depender de las importaciones y se vea obligada a pasar por el aro de países terceros, la inflación de los alimentos estará garantizada”.
Los 26 cultivos que se quedarán sin normas de calidad -puerros, berenjenas, calabacines, pepinos, endibias, repollos, coles de Bruselas, apios, espinacas, coliflores, alcachofas, zanahorias, espárragos, guisantes, judías, ajos, cebollas, melones, sandías, nueces y avellanas con cáscara, champiñones, aguacates, albaricoques, ciruelas y cerezas- se podrán comercializar a granel y sólo se les reclamará la identificación del país de origen y que cumplan con la genérica definición de tener “una calidad sana, cabal y comercial”.
Para el resto -entre ellos los cítricos, lechugas, tomates, fresa o melocotón- seguirán en vigor las normas referidas a calibres, peso, número de frutos, homogeneidad que definen los distintos tipos de formato y calidades y que hasta ahora eran determinantes en la conformación de un precio para el consumidor. Sin embargo, podrían pasar a venderse sin cumplir los requisitos siempre que en su etiquetado se aclare que “no son conformes con las normas de comercialización comunitaria” o se especifique que se trata de un “producto para transformación”, un extremo que AVA-ASAJA considera igualmente “inaceptable”.
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Mañana entra en vigor el Reglamento 1221/2008 de la Comisión Europea (CE) por el cual se eliminan 26 de las 36 normas de calidad comercial hasta ahora vigentes de frutas y hortalizas. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que esta supresión no sólo abre las puertas de la Unión Europea a la importación barata y de baja calidad sino que también puede implicar un mayor riesgo de introducción de género afectado con plagas y enfermedades de cuarentena.
Más de 12.000 plantones de aguacate se cultivan desde 2004 en campos de Benifaió, Alginet, Silla, Alcàsser, Gandia, Tavernes y Benifairó de la Valldigna, Faura, Benifairó de les Valls, Vilamarxant y Godella. Hasta esa fecha sólo se podían ver pequeñas explotaciones o árboles aislados en Tous, Alzira, Alberic, Picassent o Benisanó. La introducción del aguacate en la provincia de Alicante fue más temprana, en los años ochenta, concretamente en Callosa d’en Sarrià, donde el níspero le ganó la partida y la falta de agentes comercializadores favoreció su estancamiento. Otros términos alicantinos donde hay explotaciones de aguacate son Altea, La Núcia y Polop.
En la provincia de Castellón, de momento no hay noticias del cultivo. AVA-ASAJA estima que en los próximos cinco años la Comunitat Valenciana producirá más de un millón de kilos de aguacate. Actualmente en las tres provincias se consume esa misma cantidad, de modo que la cosecha local podría cubrir a corto plazo el consumo interno, que por otra parte va en aumento. “Para mantener unos buenos precios es necesario tomar medidas ya, porque si no es así terceros países como Perú, Chile, Sudáfrica, Kenia o Israel nos comerán el terreno”, aseguró Faulí durante el acto, quien añadió “la importancia de crear una Interprofesional del sector para desarrollar campañas de promoción que incentiven el consumo”.
Ventajas e inconvenientes
Las principales ventajas que el aguacate tiene sobre otros cultivos son la menor necesidad de mano de obra y un tiempo de recolección muy extenso, de hasta cuatro meses, inigualable para cualquier otro frutal. Por otra parte, se beneficia de una menor incidencia de plagas que en nuestra región es prácticamente nula.
En cuanto a los inconvenientes, el clima no permite plantar aguacates en todos los sitios donde hoy hay cítricos, sino sólo en zonas cálidas donde no hiela. Aun así, en la Comunitat Valenciana hay cerca de 2.000 hectáreas idóneas para el aguacate.
La Conselleria de Agricultura posee un mapa climático donde los interesados pueden informarse de las zonas donde se puede plantar el tropical. Desde AVA-ASAJA se está en contacto, junto a la Conselleria de Agricultura, con investigadores y productores de todo el mundo para aprovechar las posibilidades de este cultivo.
Frente a la dinámica consolidada en el pasado, en la que los productores abordaban la reconversión sin mayor preocupación que la variedad a elegir, la nueva regulación supone que no sólo es obligatorio injertar o plantar material con certificado fitosanitario sino que además ahora se debe aceptar en muchos casos las condiciones de explotación que impone su propietario industrial. En los 48 casos citados y en los que en próximas fechas se incorporarán al registro, es el obtentor o licenciatario el que se encarga de especificar las condiciones en las que se podrá producir su variedad o patrón. AVA-ASAJA advierte que los detentores de los derechos de un cítrico protegido están legitimados para actuar legalmente contra todos aquellos que injerten o planten sin su consentimiento.
En las compras de material vegetal protegido, además del albarán en el que se concreta el precio de cada planta o pie con sus correspondientes derechos, el viverista licenciatario suele hacer firmar al comprador un contrato de ‘no propagación y no comercialización’ de las plantas o yemas adquiridas. En tal documento al citricultor adquiriente se le advierte de las consecuencias penales, de prisión incluso, en las que se podía incurrir en el caso de violar tal contrato, por ejemplo cambiando la ubicación física del material vegetal. Los hay que llegan a establecer una indemnización de hasta 300.000 euros ‘por los daños y perjuicios causados’ al obtentor. En casi todos ellos, además, se advierte al comprador de que ‘queda informado y acepta’ que el cítrico o pie en cuestión no tiene garantizado un determinado comportamiento agronómico.
La organización agraria alerta en este sentido de la proliferación de algunos cítricos que han sido evaluados en el extranjero, no por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y cuyo desarrollo podría ser cuestionable. “Últimamente algunos se están trayendo mandarinas o naranjas que se venden como revolucionarias y que se ofrecen a precio de oro pero cuyo futuro podría no estar del todo claro”, advierte Aguado. De igual manera. AVA-ASAJA sugiere a los productores que lean muy atentamente la letra pequeña de estos contratos, en concreto, las cláusulas referidas a las condiciones y limitaciones en la producción o comercialización de estos cítricos protegidos.
Las liquidaciones confirman nuestros peores augurios: el sector ha traspasado ya el margen de lo asumible y en dos años podría desaparecer hasta el 40% de la superficie citrícola valenciana”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Prueba de tal cosa y de la alarmante crisis de liquidez que sufre el citricultor es el bajo nivel de suscripción de seguros que se está dando, con un volumen de primas que, según Agroseguro, es a estas alturas más de un 30% inferior al contratado en las mismas fechas del año pasado.
Efectivamente, como muestra las liquidaciones medias obtenidas y ratifican sendos gráficos basados en las cotizaciones del Observatorio de Precios del ministerio, sólo al comienzo -con variedades menores como la Okitsu, Clemenpons y la Oronules- y al final de la temporada de clementinas (con la mandarina tardía Ortanique o la Hernandina) se logró superar el umbral de rentabilidad marcado para los pequeños cítricos por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).
En el caso de las naranjas, las liquidaciones obtenidas están siendo aún si cabe peor, con reembolsos por kilo que sólo se acercan sin llegar a los costes del IVIA en el caso de la Lane-Late. Y tales resultados contrastan con las estadísticas oficiales dadas por la Dirección General de Comercio hasta marzo de esta temporada, que en el caso de las mandarinas hablan de un precio en destino de la exportación de 0,80 euros/kg –casi siete veces más por ejemplo que lo obtenido por la ‘clementina reina’, la Nules- y de 0,63 euros/kg para las naranjas –seis veces más que lo pagado para la Navelina-. “Los precios logrados por los operadores no son tampoco altos, es más, en beneficio de todos tenemos que luchar porque sean mayores; pero lo que es evidente es que existe un gran desfase entre origen y destino que debemos corregir”, valora Aguado.
AVA-ASAJA reclama por todo ello acelerar el grado de cumplimiento de la tabla reivindicativa remitida a las Administraciones antes de Navidad e insiste en la necesidad de retomar el diálogo para comenzar a planificar la próxima campaña. En este sentido, la organización agraria matiza que, en el caso de la Conselleria de Agricultura, se mantiene una línea de diálogo abierta que ya ha dado algunos frutos destacables “pero es necesario implicar al Gobierno central, que hasta el momento no ha movido pieza en esta crisis”, matiza Aguado.
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AVA-ASAJA rechaza en este sentido cualquier planteamiento que, como en el caso citado, pueda suponer una sobreexplotación del Júcar o de sus afluentes. “De forma solapada lo que pretenden es aumentar el porcentaje de superficie y población vinculada a la comunidad manchega para así tener más representación y disponer de más recursos hídricos a costa de los de los valencianos”, señala Aguado quien además no duda en advertir que a lo que también aspiran es “a trasladar la sede administrativa de lo que hoy es la CHJ a Albacete”. AVA-ASAJA matiza que La Albufera se sostiene gracias a las aportaciones hídricas tanto del Túria como del Júcar.
Tal cosa viene siendo así, al menos, desde el siglo XVIII cuando el área de la Acequia Real del Júcar se amplió para regar otros diez municipios, engarzando el suministro de la Ribera Alta con el de la Ribera Baja (Silla, Sollana, Albalat…). Los sobrantes de los regadíos de la comarca de La Ribera del Júcar son fundamentales para que las aguas de La Albufera no sean salobres pero, más allá de eso, son claves para oxigenar y regenerar las aguas del lago, para dar vida a la flora y fauna allí consolidada, en definitiva, para mantener un entorno como el que hoy conocemos que merece su protección como parque natural.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la orden ARM/1312/2009 del Ministerio de Medio Rural publicada en el BOE de 27 de mayo, que regula los sistemas del control de agua, impone nuevas y farragosas exigencias a los agricultores, de difícil y costoso cumplimiento. En dicha orden se obliga a los titulares de pozos de riego a situar los contadores lo más cerca posible del punto de captación de agua además de a cumplimentar un nuevo y complejo libro de control anual así como partes de consumo cada mes.
Concretamente, la orden detalla en un anexo de doce páginas hasta ocho complicados formatos de libros de control en los que se exige a los agricultores cuestiones tan gratuitas como dibujar un “croquis sencillo de la toma que permita saber cómo funciona el aprovechamiento, de dónde saca el agua y con qué sistema (canal, tubo y bomba, pozo, manantial,…)”.
Para los pozos con caudales de entre cuatro y cien litros por segundo -que son la mayoría- se exige ahora que en el libro de control conste el día y mes de la anotación, los metros cúbicos e incluso la identidad de quien comprueba la lectura, cuestiones que evidentemente tendría que responsabilizarse la Administración. Además, el documento llega al extremo de exigir que el agricultor no cometa tachaduras ni raspaduras en los asientos o que los datos se conserven al menos cuatro años.
“Nosotros no nos oponemos a que se controle el agua que gastamos pero esta orden, que ya está en vigor pese a que no se ha consultado ni informado al sector, nos mete en un estado policial y burocrático, que camina en sentido contrario a la simplificación de todos los procesos administrativos que viene defendiendo la UE desde hace años” afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que son “los políticos quienes deben propiciar una regulación clara y sencilla y los funcionarios los que deberían encargarse de las tareas de gestión. El agricultor está para cultivar, cuidar sus campos y cosechas, pero no para que se pase la jornada con burocracia, asumiendo la labor que corresponde a los empleados públicos”.
AVA-ASAJA entiende que esta regulación es más inoportuna si cabe por que se produce a los pocos meses de haber eliminado las tarifas especiales de riego y porque llega en un momento muy delicado para el bolsillo del agricultor. La norma vuelve a incrementar los ya de por sí cuantiosos gastos de gestión de la comunidades de regantes, que en muchas ocasiones no tienen ni personal ni medios materiales suficientes.
“Es normal que se lleve un control anual del uso el agua, pero no lo es que se nos exija uno mensual, incluso nos parece absurdo que tengamos que medir cuestiones como la altura del agua (piezometría) o registrar en un documento la identidad de la persona que lo haga”, advierte Aguado quien concluye que la cumplimentación del libro de control debería de ser una tarea asumida por la Administración “a la que pagamos religiosamente nuestros impuestos”.
De los 73.172 valencianos que reclamaron y tramitaron en 2008 la ayuda del nuevo pago único de cítricos, sólo 33.000 han podido cobrarla, lo que supone que el 55% de citricultores solicitantes han quedado excluidos. AVA-ASAJA atribuye tan alto porcentaje al empecinamiento del Ministerio de Medio Ambiente en mantener las ayudas acopladas, condicionadas a la entrega por parte del productor de unas cantidades mínimas destinadas a su transformación.
Como señala el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, “la errónea opción escogida por el Gobierno y la actitud obstruccionista de muchos operadores han impedido que las subvenciones de la nueva OCM lleguen a más 40.000 citricultores valencianos”.
Efectivamente, la nueva regulación europea de la OCM suponía en el caso de los cítricos un cambio de filosofía en tanto las ayudas dejaban de darse a las Organizaciones de Productores (OPFH) en función de los kilos transformados en zumo, sino directamente a los citricultores, a tanto por hectárea. Pero el departamento de Elena Espinosa –con la oposición de todas las organizaciones agrarias españolas- introdujo un periodo transitorio de dos años (para la campaña 2008/09 y la 2009/10), en el que se obligaba a los citricultores a entregar a la industria unas cantidades mínimas (de 2.300 kilos por hectárea en el caso de naranjas y 1.300 kg/ha, en el de mandarinas).
Para después cobrar la ayuda, en el caso del citricultor no asociado a una OPFH, el productor tenía que conseguir que el llamado ‘receptor autorizado’- que en la Comunidad pasaron a serlo casi todos los operadores- le incluyera en el contrato que tenía que suscribir con la industria transformadora, que constaba de un listado de productores en el que figuraba que se había efectuado las entregas mínimas reclamadas.
Pues bien, como se ha dicho, hasta 73.172 citricultores valencianos reclamaron la ayuda pero sólo 33.000 lograron que su nombre figurase en el listado citado. Como ya advirtió AVA-ASAJA, el problema para el citricultor independiente que sí cursó su solicitud de ayuda y tenía derecho a recibirla, no ha sido el lograr entregar las cantidades exigidas –que se podrían obtener de los destríos habituales de cada venta- sino el haber dependido de la voluntad del ‘receptor autorizado’ para poder cobrarlas.
“Muchas cooperativas y un número reducido de comercios colaboraron y facilitaron la gestión al citricultor, otros quisieron cobrar incluso un ‘peaje’, pero es evidente que la mayor parte de comercios se negaron a hacer el trámite, seguramente, porque sabían que cuantas menos solicitudes fueran aceptadas más trozo del pastel iban a llevarse para sus fincas”, denuncia Aguado. El resultado del primer año del periodo transitorio ya es conocido: los productores de naranjas y mandarinas están recibiendo estos días 587,86 euros/ha y los de limones, 1.214 euros/ha. En términos generales, la citricultura de la Comunidad Valenciana, con el 57% de la superficie citrícola nacional, percibirá alrededor de 50 millones (el 54% del presupuesto nacional, de 93,7 millones).
AVA-ASAJA advierte que esta cantidad por hectárea podría aumentarse considerablemente cuando se abonen las cantidades correspondientes a este segundo año de periodo transitorio, en él se ha exigido lo mismo que el año pasado y cuyo plazo de solicitud acabó el 30 de abril. “La experiencia del primer año ha sido tan negativa que muchos ni siquiera se han acercado a volver a pedir la ayuda, con lo que serán otra vez unos pocos los que se beneficien del sistema arbitrario e injusto impuesto por el Gobierno”, advierte Aguado.
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