La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que el abandono masivo de campos provocado por la falta de rentabilidad de muchos cultivos está dando alas para la rápida expansión de los incendios. Efectivamente, muchas de las parcelas de frutales y vid, en las zonas de interior o de cítricos y hortalizas en las del litoral, que antes eran ‘cortafuegos naturales’, hoy están copadas por arbustos, el mejor carburante para los incendios. “Los agricultores y nuestros campos siempre hemos sido los mejores aliados en la lucha contra los incendios, pero difícilmente podremos mantener nuestras explotaciones limpias si con nuestros productos ya ni siquiera cubrimos los costes de producción”, advierte el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
En menos de 48 horas decenas de pequeños pero rápidos incendios han calcinado mucha más superficie que en los primeros siete meses de este año. A juicio de AVA-ASAJA, es evidente que tan preocupante proceso no sólo debe atribuirse, que también, al importante repunte de las temperaturas. Ejemplos como el acontecido recientemente en Lérida, donde de las más de 5.000 hectáreas quemadas, 2.269 eran agrícolas y ganaderas, debería ilustrar a las autoridades sobre la importancia medioambiental de mantener en condiciones tanto el suelo forestal como el que limita con él, el agropecuario. Porque los pastos del ganado permiten también la limpieza de las zonas rurales. “De poco sirve gastar tanto dinero para combatir los incendios si dejamos al medio rural asilvestrarse de forma descontrolada. Y evitarlo pasa por limpiar los bordes de los ríos de las cañas, mantener en condiciones los caminos rurales y sobre todo por dar una salida para que los agricultores y ganaderos puedan mantener sus explotaciones en buen estado y no tener que abandonarlas ya arruinados”, denuncia Aguado.
Y tal consideración es compartida por los expertos en la materia. Sin ir más lejos, ayer y en el transcurso de unas jornadas sobre ‘Control de la erosión hídrica en España’, el catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, Artemi Cerdà, advirtió que para la gestión forestal es “fundamental el mantenimiento de una población viva en el ámbito rural” porque el abandono de la agricultura y la ganadería –denunció- ha “sido clave para que se produzca un crecimiento voraz de la cubierta general” que ahora puede ser víctima de las llamas, favoreciendo su rápida propagación.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que las importaciones de almendra californiana amenazan con volver a hundir un año más el mercado valenciano y español debido a que la producción estadounidense sobrante que se destina este año a la exportación es un 131% mayor que el año pasado, pasando de 58 a 135 millones de kg.
“Europa, en lugar de inundar el mercado con almendra procedente del otro lado del Atlántico, debería primar la de mayor calidad, es decir, la valenciana”, señala Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA. Por este motivo, la organización pide a la industria agroalimentaria –repostería, helados y fábricas artesanales de turrón- que prime la almendra autóctona frente a la almendra importada de Estados Unidos.
Efectivamente, la almendra valenciana es mucho más rica en aceites vegetales y posee menor cantidad de agua, lo que le confiere unas características organolépticas únicas y un mejor sabor. En repostería, cocinar con almendra estadounidense implica acompañarla con sal para que su sabor resulte más suave al paladar, algo innecesario con la Marcona autóctona. Aguado insta a los pasteleros y fabricantes de helado y turrón de la Comunidad Valenciana a inclinarse por la almendra local y otros productos autóctonos a la hora de elaborar sus productos.
“La combinación de la almendra Marcona con miel de romero, otro de los tesoros que nos ofrece nuestro campo, es lo que nos hace únicos además de tenerlos a la puerta de casa”, recalca Aguado, quien recuerda que en el caso de los turrones incritos en la DO Jijona y Alicante hay un porcentaje obligatorio que usar con la Marcona.
La Comunidad Valenciana fue la cuarta autonomía con más producción de almendra en 2008. Para 2009 se espera doblar prácticamente la producción, alcanzando las 8.000 toneladas en la Comunidad y 60.0000 toneladas en toda España.
AVA-ASAJA achaca buena parte del origen de la expansión de la plaga de mosquitos y de ‘mosca negra’ a las nuevas limitaciones en materia fitosanitaria. La inusual propagación de estos insectos y sus efectos sobre los ciudadanos de municipios colindantes con la Albufera es hoy un problema generalizado en las área de influencia de arrozales como los de Sevilla (Valle del Guadalquivir, en Doñana) o los de Tarragona (Delta del Ebro) donde se han tenido que tomar medidas excepcionales similares a las adoptadas por el Ayuntamiento de la capital del Turia.
El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, advierte que como las restricciones europeas irán a más “el problema lejos de atenuarse podría pasar a ser endémico” y advierte que “la expansión sin control de las plagas no sólo afectarán a zonas próximas a humedales sino también a otras periurbanas como, por ejemplo, la de la Huerta de Valencia”.
Efectivamente, el humedal valenciano se ha convertido este verano en un criadero masivo de insectos, con poblaciones sensiblemente superiores a las registradas en años anteriores. Lo acontecido en el lago ha provocado más daños de los habituales en el arroz pero también graves molestias a los ciudadanos, que han sufrido dolorosas picaduras y han llegado a saturar los centros sanitarios de la zona.
Y a juicio de AVA-ASAJA, el origen de este fenómeno no sólo responde a cuestiones climáticas, como la subida brusca de las temperaturas, sino que está íntimamente vinculado con las limitaciones que vienen sufriendo los arroceros en la lucha contra otras plagas estrictamente agrarias, como el pulgón del arroz. “Los fitosanitarios se tiran contra una plaga concreta pero permiten controlar otras, como en este caso los mosquitos ”, explica Aguado.
En este sentido y para la lucha contra el pulgón del arroz, la aplicación de la directiva 91/414 ha supuesto que sólo quede una materia activa contra esta plaga, el Etofenprox. Un producto que es extremadamente caro y sobre el que la UE aún no se ha pronunciado sobre si se mantendrá en el listado de fitosanitarios autorizados. El descontrol de la plaga de mosquitos y de ‘mosca negra’ ha obligado a los arroceros y al propio consistorio a asumir tal gasto y el resultado ha sido que la población de insectos que afectaba a los vecinos efectivamente se ha reducido pero no así la del pulgón.
Contra el ‘cucat’ –que por las restricciones europeas desde hace años que se trata de controlar con sistemas de lucha biológica - se venía usando también el Malatión, que este año ha sido prohibido. Se realizaban fumigaciones aéreas controladas y a dosis muy bajas sobre el cañizal, nunca sobre el agua del lago. Y el efecto de este insecticida contra el ‘cucat’ del arroz también era muy eficaz para controlar los mosquitos.
La regulación europea en materia medioambiental también prohibió este año la quema de la paja que siempre se ha realizado después de la siega del arroz. La consecuencia fue el podrido de toneladas de estos restos, la contaminación de las aguas, la muerte de peces y ahora la sobrepoblación de mosquitos. “Cuando Bruselas toma decisiones de este tipo tendría que pensar en las consecuencias medioambientales y antes de prohibir insecticidas o prácticas agrícolas ancestrales tendría que dar las alternativas”, denuncia Aguado.
Las estadísticas oficiales de Eurostat de los últimos 11 años demuestran que existe una relación directa entre la participación española en el mercado europeo de cítricos y el consumo. Es decir, en aquellos ejercicios en los que España aumenta su cuota en la UE -vende un porcentaje mayor del conjunto de naranjas y mandarinas comercializadas- se produce también un incremento simultáneo en los kilos por persona adquiridos por los europeos (sean españoles o no).
Y la relación también funciona al contrario: cuando España vende menos sobre el total resulta ser que de igual manera se comen menos cítricos en el viejo continente. Para la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) este dato confirma la mayor aceptación de la producción española frente a la foránea lo que, a juicio de su presidente, Cristóbal Aguado, “debiera ser un arma decisiva que los operadores podrían utilizar para defender mejor los precios ante la gran distribución”.Las estadísticas oficiales de Eurostat de los últimos 11 años demuestran que existe una relación directa entre la participación española en el mercado europeo de cítricos y el consumo.
Es decir, en aquellos ejercicios en los que España aumenta su cuota en la UE -vende un porcentaje mayor del conjunto de naranjas y mandarinas comercializadas- se produce también un incremento simultáneo en los kilos por persona adquiridos por los europeos (sean españoles o no).
Y la relación también funciona al contrario: cuando España vende menos sobre el total resulta ser que de igual manera se comen menos cítricos en el viejo continente. Para la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) este dato confirma la mayor aceptación de la producción española frente a la foránea lo que, a juicio de su presidente, Cristóbal Aguado, “debiera ser un arma decisiva que los operadores podrían utilizar para defender mejor los precios ante la gran distribución”.
Efectivamente, en naranjas y entre 1998 y 2008 sólo se dió un año en el que no se produjo esta relación. La excepción que justifica la norma se dio en 2003 cuando ocurrió que una mayor participación española en el mercado naranjero europeo (se pasó del 50,6% de 2002 al 52,6%) no se correspondió con un mayor consumo (se pasó de los 7,4 kg/persona/año de 2002 a 7,0 kg/persona/año).
Los datos proceden de un informe realizado por Intercitrus a partir de las estadísticas oficiales de Intrastat sobre los 10 mercados citrícolas de la UE no productores más importantes, que acaparan la inmensa mayoría de las exportaciones citrícolas españolas. En líneas generales, el estudio confirma una tendencia hacia la disminución del consumo de naranjas –que ha pasado de 7,3 kg/persona/año en 1998 a 6,7 en 2008- que no se ve compensado por el de mandarinas –de 4,6 en 1998 a 4,5 en 2008-. En el caso de las naranjas, el estudio confirma que “el alargamiento de las campañas favorece un incremento de la participación española en los mercados”.
Para AVA-ASAJA tal dato constituye una muestra más de la necesidad de graduar los envíos en función de las necesidades de los mercados, de coordinar las actuaciones en fresco con la remisión de género a la industria de zumos, en definitiva “la conveniencia de que Intercitrus asuma su papel de interprofesional y en beneficio de todos cree las condiciones para que nuestros operadores puedan defender más fácilmente el precio ante la gran distribución”, señala Aguado quien añade que “tenemos lo más complicado de lograr, el prestigio que da la calidad y ahora sólo nos queda lograr que eso se reconozca en los mercados”. En este sentido AVA-ASAJA denuncia el sinsentido de la política comercial seguida especialmente con las clementinas.
El estudio confirma que la cuota de participación de las mandarinas españolas en los 10 primeros mercados citrícolas europeos prácticamente no ha evolucionado, como tampoco el consumo per çápita: en 1995 se situaba en el 70,6% y 4,2 kg/persona y año; en 1998 en el 69,9% y 4,6 kg/persona/año; en 2005, en el 69,4% y 4,6 así como en 2008, con el 68,7% y sólo 4,5. “Los bajos precios no han servido ni para vender más ni para incentivar el consumo y en cambio han supuesto la ruina de todos, de los productores primero e incluso ahora de los propios comercios”, denuncia el presidente de AVA-ASAJA
AVA-ASAJA denuncia que el informe presentado ayer por el Observatorio de Precios de Alimentación en el Comercio Minorista confirma que la ‘guerra de precios’ en la que está inmersa la gran distribución española se está realizando a costa del agricultor. Efectivamente, en el estudio realizado por el Ministerio de Industria y Comercio se advierte que los productos alimenticios que más bajaron en estos establecimientos en el último trimestre fueron las frutas y hortalizas, con un descenso superior al 10% frente a una caída del 3,2% en el conjunto de la cesta de la compra.
“Para mantener su clientela, los grandes supermercados e hipermercados se están cebando con el eslabón más débil de la cadena, los productores, pero la dinámica destructiva que se inició primero y que aún no ha acabado con el abandono de campos se ha consolidado y afecta ya a toda la industria agroalimentaria”, advierte el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, quien lamenta la actitud del Gobierno que “cegado por abaratar los alimentos, en lugar de tomar medidas para frenar esta oleada de despidos y cierres, está incentivándola”.
Efectivamente, el informe del gubernamental confirma que todos los formatos de la gran distribución están ‘cebándose’ con el sector hortofrutícola. La comparación entre la evolución de los precios entre el conjunto de alimentos y las frutas y verduras según tipos de superficies así lo evidencia.
Así, los hipermercados bajaron los precios un 3,9% en los alimentos pero un 20,2% en los productos del campo; los grandes supermercados (más de mil metros) lo hicieron un -3,8% y un -20,4% y los medianos supermercados (de 400 m a 999) los redujeron un -3,6% por el -19,6%, respectivamente. “Pero lo más grave es que los consumidores tampoco se están beneficiando porque sigue existiendo un abismo entre los precios de los lineales y lo que se le paga, a pérdidas casi siempre, al agricultor”, explica Aguado quien acusa de “cinismo” a la gran distribución porque “venden una rebaja en los alimentos para así ‘poner su granito de arena’ contra la crisis a costa de los demás y mientras mantienen intactos sus márgenes y beneficios”. Mercadona es, según el informe, la enseña nacional más barata en alimentación pero aún lo es más en frutas y verduras.
Así, la mayor cadena española de supermercados rebajó sus precios un 4% en el último trimestre pero llegó hasta el 18,3% en el caso de los productos del campo. En este sentido, Aguado lamenta “que una empresa valenciana que se hizo grande gracias a los valencianos y cuyos propietarios tanto han alardeado de ‘responsabilidad social’ haya sido la primera en desencadenar esta destructiva guerra y estén ensañándose ahora con el sector hortofrutícola valenciano y español para tratar de aumentar su clientela”. Y la expansión de las marcas de la distribución está siendo igualmente perniciosa.
Efectivamente, según un informe de la firma Adecco, el 63% de las empresas agroalimentarias ha recortado personal como consecuencia de este proceso y hasta un 36,6% advierte que tendrá que reducir su producción en los próximos meses. “El Gobierno no puede mantenerse impasible, no debe cruzarse de brazos o peor, fomentar este proceso con la falacia de que es beneficioso en época de crisis y debe intervenir como ya ha hecho Francia dando transparencia a los mercados con algo más que fríos estudios que se quedan en el papel”, afirma Aguado quien concluye que “la falta de respaldo de esta Administración a la agricultura se recordará como el mayor error político en la larga historia de España”.
AVA-ASAJA lamenta la “falta de sensibilidad” con los regantes demostrada por la vicepresidenta Segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al rechazar aplicar a este colectivo un IVA con tipo reducido del 7% (hoy es del 16%). La ministra opta así por desoír el doble mandato acordado por el Senado (el 30 de junio de 2008) y ratificado por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo porque considera –según la carta de contestación remitida- que “estos momentos no son los más adecuados” para una rebaja fiscal de esta índole.
La decisión se produce justo después de que se consume una subida anual de hasta el 70% en los costes de la electricidad para el riego. “Dados los desorbitados incrementos en la factura de la luz que vienen sufriendo los regantes y la crisis irreversible que está afectando a toda la agricultura española me gustaría saber qué es lo que tiene que pasar para que el Gobierno se decida a bajarnos los impuestos”, se pregunta el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado. La petición del sector respaldada por el poder legislativo español se basaba en lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y tomaba como antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes pagan un impuesto reducido por la energía gracias a las gestiones que el Gobierno transalpino realizó en su momento con la Unión Europea.
Paradójicamente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido negarse a materializar este mandato de las Cortes, alegando que la aplicación de tipos reducidos cuenta con la oposición de muchos Estados miembros "por la subida presupuestaria que supone la puesta en marcha de estas medidas y por el reducido efecto que ejerce en los precios finales de los servicios a los que afecta". AVA-ASAJA reitera en este sentido que tal cosa no ha sido obstáculo –como se ha dicho- para que Italia mueva pieza pero, es más, para que Francia haya logrado recientemente el respaldo de los Veintisiete para rebajar el IVA de bares y restaurantes del 19,6% al 5,5%.
El país vecino, asimismo, prepara una segunda modificación para someter la venta al consumidor final de los productos no transformados, como frutas y hortalizas, a un porcentaje de IVA del 2%, en lugar del gravamen del 5,5% que soportan en la actualidad y para hacer extensible posteriormente tal modificación al resto de la UE. Tales ejemplos demuestran, como destaca Aguado, que la decisión “es sólo una cuestión de voluntad política y está claro que el Ejecutivo no la tiene. Ni la tuvo con la traumática forma de imponer el proceso de liberalización del mercado eléctrico, ni la tiene ahora para tratar de aliviar sus dramáticas consecuencias”.
Desde 1 de julio de 2008, la factura eléctrica a los regantes se ha disparado hasta un 70%. A partir de aquella fecha, se eliminaron por decreto las tarifas especiales de riego, lo que ya supuso un encarecimiento de los costes para los que optaron por formalizar un contrato en el supuesto nuevo ‘mercado libre’, del 30%. Tales contratos volvieron a subir desde el 1 de enero otro 10%. En última instancia y desde el pasado 1 de julio se han ‘actualizado’ el término de potencia regulado, lo que ha vuelto a suponer un nuevo incremento de entre el 23,1 y el 30%.
AVA-ASAJA advierte que el hundimiento de los precios en origen de todas las hortalizas de temporada podría provocar en poco tiempo un abandono masivo de los campos, algo inédito hasta el día hoy. La caída del consumo pero, sobre todo, la presión a la baja en los precios de la gran distribución está provocando que las cotizaciones ya no sólo no cubran los costes de producción genéricos, sino que ni siquiera den para que el agricultor pueda pagar los gastos de recolección de estas verduras.
“Comenzamos la campaña a finales de mayo con precios por debajo del umbral de rentabilidad pero es que ahora ya no permiten siquiera el poder sacar la producción al mercado”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, quien señala además que “somos los agricultores quienes estamos pagando buena parte de la guerra de precios en la que están sumidos supermercados e hipermercados”. En una primera fase, los horticultores trataron de buscar mejores cotizaciones que las que le venían ofreciendo los asentadores habituales que abastecen a las grandes cadenas llevando sus producciones en masa –ellos mismos y en pequeñas furgonetas- a los ‘mercas’ (Mercavalencia o Mercavasa).
A estas alturas, sin embargo, tales instalaciones están también saturadas de género, lo que ha agravado aún más la situación. Según un informe del Departamento Técnico de AVA-ASAJA, los precios que vienen ofreciéndose por sendas vías no cubren ya –en casos como el pimiento, el melón o la berenjena- ni siquiera los gastos de recolección/pre-confección que tiene que asumir también el agricultor. Es decir, el productor perdería dinero si se decidiera a recoger, comprar las cajas, preconfeccionar y transportar las verduras hasta el comprador. Efectivamente, sólo los gastos por este concepto suman unos 35 céntimos, cuando en los casos citados, los precios ofrecidos son inferiores a tal cantidad. En el resto de cultivos analizados la situación no es mucho mejor porque ni siquiera se cubrirían los costes de producción estrictamente agrícolas, pero al menos el productor podría plantearse reducir sus pérdidas.
“Las hortalizas son cultivos que se van recolectando en sucesivas pasadas semana a semana. Si no se recoge cuando toca cuesta más volver a poner en producción los campos, por lo que lo más normal es que el agricultor opte por echar el resto de su cosecha a perder”, explica Aguado. AVA-ASAJA viene insistiendo desde hace años en la necesidad de que el horticultor programe sus cosechas junto a un comercio/asentador, con el que aclarar las fechas, cantidades, variedades de hortalizas y precios ofertados. La campaña de verano está siendo tan nefasta y la presión de las grandes cadenas de distribución es tal que incluso los agricultores que actúan de esta manera acumulan también cuantiosas pérdidas.
“Pese a que son los productos frescos los que más están contribuyendo a bajar el IPC, sigue existiendo un abismo entre los precios que se dan en el campo y en los lineales de los supermercados, por lo que el consumidor ni siquiera se está beneficiando de esta crisis”, señala el presidente de AVA-ASAJA quien insiste en reclamar al Gobierno que “de una vez por todas tome cartas en el asunto y regule de forma racional los márgenes aportando mayor transparencia a la cadena alimentaria”.
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En este sentido, la organización agraria reclama a la Administración autonómica que agilice las tramitaciones de los permisos de caza –reduciendo la burocracia, habilitando un número de teléfono especial o incluso una web, como ya se ha hecho en otras autonomías, para acelerar las gestiones- pero que también actúe contra los responsables de los cotos que hayan demostrado estos últimos años inactividad o dejación en el deber de gestión de su espacio cinegético. “No es de recibo que la Administración continúe dando permisos para otros aprovechamientos seguramente más lucrativos a sociedades que no han cumplido antes con su obligación de actuar contra las poblaciones de conejos”, denuncia Aguado.
De igual manera, AVA-ASAJA reclama a los agricultores que, pese a la reiteración en el daño a sus campos, continúen remitiendo a sus ayuntamientos los correspondientes partes, básicos para que la conselleria pueda fijar un mapa de prioridades en la actuación. “Ante la imposibilidad de cultivar los campos, como consecuencia de la crisis de precios, pedimos un plan especial para ayudar económicamente a los agricultores con el fin de mantener los campos limpios y así combatir la expansión de esta plaga”, advierte el presidente de la organización agraria quien señala que los productores “son víctimas y no responsables de esta situación”.
En última instancia, AVA-ASAJA insiste especialmente en la necesidad de que el departamento autonómico actúe de ‘motu propio’ o, en su defecto, exija responsabilidades a los titulares de obras públicas. Y es que los movimientos de tierras que generan las grandes infraestructuras que realizan las distintas administraciones se convierten en muchos casos en ‘criaderos’ masivos de conejos que campan a sus anchas en madrigueras descontroladas. “No hay más que seguir por dónde van, por ejemplo, las obras del AVE para darse cuenta de cómo la plaga de conejos ha ido avanzando a medida que lo hacía el tren”, señala Aguado.
Los servicios jurídicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) acumulan decenas de casos en los que un determinado comercio citrícola se ha visto obligado judicialmente a justificar la liquidación realizada al productor. La organización agraria –ahora que están llegando en masa las liquidaciones a los productores, la mayoría de ellas ‘a comercializar’- anuncia en este sentido que apoyará cualquier iniciativa que vaya en esta dirección y reclama de igual manera a comercios privados y cooperativas transparencia a la hora de dar sus resultados y de rendir cuentas por ellos.
“Siempre hemos aconsejado la defensa de un precio pero si el citricultor se ve obligado a vender su cosecha ‘a comercializar’ y posteriormente se siente engañado debe reclamar al operador” señala el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. La práctica ‘a resultas’, ‘a comercializa’ o el ‘ya-te-veré’ –como también se le conoce popularmente- se basa en un acuerdo entre las partes que conlleva la obligación del operador de asumir los costes de la recolección del fruto y la comercialización posterior sin que en el contrato figure un precio por arroba o por kilo.
El productor, por lo tanto, acepta el riesgo que supone el depender de cómo se paguen sus cítricos en el mercado. Se trata, como señalan las reiteradas sentencias y autos acumulados a este respecto, de un ‘contrato de compra-venta atípico’ pero sometido como el resto al ‘principio de buena fe’. Si la liquidación resultante del proceso no estuviera bien detallada y no satisficiera al productor, éste estaría legitimado por tanto a reclamar judicialmente que se rinda cuentas de forma detallada y justificada.
El departamento jurídico de AVA-ASAJA ha reclamado con éxito, de hecho y por un coste asumible, la práctica de multitud de diligencias preliminares en virtud de las cuales el comercio se ha visto obligado a entregar este tipo de documentación. Se trata de procesos que, por otra parte, podrían tener su continuidad y derivar en una segunda actuación contra el operador en caso de que tal información siguiera sin satisfacer al demandante.
En este sentido, una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Nules ratificaba que tales documentos no pueden considerarse como “internos” o confidenciales porque para la debida rendición de cuentas no es “suficiente con la entrega de la factura emitida por la mercantil” sino que debe “comprender la globalidad de los actos de administración y de disposición realizados por la apoderada, expuestos de manera sistemática junto con los cobros percibidos y con los gastos soportados indicándose el destino del dinero percibido y el origen del dinero aplicado a subvenir los gastos”. Aguado señala que el “citricultor no puede aceptar que la liquidación suponga a un tiempo el asumir su ruina y un acto de fe sobre la actuación del comercio. El operador sí logra un beneficio, pero quien generó el negocio, no, por lo que es justo reclamar al menos explicaciones”.
AVA-ASAJA solicita por todo ello a los comercios –privados o cooperativas- que, en caso de disconformidad, el citricultor pueda tener libre acceso a documentos tales como: el precio de venta, las facturas emitidas al comprador, la trazabilidad que siguieron las clementinas en cuestión, el coste de confección, del transporte de la finca al almacén y de éste a su punto de destino, de la recolección, de los gastos generales aplicados, el listado de clasificación de calidades y calibres…
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