El Tribunal de Defensa de la Competencia autonómico ha atendido la petición que formuló AVA-ASAJA el pasado 24 de septiembre y ha dado los primeros pasos para investigar un posible pacto de precios de la industria con el arroz de tipo ‘redondo’. En la carta de respuesta dirigida al presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, el organismo autonómico reclama más información para, en su caso, incoar el oportuno expediente sancionador.
“Valoramos el interés demostrado por el tribunal autonómico pero no queremos que la cosa se quede ahí. Presentaremos un informe que podría demostrar que se ha producido un descenso coordinado y simultáneo de las cotizaciones del arroz ‘redondo’ y que éste se ha dado en todas las zonas productoras españolas, por lo que pronto podrían sumarse a la denuncia otros arroceros”, advierte Aguado.
Por este motivo, AVA-ASAJA –que se presentará como parte interesada en el proceso- insiste en reclamar a la Comisión Nacional de la Competencia que emprenda el mismo camino que el tribunal presidido por Fernando Castelló y se decida a investigar también los hechos en la demarcación que le corresponde. Tras una campaña marcada por una cierta recuperación de la rentabilidad, los precios ofertados por el arroz también llamado ‘japónica’ en este nuevo arranque de temporada se sitúan por debajo de los costes de producción.
Se ha producido una rebaja del 25% en los precios en origen de la zona de la Albufera y de la Marjal Pego-Oliva pero también en las del Delta del Ebro, donde el ‘redondo’ también se paga con un precio único por kilo de 0,27 euros. “No hay razones de mercado que justifiquen la situación que sufren los arroceros: la producción de este cultivo no ha aumentado tan radicalmente, los molinos no tienen demasiado stock y tampoco se ha constatado una caída de la demanda”, explica el presidente de AVA-ASAJA. El mercado del arroz ‘redondo’ es mucho más restringido que el del tipo ‘índico’, de inferior calidad y menor precio.
Su consumo se circunscribe al mercado nacional y su producción no llega ni a la mitad de la generada en todas las zonas arroceras del país. De ahí que sorprenda tanto que, con un nicho tan reducido, haya sufrido el desplome citado del 25%, cuando en los mercados internacionales del arroz ‘largo’ la caída sólo ha sido del 3%.
AVA-ASAJA denuncia que los productores españoles de porcino son los que están percibiendo los precios más bajos de toda Europa. Eso es lo que se desprende de la comparación entre los últimos precios en origen ofrecidos por Mercolleida, la lonja de referencia para los productores valencianos, que sólo cita precios máximos y la del resto de plazas continentales, cuyas cotizaciones son sólo de mínimos.
AVA-ASAJA considera que las grandes cadenas de distribución españolas son las principales responsables del nuevo hundimiento de las cotizaciones. Estas empresas vienen desarrollando una estrategia encaminada a mantener a toda costa sus márgenes y para lograr tal objetivo no dudan en presionar a los mataderos para que ajusten sus costes, una circunstancia que termina traduciéndose en una bajada del precio final que percibe el productor. “No podemos consentir que sea siempre el sector primario el que baile con la más fea. Al ser el último eslabón de la cadena, el productor se encuentra en una situación de debilidad de la que se aprovechan sin recato el resto de los agentes que intervienen en el proceso”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
La cruda realidad a la que se enfrentan en estos momentos los ganaderos valencianos se materializa en un hundimiento de las cotizaciones del 11% respecto al año pasado. Con los 1,04 euros/kg a los que ahora se paga el cerdo, muchos ganaderos ya producen bajo coste. Esta coyuntura resulta especialmente adversa porque se está produciendo en un período tradicionalmente favorable. El verano y la llegada de turistas se suele traducir en una subida de la demanda, lo que repercute al alza en los precios. Este año, sin embargo, la habitual caída en las cotizaciones que acompaña la finalización del verano ha llegado con mucha antelación debido a las estrategias que vienen aplicando las grandes cadenas.
En actividades como la ganadería, donde los costes productivos y la rentabilidad se encuentran tan ajustados cualquier oscilación a la baja, por pequeña que pueda parecer, puede tener consecuencias dramáticas. En este sentido, Aguado advirtió que “la situación puede volverse insostenible porque las cotizaciones actuales llegan después de la dura crisis de 2007 y 2008, que ya supuso el cierre del 30% de granjas y de la que ahora los productores comenzaban a recuperarse”.
Cerca de mil agricultores de todas las comarcas de la provincia de Valencia y de la Marina Alta se han concentrado esta mañana frente al edificio de la Subdelegación del Gobierno, sede de la delegación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en nuestra comunidad. La organización agraria ha representado el 'entierro del campo' escenificando un cementerio agrícola en el que se arrojaban los cultivos más representativos de cada comarca.
Con gritos de !La delincuencia sale gratis!, ¡no nos enterrarán! y con alusiones metafóricas al desgobierno del equipo de Zapatero con la presencia de dos burros, el presidente de AVA-ASAJA ha asegurado que el futuro del campo valenciano atraviesa la peor crisis de su historia desde hace cinco años, y no 'es de ahora'. Ha exigido las mismas atenciones que a otros sectores, como el eléctrico o el de la automoción y ha reclamado una ministra que 'baje de las nubes, pise la tierra y nos atienda como es debido'.
"Si no hay precios justos en el campo valenciano, se va a convertir en un cementerio", ha asegurado Aguado, que ha calificado la protesta de "un grito a la Administración para que sea más cercana y tenga un diálogo constructivo para mejorar esta situación".
Los actos de protesta se enmarcan en la campaña emprendida por ASAJA en toda España que culminará con una conferencia sobre la situación del campo y una manifestación en Madrid antes de final de año.
Según datos citados por AVA, en 2008 los precios de la tierra bajaron el 0,9% en el conjunto nacional, mientras que en la Comunitat la caída fue muy superior y alcanzó el 11,8%. El desplome más importante se dio en los cítricos, con una caída del 14,2%.
AVA-ASAJA advierte de que la subida de impuestos decidida por el Gobierno castigará las rentas de los agricultores valencianos por una triple vía. De un lado, el aumento del 16 al 18% del IVA general incrementará los costes de producción y menguará los márgenes de los agricultores. Del otro, el incremento de este impuesto indirecto retraerá aún más el consumo de frutas y hortalizas.
En última instancia, las nuevas cargas también anunciadas sobre las rentas del capital desincentivarán la compra-venta de tierras contribuyendo a acelerar aún más si cabe el hundimiento récord de los precios por hectárea del suelo agrícola experimentado en 2008 en la Comunitat. “La subida de impuestos no ayudará a salir de la crisis, hundirá más al campo y se cebará especialmente con los agricultores valencianos”, señala el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
AVA-ASAJA valora, en contrapartida, que se haya decidido mantener el IVA ‘superreducido’ del 4% que se aplica a los productos del campo, pero señala el contraste con la política impulsada en Francia, donde se prepara una rebaja del 50% de este impuesto y se estudian reducciones en las cotizaciones de los jornaleros y profesionales del campo. “El Gobierno de Sarkozy sí está demostrando tener sensibilidad con la agricultura, ha reconocido que la crisis se está cebando con el eslabón más débil de la cadena, el productor y está tomando medidas. El Ejecutivo de Zapatero se está poniendo la venda en los ojos para así no ver el abandono masivo de campos que se está dando”, advierte Aguado.
La subida del IVA encarecerá los precios de los fitosanitarios, fertilizantes, piensos…con lo que los costes de producción volverán a subir. Pero, a diferencia de la industria, el agricultor no podrá repercutirlo en sus precios porque el comercio ofertará lo mismo y acabará aplicando la conocida fórmula de ‘con IVA incluido’. Al enclavarse, de cara al pago del IRPF, en el sistema de módulos y mantenerse el IVA ‘compensatorio’ actual (del 9% en la agricultura y en ganadería), la nueva subida de este impuesto conllevará otra merma en la renta del productor.
Con estas medidas, en la práctica, el agricultor pasará a tener el mismo trato fiscal que un consumidor normal. Por último, las nuevas cargas fiscales sobre el ‘ahorro’ suponen que las plusvalías por la venta de tierras pasarán a gravarse 3 puntos más (del 18 al 21%) cuando hace tan sólo tres años muchas de ellas estaban exentas. A juicio de AVA-ASAJA, tal cosa contribuirá a acelerar el proceso de despatrimonialización del agricultor, que ya en 2008 vio como sus tierras perdían un 11,8% de su valor, un 14,2% en el caso de los cítricos.
AVA-ASAJA denuncia el “abuso” y la “clara concesión recaudatoria a las eléctricas” que supondrá la aplicación de la orden que obliga a todas las viviendas a instalar antes del 1 de enero de 2010 los llamados ICP (los interruptores que saltan y cortan el suministro cuando los aparatos enchufados superan la potencia instalada). El conflicto está surgiendo en infinidad de ‘casas de pueblo’, con instalaciones eléctricas antiguas cuyo BIE (Boletín de Instalación Eléctrica) no permite contratar la potencia requerida y que tendrían que afrontar por ello costosas reparaciones.
En caso de no montarse el citado ICP en el plazo dado, los precios por ‘potencia contratada’ se dispararían entre un 600% y un 1.200%. “Es lamentable que, sin mejorar el servicio ni el bienestar de los ciudadanos y sólo para satisfacer el afán de negocio de las eléctricas, el Gobierno nos complique la vida de esta manera”, advierte el presidente de esta organización agraria.
Las eléctricas están remitiendo cartas a los usuarios advirtiéndoles de que instalen dicho dispositivo. Si no se atiende el primer requerimiento, a los 20 días tales empresas envían una segunda misiva advirtiendo que –si transcurridos otros 20 días naturales no se ha procedido a su colocación- modificarán unilateralmente la facturación. Los usuarios que pudieran verse en tal situación verían elevada la facturación de la potencia a 20 Kw, con independencia de que tuvieran contratada una potencia menor. Así, un consumidor que tuviera, porque no necesitara más, 3 Kw de potencia, pasaría de pagar 4,96 euros/mes a 29,7 euros (un 600% más) y alguien que tuviera 5,5 Kw asumiría esta misma cantidad por lo que antes sólo le costaba 9,09 euros/mes (+326%).
“El Gobierno, con la excusa de averiguar las necesidades reales de potencia, está provocando gastos desorbitados a multitud de agricultores con casas viejas que no necesitan instalarse más potencia. La contratación debía atender a la necesidades de los consumos medios reales, no aplicar los máximos para así facturar más”, denuncia Aguado. Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos, la potencia instalada en estos hogares se sitúa entre 3 y 5 Kw y para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los electrodomésticos en casi ningún caso se requeriría de más de 10 Kw.
Las fuertes lluvias registradas desde el domingo así como las sufridas en semanas pasadas han pasado de ser bien recibidas, porque aumentaban el calibre de las clementinas, a provocar serios daños en hasta 50.000 hectáreas (ha) de cítricos y caqui. La mayor parte de estos campos de agrios permanecen anegados, lo que asegura problemas de ‘asfixia radicular’ en los así como ataques del hongo ‘phitophora’, que afecta al arbolado y a los frutos, produciendo podredumbre.
En cuanto al caqui, las precipitaciones y la previsible próxima subida de las temperaturas provocarán una nueva debacle productiva, con la caída masiva de más del 50% de la producción a causa del hongo ‘Mycosphaerella Hawai’.
Si bien es pronto aún para hablar de tonelaje, las mayores pérdidas en la cosecha se darán en unas 30.000 ha. de La Ribera (cítricos, caqui y hortalizas), la principal comarca afectada por el desbordamiento de barrancos y que tiene la mayor parte de sus campos encharcados con hasta dos palmos de altura. El resto de daños citrícolas se da en otras 20.000 ha de La Safor, La Costera, La Marina Alta, Camp de Morvedre y L’Horta. Cientos de miles de toneladas de sendos frutales podrían verse afectadas por el temporal.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta, en este sentido, que “pese a que era previsible, se han vuelto a inundar muchas de las zonas que ya se vieron afectadas el año pasado e incluso en 2007. Y los problemas se han repetido y agravado porque en muchas zonas no se limpian adecuadamente los barrancos y cauces, especialmente los del Xúquer”.
La gota fría también ha destrozado algunos campos de hortalizas y frutales en Camp de Túria y L’Horta. En el arroz sólo restaba por segar alrededor del 20%, pero la fuerza de las aguas ha arrastrado sedimentos, colmado acequias y desperdigado la paja que acababa de cortarse, lo que podría agravar los efectos de podrido allá donde ésta se acumule. La intensidad de las lluvias ha hecho desbordarse las conducciones y barrancos que confluyen en La Albufera, que ha empezado a desbordarse esta misma mañana inundando el arroz aún no segado.
Las zonas con mayores pérdidas se dan en Silla, Sueca, Catarroja y Sollana y la producción arrocera de unas 1.500 ha. podrían echarse a perder. En el caso de la vid, sólo restaba por vendimiar parte de las variedades más tardías, que también sufrirán ‘podredumbre’. Conviene recordar, en este sentido, que en algunas zonas puntuales de la zona de Utiel-Requena ya sufrieron un intenso pedrisco el pasado 13 de septiembre.
AVA-ASAJA ha remitido sendas cartas al Tribunal de Defensa de la Competencia autonómico así como a la Comisión Nacional de la Competencia para que investiguen un posible pacto de precios de la industria arrocera. La organización agraria sospecha que se ha podido dar un descenso coordinado y simultáneo en todas las zonas productoras españolas de las cotizaciones del arroz ‘redondo’. Los precios ofertados en este nuevo arranque de temporada se sitúan por debajo de los costes de producción.
“No hay razones que justifiquen la situación que ahora se vive: ni la oferta ha aumentado tan radicalmente, ni se conserva demasiado stock almacenado, ni se ha producido una caída de la demanda”, explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Efectivamente, la organización de productores reclama que se aclare si se ha podido producir un acuerdo entre los principales operadores para bajar los precios un 25%.
Un porcentaje que contrasta con la caída de sólo el 3% que de forma paralela se ha producido en los mercados internacionales del arroz ‘largo’, la cotización de referencia del arroz mayoritario en el planeta pero que resulta ser de inferior calidad al ‘redondo’ o ‘japónica’ que se produce en La Albufera y en la Marjal Pego-Oliva.
Las operaciones de compra-venta a las que ha tenido acceso AVA-ASAJA son coincidentes y reflejan un precio único por kilo de 0,27 euros para el japónica que, como se decía, es un 25% inferior al registrado por estas mismas fechas en 2008, cuando se situaba en alrededor de 0,36 euros/kg. En tales condiciones, los servicios técnicos de esta organización estiman que los arroceros acumularán unas pérdidas por hectárea sobre el año pasado de unos 1.000 euros.
Tal descenso en los ingresos se justifica, además de por la brusca caída de los precios, por el aumento de los costes de producción causado por el descontrol de plagas como la pyricularia o el pulgón –que a su vez se han visto alimentadas por las nuevas restricciones en materia fitosanitaria- así como por los trabajos ‘extraordinarios’ que este año se han tenido que asumir para evitar la quema de la paja.
AVA-ASAJA escenificará el ‘entierro’ de los cultivos claves de cada una de las comarcas de nuestra provincia en el transcurso de una protesta convocada para el 2 de octubre frente a la Subdelegación del Gobierno en Valencia. Con tal acción, la organización agraria quiere poner de manifiesto la pasividad del Ejecutivo central ante la ruina que están sufriendo todos los productores.
“El Ejecutivo de Zapatero no puede seguir mirando hacia otro lado y debe sentarse a negociar, como ya está haciendo Francia, un plan de choque así como medidas legales con las que lograr precios justos para todos los eslabones de la cadena”, advierte su presidente, Cristóbal Aguado. La acción se enmarca en la campaña emprendida por ASAJA en toda España y que tuvo su punto de partida el martes, cuando 3.000 agricultores se manifestaron en Sevilla y se logró paralizar la campaña de ‘verdeo’ de la aceituna de mesa.
Los actos de protesta se llevarán a cabo en distintas provincias y culminarán antes de finalizar el año con una importante conferencia sobre la situación del campo así como una gran manifestación en Madrid. Y si la situación del campo español es crítica en su conjunto, la del valenciano lo es si cabe más.
Efectivamente, según datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, en 2008 los precios de la tierra bajaron un 0,9%, el primer descenso desde 1994. En el caso de la Comunitat, sin embargo, la caída fue muy superior, del -11,8%, la mayor del país. Por cultivos, el desplome más importante (del -14,2%) se dio con los cítricos. Bajo el eslogan ‘Sin precio, del campo al cementerio’, AVA-ASAJA espera congregar el 2 de octubre a los agricultores y ganaderos valencianos. El responsable de cada sectorial de esta organización derramará y enterrará bajo una cruz simulada para cada una de las 15 comarcas valencianas unos cuantos kilos de los cultivos en situación más crítica.
“Los productores de fruta de hueso de La Vall d’Albaida, de arroz de la Ribera Baixa, de vid de Utiel-Requena, de almendras de Los Serranos, de hortalizas de L’Horta, los citricultores del litoral y los ganaderos de las comarcas de interior tienen un denominador común: ya no tienen ni para pagar los gastos. O se actúa ya o todos pagaremos las consecuencias del mayor proceso de abandono masivo de campos de la historia”, denuncia Aguado.
Más de 200 personas entre agricultores, profesionales del comercio hortofrutícola o vinculados a la lucha contra las plagas han participado hoy en la jornada ‘La nueva normativa europea de fitosanitarios. Análisis y Perspectivas’ organizada por AVA-ASAJA y patrocinada por la Conselleria de Agricultura y por Syngenta Agro. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado así como Pedro Barato, líder de Asaja nacional, han coincidido en remarcar que la nueva regulación que pronto se implantará “aumentará la burocracia, disparará los costes de cultivo y –al limitar drásticamente las sustancias activas- reducirá la productividad”.
Por este motivo, y de cara a la próxima transposición a la legislación nacional de los nuevos requerimientos, tanto Barato como Aguado han exigido un “diálogo constructivo y permanente” con los productores y con las autonomías para tratar de atenuar así su impacto. En esta misma línea, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández –que ha clausurado la jornada- se ha mostrado muy crítica con la nueva regulación. La responsable autonómica ha manifestado que su “planteamiento es equívoco y sus postulados hipócritas” porque “ya teníamos una legislación en materia de fitosanitarios que era –que es- la más exigente del mundo y ahora se trata de resolver un problema que no teníamos”.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plagas (AEPLA) y director general de Syngenta Agro, Sergio Dedominici, ha advertido de que los requisitos establecidos supondrán añadir “más trabas a la investigación fitosanitaria” y de forma gráfica ha señalado que el proceso emprendido es como “no haber llegado aún a la Luna y plantearnos ya cómo conquistar Marte”. Es más, Dedominici, ha concluido que la regulación finalmente promovida es “sobre grandes deseos y no sobre realidades”.
En sendas videoconferencias, dos responsables de la Comisión Europea (CE) han explicado el alcance de las nuevas normativas. De un lado, Wolfgang Reinert, de la Dirección General de Sanidad y Consumidores (DG Sanco), se ha referido al Reglamento de Comercialización de Fitosanitarios, que será aprobado a finales de este mes por el Consejo Europeo.
El nuevo reglamento sustituirá a la actual legislación, la directiva 91/414/CEE, cuyo legado a mediados de 2011 será la retirada del mercado del 66% de las sustancias activas existentes en 1993 así como de las nuevas aprobadas desde aquel año. Aguado ha remarcado en este sentido la importante campaña conjunta que emprendió en Bruselas y Estrasburgo AVA-ASAJA de la mano de la propia ASAJA y de AEPLA para tratar de reducir el “desastre” que hubiera supuesto la redacción del citado reglamento en los términos que planteó inicialmente el Parlamento Europeo.
Pese a ello, como ha destacado el director general de Innovación Agraria, Manuel Láinez, la futura regulación en materia de comercialización agravará los problemas que ya se están dando en la lucha contra las plagas en algunos cultivos mediterráneos, muy especialmente en los llamados ‘menores’. Por tal cosa se entienden multitud de hortalizas, pero también algunos frutales -como el caqui- o cereales, como el arroz que ya se han quedado si casi insecticidas y que amenazan con sufrir en breve mayores problemas de resistencias, al verse obligados a repetir los tratamientos con las mismas sustancias.
La eurodiputada de la Comisión de Medio Ambiente, Pilar Ayuso, ha destacado pese a todo la “gran labor realizada” desde el hemiciclo europeo y tras remarcar que se sentía “satisfecha por tener la conciencia del deber cumplido” ha insistido en la importancia en que, de aquí en adelante, se hagan los análisis científicos pertinentes para garantizar un uso adecuado de los fitosanitarios. En segunda instancia, Anne-Cécile Cotillon, de la Dirección General de Medio Ambiente de la CE, ha detallado los contenidos básicos de la no menos trascendente Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios que, según ha avanzado, podría ser aprobada por el Consejo de Europa esta misma semana y entrar en vigor ya en octubre-noviembre.
El Gobierno español dispondrá a partir de entonces de dos años para transponer la nueva regulación y más concretamente de 18 meses para redactar los llamados Planes de Acción Nacional (PAN). Estos planes serán el instrumento clave con el que los Estados miembros determinarán los objetivos cuantitativos de reducción en el uso de los fitosanitarios, las medidas así como los calendarios de aplicación y los indicadores de riesgo.
La secretaria general del Medio Rural, Alicia Villauriz, ha sostenido que tal plazo es “suficiente” para garantizar una transición “tranquila” y ha prometido –en la línea de lo solicitado por ASAJA- que habrá la “coordinación y debate con las autonomías y las organizaciones agrarias”. Es más, la responsable ministerial ha anunciado que España aprovechará la presidencia de turno de la UE, a partir del 1 de enero, para avanzar en el desarrollo de un proceso de armonización de la exigente legislación europea en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) con la de los países terceros.
Tanto la consellera Hernández como Aguado coincidieron en denunciar en este sentido la “doble vara” que aplica la UE en materia de LMR y fitosanitarios “tan estricta con la producción europea y tan generosa con las importaciones de los países terceros”, motivos por los que valoraron la iniciativa anunciada y exigieron su cumplimiento efectivo.
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