El borrador del Plan de Seguros Agrarios 2009 que el Gobierno ha presentado al sector congela el presupuesto inicial en 280 millones de euros. Sin embargo, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que, en realidad, el Gobierno plantea un descenso de en torno al 14% respecto 2008 al no considerar la inyección de 40 millones de euros que ha realizado este año y, para cuadrar el presupuesto, ha rebajado los porcentajes de las ‘subvenciones base’ para toda la producción agraria, ganadera y forestal.
AVA-ASAJA critica duramente las reducciones de las subvenciones base que afecta a los principales cultivos de la Comunitat Valenciana. En la póliza multicultivo en cítricos, la subvención cae un 4%, más un 2% adicional por la modalidad de contrato que desaparece. Y en la póliza de explotación de cítricos, se pasa del 22 al 17% de subvención base.
Descuentos similares se producen en otros cultivos mediterráneos. El seguro combinado de uva de vinificación reduce la subvención base del 18 al 14%, lo que supone un 4% de rebaja, al igual que ocurre con el seguro de caqui. “Es indignante que el Gobierno central se vanaglorie de un falso aumento del presupuesto total para los seguros agrarios del año que viene y, al mismo tiempo, los agricultores y ganaderos tengamos más dificultades económicas para contratar el seguro”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
El Ministerio de Economía asegura que ajustará la dotación presupuestaria al gasto previsto, cifrado en 280 millones de euros, para evitar inyecciones extras como viene ocurriendo en los últimos años. “El seguro agrario es la única arma eficaz de garantía de renta con la que cuenta actualmente el productor y el Gobierno debería apostar por él, incentivarlo y mejorar sus puntos débiles para cubrir las necesidades reales de los agricultores y ganaderos”.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado esta mañana el informe que el legislativo comunitario debatirá sobre la futura normativa de fitosanitarios. Los cambios introducidos hoy en el proceso de segunda lectura radicalizan aún más si cabe la inasumible postura que ya postuló esta misma institución en su primera lectura. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, llama a la movilización de los europarlamentarios y de la Administración.
De entrar en vigor el reglamento en los términos actuales “no sólo se perderá a medio plazo más del 70% de la producción agrícola valenciana sino que desaparecerá el medio rural tal y como hoy lo entendemos, con consecuencias demográficas y ecológicas inimaginables”.
Como ya denunció esta organización el pasado viernes, de aplicarse tal norma en sus actuales términos, la economía valenciana tendría que afrontar a medio plazo la pérdida del 74% de la producción citrícola, de entre el 60 y el 70% de la hortícola o del 68% de la de frutales de pepita. Sólo los daños ocasionados en el cultivo de naranjas, mandarinas y limones se cifrarían en 740,5 millones de euros y en 13,2 millones de jornales cada año, lo que es como decir que desaparecerían más de 55.000 empleos. En la votación de hoy, lejos de flexibilizarse los criterios de corte para mantener los fitosanitarios, se han endurecido aún más, con los que estas cifras se quedarían cortas.
De nada ha servido la oposición de 20 de los 65 eurodiputados presentes en la comisión, incluidos los negativos de los tres representantes españoles, porque el informe ha salido adelante con 39 pronunciamientos a favor y seis abstenciones. De cualquier manera, lo reñido de la votación invita a pensar que el decisivo debate en sesión plenaria será –como señala Aguado- “muy tenso por lo que ahora más que nunca es necesario que los eurodiputados españoles hagan una intensa campaña para que los grupos mayoritarios europeos, popular y socialista, entren en razón y por responsabilidad impidan que esta norma salga adelante”.
El presidente de AVA-ASAJA censura, por otra parte, la pasividad mostrada en todo este proceso por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural: “España será el principal perjudicado por lo que nuestro Gobierno nunca tendría que haber permitido que el debate llegara a estos extremos”.
Los cambios ahora introducidos no sólo elevarán a más del 90% los fitosanitarios que tendrán que ser retirados del mercado, sino que también obligarán a los Estados miembros a reducir el uso de los que queden en hasta un 50% en menos de cinco años. Y la agricultura mediterránea, como la valenciana, será la más afectada porque la norma sólo permitirá recurrir a menos de 20 insecticidas para los miles de plagas existentes y, como se ha dicho, se restringirán también el número de tratamientos. “La pérdida de las cosechas y de los empleos en el medio rural que conllevará aplicar este despropósito de norma acelerará el proceso de despoblamiento que ya padecemos en estas zonas pero también provocará graves daños en el ecosistema valenciano”, advierte el líder de AVA-ASAJA.
Un caso paradigmático sería el de los arrozales de la Albufera, donde los productores ya están de por sí limitados por trabajar en el interior de un Parque Natural. Pues bien, la aplicación de la norma y los especiales controles que ahora se quiere dar para prohibir –no ya controlar su uso- los fitosanitarios que más dañen el medio acuático, abocarían a la desaparición temprana de este cultivo, que es precisamente el agente clave que mantiene el ecosistema en este humedal.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) pide prudencia a todos los operadores comerciales de cítricos con el objetivo de garantizar que las persistentes precipitaciones acumuladas durante el pasado mes de octubre no mermen la calidad de los envíos de fruta al exterior. En este sentido, ya se han detectado algunas partidas de naranjas y mandarinas en mal estado en los puntos de destino. Así mismo, exige a las Administraciones rigurosidad en las inspecciones para controlar el estado óptimo de la mercancía que sale de nuestras fronteras.
“Desde que se inició la campaña, arrastramos varias semanas consecutivas con intensas lluvias, la tierra ya no da más de sí puesto que llueve sobre mojado, los árboles no han tenido tiempo de secarse y permanecen muchos días con una excesiva humedad con lo que se produce un deterioro que, en principio, al ser recolectadas no se aprecia pero al llegar a los lineales de venta hay envíos que presentan un aspecto no deseable con el consecuente rechazo del consumidor”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.
La organización agraria pide, en este sentido, que hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas, los campos se sequen y se reúnan las condiciones necesarias para garantizar su calidad frente al consumidor se reduzca la actividad en el campo. Además, según el líder agrario “sería un error mayúsculo ignorar este problema y seguir enviando fruta en malas condiciones a Europa puesto que estamos al principio de la campaña y un buen arranque es nuestra mejor carta de presentación ante los consumidores”.
“Evidentemente, y con las crisis de rentabilidad que arrastramos desde hace años, lo que debemos evitar es un hundimiento de precios en los mercados que echaría por tierra el enorme esfuerzo del agricultor”, señala Aguado.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votará el próximo día 5 las enmiendas al nuevo reglamento sobre el uso y comercialización de fitosanitarios. La nueva regulación entra en la fase decisiva para su aprobación y lo hace sin haber calculado antes el impacto que sobre la producción agrícola europea que supondría la eliminación masiva de los insecticidas, fungicidas y herbicidas hoy existentes, que es lo que precisamente provocará en primera instancia.
Según un informe de Asaja presentado esta mañana en la sede de AVA-ASAJA, las pérdidas sólo en cítricos que a medio plazo generaría la aplicación de esta normativa ascenderían a 1.184 millones de euros y en términos de empleo, supondría la eliminación de 16,4 millones de jornales. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, ha exigido por ello a los eurodiputados de los grandes grupos que “frenen con sus votos este despropósito y exijan que la norma no se apruebe sin antes conocer las consecuencias que tendría”.
Desde que esta normativa comenzó a gestarse hace dos años, AVA-ASAJA ha promovido multitud de reuniones en Bruselas y Estrasburgo con los responsables comunitarios que tenían algo que aportar en su desarrollo. El reglamento fue promovido en primera instancia por la Comisión Europea y más tarde recayó en el Parlamento, que radicalizó la propuesta inicial. La nueva regulación sustituye a la directiva 91/414 y supone un cambio drástico sobre la manera en la que se analizan y dan permisos a los fitosanitarios ya existentes y futuros.
Así, en lugar de considerar el riesgo real que conlleva el uso de estos productos, propone analizarlos sólo en función de la peligrosidad intrínseca de sus componentes. “Es como si pretendieran prohibir la lejía: todos sabemos que es tóxica pero nadie repara en ello, sino en el uso que se debe de hacer con ella”, matiza el presidente de AVA-ASAJA. “La situación podría ser dramática porque ya hoy sufrimos serias dificultades para poder combatir las plagas y sólo falta que encima los criterios se endurezcan más y que lo hagan de forma tan caprichosa”, advierte Aguado.
Efectivamente, desde que entró en vigor en 1993 la directiva 91/414 se han eliminado del mercado el 57% de las sustancias activas, se han aprobado sólo el 15% y el 28% restante aún están pendientes de revisión. Dicho de otro modo, sólo quedan 400 de las 1.100 sustancias que se disponían para hacer frente a los insectos, enfermedades y malas hierbas. Y la nueva regulación agravaría la situación en tanto supondría que en un breve lapso de tiempo se eliminasen las sustancias activas que componen el 32 % de herbicidas, el 42% de fungicidas y el 65% de insecticidas.
Un dato: los agricultores de frutas y hortalizas valencianos y de toda la UE se quedarían con menos de 20 insecticidas para tratar miles de plagas. “Al no tener una pluralidad de productos y tener que repetir los tratamientos con los mismos productos se generarán resistencias lo que reducirá la efectividad y aumentará la contaminación que las autoridades europeas dicen querer reducir”, señala Aguado.
En tales circunstancias, al no tener los productos fitosanitarios clave para tratar más de 2,5 millones de hectáreas y como se refleja en el gráfico adjunto, las pérdidas sobre la agricultura mediterránea española serían mastodónticas: entre 11,8 y 14,2 millones de toneladas por valor de entre 5.058 y 6.170 millones de euros y con un impacto sobre el empleo igualmente evidente en tanto implicaría tener que renunciar a entre 67,5 y 94,9 millones de jornales al año.
AVA-ASAJA lamenta que la UE sólo vaya a atender a la mitad de los viticultores valencianos que, cumpliendo todos los requisitos, solicitaron la prima para el arranque de vides que ofrece la nueva OCM del Vino. Así, según los datos dados a conocer por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de las 2.817 peticiones realizadas en la Comunitat sólo podrán ser satisfechas 1.434 o, dicho de otra manera, de las 7.106 hectáreas (Ha) que se pidió eliminar sólo se financiará el arranque para 3.192,75 Ha.
Con tales cifras, nuestra autonomía se consolida como la segunda región que mayor superficie podrá suprimir de forma incentivada lo que “es el mejor termómetro de la crisis que vive este sector y demuestra la necesidad de que la Administración europea y nacional planteen un plan de choque con el que frenar el abandono del medio rural”, advierte el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado.
Conviene recordar que los estrictos requisitos que el Gobierno español introdujo para poder tener derecho a estas compensaciones ya supusieron un freno de cara a la presentación de solicitudes. Algo que, a juicio de AVA-ASAJA, evidencia que la situación real de la viticultura valenciana es mucho más precaria de lo que reflejan las estadísticas, que ya suponen de por sí un agravio comparativo con respecto a la marcha del sector en otras regiones, como Galicia, La Rioja o Castilla-León, donde las rentabilidades conseguidas han desaconsejado participar en este proceso.
La corrección a la baja en cuanto a los requerimientos concedidos para regular la producción se debe a que, en toda la UE, pero muy especialmente gracias a España, las solicitudes presentadas suponen un montante superior al presupuesto asignado para esta primera campaña de arranque, que ascendía a 464 millones de euros. En nuestro país se reclamaron primas para el 8,97% de la superficie vinícola existente –del 9,37% en el caso valenciano- pero las restricciones presupuestarias obligarán a que sólo puedan ser arrancada el 4,32% -un 4,2% en la Comunitat-.
Así las cosas, la viticultura valenciana recibirá por este concepto sólo 16,19 millones de los 236,05 millones que han sido asignados al conjunto del país (que a su vez ha acaparado el 45,9% de la partida comunitaria). Sólo Castilla-La Mancha se llevará 170,69 millones, lo que supone más del 70% de los fondos para toda España. La OCM también introdujo un criterio de reparto en el que se prima especialmente a las zonas productoras con mayores rendimientos. “Salimos lesionados primero porque miles de viticultores que cumplían con los requisitos se han quedado fuera pero, además de no aportarse soluciones para mejorar las rentas de los que continuarán, a los valencianos se les maltratará otra vez en el reparto porque, debido a causas climáticas, tienen una productividad inferior a la de la mayor parte de regiones”, denuncia Aguado.
Alrededor de 1.200 mujeres procedentes de todas las comarcas valencianas asistieron a la XII Jornada de la Mujer Rural que organiza la Sectorial de Mujeres de la Asociación Valenciana de Agricultores y la Asociación Valenciana de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AVAMFAR), que fue clausurada por la consellera de Agricultura, Maritina Hernández. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reclamó que el Plan de Vigilancia Fitosanitaria que ya se aplica en la Comunitat Valencia y que supone un control de las importaciones citrícolas cuando llegan a los almacenes de confección, se extienda al resto de regiones productoras.
“No es justo que esta vigilancia sólo se aplique aquí porque de hecho provoca que las importaciones se canalicen por otros puertos”, denunció Aguado, quien propuso a la consellera que “se plante en Madrid” para exigir mayor coordinación en esta materia. Hernández, por su parte, se compro-metió a “trabajar” en esta línea.
Aguado animó a las mujeres a “estar más unidos que nunca porque existe la gran amenaza de la falta de un relevo generacional en el campo. “La sociedad valenciana, empezando por las familias, debe apostar por los productos de nuestra tierra que garantizan una trazabilidad y proximidad insuperables”. La consellera destacó los valores que caracterizan la mujer que compagina su vida familiar con el trabajo en el campo: emprendedora, solidaria y transmisora de principios morales a hijos y nietos. Hernández confió en que “la mirada de toda la economía estará en la agricultura porque la alimentación es el futuro de la sociedad”.
Lola Merino, presidenta de AMFAR, reclamó el reconocimiento legal de la cotitularidad de las explotaciones agrarias porque “mientras los hombres titulares de las explotaciones y los temporeros perciben prestaciones sociales, las mujeres que llevan toda la vida faenando en el campo y la casa no tienen ningún tipo de cobertu-ra porque la Administración todavía no valora la importancia de su trabajo diario”. La presidenta de AVAMFAR, Marian Corbí, reivindicó que “nuestra forma de vida en los pueblos debe ser digna y la agricultura no debe dejar de ser el motor de la economía en el medio rural”.
Corbí incidió en que “las mujeres necesitamos compromisos concretos y, para ello, trabajar conjuntamente con quien corresponda”. El catedrático de Fisiología, José María Estrela, hizo énfasis en la relación directa que existe entre el consumo de vino y las dolencias cardiovasculares, como ocurre en los países mediterráneos. No en vano, la dieta mediterránea se asocia a “una mayor calidad de vida y esperanza de vida”. El presidente de Coarval, José Faus, afirmó que el sector agrario valenciano debe ser el verdadero comercial de sus productos. Además, debería controlar la distribución para garantizar la trazabilidad en la puerta de casa.
Faus aportó los ejemplos de Alemania, cuya distribuidora más importante es una cooperativa, y Francia, que presume de tener 500 puntos de venta directos, sin intermediarios. Marta Valsangiacomo, directora general de Comercialización, hizo hincapié en adaptar nuestra oferta a las demandas de los consumidores para diferenciarse en un mundo cada vez más globalizado. Respecto de la dieta mediterránea, Valsangiacomo subrayó que es “la más reconocida y completa del mundo, tiene en el suministro permanente, la calidad y el sabor un valor seguro y debe trasmitirse de padres a hijos”. España cuenta con cerca de 6 millones de mujeres que viven en zonas rurales, el 15% de la sociedad española.
En la Comunidad Valenciana la mujer rural representa el 11% de la población, con 400.000 mujeres. El último censo agrario muestra, además, que un 30% de las explotaciones agrarias tienen por titular a una mujer; en concreto, son cerca de medio millón de explotaciones, de dimensiones económicas reducidas y escasa rentabilidad, frente a la mayoría de hombres que ostentan la titularidad de la tierra. Andalucía, Galicia y la Comunitat Valenciana concentran más de la mitad de las titulares. La mayoría son de olivar, frutales y cítricos, si bien han crecido las producciones intensivas lideradas por las jóvenes, sobre todo, de hortalizas y explotaciones de vacuno, según el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
AVA-ASAJA estima que al menos un 30% de los citricultores valencianos que entre febrero y marzo solicitaron el pago único de la nueva OCM de Frutas y Hortalizas podrían quedarse sin percibir la prima. El problema se concentra entre los ‘citricultores libres’ -los no asociados a una organización de productores (OP)- que para acceder a tales ayudas deben acordar con los ‘receptores autorizados’ (que son casi todos los operadores comerciales) que les incluyan en el listado de productores que posteriormente figurará cuando firmen su contrato de entrega con la industria de zumos.
Dicho de otra manera, todos los citricultores que tramitaron satisfactoriamente sus solicitudes activaron sus derechos a la ayuda y a partir de la temporada 2010/2011 no necesitarán remitir ninguna cantidad a la industria, por lo que si vuelven a solicitarlo en tiempo y forma podrán cobrar la subvención europea de forma directa.
“La indefinición de algunos de estos comercios y la discriminación que se da con las naranjas y clementinas de segunda temporada en las fechas de contratación provocará que miles de citricultores que han tramitado con éxito estas ayudas se queden sin ellas”, denuncia el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado. AVA-ASAJA denuncia además que esta situación se reproducirá en la próxima campaña, es decir, se repetirá durante las dos temporadas que el Gobierno español estableció como periodo transitorio para la nueva OCM.
Durante éstos dos años, los productores libres están obligados –si quieren percibir la ayuda- a destinar al sector transformador (la industria de zumos) un mínimo de 2.300 kg por hectárea cultivada, en el caso de las naranjas o limones o de 1.300 kg/ha, en el caso de un campo de clementinas.
Tales cantidades son las que después deben aparecer asignadas al productor beneficiario en el mencionado contrato entre ‘receptor autorizado’ e industria. “Ya advertimos en su momento que la nefasta negociación de la OCM nos iba a traer problemas”, advierte Aguado, quien recuerda que ASAJA se opuso a vincular los pagos.
“El problema no es la cantidad que se tiene que desviar para hacer zumo, que es viable porque seguro que se puede sacar del destrío de la cosecha, sino el hecho de que ésta se tenga que acordar muy probablemente con el mismo comercio (receptor autorizado) con el que se negocia por los cítricos” explica Aguado. El Real Decreto para la aplicación de la OCM en nuestro país establece, por otra parte, que los contratos entre el comercio autorizado y la empresa industrializadora se tendrán que presentar a la Administración antes del 1 de diciembre y que el operador, a su vez, tendrá que hacer la entrega efectiva del género antes del 31 de marzo. Fechas que, lógicamente, dejan fuera a buena parte de la producción de la segunda fase de la temporada en la que se producen las clementinas y naranjas más tardías.
“El citricultor sólo tiene relación con el comercio y le puede pedir que le incluya en el listado para percibir el pago único cuando va a venderle su producción. Si tales operaciones se producen, por ejemplo en marzo o mayo, tendrán problemas para percibir las ayudas de este año”, explica el presidente de AVA-ASAJA. Conviene recordar que si por la circunstancia que fuera, el citricultor ‘libre’ no percibiera las ayudas que le correspondían para esta temporada o la próxima, ello no implicaría renunciar a los derechos adquiridos al haberlas solicitado.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama la rápida reapertura del matadero de la ciudad de Alicante que fue clausurado por las autoridades en julio. La situación generada desde entonces por la falta de una alternativa y la intensificación de la actividad una vez concluido el periodo estival, han agravado los problemas de saturación que desde un primer momento comenzó a sufrir el único matadero a maquila que ha quedado en la provincia, el de Orihuela.
Sus propietarios, aprovechando la situación de monopolio que detentan, han encarecido ahora además los costes de su matanza. “La falta de alternativas dadas por la Administración está abocando a cientos de ganaderos y carniceros de Alicante a asumir un coste disparatado por unos servicios que cada día son peores y de no mediar una reacción, se podría provocar un problema sanitario o de consumo”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Según las informaciones recabadas por esta organización, a raíz de los problemas ocasionados, el Ayuntamiento de la capital alicantina ya ha ofrecido informalmente a los antiguos gestores del matadero la posibilidad de reabrirlo, en tanto su concesión no expira hasta 2011. De ahí que AVA-ASAJA reclame ahora a la Conselleria de Sanidad, que es la que tiene la última palabra en este asunto, que dé a sus anteriores gestores facilidades para poder retomar su actividad. “Más de 400 ganaderos de toda la provincia de Alicante con cerca de 100.000 cabezas, de poblaciones tan dispares como Benidorm o Crevillent, necesitan ya una salida para poder mantener su actividad porque, de no solucionarse pronto el problema, podría resentirse el suministro de carne de porcino, de vacuno y de ovino”, advierte Aguado.
La situación se ha agravado ahora porque a las colas a las puertas del matadero de Orihuela y a las molestias por el mal servicio prestado hay que sumarle un importante incremento de las tarifas por sus trabajos a maquila. En la carta que han dirigido los responsables de este centro a sus clientes para justificar tal subida se apela a la conveniencia de “cuidar” las deterioradas y minúsculas instalaciones existentes “porque si el matadero desapareciera lo tendríamos todos muy crudo”.
Desde que se clausuró el matadero de Alicante, el traslado de las piezas hacia Orihuela ha incrementado los costes del transporte. Asimismo, la mayor exposición de los animales a las altas temperaturas y al hacinamiento, impiden el cumplimiento de las condiciones mínimas de bienestar animal y empeoran la calidad de la canal.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que ya se han producido los primeros robos de mandarinas en los campos valencianos al inicio de la campaña citrícola. Concretamente, los ladrones fueron descubiertos in fraganti en una parcela de Picassent cuando robaban clementinas de la variedad oronules y se escaparon con seis cajones de dos arrobas cada uno (casi 25 kilos) y dejaron otros llenos de fruta con ramillete, preparados para ser vendidos en puntos de venta ambulante.
"Evidentemente, comercializar la fruta sin trazabilidad supone un riesgo para el consumidor ya que no sabe con certeza si el producto ha tenido tratamientos fitosanitarios recientemente", afirma el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado.
Esta semana también hemos conocido que han robado cinco cerdos de una granja de Catadau. Se da la circunstancia de que esta zona ha sufrido numerosos robos de ganado en los últimos años. Los ladrones han roto una ventana para acceder a las instalaciones y el dueño lo ha denunciado a la Guardia Civil. Los animales, con un peso de cerca de cien kilos tendrían un valor en el mercado de unos 140 euros cada uno.
“Los agricultores estamos muy preocupados e indignados ante la reiteración de estos actos delictivos. Por este motivo, AVA-ASAJA ha remitido una carta al Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana exigiéndole una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, una actuación más contundente, una mayor vigilancia en las zonas rurales para neutralizar la acción de las bandas organizadas, así como una modificación del Código Penal para convertir estos delitos considerados como hurto en robo y castigar la reincidencia”, asegura Aguado.
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