La UNIÓ de Llauradors i Ramaders (LA UNIÓN), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unión de Pequeños Agricultores del País Valenciano (UPA-PV) han confirmado la convocatoria de una huelga general del sector citrícola para fechas próximas a la festividad de Navidad. Las organizaciones agrarias quieren expresar el hondo malestar por el hundimiento de la campaña de clementinas y navelinas forzado por la gran distribución europea y sensibilizar a la Administración para que en breves fechas consensúe un plan de choque a corto plazo.
Por eso, los convocantes han reclamado mantener un encuentro con carácter de urgencia con los máximos responsables de sendas administraciones, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa.
Los representantes de la inmensa mayoría de citricultores valencianos aspiran a que el paro citrícola sirva también para evidenciar la importancia estratégica de un sector que, juzgan, no ha sido atendido ni en las últimas fechas ni en los últimos años como se merece. Una actividad que, sólo en la Comunidad Valenciana, da empleo directo e indirecto a más de 150.000 personas pero que, hasta el momento, no ha merecido mayor desvelo por parte de las autoridades. LA UNIÓ, AVA-ASAJA y UPAPV consideran a este respecto que la citricultura, valenciana y española, merece ser tratada como el sector estratégico que siempre ha sido, clave entre otras cosas para equilibrar la balanza comercial por lo que se merece la misma atención que se ha tenido con otras industrias que, pese a las ayudas, ya han comenzado a destruir empleo.
La movilización convocada está abierta a la adhesión de los comercios citrícolas, cooperativos o privados, que a nivel representativo o particular quieran sumarse, tanto a nivel autonómico como nacional. Los citricultores valencianos quieren, de otro lado, mandar un mensaje claro y de unidad a la gran distribución española y europea que con su actitud ha logrado romper nuevamente la cadena alimentaria a sabiendas de que está obligando a su eslabón más débil, el productor, a vender su producto a pérdidas.
Durante las últimas jornadas, las organizaciones agrarias firmantes han consensuado un paquete de medidas a corto y medio plazo que esta misma tarde serán presentadas a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y que en breve serán trasladadas también a la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Como en el caso del paro, las organizaciones agrarias valencianas matizan que la propuesta planteada podría enriquecerse con las aportaciones del resto de representantes del sector. La situación del sector es insostenible y es tan crítica como lo manifiestan los datos del Observatorio de Precios impulsado por el propio Gobierno.
Así, según reflejan sus propias estadísticas, desde el comienzo de la campaña los precios en origen de las clementinas se han hundido un 50% (de 0,30 euros/kg a 0,15 en la última semana de noviembre), cotizaciones que son las peores de la historia sólo superadas por las registradas en la campaña 2006/07 (0,12 euros/Kg). Y lo mismo se podría decir de la Navelina, que acumula también una caída del 45% en lo que llevamos de temporada (de 0,18 euros a 0,10). En ambos casos, se constata que el sector viene trabajando a pérdidas, sin cubrir siquiera los costes de producción.
Los datos, sin embargo, no reflejan la realidad objetiva de un sector que se encuentra en una situación mucho más dramática, que está siendo aprovechada por el comercio privado para extender nuevamente la perniciosa práctica del ‘a comercializar’.
AVA-ASAJA rechaza que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, para cumplir con su última promesa y dedicar a destilación una ayuda de 700 euros/Ha, recurra a detraer fondos de los nuevos planes de reconversión y reestructuración de viñedos a los que aspiran cientos de viticultores valencianos. La organización agraria denuncia que la improvisación con la que el Gobierno central está abordando el decreto para definir las medidas del programa de apoyo al sector vinícola, está añadiendo incertidumbre al mercado.
“Están reaccionado tarde y mal, con sucesivos borradores que han sido modificados según las presiones recibidas y ahora se quiere salvar la situación primando los intereses de una región vinícola a costa de los de las más necesitadas, como es el caso de la Comunitat”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
Efectivamente frente al clamor del sector -que sigue reclamando medidas de crisis para descongestionar el mercado- el departamento de Elena Espinosa ha ido presentando al sector hasta tres borradores de decretos. El primero se dio a conocer el 10 de octubre y en él se aprobaba una ayuda para la destilación de uso de boca de 450 euros/Ha que podrían beneficiar a 176.060 hectáreas.
A finales de noviembre, el propio secretario general de Agricultura, Josep Puxeu, anunció en una visita a Castilla-La Mancha, que esta ayuda se podría elevarse hasta los 700 euros. Al poco se presentó un segundo borrador en el que se aclaraba que con tales cantidades la superficie beneficiada tendría que limitarse a 113.181 Ha. Finalmente, el departamento de Elena Espinosa ha cambiado por tercera vez de criterio y el decreto que podría haber enviado al Consejo de Estado para su consulta ha vuelto a ser trastocado en su anexo clave, el XIII, que se refiere a los fondos para destilación y que ahora volverán a aplicarse sobre un área de 176.060 Ha.
Atendiendo a la nueva prioridad marcada -que beneficia básicamente a una sóla región, donde se concentran las alcoholeras, en detrimento del resto de zonas vinícolas- para atender la destilación de la producción para tal superficie, la Administración central necesitaría desviar de los fondos ya asignados por la OCM del Vino al programa nacional unos 44 millones más. Es decir, en total, España tendría que destinar 123,4 millones a la destilación cuando sólo tiene presupuestados 79,22.
AVA-ASAJA denuncia a este respecto que, al retraso que ya acumula el Gobierno en la aprobación de este decreto, habrá que sumar el que ahora supone que el Consejo de Estado se tenga que pronunciar al respecto, lo que podría aplazar otra vez su publicación hasta finales de enero o principios de febrero. “El ministerio está usando triquiñuelas para dejar sin margen de reacción a los viticultores, que tendrán muy poco tiempo para solicitar las ayudas a la reconversión y reestructuración, con lo que podrá desviar parte de estos recursos a la destilación que tanto le piden otros”, denuncia Aguado.
Efectivamente, si en marzo no se han gastado la totalidad de los fondos, la OCM permite al Estado miembro redistribuir los ‘sobrantes’ a otros conceptos del plan, como la destilación. La viticultura de la Comunidad Valenciana sería de las más perjudicadas por este recorte en tanto los planes quinquenales para la reconversión y reestructuración deben iniciarse ahora en la mayoría de los casos. De los 86,8 millones de euros aprobados para este concepto, 35,9 están ya comprometidos, son ‘intocables’, puesto que deben asegurar la continuidad de planes ya aprobados con anterioridad, que se concentran en una sóla región, que no es la valenciana.
En este sentido y frente a los problemas generados en esta campaña y los que seguro se darán también para la próxima, AVA-ASAJA recuerda que siempre ha reclamado la eliminación del periodo transitorio del pago único, lo que eliminaría tremendamente las cargas burocráticas y garantizaría un reparto más justo de los fondos.
Corte de voz de Luis Herrerías, técnico de AVA-ASAJA en 'descargas relacionadas'
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders (La Unión), Unión de Pequeños Agricultores (UPA-PV), Jóvenes Agricultores–ASAJA Alicante y FEPAC-ASAJA Castellón rechazan la valoración que ayer realizaron sobre la marcha de la campaña citrícola tanto la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, como la secretaria general del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, Alicia Villauriz, para descartar la necesidad de poner en marcha un plan de choque.
Es más, las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana lamentan muy especialmente que su responsable autonómica considere “razonables” los precios que vienen recibiendo los citricultores durante estos meses cuando en la práctica es un clamor la ruina que éstos suponen puesto que en la mayoría de casos el productor ni siquiera podrá cubrir los costes. Por no hablar de los miles de productores que, afectados por la falta de demanda y la extensión de la venta ‘a resultas’, han visto cómo sus clementinas –decenas de miles de toneladas de ellas– se han quedado sin recoger en el árbol.
En primera instancia, los representantes de los citricultores quieren desmentir que las dificultades por las que atraviesa el sector sean de carácter coyuntural. La gran cantidad de parcelas citrícolas que se han abandonado a su suerte durante estos últimos años así como la falta de relevo generacional son el mejor reflejo de que los problemas del sector son evidentemente estructurales. Al menos así lo son para aquellos que los quieran apreciar porque –como reza el dicho- ‘no hay peor ciego que el no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar’.
Pero siendo tal cosa así, es evidente que la situación que se ha consolidado durante estas últimas semanas es mucho más grave que una “tensa” coyuntura en los mercados, como lo describieron ayer desde sendas administarciones. Una valoración que sorprende en tanto se contradice con la propia estadística emanada del Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Ambiente que a finales de septiembre hablaba de un precio en origen para la clementina de 0,25 euros/kg y que 20 días después lo dejaba en 0,15 euros/kg, lo que supone confirmar un desplome en tiempo récord del 40%.
El sector productor estima que al acabar el mes de noviembre la cotización media alcanzada por la clementina se sitúa en 0,11/0,12 euros/kg, esto es, a menos de la mitad del umbral que permitiría al productor cubrir sus costes. En naranjas, la situación es parecida o incluso más grave porque las cotizaciones del mercado en fresco se sitúan por debajo de tal cantidad y los precios de la industria de zumos ni siquiera cubrirían los costes para la recolección. Es más, dado que la venta ‘a resultas’ se ha extendido a la mayor parte de la producción ya comercializada, las asociaciones de citricultores esperan que cuando lleguen las liquidaciones se confirmen cifras para el productor aún si cabe menores o incluso negativas.
Los representantes de los citricultores lamentan la actitud que viene manteniendo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural en todo este asunto pero aún entienden menos la de la consellera Maritina Hernández, a la que se le presuponía un mayor grado de compromiso y, sobre todo, de conocimiento de las circunstancias del sector citrícola valenciano por evidentes razones de proximidad.
En este sentido, cuesta entender que, justo un día después de que decidiera ampliar la campaña de compras de clementinas para hacer promociones de zumo, la consellera manifieste que tanto el comercio como las cooperativas “están trabajando a un ritmo adecuado, están haciendo sus expediciones a mercados a un buen ritmo y se mantiene la tensión adecuada a unos precios que son razonables para toda la cadena”.
Si tan idílica fuera la situación, ¿por qué la Generalitat está adquiriendo clementinas de destrío en lugar de aquellas con calibres y condición comercial óptima para hacer zumo? A las organizaciones agrarias les preocupa igualmente que quien tendría que mediar para reordenar la situación, para coordinar las actuaciones con otras Administraciones sólo se preocupe de tratar de desmovilizar a los agricultores descontentos para así justificar su propia pasividad. En este sentido, las asociaciones ratifican que, frente a la complacencia mostrada por la consellera, sí existen desde hace tiempo multitud de medidas puestas encima de la mesa de las administraciones que aún están pendientes de ser debatidas.
En primera instancia, el sector lamenta que no se haya atendido la posibilidad de retrasar la fecha de presentación de contratos de la industria de zumos. Para el futuro, y con objeto de evitar el caos burocrático provocado entre los citricultores, las asociaciones reclaman al Gobierno central que se elimine el periodo transitorio del pago único de cítricos.
De igual manera se insiste en que el Gobierno avance en la aprobación de un seguro de costes y de una Ley de Comercio que acabe o minimice al menos los abusos generalizados en los márgenes comerciales y el abismo existente entre los precios en origen y destino y que prohíba la práctica del ‘a resultas’. A corto plazo, habría que reforzar los controles de calidad y fitosanitarios para los cítricos procedentes de terceros países y mediar ante Bruselas para que la medida pudiera extenderse en el resto de países europeos.
A la Administración autonómica se le ha reclamado hasta la saciedad que arbitre un sistema de concertación social agroalimentario, tal como está previsto en la Ley de Desarrollo Rural valenciana. También se le ha reclamado reiteradamente que condicione la concesión de ayudas a la industria agroalimentaria a aquellas empresas que en el campo compren a precios justos y dignos. Se le ha inquirido igualmente para que potencie aquella investigación más útil para el sector, como la referida a las nuevas variedades y patrones, la lucha biológica y la mecanización de las labores citrícolas, sobre todo, de la recolección.
De igual manera, convendría recordar que hace casi un año y medio que no se tiene ninguna noticia del Observatorio de Precios Agrarios de la Comunidad Valenciana. A corto plazo, se ha insistido en que la promoción de clementinas para zumos impulsada tenga un tonelaje significativo y que sea respaldada por actuaciones similares en otras autonomías citrícolas e incluso cuente con financiación estatal.
En idéntico sentido, en su momento se denunció que el manido plan de reconversión varietal de cítricos en absoluto serviría para regular la producción si se mantiene la superficie -18.000 Ha en toda España- y el mínimo presupuesto aprobado, por lo que conviene ampliarlo. De cualquier manera habría que matizar que en sus actuales términos, como en el caso de las promociones en el extranjero que la consellera también viene destacando, en absoluto servirían para aliviar un problema que afecta exclusivamente a los productores.
Si a la crisis de precios y rentabilidad sumamos la irresponsabilidad política que supone negar la realidad es evidente que están más justificados que nunca la realización de actos reivindicativos contundentes.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVAASAJA), La UNIÓ de Llauradors i Ramaders, Unión de Pequeños Agricultores (UPAPV), Jóvenes Agricultores–ASAJA Alicante y FEPAC-ASAJA Castellón desautorizan la valoración ‘idílica’ de la marcha de la campaña citrícola que el presidente de Intercitrus, Antonio Muñoz, vino a manifestar ayer a los medios de comunicación tras la Asamblea de la Interprofesional Española de Cítricos.
Las organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana rechazan que el presidente de Intercitrus, sea del colegio que sea, haya hecho valer su opinión personal para desvirtuar el planteamiento que comparten totalmente las organizaciones agrarias, las cooperativas y buena parte del comercio privado y que confirman un hundimiento de precios y la necesidad de tomar medidas.
A este respecto, y preguntado por la posibilidad de la convocatoria de una huelga general citrícola en el ámbito nacional, Muñoz declaró a la agencia Efe que “hay que estudiarla pero, lo mejor es que cada uno se dedique a su trabajo, que ahora sí que hay”. De igual manera, el presidente de Intercitrus calificó de “al menos, sorprendente”, la posibilidad de consumar tal movilización.
Las organizaciones de productores lamentan también la actitud confrontadora que mantiene Muñoz en el transcurso de las reuniones de la interprofesional, que sistemáticamente se aleja del posicionamiento conciliador que por su responsabilidad institucional debiera de tener y es exigible y más en situaciones tan delicadas como la presente. Según los representantes de los citricultores de la Comunidad Valenciana, si Antonio Muñoz desea realizar declaraciones a título personal, ya sea como operador comercial, industrializador o productor, primero debería dimitir como presidente de Intercitrus. No se cuestiona de ningún modo que sus palabras a nivel personal puedan ser ciertas, es decir, que su negocio citrícola obtenga una rentabilidad para él y los productores que confíen en él, pero no es el caso de la inmensa mayoría de citricultores que a día de hoy están perdiendo dinero.
En referencia al paro general citrícola u otras movilizaciones, las organizaciones agrarias se van a reunir en los próximos días para consensuar las fechas más adecuadas para llevarlas a cabo. No obstante, resaltan que en principio, y sin haber todavía un acuerdo nacional de todas las organizaciones agrarias, no existen motivos para posponer hasta enero estas actuaciones. Si a los citricultores no se les garantiza en todos los tratos de venta hasta la campaña de navidad un precio que cubra los costes de producción y aporte un margen razonable de beneficios, no tendría sentido tal aplazamiento.
Para los productores, seguir enviando fruta al extranjero perdiendo dinero no es de recibo porque, como reza un acertado refrán que solemos usar los valencianos, “más vale perder, que más perder”.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) prevé una merma en la producción de alcachofa del 50% en el Camp de Turia, especialmente en Benaguasil y Llíria, debido a que las intensas precipitaciones que se han producido durante octubre han causado una excesiva humedad en las plantaciones. Se dan casos, incluso, de propietarios que no han recogido las hortalizas y han “rotovatado” el campo como última salida a esta situación.
“El agricultor ya no aguanta más, el abandono de los campos es un hecho, la meteorología no ayuda y la inestabilidad de los precios tampoco”, señala el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado. “De hecho, hace seis años, se plantaban alcachofas en La Pobla de Vallbona, pero este año nada y en Benaguasil se ha abandonado la mitad de los campos”.
En circunstancias normales, una hanegada de tierra dedicada al cultivo de la alcachofa produce durante los siete meses de cosecha entre 1.500 y 1.700 kilos, incluso hace años, esa cifra se superaba hasta sobrepasar con creces los 2.000 kilos.
Mientras que en la temporada pasada, la producción de alcachofa rozó los 120 kilos por hanegada en una semana, este año, la producción se sitúa en torno a los 50 ó 60 kilos, es decir, la mitad. Las extraordinarias precipitaciones de otoño han afectado al primer brote del alcachofar así como a la siembra de coles, coliflores, lechugas, acelgas y espinacas, entre otras hortalizas.
Además de las inclemencias del tiempo, el sector se encuentra con otro problema. Así, desde inicios de la década, la industria conservera, que tiende a presionar a la baja los precios, exige ocho piezas por kilo para ser comercializadas lo que conlleva recogerlas de la planta con un tamaño demasiado pequeño, por lo que el agricultor, al vender con menos calibre, gana menos.
“El estado de las matas no se recupera ya que no han podido absorber tanta agua y encima tenemos la presión de las conserveras. Hay campos que da lástima verlos, es para llorar”, destaca Aguado quien recuerda que “el año pasado heló a mitad de noviembre, pero como la campaña es larga, las plantas pudieron recuperarse, pero lo de este año es otra cosa más grave”.
Pese a la merma de producción, el kilo de alcachofas ronda el euro aunque si el agricultor se implica en la comercialización y tiene posibilidad de elegir comprador puede venderlas entre 2,40 y tres euros el kilo. Sobre la conserva, los precios medios oscilan entre los treinta y los cuarenta céntimos de euro por kilo.
Como en el caso de los cítricos, las compras en origen de vino se han paralizado en las últimas semanas casi totalmente a causa de la baja demanda y de la crisis económica. Según estimaron ayer los miembros de la sectorial del Vino de AVA-ASAJA, si por estas fechas el año pasado se había pactado ya la venta de entre el 20 y el 30% de la producción vinícola de la provincia de Valencia, este año sólo se ha colocado el 10-12%.
Para la organización agraria, el retraso por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural en la aprobación de las ayudas que incentivarán la destilación de uso de boca contenidas en la nueva OCM del Vino está contribuyendo a saturar aún más el mercado e incrementar la incertidumbre entre viticultores, cooperativas, bodegas y el propio comercio.
En este sentido, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advierte de que esta situación “era previsible porque ya advertimos que la nueva OCM del Vino, al reducir o eliminar los mecanismos de regulación, iba a dejar sin defensas al viticultor y al comercio con las que hacer frente a las oscilaciones del mercado”. En la misma línea se manifestaron los miembros de la sectorial del Vino de la organización agraria, cuyo presidente, José Luis Robredo, tildó de “inexplicable” el retraso que acumula el Gobierno en la publicación de la normativa española de aplicación del programa de apoyo al sector.
El vacío regulativo afecta especialmente a lo concerniente a las entregas obligatorias de vino que tienen que realizar las bodegas para asegurar el cobro de las ayudas de superficie por parte de los viticultores. “El parón en las compras no tiene precedentes y se está prolongando tanto porque, a la falta de demanda, se le une ahora la falta de concreción de las ayudas para la destilación de uso de boca”, explica Robredo.
Los miembros de la sectorial atribuyeron también la congestión que ahora sufre el mercado a la entrada en los circuitos, coincidiendo con el inicio de la vendimia, de los caldos de la campaña anterior que obtuvieron prima de almacenamiento. “El ministerio no aprovechó el inicio de la vendimia para sacar el real decreto y anunció hace casi un mes que iba a elevar la prima para la destilación pero, desde entonces, no ha movido ficha, lo que ha contribuido a que los operadores retrasen también sus operaciones. Se ha perdido un tiempo precioso, una oportunidad que otros países como Italia han aprovechado ya para copar hasta un 60% de la cuota que pertenecía al mercado español”, denuncia Aguado.
Corte de voz: José Luis Robredo, presidente de la sectorial del vino de AVA-ASAJA
El presidente de AVA-ASAJA y presidente de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Asaja, Cristóbal Aguado, convocará próximamente a los representantes nacionales de esta asociación para analizar la convocatoria de una huelga general del sector citrícola en todo el país. Aguado ha realizado este anuncio tras participar en una jornada organizada por Asaja-Córdoba y la Asociación Española de Lonjas y Mercados en origen (AELMO) con motivo de la celebración de la primera Lonja Nacional de Cítricos.
En el transcurso del encuentro, los representantes de AVA-ASAJA han podido comprobar cómo la crisis citrícola que ha hundido el inicio de la campaña de clementinas afecta con igual intensidad a la comercialización de naranjas en Andalucía y en líneas generales a todas las zonas productoras del país.
Tras ratificar el acuerdo, Asaja contactará con el resto de organizaciones agrarias nacionales, con la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) así como con los comercios privados interesados en adherirse para que la convocatoria sea respaldada por la práctica totalidad del sector. “Apelo a la solidaridad de todos los eslabones del sector porque el problema que ahora sufrimos no sólo afecta a los citricultores sino a la dignidad de toda la actividad”, matiza Aguado, quien advierte que en esta ocasión “no permitiremos que la movilización sea enturbiada por intereses de terceros, como ya ocurrió en 2006”, cuando se pactó un gran paro nacional para los días 14 y 15 de diciembre que fue desconvocado ‘in extremis’.
“Ahora no sólo queremos que se involucren en la solución a este conflicto Valencia, que ya ha dado un paso adelante, sino también Madrid e incluso pretendemos hacernos oír ante la Comisión Europea, que también es corresponsable de la situación generada”, advierte el también vicepresidente de Asaja.
AVA-ASAJA ha venido reclamando que las medidas para tratar de descongestionar el mercado en fresco no sólo deben proceder de la Consejería de Agricultura valenciana, sino que han de ser secundadas por el resto de administraciones autonómicas de las zonas citrícolas españolas así como por el propio Gobierno central. De igual manera, ante las limitaciones que en este sentido ha impuesto la nueva OCM de Frutas y Hortalizas en cítricos, esta organización reclamará a Bruselas medidas excepcionales para tratar de salvar la situación. “Nos haremos oír en Valencia, pero también en Murcia, Sevilla, Barcelona, Madrid y por supuesto que también en Bruselas”, advierte Aguado.
De ahí que, junto al paro nacional y a las manifestaciones y protestas que se puedan pactar para presionar a las administraciones y centros de la gran distribución europea, AVA-ASAJA proponga realizar una en concreto frente de la delegación de la Comisión Europea en Madrid. “Si no actuamos ya, volveremos a sufrir una campaña ruinosa y, tras tres consecutivas acumulando pérdidas, el abandono de decenas de miles de citricultores y la destrucción de cientos de miles de trabajos será un mal ya inevitable”, concluye el presidente de AVA-ASAJA.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) pide que se potencie la cría del caracol autóctono en granja frente a las importaciones de caracol silvestre de América del Sur o África. “Es fundamental que sepamos aprovechar las oportunidades que nos da el mercado y el caracol es una fuente de ingresos complementaria”, afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien ha reivindicado “crear una imagen de marca que nos distinga en calidad y en competitividad”.
Estas palabras las ha pronunciado ante medio centenar de personas que han participado en la Jornada Técnica de Helicicultura celebrada esta mañana en la sede de AVA-ASAJA con el objetivo de conocer más de cerca la situación actual del sector y sus perspectivas de futuro.
El director técnico de la Organización Interprofesional del Caracol de Crianza (Interhélix), Agustín Calvo, ha destacado que “el consumo del caracol en España, a pesar de ser ancestral y milenario, se asocia a momentos lúdicos y festivos y no a un consumo diario pese a contener gran aporte de proteínas, vitamina C, sales minerales y tener muy pocas calorías”. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar el consumo de ejemplares criados en granjas porque de esta manera “estamos garantizando una trazabilidad, respeto a la fauna autóctona, sabor y carne homogéneos y una higiene y seguridad alimentaria”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Cría y Engorde del Caracol, José Antonio Marcelo, ha centrado su exposición en hablar de la especie que más se comercializa en España, la helix aspersa müller. Actualmente, existen en el mundo unas 25.000 especies de caracol, 5.000 de ellas son terrestres y sólo en la Península Ibérica viven unas 600 especies. Marcelo asegura que los caracoles tienen un índice de mortandad del 70% en su primer mes de vida y han conseguido reducirlo al 50% en el segundo mes tras muchas horas de investigación. En este sentido, ha añadido que nos encontramos “en pañales en temas de genética”.
Hoy en día existen en España cerca de 100 granjas de cría de caracol con una producción media de 20.000 kilos por explotación. El consumo nacional ronda las 18.000 toneladas al año aunque sólo el 5% es caracol de granja, el resto es de campo o silvestre y procede de países terceros. Las importaciones alcanzan las 11.228 toneladas mientras que sólo exportamos 552 toneladas. El consumo nacional se centra en las regiones mediterráneas además de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco.
El encargado de clausurar la Jornada ha sido el Jefe de Área de Mejora de la Competitividad Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, Vicente Granel, quien ha reconocido que el sector aún es incipiente y minoritario en nuestra comunidad y adolece de una legislación mucho más específica. Así, aboga por agilizar los trámites burocráticos en temas cruciales como el registro de sanidad animal.
A día de hoy existen dos granjas de cría y engorde de caracoles en la Comunidad Valenciana situadas en Morella y Bétera, esta última en fase de registro.
Corte de voz de Ximo Gómez, técnico de AVA-ASAJA.
AVA-ASAJA reclama al Gobierno que aproveche la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) para enmendar su error y acabar con el periodo transitorio de dos años que impuso en 2007 para el nuevo pago único de cítricos. "El mantenimiento acoplado de los pagos sólo ha servido para complicar la salida del género del mercado en fresco a la industria de zumos y el cobro por parte de los productores de la ayuda que les corresponde", advierte el presidente de la asociación agraria, Cristóbal Aguado.
Además, el líder agario defiende un desacoplamiento total e inmediato de todas las ayudas comunitarias para todos los cultivos, como Bruselas aconsejaba en su propuesta. De aprovecharse la disposición que ahora habilita el ‘chequeo médico’ de la PAC se atendería el clamor unánime ya existente entre citricultores y cooperativas, que ya han reclamado formalmente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural que no mantenga en la próxima campaña la obligatoriedad de remitir a la industria unas cantidades mínimas de naranjas o mandarinas.
En lo demás, la reforma pactada supone la consolidación de la política de recortes de los fondos estrictamente agrícolas y la nacionalización de la propia PAC que quedaría casi desmantelada. “Una vez más los funcionarios de Bruselas, por muchos y costosos informes que hayan encargado, no han sabido dibujar cuál es el panorama agrícola que tiene Europa y que necesita para el futuro”, advierte el líder de AVA-ASAJA.
No obstante, la organización agraria matiza que el aumento de la modulación decidido (trasvase de fondos agrarios a los de desarrollo rural) tendrá un impacto menor puesto que la detracción fijada se aplicará a los perceptores de ayudas superiores a los 5.000 euros, cosa que cumplen pocos agricultores valencianos. Sí preocupa, en cambio, que el Consejo plantee dejar el límite mínimo para recibir subvenciones en 100 euros o una hectárea o la posibilidad concedida a España de aplicar un coeficiente para establecer tal mínimo en más de 300 euros o en una superficie de dos hectáreas que podría dejar fuera de estos fondos a miles de agricultores con estructuras minifundistas principalmente valencianos.
De igual manera, la organización agraria se mostrará vigilante con las consecuencias que sobre la PAC tendrá la incorporación a la legislación sobre el agua de ciertas normas de condicionalidad sobre ‘franjas ribereñas y el riego’. Con censurar la desviación de fondos hacia el también llamado ‘segundo pilar’, AVA-ASAJA valora la inclusión en este fondo de planes para el fomento del seguro agrario, contra el cambio climático, a favor de la bioenergía y de la buena gestión del agua así como el aumento del límite máximo de inversiones para jóvenes agricultores, que se leva de 55.000 a 70.000 euros. “Pero si la PAC no vela por la agricultura y no se mejoran las rentas de los productores, difícilmente se podrán dar nuevas incorporaciones al campo”, concluye Aguado.
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