Frente a la dinámica consolidada en el pasado, en la que los productores abordaban la reconversión sin mayor preocupación que la variedad a elegir, la nueva regulación supone que no sólo es obligatorio injertar o plantar material con certificado fitosanitario sino que además ahora se debe aceptar en muchos casos las condiciones de explotación que impone su propietario industrial. En los 48 casos citados y en los que en próximas fechas se incorporarán al registro, es el obtentor o licenciatario el que se encarga de especificar las condiciones en las que se podrá producir su variedad o patrón. AVA-ASAJA advierte que los detentores de los derechos de un cítrico protegido están legitimados para actuar legalmente contra todos aquellos que injerten o planten sin su consentimiento.
En las compras de material vegetal protegido, además del albarán en el que se concreta el precio de cada planta o pie con sus correspondientes derechos, el viverista licenciatario suele hacer firmar al comprador un contrato de ‘no propagación y no comercialización’ de las plantas o yemas adquiridas. En tal documento al citricultor adquiriente se le advierte de las consecuencias penales, de prisión incluso, en las que se podía incurrir en el caso de violar tal contrato, por ejemplo cambiando la ubicación física del material vegetal. Los hay que llegan a establecer una indemnización de hasta 300.000 euros ‘por los daños y perjuicios causados’ al obtentor. En casi todos ellos, además, se advierte al comprador de que ‘queda informado y acepta’ que el cítrico o pie en cuestión no tiene garantizado un determinado comportamiento agronómico.
La organización agraria alerta en este sentido de la proliferación de algunos cítricos que han sido evaluados en el extranjero, no por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y cuyo desarrollo podría ser cuestionable. “Últimamente algunos se están trayendo mandarinas o naranjas que se venden como revolucionarias y que se ofrecen a precio de oro pero cuyo futuro podría no estar del todo claro”, advierte Aguado. De igual manera. AVA-ASAJA sugiere a los productores que lean muy atentamente la letra pequeña de estos contratos, en concreto, las cláusulas referidas a las condiciones y limitaciones en la producción o comercialización de estos cítricos protegidos.
Las liquidaciones confirman nuestros peores augurios: el sector ha traspasado ya el margen de lo asumible y en dos años podría desaparecer hasta el 40% de la superficie citrícola valenciana”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Prueba de tal cosa y de la alarmante crisis de liquidez que sufre el citricultor es el bajo nivel de suscripción de seguros que se está dando, con un volumen de primas que, según Agroseguro, es a estas alturas más de un 30% inferior al contratado en las mismas fechas del año pasado.
Efectivamente, como muestra las liquidaciones medias obtenidas y ratifican sendos gráficos basados en las cotizaciones del Observatorio de Precios del ministerio, sólo al comienzo -con variedades menores como la Okitsu, Clemenpons y la Oronules- y al final de la temporada de clementinas (con la mandarina tardía Ortanique o la Hernandina) se logró superar el umbral de rentabilidad marcado para los pequeños cítricos por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).
En el caso de las naranjas, las liquidaciones obtenidas están siendo aún si cabe peor, con reembolsos por kilo que sólo se acercan sin llegar a los costes del IVIA en el caso de la Lane-Late. Y tales resultados contrastan con las estadísticas oficiales dadas por la Dirección General de Comercio hasta marzo de esta temporada, que en el caso de las mandarinas hablan de un precio en destino de la exportación de 0,80 euros/kg –casi siete veces más por ejemplo que lo obtenido por la ‘clementina reina’, la Nules- y de 0,63 euros/kg para las naranjas –seis veces más que lo pagado para la Navelina-. “Los precios logrados por los operadores no son tampoco altos, es más, en beneficio de todos tenemos que luchar porque sean mayores; pero lo que es evidente es que existe un gran desfase entre origen y destino que debemos corregir”, valora Aguado.
AVA-ASAJA reclama por todo ello acelerar el grado de cumplimiento de la tabla reivindicativa remitida a las Administraciones antes de Navidad e insiste en la necesidad de retomar el diálogo para comenzar a planificar la próxima campaña. En este sentido, la organización agraria matiza que, en el caso de la Conselleria de Agricultura, se mantiene una línea de diálogo abierta que ya ha dado algunos frutos destacables “pero es necesario implicar al Gobierno central, que hasta el momento no ha movido pieza en esta crisis”, matiza Aguado.
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AVA-ASAJA rechaza en este sentido cualquier planteamiento que, como en el caso citado, pueda suponer una sobreexplotación del Júcar o de sus afluentes. “De forma solapada lo que pretenden es aumentar el porcentaje de superficie y población vinculada a la comunidad manchega para así tener más representación y disponer de más recursos hídricos a costa de los de los valencianos”, señala Aguado quien además no duda en advertir que a lo que también aspiran es “a trasladar la sede administrativa de lo que hoy es la CHJ a Albacete”. AVA-ASAJA matiza que La Albufera se sostiene gracias a las aportaciones hídricas tanto del Túria como del Júcar.
Tal cosa viene siendo así, al menos, desde el siglo XVIII cuando el área de la Acequia Real del Júcar se amplió para regar otros diez municipios, engarzando el suministro de la Ribera Alta con el de la Ribera Baja (Silla, Sollana, Albalat…). Los sobrantes de los regadíos de la comarca de La Ribera del Júcar son fundamentales para que las aguas de La Albufera no sean salobres pero, más allá de eso, son claves para oxigenar y regenerar las aguas del lago, para dar vida a la flora y fauna allí consolidada, en definitiva, para mantener un entorno como el que hoy conocemos que merece su protección como parque natural.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la orden ARM/1312/2009 del Ministerio de Medio Rural publicada en el BOE de 27 de mayo, que regula los sistemas del control de agua, impone nuevas y farragosas exigencias a los agricultores, de difícil y costoso cumplimiento. En dicha orden se obliga a los titulares de pozos de riego a situar los contadores lo más cerca posible del punto de captación de agua además de a cumplimentar un nuevo y complejo libro de control anual así como partes de consumo cada mes.
Concretamente, la orden detalla en un anexo de doce páginas hasta ocho complicados formatos de libros de control en los que se exige a los agricultores cuestiones tan gratuitas como dibujar un “croquis sencillo de la toma que permita saber cómo funciona el aprovechamiento, de dónde saca el agua y con qué sistema (canal, tubo y bomba, pozo, manantial,…)”.
Para los pozos con caudales de entre cuatro y cien litros por segundo -que son la mayoría- se exige ahora que en el libro de control conste el día y mes de la anotación, los metros cúbicos e incluso la identidad de quien comprueba la lectura, cuestiones que evidentemente tendría que responsabilizarse la Administración. Además, el documento llega al extremo de exigir que el agricultor no cometa tachaduras ni raspaduras en los asientos o que los datos se conserven al menos cuatro años.
“Nosotros no nos oponemos a que se controle el agua que gastamos pero esta orden, que ya está en vigor pese a que no se ha consultado ni informado al sector, nos mete en un estado policial y burocrático, que camina en sentido contrario a la simplificación de todos los procesos administrativos que viene defendiendo la UE desde hace años” afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que son “los políticos quienes deben propiciar una regulación clara y sencilla y los funcionarios los que deberían encargarse de las tareas de gestión. El agricultor está para cultivar, cuidar sus campos y cosechas, pero no para que se pase la jornada con burocracia, asumiendo la labor que corresponde a los empleados públicos”.
AVA-ASAJA entiende que esta regulación es más inoportuna si cabe por que se produce a los pocos meses de haber eliminado las tarifas especiales de riego y porque llega en un momento muy delicado para el bolsillo del agricultor. La norma vuelve a incrementar los ya de por sí cuantiosos gastos de gestión de la comunidades de regantes, que en muchas ocasiones no tienen ni personal ni medios materiales suficientes.
“Es normal que se lleve un control anual del uso el agua, pero no lo es que se nos exija uno mensual, incluso nos parece absurdo que tengamos que medir cuestiones como la altura del agua (piezometría) o registrar en un documento la identidad de la persona que lo haga”, advierte Aguado quien concluye que la cumplimentación del libro de control debería de ser una tarea asumida por la Administración “a la que pagamos religiosamente nuestros impuestos”.
De los 73.172 valencianos que reclamaron y tramitaron en 2008 la ayuda del nuevo pago único de cítricos, sólo 33.000 han podido cobrarla, lo que supone que el 55% de citricultores solicitantes han quedado excluidos. AVA-ASAJA atribuye tan alto porcentaje al empecinamiento del Ministerio de Medio Ambiente en mantener las ayudas acopladas, condicionadas a la entrega por parte del productor de unas cantidades mínimas destinadas a su transformación.
Como señala el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, “la errónea opción escogida por el Gobierno y la actitud obstruccionista de muchos operadores han impedido que las subvenciones de la nueva OCM lleguen a más 40.000 citricultores valencianos”.
Efectivamente, la nueva regulación europea de la OCM suponía en el caso de los cítricos un cambio de filosofía en tanto las ayudas dejaban de darse a las Organizaciones de Productores (OPFH) en función de los kilos transformados en zumo, sino directamente a los citricultores, a tanto por hectárea. Pero el departamento de Elena Espinosa –con la oposición de todas las organizaciones agrarias españolas- introdujo un periodo transitorio de dos años (para la campaña 2008/09 y la 2009/10), en el que se obligaba a los citricultores a entregar a la industria unas cantidades mínimas (de 2.300 kilos por hectárea en el caso de naranjas y 1.300 kg/ha, en el de mandarinas).
Para después cobrar la ayuda, en el caso del citricultor no asociado a una OPFH, el productor tenía que conseguir que el llamado ‘receptor autorizado’- que en la Comunidad pasaron a serlo casi todos los operadores- le incluyera en el contrato que tenía que suscribir con la industria transformadora, que constaba de un listado de productores en el que figuraba que se había efectuado las entregas mínimas reclamadas.
Pues bien, como se ha dicho, hasta 73.172 citricultores valencianos reclamaron la ayuda pero sólo 33.000 lograron que su nombre figurase en el listado citado. Como ya advirtió AVA-ASAJA, el problema para el citricultor independiente que sí cursó su solicitud de ayuda y tenía derecho a recibirla, no ha sido el lograr entregar las cantidades exigidas –que se podrían obtener de los destríos habituales de cada venta- sino el haber dependido de la voluntad del ‘receptor autorizado’ para poder cobrarlas.
“Muchas cooperativas y un número reducido de comercios colaboraron y facilitaron la gestión al citricultor, otros quisieron cobrar incluso un ‘peaje’, pero es evidente que la mayor parte de comercios se negaron a hacer el trámite, seguramente, porque sabían que cuantas menos solicitudes fueran aceptadas más trozo del pastel iban a llevarse para sus fincas”, denuncia Aguado. El resultado del primer año del periodo transitorio ya es conocido: los productores de naranjas y mandarinas están recibiendo estos días 587,86 euros/ha y los de limones, 1.214 euros/ha. En términos generales, la citricultura de la Comunidad Valenciana, con el 57% de la superficie citrícola nacional, percibirá alrededor de 50 millones (el 54% del presupuesto nacional, de 93,7 millones).
AVA-ASAJA advierte que esta cantidad por hectárea podría aumentarse considerablemente cuando se abonen las cantidades correspondientes a este segundo año de periodo transitorio, en él se ha exigido lo mismo que el año pasado y cuyo plazo de solicitud acabó el 30 de abril. “La experiencia del primer año ha sido tan negativa que muchos ni siquiera se han acercado a volver a pedir la ayuda, con lo que serán otra vez unos pocos los que se beneficien del sistema arbitrario e injusto impuesto por el Gobierno”, advierte Aguado.
Pinche en 'descargas relacionadas' (acoplado.mp3) para escuchar el corte d e voz de Jenaro Aviñó, director de AVA-ASAJA.
El sector vitivinícola de la comarca de Utiel-Requena ha detectado en los últimos días una reactivación de movimientos de compra-venta de vino, aunque a precios en origen a la baja, cada vez más por debajo del umbral de rentabilidad. Pese a ello, a estas alturas de la campaña AVA-ASAJA denuncia que tan sólo el 15-20% de la añada se ha vendido y retirado de las bodegas. Así, todavía queda alrededor de un 25-30% de la producción por vender.
A esto hay que sumarle otro 25-30% que, a pesar de haberse vendido, aún debe ser colocado en sus puntos de destino. El vino restante de la producción se ha destinado para destilación de uso de boca. “La dramática situación de los viticultores valencianos no sólo se debe ahora a los precios de ruina o a los retrasos en el cobro de las liquidaciones, sino que en el horizonte pesa la amenaza de que, cuando llegue la próxima vendimia, se tenga que afrontar un problema social más serio aún: que la campaña se paralice porque no haya espacio para almacenar más vino”, explica el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
AVA-ASAJA lamenta las declaraciones realizadas recientemente por el presidente de la Federación Española del Vino (FEV), José García Carrión, quien anunció que se están manteniendo negociaciones para diseñar un plan nacional de retirada escalonada del vino antes de la vendimia “con o sin precio”. Para Aguado tal cosa refleja “la falta de sensibilidad de los bodegueros con los productores y cooperativas que son los que mantienen el sector” y advierte que “no es de recibo que determinados operadores traten de aprovecharse de la situación para comprar más barato y ahondar en las miserias del sector”.
AVA-ASAJA insiste por todo ello en reclamar al Ministerio de Medio Rural, que con el retraso en la aprobación del paquete de medidas de la OCM del vino tanto contribuyó a desestabilizar aún más el mercado, a aprobar una destilación de crisis de urgencia. Junto a ello, la organización agraria exige que los fondos de Desarrollo Rural desgajados de la propia OCM del Vino y que ascienden a 5,92 millones de euros para el periodo 2009/2013 se dediquen íntegramente a medidas para aliviar la crisis de liquidez tanto de las cooperativas como muy especialmente de los viticultores.
La invasión del mercado nacional de patatas viejas francesas, almacenadas durante meses y a unos precios inferiores a los de los propios costes de producción galos, ha obligado a determinadas cooperativas y horticultores a dejar en el campo y sin recoger su producción. Es el caso de Cohoca (Cooperativa Hortofrutícola del Campo de Benifaió) que ha optado por dejar de servir pedidos de patata temprana valenciana porque a los precios propuestos sólo se cubría los costes de la recolección.
AVA-ASAJA ha remitido una carta tanto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural como a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) reclamando una investigación sobre una posible subvención ilegal dada por el Ejecutivo francés a sus horticultores. “Sólo mediando una ayuda del Estado se puede entender que la cosecha gala del año pasado se esté vendiendo aquí ahora a precios que casi no cubren ni lo que cuesta el transporte de Francia a España”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
El tubérculo francés se está vendiendo a los consumidores en los supermercados a un tercio del precio marcado para el producto valenciano. En las fruterías de barrio el desequilibrio es aún mayor y los 0,50/0,80 euros/kg a los que se ofrece la patata temprana valenciana o nacional contrastan con los entre 0,20 y 0,25 euros/kg por los que se vende la francesa (a un euro, cuatro o incluso cinco kilos).
Y tal cosa se antoja imposible de conseguir de no mediar un factor distorsionador del mercado como una ayuda. De hecho, el Departamento Técnico de AVA-ASAJA advierte que sólo el transporte desde el país vecino ya ascendería a 0,15/0,17 euros, a lo que habría que sumar los costes de producción de lavado, secado y calibrado, que se vendrían a situar entre los 0,12 y 0,15 euros/kg. A la posible ayuda ilegal dada a los productores franceses habría que sumar una segunda infracción evidente, la de las normativas de calidad. El 24 de enero el BOE publicó un completo decreto en el que se reforzaban las condiciones mínimas exigidas en el mercado español para poder comercializar patatas.
AVA-ASAJA denuncia que las partidas francesas, que masivamente se han importado hasta copar el mercado y hundir las cotizaciones de las locales, no reúnen en muchos casos los requisitos establecidos en cuanto al calibre, presentación, ausencia de podredumbre, envasado… Y no es difícil de entender que se esté produciendo tal cosa porque se trata de un género procedente de la anterior campaña que, como explica Aguado, “ha sido almacenado durante meses en cámaras de frío, lo que les hace perder toda su frescura. Aunque aparentemente el lavado pueda camuflar sus carencias, quien las haya adquirido ya habrá podido comprobar que en muchas ocasiones el interior está ennegrecido y que una vez frita la patata se reblandece y pierde todo el sabor”.
AVA-ASAJA llama por ello a los consumidores al consumo de patatas tempranas locales que mantienen todas sus cualidades organolépticas intactas, entre otras cosas, porque son recolectadas días antes de que puedan ser consumidas y “no son los saldos de lo que los franceses no pudieron colocar en su momento”, explica Aguado.
AVA-ASAJA denuncia que el precio que perciben los productores de hortalizas valencianas de temporada se sitúa por debajo de los costes de producción y confección a pie de campo. A pesar de estar en el inicio de la campaña de recolección, el sector hortícola detecta un hundimiento de las cotizaciones en origen de las patatas, cebollas, tomates, pimientos, berenjenas, calabacines y pepinos autóctonos de la huerta debido a la crisis económica y la consecuente bajada del consumo en las fruterías de barrio, que son los comercios a los que accede la producción autóctona.
Según un estudio de AVA-ASAJA, a la puerta de los ‘mercas’ el tomate valenciano de calidad se vende a hasta 1’3 €/kg cuando los costes ascienden a 1,5 €/kg, la patata y la cebolla a 0,15 €/kg frente a 0,30 €/kg de costes, el pimentón italiano a 0,35 €/kg con 0,50 €/kg de gastos, la berenjena a 0,40-0,50 €/kg con 0,60 €/kg de gastos, y el calabacín y el pepino blanco se hunden a los 0,20 €/kg cuando los costes suben a 0,40 €/kg y 0,60 €/kg respectivamente.
“La campaña de hortalizas de verano ha arrancado con muy mal pie”, asegura Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que “al principio de campaña los precios de las hortalizas precoces de gran calidad normalmente se caracterizan por ser altos al coincidir con el final de la recolección en Andalucía”.
El dirigente agrario critica que “mientras las hortalizas valencianas no encuentran salida en las fruterías de barrio por el desplome del consumo, las grandes superficies y supermercados prefieren colocar en sus lineales hortalizas de otras zonas productoras”. Un caso “gravísimo” sería la preferencia por la patata vieja, comprada a Francia a precio de saldo, aunque sean de una calidad mucho peor a nuestra patata temprana”.
El director general de Investigación Agroalimentaria, Manuel Láinez, se comprometió ayer ante la sectorial de cítricos de AVA-ASAJA a registrar hasta cinco variedades de cítricos y un nuevo patrón cada año. La Conselleria de Agricultura responde así a los requerimientos de AVA-ASAJA, que ya incluyó en la tabla reivindicativa consensuada en diciembre con el resto de organizaciones agrarias, la necesidad de reorientar los proyectos de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) hacia cuestiones más prácticas y de rápida aplicación.
“El IVIA ha sido un centro citrícola de referencia mundial pero en los últimos años no estaba dando las respuestas que requería el citricultor. Ahora parece que se está impulsando un giro para que los citricultores podamos explotar antes y de la mejor manera sus logros”, ha señalado el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado La sectorial citrícola de esta organización agraria confirmó primero que buena parte de la responsabilidad de las ruinosas liquidaciones que a duras penas comienzan a llegar a los citricultores, junto a otros problemas estructurales determinantes, se debe a la concentración de la oferta entre noviembre y diciembre. De ahí la importancia de la salida al mercado, no sólo de nuevas variedades tardías sino también de pies que sirvan para alargar la vida agronómica de mandarinas de calidad como la Nules.
Este hecho ha marcado el contenido del ‘Plan de Objetivos y Evaluación de Variedades y Patrones’ del IVIA que ayer presentó Láinez y que supondrá mejoras relevantes en todo el proceso para la obtención de nuevo material vegetal. Para Aguado el enfoque dado llega en el momento más oportuno “porque servirá para dar medios e ilusión a los citricultores que ya empezábamos a creer que la innovación y las nuevas naranjas revolucionarias sólo podían ser explotadas por clubes exclusivos dominados por unos pocos privilegiados”.
El citado plan supondrá la creación de un equipo que se encargará de exigir resultados prácticos, coordinar los diferentes programas (de generación de mandarinas triploides, irradiadas, para la mejora genética o para la obtención de patrones y su adaptación a las nuevas variedades…) pero también para acelerar el proceso de registro, posterior limpieza y cuarentena y experimentación. “No se puede entender que una mandarina, una vez obtenida, tarde más de ocho años en llegar al citricultor”, advierte el presidente de AVA-ASAJA. Desde AVA-ASAJA, y con el fin de buscar mayor efectividad a la hora de gestionar nuevos registros del IVIA para los agricultores valencianos, le pedimos a la conselleria nuevas fórmulas más imaginativas que ya están aplicando empresas privadas como los clubes de variedades.
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