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La actual campaña citrícola ha entrado en una fase de crisis profunda caracterizada por los precios de miseria y la atonía comercial. El rumbo de la actual campaña comenzó a torcerse cuando el comercio optó por remitir fruta a los mercados de forma precipitada y prematura. Así, los puntos de venta se vieron inundados con variedades extratempranas de mandarina que aún no presentaba la madurez indispensable para su comercialización. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, explica que “la relación calidad/precio que se ofreció no era la adecuada. El consumidor pagó por una calidad que no obtuvo.
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Agroseguro presentó hoy las líneas maestras del nuevo sistema de seguros agrarios que entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2011 y que reemplaza al modelo que ha estado vigente en España durante los últimos treinta años. Durante el transcurso de una jornada organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) con la finalidad de dar a conocer las novedades que contemplarán los futuros contratos, el director de producción de Agroseguro, Carlos Álvarez, y el jefe del departamento de estudios de la citada entidad, Félix Novoa, explicaron que el nuevo procedimiento acordado aportará un mayor nivel de transparencia e información, al tiempo que incrementará las opciones contractuales de los usuarios.
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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) expresa su más “completa decepción” ante los planes del Gobierno en materia fiscal de cara al próximo año. El Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no contempla, según figura en el borrador sobre el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ni una sola de las mejoras tributarias que ha venido reclamando con insistencia el sector para aliviar la severa crisis de rentabilidad que sufren los agricultores. En otras palabras: el Gobierno pretende mantener en las mismas condiciones que están en vigor actualmente la cuantía de los módulos que deben abonar los agricultores en concepto de tributo.
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La Asociación Valenciana de Agri­cul­tores (AVA-ASAJA) valora positivamente algunos aspectos de la propuesta para la re­forma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada hoy por el co­­misario de Agri­cul­tura, Dacian Cio­los pero lamenta su inconcreción e incierto presupuesto. Efec­ti­vamente, una de las al­ter­nativas con­tem­pladas supone la eliminación del ac­tual sis­tema de cál­­culo que deter­mi­na la cuan­­­­tía de las subvenciones y su sustitución por otro menos discriminatorio. Más aún, AVA-ASAJA con­si­de­­ra si cabe más im­port­an­tes las medidas que la propuesta es­boza para corregir los desequilibrios y fallos del mer­cado pero advierte que necesitan aún ser muy desarrollados.

 

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AVA-ASAJA advierte de que los arroceros valencianos dejarán de percibir en la campaña 2010/11 más de 254.000 euros de ayudas comunitarias. Estas pérdidas res­pon­den a la penalización que recibirá la Comunitat Valenciana (un 3,6%) por haber rebasado en 515 hectáreas la superficie de cultivo asignada. La ayuda por superficie de un arrocero de L’Albufera o las marjales de Pego-Oliva o Almenara se verá reducida a 459 euros por hectárea, cuando la cuantía habi­tual asciende a 476 euros. “La viabilidad del cultivo depende fundamental­mente de las ayudas, ya que los precios del arroz son ruinosos, de modo que perder una parte de las mismas supone para el productor una pésima noticia”, explica Cristóbal Aguado.

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El hundimiento de los precios en origen y no tanto los altos costes de producción es la causa fundamental de la crisis de la citricultura. Así lo reco­ge un estudio elaborado por el res­pon­sa­ble del de­par­tamento de Economía Agra­­ria del IVIA, Pedro Caballero, que ana­liza la evolución de ambos parámetros en las últi­mas dos décadas y que ha sido divulgado hoy en el transcurso de la XI jornada de Jóvenes Agri­cultores de AVA-ASAJA. Efectivamente, entre 1990 y 2009 las cotizaciones citrícolas se desploma­ron un 50% mientras que los costes ‘sólo’ crecieron en el mismo perio­do un 19%, en el caso de las clementinas y un 38%, en el de las naranjas.
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Los fuertes vientos que han azotado amplias franjas de la Comunitat Valenciana durante los últimos días han causado desperfectos de consideración en el cultivo del caqui. La consecuencia más importante de esta circunstancia climática se ha materializado en daños de gran envergadura producidos por el fenómeno del “rameado” –los golpes y cortes que sufre el fruto por el movimiento de las ramas agitadas por el vendaval- sobre el 30% de la cosecha valenciana de caqui que todavía no se ha recolectado y que los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) sitúan en torno al 40% de la producción final prevista para esta campaña.
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Según un informe elaborado por los Servicios Técnicos de AVA-ASAJA, en las últimas seis temporadas el citricultor sólo se ha quedado de media con el 13,34% de lo que paga el consu­mi­dor por una clementina, mientras que el co­mer­cio/ma­yo­­rista aglutina el 30,5% y el ven­de­dor fi­nal/gran distribución, el 56,1%. El es­tudio, ela­bo­rado a partir de los datos oficiales del Ob­­ser­­­­vatorio de Precios del Ministerio de Medio Am­bien­­te acumulados entre 2004 y 2010, con­firma que sólo en dos de las úl­timas seis cam­pa­­­ñas el agricultor logró obtener al­gún be­ne­ficio por sus mandarinas. Es más, con­cluye que el pre­cio del ‘campo a la mesa’, es decir, la diferencia entre precio en origen y al público (PVP) se mul­­tiplica mucho más cuando el agri­cul­tor vende sin llegar a cubrir sus costes.
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El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­­­­do, ha aprovechado la celebración de la XIV Jornada de la Mujer Rural para reclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como al Gobierno central que ejerzan la presión necesaria para lograr que el uso del contrato de compraventa citrícola sea obligatorio. El jefe del Consell -que encabezó una abundante representación institucional que incluía a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y la consellera portavoz, Paula Sánchez de León- reconoció el buen hacer de la Guardia Civil y la Policía Nacional pero se comprometió a exigir a Madrid “las competencias y los recursos necesarios” para asumir la vigilancia en el campo en el caso de que persista el clima de inseguridad e indefensión del agricultor.

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