Representantes de las principales organizaciones agrarias (AVA-ASAJA, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, ASAJA Alicante, UPA-PV y CCPV-COAG) y de las cooperativas valencianas han viajado a Bruselas acompañados por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, para trasladar a las instituciones comunitarias la gravísima situación por la que atraviesan la agricultura y la ganadería valencianas.
A lo largo de este viaje, la delegación valenciana ha mantenido diferentes encuentros con representantes del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones y de la Comisión. De igual forma, ha participado en el evento “Cultivando el futuro: desafíos y soluciones para una agricultura regional europea”, donde se ha presentado un documento de posición consensuado, que cuenta con el pleno apoyo de la Generalitat.
En este documento, expuesto por el director de Cooperatives Agro-alimentàries, Enrique Bellés, se incide en que “tras las grandes cifras macroeconómicas, se esconde una profunda crisis estructural”, provocada, entre otros aspectos, por “una serie de decisiones políticas adoptadas por las instituciones comunitarias”, que “permiten elementos diferenciadores en las condiciones de producción y comercialización, y que afectan de modo muy directo a la competitividad de las producciones europeas”.
Asimismo, denuncia que el escenario actual provoca que a los agricultores y ganaderos no les salgan las cuentas, mientras parece que en las instituciones comunitarias “no se tiene una percepción real de que hay un problema”.
Propuestas del sector productor
El documento también aborda una batería de propuestas realizadas por el sector productor valenciano, entre las que se incluyen la adaptación de los objetivos medioambientales del Pacto Verde a su realidad económica y social; la eliminación de burocracia y la simplificación de la PAC; mayor firmeza en la toma de decisiones tras la detección de envíos procedentes de terceros países contaminados con plagas de cuarentena; mantener la autorización de uso de materias activas mientras no haya alternativas biológicas o biotécnicas viables; exigir reciprocidad a terceros países en la limitación de uso de dichas materias; o impulsar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales.
De igual manera, se incide en cuestiones como la modificación de las normativas comunitarias sobre funcionamiento de la cadena alimentaria y buenas prácticas comerciales; el apoyo real a la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria; y la petición de una mayor implicación de las instituciones comunitarias en la resolución de los problemas denunciados sistemáticamente por agricultores y ganaderos.
Está en juego el futuro del sector
Los representantes de las organizaciones participantes en este viaje de trabajo han asegurado que “siempre es importante tener la oportunidad de exponer directamente nuestros problemas y reivindicaciones ante las personas responsables de la toma de decisiones que nos afectan profundamente” y han mostrado su deseo de “venir las veces que sea necesario, para que esto no sea una visita aislada y podamos desarrollar una verdadera acción de lobby de la agricultura valenciana”.
Asimismo, esperan que “esta visita, que se enmarca en un contexto global de protestas del sector agrario a nivel europeo, sirva para trasladar una realidad que no se puede ocultar: que los agricultores y ganaderos son el eslabón más débil de la cadena alimentaria y que, de mantenerse la situación actual sin acometer los cambios profundos que son necesarios, estaremos condenando el futuro y la viabilidad de miles de explotaciones agrarias y ganaderas”.
Madrid, 5 de abril de 2024.- La Junta Directiva Nacional de ASAJA, reunida hoy en Madrid, ha estudiado y debatido el documento de propuestas presentado el pasado 25 de marzo por el ministerio de Agricultura en respuesta a la campaña de movilizaciones llevadas a cabo por los agricultores y ganaderos españoles, en demanda de medidas para hacer frente a la grave crisis en la que se encuentra inmerso el sector agrario. El máximo órgano de decisión entre asambleas de ASAJA considera positivas una parte de las propuestas del ministerio, aunque encuentra carencias muy significativas en materias concretas y ausencia de medidas en sectores productivos que necesitarían una respuesta más decidida.
Analizados pormenorizadamente los distintos bloques de medidas, ASAJA acoge con satisfacción el esfuerzo de simplificación de algunas medidas de aplicación de la PAC, tal y como ha promovido la Comisión Europea y que el ministerio de Agricultura ha trasladado al Plan Estratégico de aplicación en España (PEPAC). Lamentablemente algunas de estas medidas, que ASAJA venía demandado ya desde hace meses, llegan tarde y una vez pasada la planificación y siembra por parte de los titulares de las explotaciones. La flexibilización de algunos requisitos de los eco regímenes responde a una lógica agronómica y a la necesidad de adaptar dichos requisitos a la realidad climáticas y productiva de las explotaciones, necesaria para la aceptación de dichos sistemas voluntarios en favor del clima y el medio ambiente.
Valoramos el mantenimiento de la devolución del Impuesto de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola, así como las reducciones en las facturas en el IRPF de los carburantes y los fertilizantes, del 15% del rendimiento neto en el régimen de módulos del IRPF, al igual que la nueva medida de no incluir el IVA compensatorio en la base imponible del IRPF en módulos para alcanzar el límite de 250.000 euros para la permanencia en el régimen.
Hasta aquí algunos de los aspectos más favorables incluidos en el citado documento de propuestas, a juicio de ASAJA. Sin embargo, hay otros aspectos muy relevantes para el día a día de la actividad productiva y comercial de los profesionales agrarios que quedan en barbecho o sin vías de solución.
En lo relativo a los aspectos comerciales de los productos agrarios, ni desde Bruselas, ni desde el Gobierno de España se han abordado cuestiones de gran trascendencia como es la aplicación rigurosa del principio de reciprocidad (cláusulas espejo) para los productos importados de terceros países que entran en clara competencia desleal con las producciones comunitarias.
En relación con los costes de producción, no se recogen en el documento presentado por el ministerio de Agricultura medidas claras destinadas a rebajar los mismos. Echamos en falta medidas, competencia de otros ministerios, como son las bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a las subidas reiteradas del SMI (ministerio de Seguridad Social); la adaptación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrarias (ministerio de Trabajo); el incremento de los gastos de difícil justificación y revisión de las amortizaciones para los agricultores y ganaderos en el régimen de estimación directa del IRPF (ministerio de Hacienda) y la aplicación de la doble tarifa eléctrica, con carácter estructural (ministerio de Transición Ecológica).
La ganadería es, en opinión de ASAJA, la gran olvidada del documento de propuestas del ministerio de Agricultura y que requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal; modificar el número de inspecciones ganaderas; acabar con la burocracia y los trámites administrativos; la disminución de la carga ganadera (PAC); la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del LESPRE.
Por último, entre las medidas propuestas tampoco encontramos soluciones a tres problemas estructurales que aquejan al sector agrario: la falta de vertebración del valioso recurso del agua, que sigue sin tener un tratamiento global que incluya nuevos planes e infraestructuras que permitan la optimización de los recursos; una revisión, en profundidad, del actual sistema de seguros agrarios para atender la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático desde fuera del sistema y medidas efectivas para incorporar jóvenes al campo con un plan integral coordinado con las comunidades autónomas, capaz de revertir las bajas cotas de relevo generacional en el sector agrario.
Por todo ello, la Junta Directiva de ASAJA no considera que las propuestas presentadas por el ministerio de Agricultura sean suficientes para abordar los numerosos y complejos problemas que afectan al sector y que le han llevado a una situación límite como ha quedado patente con la campaña de movilizaciones que durante mas de dos meses se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional.
Valencia, 5 de abril de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se sumó hoy a la decisión tomada por la junta directiva de ASAJA Nacional que rechaza el acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y mantiene las movilizaciones en la Comunitat Valenciana y el resto de España. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, advirtió de que “las 43 propuestas de Planas son claramente insuficientes porque no abordan los problemas de la agricultura valenciana, ni resuelven los desequilibrios de la cadena alimentaria, ni la competencia desleal de las importaciones procedentes de países terceros, ni la excesiva burocracia para los pequeños agricultores”.
AVA-ASAJA no entiende de ninguna manera la exclusión en las futuras negociaciones de las organizaciones agrarias que no firmen el documento que propone el ministro Planas. En una democracia no caben estos chantajes. Estamos dispuestos a seguir negociando porque quedan muchos asuntos pendientes por hablar, sobre todo en agricultura mediterránea, pero no podemos firmar y traicionar a nuestros agricultores y ganaderos con una propuesta que no nos abre las puertas de un futuro estable con precios dignos”.
Aguado argumentó que “el ministro ha puesto encima de la mesa algunas iniciativas positivas (como eliminar la obligación de realizar las fotografías georreferenciadas, incrementar las inspecciones a los operadores comerciales o mejorar los seguros agrarios), pero estamos decepcionados respecto a temas centrales que beneficiarían a la agricultura mediterránea. La respuesta de Planas ante las protestas agrarias está muy distante de lo que realmente necesitamos. Además, es inaceptable que el Ministerio para la Transición Ecológica, que también tiene mucho que decir en asuntos importantes como el agua, la fauna salvaje y la lucha biológica contra plagas y enfermedades, no se haya reunido con el sector ni haya ofrecido ninguna medida. Mientras el Gobierno central no negocie en base a documentos consensuados en diferentes mesas de trabajo de ASAJA, seguiremos en la calle porque nos jugamos nuestro futuro”.
AVA-ASAJA destacó que las medidas de simplificación se limitan a la Política Agrícola Común (PAC), lo que excluye a más de la mitad de los agricultores y la superficie agraria de la Comunitat Valenciana. Muchas de las propuestas tienen asimismo un carácter temporal, como la voluntariedad de cumplimentar el cuaderno digital que la organización agraria insiste en que sea indefinida. AVA-ASAJA criticó duramente al ministro porque, aunque lo había planteado el 15 de febrero, finalmente ha dejado fuera el régimen simplificado para pequeños y medianos agricultores (aquellos que perciben menos de 5.000 euros de ayudas directas al año), una medida demandada de manera unánime que hubiera dejado a la gran mayoría de los productores valencianos exentos de los controles y sanciones de condicionalidad.
Respecto a la cadena alimentaria, pese a los avances prometidos sobre todo en lo que se refiere a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), AVA-ASAJA lamentó que Planas sigue sin fijar los costes medios de producción por cultivo, manteniendo al productor en una posición de desventaja, sigue sin aplicar inspecciones de oficio ante los contratos en los que figuran costes efectivos inferiores a los costes medios y sigue sin informar de los contratos que se han inscrito en el registro digital.
Aguado igualmente lamentó que las promesas del ministro en relación a las importaciones de países terceros son “un brindis al sol que dependen de Bruselas, donde debe plantarse y recabar los apoyos que hasta ahora no ha logrado. España ha de dejar de ser un don nadie en Europa y eso pasa porque el presidente Sánchez utilice el Falcon para ir a Bruselas a defender a sus agricultores en vez de ir a Brasil y Marruecos con ayudas millonarias”.
AVA-ASAJA también reclamó al Gobierno que incluya ayudas directas a los productores de viñedo, olivar y hortalizas, puesto que estos sectores no han recibido apoyo con motivo de la sequía y la guerra en Ucrania.
Valencia, 3 de abril de 2024. Durante el último año los precios de la naranja han descendido un 18% a pie de campo pero han aumentado un 15% en los lineales de los supermercados, según un estudio elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) a partir de los datos de la Lonja de Cítricos de Valencia y el observatorio de precios de ASAJA Nacional.
En concreto, la variedad de naranja Navel Lane Late, que se encuentra ahora mismo en una fase avanzada de recogida y comercialización, registra unas cotizaciones medias en origen de 0,26 euros por kilo (€/kg), una cantidad que supone un 18% menos que el precio medio de hace exactamente un año, cuando los agricultores percibían 0,31 €/kg en una campaña con un volumen de cosecha similar. Por el contrario, los consumidores españoles están pagando por esta misma variedad de naranja un 15% más que hace un año, pasando de un promedio de 1,65 €/kg en 2023 a 1,89 €/kg en 2024.
AVA-ASAJA, que ya había denunciado la brusca caída de los precios de los cítricos, reclama al Gobierno central que ponga en marcha una investigación a fondo para esclarecer los motivos que hay detrás de esta dispar evolución de las cotizaciones en origen y en destino. La organización presidida por Cristóbal Aguado advierte al ministro de Agricultura, Luis Planas, de que “sus 2, 18 o 43 propuestas son insuficientes si no aporta transparencia y equilibrio a la cadena de valor que es donde se juega la rentabilidad de los productores y donde hay que estar vigilante para garantizar unos precios justos”.
El dirigente agrario lamenta que “de las propuestas del ministro la mayoría son declaraciones de intenciones que no dependen de Madrid, sino de Europa, y lo que necesitamos urgentemente son realidades. Planas debe ponerse las pilas para aplicar rápidamente las medidas que son de su competencia directa y para presionar ante Bruselas sobre otras iniciativas que resultan indispensables como la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países, la reciprocidad, el control de plagas y enfermedades, etc.”
Aguado subraya que “es curioso lo que está pasando con la naranja y otros productos agrarios, pero esta es la realidad. Mientras las personas que producen los alimentos perciben menos dinero en el campo y las personas que compran esos mismos alimentos pagan más en la tienda, es evidente que hay eslabones de la cadena alimentaria que están ganando más a costa de productores y consumidores. Y un Gobierno responsable debe velar por una cadena alimentaria justa”.
AVA-ASAJA reitera a las administraciones nacional y autonómica que lleven a cabo una intensa campaña de inspecciones de oficio a los principales operadores comerciales y cadenas de distribución “para descartar prácticas anticompetitivas, ya que, con los datos disponibles, ningún factor técnico por sí solo puede explicar de manera decisiva la pérdida del precio de venta de los citricultores, cuando se incrementan los precios a los consumidores”. Asimismo, insta a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que investigue, y en su caso sancione, cualquier contrato de compraventa de cítricos cuyo precio esté por debajo de los costes medios de producción.
Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), así como Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, han anunciado hoy en una rueda de prensa la puesta en marcha de una nueva fase de movilizaciones.
En la misma línea que otras comunidades autonómicas y otros países europeos, las entidades representativas del sector agrario valenciano mantendrán las protestas, iniciadas en febrero, ante las insuficientes medidas concretadas durante este tiempo por las distintas administraciones con competencias en agricultura, tanto la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana como el Gobierno central y la Unión Europea.
Sectorialmente, el sector convocará una o varias movilizaciones de los sectores del vino, arroz, ganadería y otras producciones que están atravesando problemas de rentabilidad.
Después habrán tres grandes movilizaciones: una en Castellón, probablemente ante un gran centro de la distribución; una tractorada desde Elche hasta Alicante, para finalizar en el puerto de Alicante; y otra en Valencia, a través de una tractorada y manifestación que partirá de la Conselleria de Agricultura, pasará por la Delegación de Agricultura del Ministerio y acabará en la Delegación del Gobierno.
Además, las entidades representativas pedirán reuniones a nivel institucional con la presidencia de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Agricultura, la Delegación del Gobierno y la presidencia de les Corts Valencianes junto con los portavoces de los grupos políticos con representación, mientras que a nivel político, con el Partido Popular, PSPV-PSOE, Vox y Compromís.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, explicó que “el sector agrario valenciano debe mantener la llama viva de las protestas porque nos jugamos nuestro futuro. Las administraciones nos han mostrado buena voluntad, pero de soluciones importantes y de garantía de precios dignos nada de nada. Europa nos ha engañado continuamente y, aunque la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen se ha comprometido a muchas cosas, la comisión de Medio Ambiente del Parlamento va a tratar de bloquear medidas agraristas. La Conselleria y el Ministerio tienen que mojarse más. Si no protegemos a los agricultores y ganaderos, se quemará todo, avanzará el desierto y lo pagarán los consumidores”.
Valencia, 25 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) pide a la Administración autonómica y nacional que lleven a cabo una investigación a fondo para esclarecer las causas de la brusca caída de los precios en origen de los cítricos. Según la Lonja de Cítricos de Valencia, las cotizaciones de las naranjas han llegado a desplomarse hasta un 30% en el último mes, pasando en el caso de la variedad Navel Lane Late de 0,36 a 0,25 euros por kilo (€/kg). En variedades más tardías, la Valencia Late ha arrancado sus operaciones con 0,21 €/kg, una cifra que también se sitúa por debajo de los costes de producción. Respecto a las mandarinas, las variedades que mayor descenso de valor han sufrido a pie de campo son la Orri (-22%) y la Ortanique (-17%).
La organización agraria exige una intensa campaña de inspecciones de oficio a los principales operadores comerciales y cadenas de distribución “para descartar prácticas anticompetitivas, e incluso un posible contubernio, ya que, con los datos oficiales disponibles de la Comisión Europea, ningún factor técnico por sí solo puede explicar de manera decisiva este desplome tan acusado de los precios que perciben los productores”. Asimismo, insta a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que investigue, y en su caso sancione, cualquier contrato de compraventa de cítricos cuyo precio esté por debajo de los costes medios de producción.
Los primeros coletazos de la crisis citrícola ocurrieron en enero, cuando algunas variedades de mandarinas como la Clemenvilla o la Hernandina tuvieron graves problemas de comercialización e, incluso, hubo muchos campos que se quedaron sin recolectar por falta de demanda. La organización presidida por Cristóbal Aguado insiste en un acuerdo global de la interprofesional Intercitrus que incluya, entre otros asuntos como la promoción, medidas contundentes para acabar cuanto antes con el problema de la ‘pinyolà’ que ocasiona una pérdida de consumidores, especialmente entre los más jóvenes.
Importaciones de países terceros
Buena parte de las naranjas, que venían recibiendo precios razonables, desde febrero también han caído por debajo del umbral de rentabilidad. Voces del sector, sobre todo del comercio privado y el cooperativismo, echan toda la culpa a un factor externo como son las importaciones foráneas. De acuerdo a datos de la Comisión Europea facilitados por Ailimpo, las importaciones de naranjas a la UE procedentes de países terceros desde octubre hasta febrero fueron 263.437 toneladas, un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones de naranjas de España a la UE ascendieron a 580.337 toneladas, lo que mantiene la cuota de mercado en torno al 70% en una campaña con merma de cosecha a causa de adversidades climáticas.
Con todo, AVA-ASAJA reitera su “indignación ante la estrategia comercial de la UE que fomenta la competencia desleal de países terceros, a costa de sacrificar a sus productores, y destaca el enorme potencial de crecimiento de Egipto”, el cual ha superado por primera vez a Sudáfrica en envíos de naranjas durante este tramo de la temporada con 115.022 toneladas, lo que supone un incremento del 56% respecto al ejercicio precedente. En este sentido, la organización agraria reclama a Bruselas que revise el acuerdo comercial que la UE tiene suscrito con Egipto, así como con otros países como Sudáfrica, Turquía y Marruecos, con el objeto de “evaluar el impacto presente y futuro sobre el sector citrícola europeo, teniendo en cuenta el incremento de superficie que han plantado en los últimos años, y evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades a Europa”.
AVA-ASAJA advierte de que “las movilizaciones continuarán mientras las políticas agrarias y medioambientales impulsadas por todas las administraciones nos resten competitividad y nos echen de nuestros campos y granjas”.
Artículo de opinión para Levante-EMV
Cristóbal Aguado Laza
Presidente de AVA-ASAJA
Si vas a determinados supermercados, puedes encontrarte paquetes de arroz que indican en su etiqueta el nombre de un distribuidor valenciano e, incluso, una imagen del Micalet, una barraca, una paella o arroceros tradicionales faenando en la Albufera de Valencia. Pero ojo, consumidor, porque pueden tratar de darte gato por liebre. Todas estas pistas pueden ser perfectamente falsas, pues mientras no se especifique en ningún lado el país de origen no hay manera de certificar que es arroz valenciano o traído de cualquier país tercero, probablemente asiático.
Esta práctica comercial que permite la Unión Europea es, sencillamente, un engaño a los consumidores. No es lo mismo un arroz cultivado en un parque natural de la Comunitat Valenciana, con las condiciones ambientales y de seguridad alimentaria más exigentes del mundo, que un arroz producido fuera. Myanmar y Camboya, que disfrutan de arancel cero por el tratado ‘Todo menos armas’, utilizan productos químicos nocivos para la salud que están prohibidos aquí, producen de manera insostenible, contaminan durante un transporte de miles de kilómetros, por no hablar que vulneran los derechos humanos.
Además de engañar a sus consumidores, Bruselas arruina a sus productores. La campaña iba razonablemente fluida hasta que han descargado en los puertos valencianos más de 35.000 toneladas de arroz asiático, una auténtica barbaridad, que han inundado los mercados y han interrumpido las ventas del grano que aguarda aún en nuestros almacenes. Así que lo habitual en algunas cadenas de distribución es pasar a vender ese arroz foráneo como si fuera nuestro.
Y no solamente ocurre en el arroz. Cuando destapamos el escándalo de la detección de Hepatitis A en fresas de Marruecos, muchos consumidores se quejaban de que el etiquetado dejaba mucho que desear a la hora de identificar si el origen de las fresas eran de Huelva o de un país tercero. El tema del aguacate también clama al cielo, con carteles tan surrealistas como ‘Origen: España/Marruecos/Perú’. En cuanto a las naranjas, hay empresas muy conocidas que se jactan de utilizar productos de proximidad, incluso de sus propias fincas cuando, en realidad, exprimen sus zumos con naranjas de Egipto, bastante más baratas y de peor calidad.
Que no te vendan gato por liebre. Comprueba el origen, no compres en supermercados que no informan del origen real, compra producto europeo, come sano y seguro, potencia la economía agraria de tu entorno y cuida tu territorio.
Madrid, 22 de marzo de 2024.- El sector pide al Consejo de ministros de Medio Ambiente de la próxima semana que modifique la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo la pasada semana. El nuevo texto de las normas de la UE sobre las emisiones generadas por las instalaciones industriales afectará negativamente a más granjas porcinas y avícolas de pequeño y mediano tamaño, es decir, al modelo de producción familiar.
En la actualidad la normativa de emisiones afecta unas 6.500 de las 82.000 granjas de porcino existentes en España. Se trata de granjas con más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo (a partir de 30 kg). Sin embargo, la reducción de límites de tamaño de granjas de porcino propuesto por la UE para incluirlas en el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones va a afectar a las granjas de más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo (a partir de 30 kg), en el caso de porcino. Mientras que, para las granjas productoras de huevos, el nuevo límite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales, lo que afectará 313 operadores que representan el 98% del censo de gallinas ponedoras.
El sector porcino y el avícola son los dos únicos sectores ganaderos obligados a aplicar las medidas de reducción de emisiones derivadas de la Directiva Europea. Entre 1990 y 2021 el sector porcino ha reducido un 42,9% de GEI, según datos del informe de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica. Este esfuerzo para lograr la reducción de emisiones ha tenido una insignificante repercusión en España, dado que las emisiones de porcino en el conjunto de GEI del país suponen poco más del 2% en el porcino y menos del 0,5% en la avicultura.
Esta presión normativa tendrá un gran impacto sobre la viabilidad y rentabilidad de las granjas de pequeño y mediano tamaño, que deberán necesitar una autorización ambiental integrada, con unos costes administrativos anuales de 3.000 €. Además, la aplicación de reformas estructurales en las granjas para aplicar las MTD obligatorias (Mejores Técnicas Disponibles) supondrán unas modificaciones que harán inviable su amortización y provocarán el cierre inminente de muchas granjas.
La UE plantea también en su nuevo texto que cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas se someta a consulta pública. Para el sector es una oportunidad para que grupos contrarios a la ganadería impidan esas autorizaciones calificándolas como “macrogranjas”, cuando en la mayor parte de los casos se trata de granjas familiares. Eso supondría que se podrían negar las autorizaciones administrativas para que se realicen las adaptaciones necesarias para adaptarse a las normas que la UE tiene previstas modificar, como las de bienestar animal, entre otras. En este sentido hay que recordar que las granjas avícolas están realizando un esfuerzo ingente para la transformación del sistema de jaulas acondicionadas a sistemas alternativos.
Valencia, 15 de marzo de 2024. Los arroceros valencianos están en pie de guerra. La entrada masiva de importaciones procedentes de países asiáticos a través de los puertos europeos, entre ellos los de Valencia y Sagunt, han hundido la campaña. Mientras que tras la siega el mercado se caracterizaba por una oferta corta, una demanda fluida y unos precios en origen estables, desde la llegada durante las últimas semanas de masivos cargamentos foráneos por parte de las grandes corporaciones importadoras y comercializadoras de arroz, las ventas de las existencias valencianas que aún aguardan en los almacenes se han paralizado.
En este contexto, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), a través de su organización nacional ASAJA y del COPA-COGECA, entidad que aglutina a las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la Unión Europea (UE), ha liderado esta semana las gestiones en representación del sector arrocero dirigidas a salvaguardar la rentabilidad de los productores frente a la ola de importaciones asiáticas.
El representante de AVA-ASAJA y vicepresidente del grupo de trabajo del Arroz del COPA-COGECA, Miguel Minguet, defiende que la organización ha logrado que los europarlamentarios no hayan votado para tumbar definitivamente el mecanismo de aplicación de la cláusula de salvaguarda automática (GSP), como pretenden los países del norte de Europa, y mantengan vivas las negociaciones para que el arroz entre dentro del listado de productos del artículo 29 de dicha normativa, de manera que cuando haya que aplicar una cláusula de salvaguarda se pueda hacer de manera automática. “La votación no era nada favorable al sector arrocero europeo, pero la presión que hemos llevado a cabo ante los eurodiputados ha conseguido que no haya mayoría cualificada y la cuestión se vuelva a debatir después de las próximas elecciones donde esperamos que el nuevo Parlamento Europeo salido de las urnas nos sea más favorable”, explica Minguet.
Por otra parte, a corto plazo AVA-ASAJA insta a las autoridades comunitarias a reinstaurar los aranceles a las importaciones de arroz provenientes de Camboya y Myanmar por su grave impacto sobre el mercado europeo. Minguet recuerda que “ya logramos que Bruselas adoptara una cláusula de salvaguarda entre 2019 y 2021 y ahora volvemos a pedirla con carácter de urgencia porque los arroces de estos países asiáticos están causando el mismo perjuicio comercial a los productores valencianos que entonces”.
Precisamente esta semana la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento de Ejecución 2024/842 por el que se restablecen las medidas de salvaguardia respecto a las importaciones de arroz índica originario de Camboya y Myanmar/Birmania (175 euros por tonelada en 2019, 150 euros en 2020 y 125 euros en 2021). Ante la anulación de esta cláusula por una sentencia del Tribunal General, la Comisión ha aportado suficientes pruebas de que los aranceles estuvieron correctamente justificados y, por tanto, dictamina que “no se devolverán ni condonarán derecho alguno percibido”.
AVA-ASAJA también interpuso una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que este órgano dependiente del Ministerio de Agricultura investigue si la cadena de distribución ALDI comete una presunta venta a pérdidas o destrucción de la cadena alimentaria en su venta de arroz. Una promoción ofrece arroz redondo a 1,09 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 12%. En su reclamación, la organización expone que “este precio puede incurrir en venta a pérdidas porque no permite cubrir todos los costes de producción de los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor”.
AVA-ASAJA arremete también contra las empresas distribuidoras por comercializar paquetes de arroz sin especificar en la etiqueta el país de origen (tan solo el distribuidor) y, además, confunden al consumidor con imágenes relacionadas con el cultivo del arroz en La Albufera: “Ya está bien de hundir a los arroceros y de engañar a los consumidores. Las grandes empresas deben apostar por nuestros productos que garantizan los máximos estándares de trazabilidad, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental”.
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