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Valencia, 14 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV) y la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) desmienten a la Conselleria de Agricultura y defienden que las organizaciones profesionales agrarias representativas en el ámbito estatal –ASAJA, UPA y COAG–, con sus dirigentes nacionales al frente, apoyan la implantación de un régimen simplificado de la Política Agrícola Común (PAC) para las explotaciones que perciben hasta 5.000 euros de ayudas directas al año (frente al umbral de 1.250 euros que existía en el periodo anterior) en las negociaciones que están llevando a cabo con el Ministerio de Agricultura en medio de la ola de movilizaciones del sector agrario europeo.

Las organizaciones profesionales agrarias aseguran que “en ningún caso hemos consensuado ningún documento con el Ministerio de Agricultura, prueba de ello es que de momento no hay acuerdo y siguen las protestas, y menos aún hemos desechado un asunto tan importante para nosotros como es el régimen simplificado de la PAC para las pequeñas y medianas explotaciones. Por tanto, la acusación hecha pública por la Conselleria tras la reunión de ayer en Madrid es totalmente falsa. Pero es que además dicha administración critica la ausencia de este punto cuando en la propuesta que envió al Ministerio en febrero (sin el consenso del sector agrario valenciano) tampoco nos consta que incluyera el régimen simplificado para pequeñas explotaciones”.

Para ASAJA, UPA y COAG, se trata de una medida que debe ser tenida en cuenta en las negociaciones porque aquellos productores que reciben menos de 5.000 euros de ayudas directas tendrían que soportar menos controles, tanto en condicionalidad y fotografías georreferenciadas, como en el cuaderno de explotación digital y otras cargas burocráticas. De hecho, el régimen simplificado para los pequeños agricultores es una de las propuestas que el ministro Luis Planas puso encima de la mesa durante la reunión mantenida con las organizaciones agrarias representativas el pasado 15 de febrero. En este sentido, piden al Ministerio que se establezca y si no lo hace “será únicamente una decisión unilateral del Ministerio que contará con nuestra crítica y rechazo”.

Las tres organizaciones agrarias respaldan todos los modelos de agricultura en España y por supuesto las pequeñas y medianas explotaciones que representan la mayoría de casos en la agricultura mediterránea y, especialmente, de la Comunitat Valenciana, en la que conviven el minifundio y la agricultura como complemento de rentas con fincas de mayor dimensión.

Por ello, las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana con representación a nivel estatal piden al Ministerio y a la Conselleria de Agricultura que “dejen de enredar y tratar de dividir al sector en plenas negociaciones. O el Ministerio no ha dado la información correcta a la Conselleria o la Conselleria se ha inventado lo que le ha dado la gana, que no por casualidad coincide con los ataques lanzados por determinados colectivos contra las organizaciones profesionales agrarias reconocidas. Las administraciones deben aclarar esta confusión y ponerse a trabajar y aprobar las demandas que necesitamos los agricultores y ganaderos para seguir produciendo alimentos y preservando el medioambiente en condiciones de dignidad”.

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Bruselas, 13 de marzo de 2024.- En las últimas semanas, hemos sido testigos de la situación de hartazgo de los agricultores a través de sus protestas en toda la UE, expresando su frustración y descontento por las políticas que afectan directamente a sus medios de vida. En el día de ayer, mientras las organizaciones agrarias, a través de Copa-Cogeca, se manifestaban de nuevo ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, los eurodiputados volvían a traicionar las promesas de flexibilización normativa y cambio de decisiones que afectarán profundamente a nuestro sector.

El Parlamento Europeo, en una votación con consecuencias históricas, ha optado por no enmendar el texto resultante del compromiso a tres bandas sobre la Directiva de Emisiones Industriales (DEI). Esta decisión envía una señal clara y desalentadora a los sectores productores tradicionales de Europa, incluyendo a nuestros agricultores y ganaderos.

Con 306 votos a favor y 293 en contra, se ha desestimado la oportunidad de hacer cambios que podrían haber hecho que la DEI fuera razonable para todos los modelos de agricultura. Este resultado es profundamente decepcionante para ASAJA y para miles de explotaciones familiares de porcino y aves de corral que enfrentan ahora una regulación injusta e insensible.

Con la supuesta intención de minimizar el daño, la Comisión Europea, a través del Comisario Virginijus Sinkevičius, ha prometido una revisión en 2026 que dividirá la directiva en dos instrumentos legislativos diferentes: uno para la agricultura y otro para la industria. Sin embargo, estas disposiciones deberían haberse considerado desde el principio, en lugar de dejar a nuestros agricultores a merced de regulaciones inadecuadas. Nos encontramos en medio de una situación sin precedentes y la confusión reina en el campo.

Desde ASAJA, en línea con Copa-Cogeca, exigimos que la Comisión Europea y los Estados miembros asuman su responsabilidad y proporcionen una aplicación y financiación estructuradas de las disposiciones necesarias para apoyar a nuestras explotaciones. Resulta desalentador observar cómo las desavenencias políticas han contaminado cada etapa de este proceso, justo en el momento crucial previo a las elecciones. Nos enfrentamos a una falta de apoyo visible tras votaciones como esta por parte de algunos partidos políticos, quienes siguen sin ser conscientes que el destino de nuestros agricultores está en sus manos. Se trata pues de una afrenta a la estabilidad y prosperidad de nuestras comunidades agrícolas.

ASAJA seguirá defendiendo su compromiso de abogar por ajustes técnicos que limiten el impacto adverso de estas regulaciones en nuestras explotaciones. Continuaremos luchando por un futuro digno y sostenible en lo económico, social y medioambiental para el sector agropecuario europeo.

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Valencia, 13 de marzo de 2024. La Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) acaba de presentar la nueva marca de origen y calidad ‘Aguacates CV’ con la finalidad de garantizar una mayor viabilidad económica a los agricultores que apuestan por esta alternativa de cultivo en expansión en la Comunitat Valenciana y, al mismo tiempo, garantizar a los consumidores un producto de máxima proximidad, frescura, sabor, sostenibilidad medioambiental y seguridad alimentaria. El acto de presentación tuvo lugar ayer en la Finca Sinyent de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en Polinyà de Xúquer, ante decenas de productores y comercializadores interesados en emplear a partir de ahora este sello.

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Horticultores de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncian la presencia masiva de aves que ponen en peligro la producción de los cultivos en la Huerta de Valencia. Palomas, cotorras, estorninos y tórtolas están causando cada vez más estragos en los campos, en algunos casos alcanzan una afección del 30% de la cosecha, lo que dispara la preocupación de los agricultores.

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Valencia, 11 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta sobre una creciente ola de robos en las instalaciones de riego de la Comunidad Valenciana. En concreto, la entidad constata al menos seis asaltos en entidades de riego de la comarca de l’Horta Sud, cuyas reparaciones alcanzan hasta los 9.000 euros en algunos casos. Los agricultores afectados no descartan que se trate de la misma banda de ladrones.

Un asociado de la localidad de Alcàsser, Fermín Salcedo, sufrió una irrupción en su finca totalmente vallada. Los ladrones asaltaron las instalaciones del pozo de riego del cual sustrajeron el cobre del transformador y cortaron los cables que lo conectaban con el cuadro de mandos. El agricultor, quien llegó al campo a primera hora de la mañana, se percató de que la luz y el agua no funcionaban, descubriendo posteriormente uno de los accesos abiertos de la caseta y una de las ventanas rotas. La proforma para reparar todos los daños ocasionados y materiales robados ascendieron hasta los 9.000 euros.

Otro asociado de AVA-ASAJA, Juanma Sales, el cual ha notificado hasta cinco casos en una sola semana en fincas de localidades de l’Horta Sud. Según el asociado, que es electricista y ha reparado estas instalaciones, todas las fincas estaban valladas y el modus operandi de los ladrones fue el mismo: de noche rompen la valla que rodea la finca y acceden a las instalaciones de riego forzando la entrada o la ventana para conseguir cobre. Comentó que son 300 euros que pueden llegar a ganar los ladrones con 90 kilos de cobre robado, mientras que al afectado puede llegar a costarle entre 5.000 y 6.000 euros reparar los destrozos ocasionados.

No suponen casos aislados, según datos ofrecidos por la organización agraria, los robos cometidos en el sector agropecuario de la Comunitat Valenciana en 2023 generaron pérdidas superiores a los 30 millones de euros, un incremento del 20% respecto a 2022.

AVA-ASAJA exige a las fuerzas de seguridad la intensificación de la vigilancia en las explotaciones agropecuarias y centros de recepción de las mercancías robadas. Además, solicita un endurecimiento del Código Penal para imponer penas más severas frente a la acumulación de hurtos en el medio rural. La entidad agraria manifiesta también la necesidad de agilizar los trámites para interponer denuncias, los asociados que las han interpuesto lamentan que las administraciones les hayan hecho pasar por procesos burocráticos como la necesidad de pedir cita previa, y volver a presenciarse ante la Guardia Civil dos días después para conseguir tramitar la denuncia. La importancia de facilitar estos trámites es primordial para que la Delegación del Gobierno pueda disponer con datos reales sobre los delitos cometidos y tomar medidas efectivas contra la problemática.

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Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. 

Estos días seguramente habrás oído hablar de la detección del virus de la Hepatitis A en fresas de Marruecos. Aunque entraron por el puerto de Algeciras a mediados de febrero, no fue hasta el 4 de marzo cuando el sistema (¿rápido?) de alertas de la Comisión Europea RASFF lo notificó en su portal. Dicen los expertos que la presencia de esta enfermedad por encima del nivel máximo permitido puede deberse a que el trabajador que manipulara las fresas padeciera Hepatitis y no se lavara correctamente las manos o, lo más probable, que las explotaciones se riegan con aguas fecales.

Esta alerta sanitaria está en boca de médicos y consumidores, porque representa un peligro para la salud pública. Pero si AVA-ASAJA fue la que dio la voz de alarma es porque los agricultores estamos hartos de la competencia desleal y de los sistemáticos incumplimientos por parte de las importaciones agrarias procedentes de países terceros. No en vano, el sistema RASFF detecta cada mes alertas en todo tipo de productos foráneos, como naranjas de Egipto y Turquía, arroces asiáticos, hortalizas, carnes, etc.

Sabemos que la Unión Europea está dispuesta a sacrificar a sus agricultores. Pero, ¿hasta qué punto también está dispuesta a poner en riesgo la salud de sus consumidores? Es evidente que en Bruselas hay muchos intereses comerciales. Si únicamente actuara en defensa del ecologismo, como nos intenta vender, todas las exigencias medioambientales que impone a las producciones europeas también las impondría a lo que viene de fuera. Pero ante una alerta tan preocupante como la de las fresas marroquíes, la Comisión ha rebajado la alarma declarando que la cosa no es tan grave.

Me aventuro a adelantar que no pasará nada, que el Gobierno español mantendrá su pleitesía ante Marruecos (¿qué le debe Sánchez?) y que seguirá habiendo barra libre para las importaciones. Algo huele mal en la política agraria. Y, si no reaccionamos, las consecuencias no las pagaremos solo los agricultores, sino todos y cada uno de los europeos.

Por último, reiterar que no es lo mismo comprar un producto europeo que no europeo. Esta alerta marroquí no tiene por qué perjudicar a nuestro sector fresero que tan bien está trabajando y, por tanto, recomiendo a los consumidores que coman fresas y otras frutas y hortalizas españolas. Nuestra economía y nuestra salud lo agradecerán.

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Valencia, 5 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) muestra su “preocupación” y exige “medidas urgentes” al Gobierno central y a la Unión Europea (UE) ante una notificación emitida ayer en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) que alerta de “presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos” detectada en un punto de entrada de España. Según dicha notificación, la decisión de riesgo es “serio” porque supera el “nivel máximo permitido ausencia/25g” de esta sustancia que AVA-ASAJA subraya que “supone un peligro para la salud pública y que puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales”.

Ante esta nueva alerta sanitaria por importaciones hortofrutícolas procedentes de este país tercero, la organización presidida por Cristóbal Aguado ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para solicitarle que “de manera urgente pida explicaciones al Gobierno de Marruecos y concrete qué medidas piensa emprender para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir”.

En esa misma línea, AVA-ASAJA insta a Planas a “trasladar a las autoridades competentes de la Unión Europea que todas las fresas que procedan de Marruecos tengan una exhaustiva inspección sanitaria y, en caso de detectarse más alertas sanitarias en otras frutas y hortalizas de países terceros, se extiendan los controles a dichos productos, porque está en juego la salud de los consumidores”. La demanda también se ha remitido a ASAJA Bruselas para abordar la problemática en las instituciones comunitarias.

AVA-ASAJA también ha informado de esta alerta sanitaria a las principales asociaciones de consumidores de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius y la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana– y al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, debido al riesgo que representa para la salud humana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la hepatitis A es una inflamación del hígado debida al virus de la hepatitis A (VHA), que se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada”.

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4 de marzo de 2024.- El conjunto de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana (La Unió Llauradora, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, UPA-PV y CCPV-COAG) y las Cooperatives Agro-Alimentaries manifiestan su “creciente indignación ante la falta de propuestas concretas por parte de la Conselleria de Agricultura para los productores vitivinícolas que están sumidos en una fuerte crisis y una situación desesperada”. Los viticultores han tenido una importante disminución de los ingresos como consecuencia del incremento de costes productivos y la meteorología adversa, fundamentalmente por la sequía.

La constitución de la Mesa Sectorial del Vino por parte de Conselleria el pasado 29 de febrero, y convocada según ésta porque “el sector del vino es estratégico para nosotros y uno de los pilares básicos de la agricultura valenciana”, según las entidades representativas “no sirve de nada y puede quedarse en papel mojado si no se activan medidas de apoyo urgentes para el sector. Salvo las ayudas anunciadas a la destilación de subproductos de vinificación para la campaña 2023/24, por importe de dos millones de euros, y la apertura de la convocatoria de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo, pocas cosas más”.

Las organizaciones agrarias y cooperativas exigen en este sentido ayudas directas para paliar las graves pérdidas económicas ocasionadas por la sequía y los efectos de la guerra en Ucrania, ya que es uno de los pocos sectores que se ha quedado sin apoyos, mientras otras comunidades autónomas sí lo han hecho. Por ejemplo, Catalunya concedió en 2023 un total de 20 millones de euros para sus viticultores para paliar las pérdidas por la sequía con ayudas de 450 euros por hectárea, y el País Vasco otros 7,3 millones de euros por la merma de rendimientos debido a la guerra de Ucrania.  

Reclaman así mismo aprobar la vendimia en verde, como el año pasado, pero usando esta vez la media de rendimientos de las Denominaciones de Origen y no las de cada viticultor.  Organizaciones Agrarias y Cooperativas piden así mismo flexibilizar el desvío de los fondos sobrantes del PASVE a otras medidas de apoyo, los ecorregímenes para el cultivo de la viña y las restricciones de plazos y condiciones en la poda y la fertilización del cultivo. Sobre la PAC demandan especificar el concepto del pago de las transferencias de la Política Agrícola Común (PAC) y/o posibilidad de ver en una App oficial todos los pagos que un beneficiario está cobrando.

Otra de las medidas que proponen es aumentar en todas las pólizas de seguro que tengan cubierto el riesgo de sequía hasta el 70% del coste a cargo de la subvención de las administraciones, que es el máximo que establece la legislación. Y reclaman prorrogar la bonificación del gasóleo B.

“Es necesario que la Generalitat apoye a los productores vitivinícolas, situados la mayoría en zonas de interior desfavorecidas, ya que los costes de los insumos les han aumentado hasta niveles insostenibles, sus producciones se han visto mermadas y además no pueden encontrar una salida normal al mercado”, señalan las organizaciones agrarias y cooperativas.

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Valencia, 1 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha interpuesto denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que este órgano dependiente del Ministerio de Agricultura investigue si la cadena de distribución ALDI comete una presunta venta a pérdidas o destrucción de la cadena alimentaria en su venta de arroz y naranjas.

Por un lado, la organización presidida por Cristóbal Aguado denuncia una promoción de ALDI por la cual ofrece arroz redondo a 1,09 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 12%. En su reclamación, expone que “este precio puede incurrir en venta a pérdidas porque no permite cubrir todos los costes de producción de los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor”.

Asimismo, la asociación advierte a la Conselleria de Industria, mediante una reclamación, de que en el etiquetado del arroz tan sólo se especifica el distribuidor (Agrovert, S.L. domiciliado en Almàssera, Valencia) pero no el país de origen. Por tanto, solicita a la Generalitat que esclarezca si hubiera “algún incumplimiento de la legislación vigente sobre identificación del país de origen del producto”. El responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, asegura que “es evidente que esta etiqueta lleva a confusión al consumidor porque no puede saber si el producto que compra es europeo o no europeo. La imagen repetida a ambas caras del paquete de dos agricultores con labor e indumentaria tradicionales del cultivo del arroz en la Albufera de Valencia durante el siglo XX también induce a confundir sobre un supuesto origen valenciano del arroz, lo cual no se confirma en ningún caso”.

Fortea añade que “si se trata de arroz europeo, con este precio de venta al público algún eslabón de la cadena (productor, envasador o distribución) pierde dinero. Y si se trata de arroz procedente de países terceros, como Myanmar o Camboya, que es lo más probable, se está tratando de esconder e incluso de engañar al consumidor con el origen del producto. La Unión Europea está fomentando que aumenten las importaciones asiáticas de arroz sin reciprocidad, lo que provoca en estos momentos una ralentización de las compras y pone en peligro la rentabilidad de la última campaña”.

Por otro lado, AVA-ASAJA denuncia ante la AICA la venta, por parte de ALDI, de naranjas variedad salustiana, origen nacional, a 0,95 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 29%. La asociación también lamenta que “con esta bajada tan acusada de la cotización puede producirse una venta a pérdidas, al no cubrirse los costes de producción que soportan los actores de la cadena alimentaria, siendo el productor el eslabón más débil y vulnerable ante abusos comerciales”.

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