El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha presentado hoy los datos de la campaña de 2025, en la Bodega Redonda, sede del Consejo Regulador DO Utiel-Requena. Al acto han asistido el presidente del CAECV, Vicente Faro, que a su vez es responsable de la sectorial de agricultura ecológica de AVA-ASAJA; el delegado de AVA-Utiel, Enrique Ródenas; y el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, entre otros representantes.

En 2025 el sector ecológico ha alcanzado, de nuevo, un volumen de facturación histórico, de casi mil millones de euros, “lo que demuestra que es un sector que apuesta por la profesionalización y la rentabilidad”, ha señalado Vicent Faro. El informe apunta que la Comunitat Valenciana consiguió en 2025 las 133.397 hectáreas certificadas en producción ecológica y mantuvo una estructura formada por 4.215 operadores ecológicos certificados.

El informe destaca que este sector está resolviendo dos problemas históricos, el relevo generacional y la incorporación de la mujer. El 30% de las productoras titulares ecológicas certificadas por el CAECV son mujeres y la media de edad de las personas operadoras es de 50 años, “por lo que continúa reduciéndose la edad media de nuestros operadores”, apunta Faro. También ha remarcado durante su presentación que “la agricultura ecológica valenciana no solo produce alimentos y exportaciones: mantiene una infraestructura vegetal activa capaz de absorber, en términos brutos, alrededor de 1,5 millones de toneladas de CO₂ al año, especialmente por el peso de los cultivos leñosos, las cubiertas vegetales y los pastos”. Y también demuestra una altísima eficiencia económica: con apenas unos 188€/ha de apoyo público, es capaz de generar más de 7.400€/ha en valor de exportación. Por cada euro de ayuda de la UE, genera 55,6 euros.

El crecimiento sostenido de la agricultura ecológica valenciana no se explica solo por los resultados económicos o de superficie. La certificación pública del CAECV aporta un valor diferencial: ofrece transparencia, independencia, participación del sector y costes ajustados, fomentando una confianza creciente por parte del consumidor nacional e internacional. La combinación de una gestión profesionalizada, un tejido social comprometido y una certificación pública sólida, posiciona a la agricultura ecológica valenciana como una palanca estratégica para una transición agroalimentaria justa y sostenible.

Presentación del libro “Ecovitivinicultura en la Comunitat Valenciana”

Uno de los momentos más destacados del encuentro ha sido la presentación oficial del libro “Ecovitivinicultura en la Comunitat Valenciana. Más de 30 años de innovación y sostenibilidad”, obra del doctor ingeniero agrónomo y enólogo José Vicente Guillem Ruiz, a cargo de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana, María Ángeles Ramón-Llin, quien ha puesto en valor la trayectoria de una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la calidad agroalimentaria valenciana y en la evolución del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana.

 El CAECV ha querido reconocer públicamente la enorme generosidad de José Vicente Guillem, quien ha cedido de manera totalmente desinteresada décadas de conocimiento, experiencia y documentación técnica para hacer posible una obra que recoge la evolución de más de treinta años de viticultura ecológica valenciana. La publicación, editada gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, incorpora además un importante componente solidario, ya que la recaudación íntegra obtenida con la venta del libro se destinará a acciones de promoción del sector vitivinícola valenciano, especialmente en las zonas afectadas por la DANA. “Este libro representa memoria, conocimiento y compromiso con el territorio. La viticultura ecológica valenciana forma parte de nuestra identidad y demuestra que sostenibilidad, calidad y rentabilidad pueden caminar juntas”, ha comentado Faro.

A más de un mes del inicio de la campaña de la Renta, sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado, la rebaja de los índices de rendimiento neto por las inclemencias meteorológicas y circunstancias adversas de la campaña pasada. El retraso obliga a miles de agricultores y ganaderos a presentar declaraciones complementarias.

Valencia, 13 de mayo de 2026.- AVA-ASAJA se suma a su organización nacional ASAJA en la reclamación al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura de la publicación inmediata de la orden que reduce los índices de rendimiento neto del régimen de estimación objetiva del IRPF -los módulos- para los agricultores y ganaderos afectados por las inclemencias meteorológicas y demás circunstancias excepcionales de la campaña anterior.

La campaña de la Renta arrancó hace más de un mes y, sin la orden publicada, los profesionales del campo se ven obligados a elegir entre apurar plazos o presentar la declaración con los índices generales y tener que hacer después una declaración complementaria. Todo ello en plena tramitación de la solicitud única de la PAC, el momento de mayor carga administrativa del año en las oficinas de la organización.

AVA-ASAJA subraya que no se trata de una decisión compleja: la reducción se aprueba todos los ejercicios y los datos que la justifican -siniestros, partes de seguro, informes técnicos de las comunidades autónomas- están perfectamente identificados. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “no hay excusa para el retraso, ya deberían tener desde comienzo de año los deberes hechos. Los agricultores se están poniendo nerviosos y el Gobierno no tendría que dejarlo para el último día. Con las adversidades climáticas y los problemas de mercado que sufrieron en 2025 muchos cultivos valencianos, lo menos que se pide es diligencia”.

La organización exige la publicación urgente de la orden, que recoja con justicia todos los cultivos, producciones ganaderas y territorios afectados, y que en próximos ejercicios se apruebe antes del inicio del periodo de la Renta, para dar seguridad jurídica al sector y evitar duplicar el trabajo con declaraciones complementarias.

Valencia, 12 de mayo de 2026. “La siembra del arroz más cara de la historia”. Así la califica la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), cuyos cálculos concluyen que los arroceros del parque natural de La Albufera se gastarán tres millones de euros más que la pasada campaña, debido a un encarecimiento del 7% de los costes de producción, sobre todo del gasóleo y los fertilizantes, así como de las semillas y la mano de obra.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo, el precio del gasóleo agrícola prácticamente se ha duplicado y un arrocero puede gastarse entre 200 y 300 euros cada jornada de trabajo por la necesidad de emplear maquinaria especializada en las labores de preparación del terreno y la siembra. En cuanto a los fertilizantes, que son imprescindibles para desarrollar las plantas y obtener una cosecha adecuada, la urea -llamada comúnmente en las filas del sector arrocero ‘nitrógeno’ o ‘guano’- ha pasado de 350-400 euros la tonelada a los 850-900 euros actuales, con un incremento medio de todos los abonos superior al 33%. En este caso, además del conflicto bélico, la escalada es consecuencia del doble arancel -sobre las exportaciones agroalimentarias y sobre los insumos de origen ruso- que ha aplicado la Unión Europea. Apenas quedan entre cinco y ocho fabricantes de fertilizantes en España.

AVA-ASAJA alerta que los elevados costes de producción que afrontan los arroceros coincide, además, con un hundimiento del 30% de los precios en origen durante el último año y con un descenso medio del 20% de la producción -de hasta el 80% en las variedades tradicionales Bomba, Albufera y J-Sendra- debido a la falta de soluciones autorizadas en España para combatir el hongo de la piricularia, a diferencia de lo que ocurre en Italia y Grecia donde sus gobiernos sí han autorizado con carácter excepcional materias fitosanitarias eficaces contra la enfermedad.

Reivindicaciones

Ante la situación crítica que atraviesa el sector arrocero, AVA-ASAJA reclama medidas de apoyo urgentes que garanticen la continuidad de una actividad esencial para la economía y el medioambiente de la Albufera y el marjal Pego-Oliva. La asociación pide al Gobierno español rapidez y agilidad en la puesta en marcha de ayudas ya desbloqueadas, particularmente las ayudas al gasóleo profesional y los fertilizantes. Asimismo, a nivel europeo, respalda el plan reivindicado por ASAJA y Copa-Cogeca de que la UE suspenda inmediatamente el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) sobre fertilizantes, elimine temporalmente los aranceles sobre importaciones no rusas y aumente la flexibilidad normativa. Además reclama ir más lejos: una revisión profunda del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) aplicado a fertilizantes, incluyendo la evaluación de su eliminación.

Según estimaciones del Copa-Cogeca, el CBAM supondrá un coste directo de 820 millones de euros en 2026, que crecerá hasta 3.400 millones en 2034. Si los precios de los fertilizantes siguen alineándose con los de importación -como está ocurriendo- el impacto acumulado en siete años podría superar los 39.000 millones de euros, casi el 10% del presupuesto actual de la PAC. En este contexto, ASAJA acusa a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la política climática, de impulsar desde su cartera precisamente los dos mecanismos que más están presionando los costes del campo: el CBAM y el ETS.

ASAJA participará en la movilización del próximo 19 de mayo en Estrasburgo, el mismo día en que la Comisión Europea presentará su Plan de Acción sobre Fertilizantes. La protesta, impulsada desde la vicepresidencia de ASAJA en el Copa-Cogeca, exigirá estas medidas de calado para revertir el encarecimiento inasumible de los costes de producción en el sector primario, que durante los próximos meses podría replicarse a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y provocar una cesta de la compra más cara a los consumidores.

Algunos no han aprendido nada de la DANA. Barrancos como el Carraixet siguen siendo un bosque de cañas, como lo eran el río Magro o la rambla del Poyo antes del 29 de octubre de 2024. La CHJ, dependiente del Miteco, piensa que esta selva es buena para frenar las crecidas. Pero las trágicas consecuencias de la DANA nos enseñaron que si la próxima riada tuviera lugar en L’Horta Nord, el Carraixet sería una bomba explosiva que se llevaría todo por delante -agua, vegetación y enseres- como ya ocurrió en L’Horta Sud y La Ribera. Por cierto, también se cargaría el nuevo puente del bypass, que lo han puesto más bajo que las cañas.

Nos gustaría que en el juzgado de Catarroja -donde somos la única organización agraria personada en el caso- se hablara de las causas que elevaron la magnitud de la catástrofe, de por qué los desbordamientos fueron tan desastrosos y los daños tan extraordinarios. Va siendo hora de determinar si se habría minimizado la riada en caso de que el Gobierno, en cumplimiento de la normativa europea sobre el riesgo de inundaciones en el litoral valenciano, hubiera acometido las actuaciones requeridas y necesarias: tanto la construcción de infraestructuras hidráulicas de almacenamiento, laminación y distribución, como la gestión de unos cauces más limpios, más anchos e interconectados para evacuar el agua por el nuevo cauce del Turia, que para eso se construyó. Ya está bien de imponer un ecologismo radical que se ha demostrado equivocado. Hay que prevenir para evitar daños y salvar vidas.

La reconstrucción también está dando que hablar. Tragsa está limitando sus intervenciones en acequias y canales afectados por la DANA por supuestos efectos en la nidificación. El trabajo de Tragsa es esencial y ya lleva bastante retraso, por falta de disponibilidad de maquinaria y personal especializado, como para cuentos chinos. La vida y el medio de vida de las personas siempre deben ser la prioridad; nunca un ave o una rata pueden ser más importantes que las personas y la necesidad de reconstruir los daños de la DANA.

El Miteco asimismo antepone la burocracia absurda y estéril a los intereses de los agricultores que aún están esperando a que Tragsa entre a sus campos a través de cauces públicos para reconstruirlos. Lo normal sería que un ministerio aclarara con la empresa pública de otro ministerio los arreglos que cabe realizar, pero en el Miteco piensan con los pies y le piden los permisos al agricultor, que naturalmente no sabe ni por dónde empezar dicho proyecto de obra.

Esa incompetencia manifiesta o esa mala voluntad política del Miteco alcanza cuotas especialmente indignantes cuando hablamos de los campos próximos a cauces que quedaron afectados e incluso desaparecieron. Primero no hizo lo que tenía que hacer en el cauce para impedir que esas tierras quedaran arrasadas. Y ahora intenta pasar esos terrenos de propiedad privada al Dominio Público Hidráulico (DPH) sin pagar ninguna compensación. Esa incautación, además, se ha intentado hacer de tapadillo, a través de una normativa periódica del BOE, mientras estábamos esperando que el Miteco -tal como nos había dicho en varias reuniones- estudiaba alguna vía para indemnizar a los propietarios. Nos sentimos traicionados. Así no actúa un Estado de Derecho democrático.

El Ministerio de Agricultura lo ha estado haciendo mejor, pero no lo suficiente. Nos parece muy bien que haya sacado las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas de Andalucía y Extremadura, pero primero debería haber resuelto el pago de las ayudas a los damnificados por la DANA -ocurrida más de un año antes- y parece habernos olvidado. Como en tantas cosas, el Gobierno nos relega a los últimos de la fila.

En fin, la gestión de la DANA, antes y después, deja en evidencia que los políticos han de separar el grano de la paja, ser sensatos y eficientes, servir a los ciudadanos y no complicarles la vida, legislar con menos burocracia y más sentido común. Basta de controlar en exceso, pasarse de la raya y frenar la actividad empresarial. Porque sin voluntad de reconstruir y generar economía, no podremos pagar el progreso y el bienestar social de todos.

Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.