Valencia, 13 de marzo de 2024. La Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) acaba de presentar la nueva marca de origen y calidad ‘Aguacates CV’ con la finalidad de garantizar una mayor viabilidad económica a los agricultores que apuestan por esta alternativa de cultivo en expansión en la Comunitat Valenciana y, al mismo tiempo, garantizar a los consumidores un producto de máxima proximidad, frescura, sabor, sostenibilidad medioambiental y seguridad alimentaria. El acto de presentación tuvo lugar ayer en la Finca Sinyent de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en Polinyà de Xúquer, ante decenas de productores y comercializadores interesados en emplear a partir de ahora este sello.
Horticultores de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncian la presencia masiva de aves que ponen en peligro la producción de los cultivos en la Huerta de Valencia. Palomas, cotorras, estorninos y tórtolas están causando cada vez más estragos en los campos, en algunos casos alcanzan una afección del 30% de la cosecha, lo que dispara la preocupación de los agricultores.
Valencia, 11 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta sobre una creciente ola de robos en las instalaciones de riego de la Comunidad Valenciana. En concreto, la entidad constata al menos seis asaltos en entidades de riego de la comarca de l’Horta Sud, cuyas reparaciones alcanzan hasta los 9.000 euros en algunos casos. Los agricultores afectados no descartan que se trate de la misma banda de ladrones.
Un asociado de la localidad de Alcàsser, Fermín Salcedo, sufrió una irrupción en su finca totalmente vallada. Los ladrones asaltaron las instalaciones del pozo de riego del cual sustrajeron el cobre del transformador y cortaron los cables que lo conectaban con el cuadro de mandos. El agricultor, quien llegó al campo a primera hora de la mañana, se percató de que la luz y el agua no funcionaban, descubriendo posteriormente uno de los accesos abiertos de la caseta y una de las ventanas rotas. La proforma para reparar todos los daños ocasionados y materiales robados ascendieron hasta los 9.000 euros.
Otro asociado de AVA-ASAJA, Juanma Sales, el cual ha notificado hasta cinco casos en una sola semana en fincas de localidades de l’Horta Sud. Según el asociado, que es electricista y ha reparado estas instalaciones, todas las fincas estaban valladas y el modus operandi de los ladrones fue el mismo: de noche rompen la valla que rodea la finca y acceden a las instalaciones de riego forzando la entrada o la ventana para conseguir cobre. Comentó que son 300 euros que pueden llegar a ganar los ladrones con 90 kilos de cobre robado, mientras que al afectado puede llegar a costarle entre 5.000 y 6.000 euros reparar los destrozos ocasionados.
No suponen casos aislados, según datos ofrecidos por la organización agraria, los robos cometidos en el sector agropecuario de la Comunitat Valenciana en 2023 generaron pérdidas superiores a los 30 millones de euros, un incremento del 20% respecto a 2022.
AVA-ASAJA exige a las fuerzas de seguridad la intensificación de la vigilancia en las explotaciones agropecuarias y centros de recepción de las mercancías robadas. Además, solicita un endurecimiento del Código Penal para imponer penas más severas frente a la acumulación de hurtos en el medio rural. La entidad agraria manifiesta también la necesidad de agilizar los trámites para interponer denuncias, los asociados que las han interpuesto lamentan que las administraciones les hayan hecho pasar por procesos burocráticos como la necesidad de pedir cita previa, y volver a presenciarse ante la Guardia Civil dos días después para conseguir tramitar la denuncia. La importancia de facilitar estos trámites es primordial para que la Delegación del Gobierno pueda disponer con datos reales sobre los delitos cometidos y tomar medidas efectivas contra la problemática.
Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Estos días seguramente habrás oído hablar de la detección del virus de la Hepatitis A en fresas de Marruecos. Aunque entraron por el puerto de Algeciras a mediados de febrero, no fue hasta el 4 de marzo cuando el sistema (¿rápido?) de alertas de la Comisión Europea RASFF lo notificó en su portal. Dicen los expertos que la presencia de esta enfermedad por encima del nivel máximo permitido puede deberse a que el trabajador que manipulara las fresas padeciera Hepatitis y no se lavara correctamente las manos o, lo más probable, que las explotaciones se riegan con aguas fecales.
Esta alerta sanitaria está en boca de médicos y consumidores, porque representa un peligro para la salud pública. Pero si AVA-ASAJA fue la que dio la voz de alarma es porque los agricultores estamos hartos de la competencia desleal y de los sistemáticos incumplimientos por parte de las importaciones agrarias procedentes de países terceros. No en vano, el sistema RASFF detecta cada mes alertas en todo tipo de productos foráneos, como naranjas de Egipto y Turquía, arroces asiáticos, hortalizas, carnes, etc.
Sabemos que la Unión Europea está dispuesta a sacrificar a sus agricultores. Pero, ¿hasta qué punto también está dispuesta a poner en riesgo la salud de sus consumidores? Es evidente que en Bruselas hay muchos intereses comerciales. Si únicamente actuara en defensa del ecologismo, como nos intenta vender, todas las exigencias medioambientales que impone a las producciones europeas también las impondría a lo que viene de fuera. Pero ante una alerta tan preocupante como la de las fresas marroquíes, la Comisión ha rebajado la alarma declarando que la cosa no es tan grave.
Me aventuro a adelantar que no pasará nada, que el Gobierno español mantendrá su pleitesía ante Marruecos (¿qué le debe Sánchez?) y que seguirá habiendo barra libre para las importaciones. Algo huele mal en la política agraria. Y, si no reaccionamos, las consecuencias no las pagaremos solo los agricultores, sino todos y cada uno de los europeos.
Por último, reiterar que no es lo mismo comprar un producto europeo que no europeo. Esta alerta marroquí no tiene por qué perjudicar a nuestro sector fresero que tan bien está trabajando y, por tanto, recomiendo a los consumidores que coman fresas y otras frutas y hortalizas españolas. Nuestra economía y nuestra salud lo agradecerán.
Valencia, 5 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) muestra su “preocupación” y exige “medidas urgentes” al Gobierno central y a la Unión Europea (UE) ante una notificación emitida ayer en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) que alerta de “presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos” detectada en un punto de entrada de España. Según dicha notificación, la decisión de riesgo es “serio” porque supera el “nivel máximo permitido ausencia/25g” de esta sustancia que AVA-ASAJA subraya que “supone un peligro para la salud pública y que puede haber aparecido en el alimento por regar las explotaciones con aguas fecales”.
Ante esta nueva alerta sanitaria por importaciones hortofrutícolas procedentes de este país tercero, la organización presidida por Cristóbal Aguado ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para solicitarle que “de manera urgente pida explicaciones al Gobierno de Marruecos y concrete qué medidas piensa emprender para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir”.
En esa misma línea, AVA-ASAJA insta a Planas a “trasladar a las autoridades competentes de la Unión Europea que todas las fresas que procedan de Marruecos tengan una exhaustiva inspección sanitaria y, en caso de detectarse más alertas sanitarias en otras frutas y hortalizas de países terceros, se extiendan los controles a dichos productos, porque está en juego la salud de los consumidores”. La demanda también se ha remitido a ASAJA Bruselas para abordar la problemática en las instituciones comunitarias.
AVA-ASAJA también ha informado de esta alerta sanitaria a las principales asociaciones de consumidores de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius y la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana– y al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, debido al riesgo que representa para la salud humana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la hepatitis A es una inflamación del hígado debida al virus de la hepatitis A (VHA), que se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada”.
4 de marzo de 2024.- El conjunto de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana (La Unió Llauradora, AVA-ASAJA, ASAJA Alicante, UPA-PV y CCPV-COAG) y las Cooperatives Agro-Alimentaries manifiestan su “creciente indignación ante la falta de propuestas concretas por parte de la Conselleria de Agricultura para los productores vitivinícolas que están sumidos en una fuerte crisis y una situación desesperada”. Los viticultores han tenido una importante disminución de los ingresos como consecuencia del incremento de costes productivos y la meteorología adversa, fundamentalmente por la sequía.
La constitución de la Mesa Sectorial del Vino por parte de Conselleria el pasado 29 de febrero, y convocada según ésta porque “el sector del vino es estratégico para nosotros y uno de los pilares básicos de la agricultura valenciana”, según las entidades representativas “no sirve de nada y puede quedarse en papel mojado si no se activan medidas de apoyo urgentes para el sector. Salvo las ayudas anunciadas a la destilación de subproductos de vinificación para la campaña 2023/24, por importe de dos millones de euros, y la apertura de la convocatoria de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo, pocas cosas más”.
Las organizaciones agrarias y cooperativas exigen en este sentido ayudas directas para paliar las graves pérdidas económicas ocasionadas por la sequía y los efectos de la guerra en Ucrania, ya que es uno de los pocos sectores que se ha quedado sin apoyos, mientras otras comunidades autónomas sí lo han hecho. Por ejemplo, Catalunya concedió en 2023 un total de 20 millones de euros para sus viticultores para paliar las pérdidas por la sequía con ayudas de 450 euros por hectárea, y el País Vasco otros 7,3 millones de euros por la merma de rendimientos debido a la guerra de Ucrania.
Reclaman así mismo aprobar la vendimia en verde, como el año pasado, pero usando esta vez la media de rendimientos de las Denominaciones de Origen y no las de cada viticultor. Organizaciones Agrarias y Cooperativas piden así mismo flexibilizar el desvío de los fondos sobrantes del PASVE a otras medidas de apoyo, los ecorregímenes para el cultivo de la viña y las restricciones de plazos y condiciones en la poda y la fertilización del cultivo. Sobre la PAC demandan especificar el concepto del pago de las transferencias de la Política Agrícola Común (PAC) y/o posibilidad de ver en una App oficial todos los pagos que un beneficiario está cobrando.
Otra de las medidas que proponen es aumentar en todas las pólizas de seguro que tengan cubierto el riesgo de sequía hasta el 70% del coste a cargo de la subvención de las administraciones, que es el máximo que establece la legislación. Y reclaman prorrogar la bonificación del gasóleo B.
“Es necesario que la Generalitat apoye a los productores vitivinícolas, situados la mayoría en zonas de interior desfavorecidas, ya que los costes de los insumos les han aumentado hasta niveles insostenibles, sus producciones se han visto mermadas y además no pueden encontrar una salida normal al mercado”, señalan las organizaciones agrarias y cooperativas.
Valencia, 1 de marzo de 2024. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha interpuesto denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que este órgano dependiente del Ministerio de Agricultura investigue si la cadena de distribución ALDI comete una presunta venta a pérdidas o destrucción de la cadena alimentaria en su venta de arroz y naranjas.
Por un lado, la organización presidida por Cristóbal Aguado denuncia una promoción de ALDI por la cual ofrece arroz redondo a 1,09 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 12%. En su reclamación, expone que “este precio puede incurrir en venta a pérdidas porque no permite cubrir todos los costes de producción de los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor”.
Asimismo, la asociación advierte a la Conselleria de Industria, mediante una reclamación, de que en el etiquetado del arroz tan sólo se especifica el distribuidor (Agrovert, S.L. domiciliado en Almàssera, Valencia) pero no el país de origen. Por tanto, solicita a la Generalitat que esclarezca si hubiera “algún incumplimiento de la legislación vigente sobre identificación del país de origen del producto”. El responsable de la sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, asegura que “es evidente que esta etiqueta lleva a confusión al consumidor porque no puede saber si el producto que compra es europeo o no europeo. La imagen repetida a ambas caras del paquete de dos agricultores con labor e indumentaria tradicionales del cultivo del arroz en la Albufera de Valencia durante el siglo XX también induce a confundir sobre un supuesto origen valenciano del arroz, lo cual no se confirma en ningún caso”.
Fortea añade que “si se trata de arroz europeo, con este precio de venta al público algún eslabón de la cadena (productor, envasador o distribución) pierde dinero. Y si se trata de arroz procedente de países terceros, como Myanmar o Camboya, que es lo más probable, se está tratando de esconder e incluso de engañar al consumidor con el origen del producto. La Unión Europea está fomentando que aumenten las importaciones asiáticas de arroz sin reciprocidad, lo que provoca en estos momentos una ralentización de las compras y pone en peligro la rentabilidad de la última campaña”.
Por otro lado, AVA-ASAJA denuncia ante la AICA la venta, por parte de ALDI, de naranjas variedad salustiana, origen nacional, a 0,95 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 29%. La asociación también lamenta que “con esta bajada tan acusada de la cotización puede producirse una venta a pérdidas, al no cubrirse los costes de producción que soportan los actores de la cadena alimentaria, siendo el productor el eslabón más débil y vulnerable ante abusos comerciales”.
- El Banco Europeo de Inversiones (BEI), dedicado a servir a proyectos estratégicos de la CE, negocia la concesión al gobierno sudafricano de multimillonarios créditos y ayudas para que sus principales infraestructuras logísticas ganen en eficiencia, usen renovables y para “descarbonizar” su economía
- La CE se muestra pasiva frente a la agresividad de Sudáfrica en sanidad vegetal: Bruselas no ha reaccionado aún al récord de rechazos por presencia de cítricos infectados con el hongo ‘Mancha negra’ de la pasada campaña, ni ha exigido que sus envíos de naranja cumplan con el tratamiento de frío obligatorio por ‘Falsa Polilla’; Pretoria, por el contrario, ha cuestionado los controles y pruebas en los puertos europeos y ha denunciado a la UE ante la Organización Mundial de Comercio
- La interprofesional tilda la operación de “despropósito”: “Sólo Europa podría atreverse, en el contexto actual de justificadas protestas agrarias, a financiar a terceros países que se niegan a cumplir la normativa fitosanitaria europea para preservar la sanidad vegetal de nuestras plantaciones”
Valencia, 29 de febrero de 2024.- La operación que ahora se ultima en favor de Sudáfrica fue confirmada por el propio Banco Europeo de Inversiones (BEI) recientemente y será por un importe relevante, probablemente de centenares de millones de euros. De hecho, la que ya fue aprobada a finales del año pasado en favor del Banco de Desarrollo del Sur de África supuso la concesión por parte del BEI de 300 millones de euros para financiar proyectos privados vinculados con energías renovables. Ahora el beneficiario será el propio Estado --que es el titular de la empresa pública Transnet, que explota los principales recintos portuarios y la red ferroviaria de este país-- el que podría ser titular de estos préstamos en condiciones preferenciales. Créditos e igual incluso fondos europeos que servirán para que estas infraestructuras se modernicen, sean más eficientes en términos energéticos y contribuyan a “descarbonizar” al que hoy es uno de los principales productores de carbón del mundo. Este apoyo financiero impulsará pues al sector minero local pero también al comercio hortofrutícola sudafricano en el país que también ocupa –precisamente tras España- el segundo puesto en el ranking de las principales potencias exportadoras de cítricos en fresco del mundo. No son difíciles de entender las razones por las que la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) califica la iniciativa como “un despropósito” que acredita la “insensibilidad” con la que Bruselas trata a su sector productor pese a las protestas agrarias que siguen sucediéndose por todo el continente. Así se manifiesta su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, quien a este respecto reclama a la UE “que demuestre ya con hechos su voluntad de poner fin a las asimetrías de obligaciones entre los productores comunitarios y los productores de terceros países”.
Según recogía hace unos días la prensa sudafricana, la operación que ahora se ultima con el ejecutivo presidido por Cyril Ramaphosa se enmarca en el acuerdo suscrito en 2021 para la promoción del Just Energy Transition Partnership (JETP, ‘Alianza para la Transición Energética Justa’). En virtud de este acuerdo Sudáfrica, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, junto con la propia UE a través del BEI, así como EEUU y Reino Unido se comprometían a financiar 8.800 millones de euros para apoyar los esfuerzos de este país africano en la “descarbonización” de su economía.
“Las políticas verdes de la UE castigan de este modo a la citricultura europea doblemente. De un lado, lo hacen en el mercado europeo, donde el sector compite entre todo tipo de restricciones y costosas obligaciones con los cítricos de países terceros mucho más baratos de producir y que no tienen que cumplir con tales requerimientos. Del otro, ahora también los recursos financieros que la UE pone al servicio de estas políticas sirven para potenciar a esa competencia desleal que no respeta, de manera flagrante y con alevosía, la propia normativa fitosanitaria europea”, se lamenta a este respecto Sanfeliu en clara referencia al caso sudafricano. “Sólo en Bruselas podría ser concebible que el primer exportador de cítricos en fresco del mundo –España- acuda en auxilio del segundo –Sudáfrica- para ayudarle a mejorar su posición en nuestro principal mercado –la UE- sin exigir antes reciprocidad y acatamiento de la normativa comunitaria”, añade la presidenta de Intercitrus. La responsable de la interprofesional se refiere así a la actitud pasiva que está mostrando hasta el momento la CE a la hora de hacer respetar la normativa que garantiza la sanidad vegetal en el territorio comunitario. Incumplimientos que, de manera recurrente, provocan que las importaciones europeas de cítricos sudafricanos traigan plagas y enfermedades que, en no pocas ocasiones (como en el caso del ‘Cotonet de Sudáfrica’), se instalan en las zonas de producción españolas y europeas.
Efectivamente, durante la pasada temporada, Sudáfrica acumuló la cifra récord de hasta 51 rechazos en puertos europeos tras detectar la presencia en sus envíos de cítricos afectados por el hongo de cuarentena conocido como ‘Mancha negra’. Llegado el momento presente, la CE aún no ha tomado ninguna medida para mejorar los controles o para garantizar una mayor fitosanidad a los citricultores europeos. De otro lado, el país austral acumula dos temporadas consecutivas sin cumplir en sus envíos con el cold treatment que la UE reguló en 2022 para evitar la llegada de otra peligrosa plaga, cuyo combate también está regulado como prioritario por Bruselas, la conocida como ‘Falsa polilla’. Intercitrus ha reclamado que se impongan medidas para verificar en destino, de manera sencilla y automática, su cumplimiento y ha propuesto –también sin éxito- que este tratamiento se extienda a las mandarinas y pomelos que también pueden hospedar y trasladar esta plaga.
La respuesta de las autoridades y exportadores sudafricanos ante tales hechos, lejos de ser resignada, ha sido de lo más beligerante: en 2022 su Gobierno denunció a la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque cuestionaba el tratamiento de frío impuesto contra la ‘Falsa polilla’ y, en cuanto a la ‘Mancha negra’, amenaza con abrir otro panel en la OMC y sus operadores se han atrevido a dudar de la eficacia y el rigor de los inspectores comunitarios así como de las pruebas que practican a sus frutas.
El BEI es un organismo comunitario con sede en Luxemburgo que concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE, tanto dentro como fuera de ella, cuyo Consejo de Administración está conformado por un consejero de cada Estado miembro –que son los propios accionistas del banco- y otro de la CE.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido hoy en Madrid con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA para rendir cuenta del resultado de la cumbre con sus homólogos europeos el pasado lunes en Bruselas y poner sobre la mesa avances en las negociaciones con el sector.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien ha asistido a la reunión como vicepresidente de ASAJA, ha destacado el compromiso de Planas por reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria: “La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) va a convertirse en una herramienta más importante, va a poder hacer más inspecciones, va a ganar visibilidad y va a coordinarse mejor con las comunidades autónomas. El ministro nos ha asegurado además que habrá estudios de costes medios en productos agrarios que sirvan de referencia en los contratos, con el objeto de evitar abusos comerciales y garantizar precios justos”.
Aguado también ha subrayado “otras posiciones interesantes que evidencian que entramos en el camino de lograr objetivos que años atrás parecían muy lejos. Empieza a haber un criterio mayoritario en los países europeos para adaptarse a la realidad y rectificar políticas que permitan ir en dirección de la viabilidad económica de las explotaciones”. De este modo, el ministro ha asegurado que “las cláusulas espejo continúan encima de la mesa de Bruselas y en el tema de los Límites Máximos de Residuos (LMR) la mayoría está a favor de que si aquí una materia activa está prohibida se establezca un LMR cero a las importaciones”.
Aguado valora de manera positiva que Planas mantenga su intención de “hacer voluntario el cuaderno digital” y de “reforzar económicamente el sistema de seguros agrarios”.
Las organizaciones profesionales agrarias volverán a tener reuniones con el ministerio en los próximos días: mañana y pasado a nivel técnico para acelerar los trabajos abordados y a comienzos de la semana que viene para tratar de cerrar las negociaciones en los temas clave. ASAJA, COAG y UPA reiteran que "si no hay soluciones, habrá más movilizaciones".
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