La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) celebra la aprobación en el Congreso de una enmienda a la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y que incorpora mejoras significativas en materia energética para el sector agrario. Esta modificación responde a una reivindicación histórica de AVA-ASAJA la cual permitirá a los titulares de explotaciones agrarias, sean autónomos, empresas, cooperativas agrarias o comunidades de regantes, disponer de dos potencias eléctricas diferentes a lo largo de 12 meses.
Esta medida supone una mejora sustancial en la gestión energética del sector, ya que permitirá ajustar los costes energéticos a las necesidades reales de cada explotación según la época del año. De esta manera, la reforma contribuirá significativamente a la reducción de costes en el sector agrario, aportando mayor flexibilidad operativa y facilitando la gestión energética de los regantes y agricultores. Del mismo modo, la simplificación burocrática es un avance clave, dado que la comunicación con el suministrador eléctrico podrá realizarse de manera telemática o telefónica, sin necesidad de trámites adicionales.
La reforma incluye también otras mejoras demandadas por el sector como los cambios en materia laboral que permitirá a los agricultores realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas.
El presidente de AVA-ASAJA y de la Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunidad Valenciana, Cristóbal Aguado, ha valorado esta reforma como “un paso adelante para los agricultores y regantes” y ha recordado que “aumentar la flexibilidad en los costes energéticos es una reivindicación histórica de AVA-ASAJA”. “Esta medida nos permite ser más eficientes y competitivos, algo esencial en un sector que ya enfrenta numerosos desafíos” ha recordado Aguado. No obstante, el responsable ha exigido “que la reforma permita beneficiarse a todas las entidades de riego, sea cual sea su personalidad jurídica”, al tiempo que ha demandado “celeridad en la creación de los canales directos y gratuitos con las compañías suministradoras”.
Más de un centenar de productores, comercializadores e investigadores del sector del kaki unieron fuerzas hoy, en el marco de Kakifórum 2025, para buscar estrategias eficaces de prevención y control de las plagas que permitan garantizar la viabilidad económica de este cultivo a corto y largo plazo. La jornada organizada por la Asociación Española del Kaki (AEKAKI), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), con la asistencia del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, analizó las últimas novedades sobre la lucha de plagas, las cuales están convirtiendo al kaki en “el cultivo con mayor desperdicio alimentario, ya que alcanza mermas medias de producción superiores al 30% a pie de campo”.
Los especialistas abordaron a través de ponencias y una mesa redonda las dificultades para gestionar las moscas blancas, los cotonets y el nuevo trips de Sudáfrica (Scirtothrips aurantii) que ha irrumpido de manera generalizada y virulenta desde la pasada campaña. Asimismo, los investigadores expusieron nuevas estrategias de control biológico y de manejo sostenible de plagas en el cultivo, en respuesta a las exigencias fitosanitarias y medioambientales cada vez más estrictas de la Unión Europea.
El presidente de AEKAKI, Pascual Prats, afirmó que “el kaki vive una etapa de cierta estabilidad comercial, pero la rentabilidad se tambalea por el problema creciente de las plagas. A causa de la entrada de nuevas plagas por la falta de controles en frontera y de la escasa disponibilidad de soluciones eficaces por la prohibición de materias fitosanitarias, sobre todo en un cultivo menor como es considerado el kaki, muchos agricultores no pueden obtener una cosecha suficiente y acaban abandonando el cultivo”.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denunció que “mientras la clase política legisla para reducir el desperdicio alimentario, al mismo tiempo suprime las materias activas fitosanitarias que son imprescindibles para combatir las plagas. El kaki es el ejemplo paradigmático de que la Comisión Europea, con sus incoherentes y suicidas políticas agrarias, es la máxima culpable del desperdicio alimentario en el campo”. Aguado también apostó por “acabar la guerra en Ucrania para recuperar el mercado ruso que nuestro kaki tiene vetado desde 2014 con unas consecuencias muy negativas”.
Durante la inauguración, el vicepresidente de AVA-ASAJA, Bernardo Ferrer, agregó que “hemos pasado de la preocupación al alarmismo” y pidió “un plan de choque para controlar las plagas del kaki en una zona productora muy concentrada”.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, subrayó que va a destinar una partida récord de 36 millones a sanidad vegetal y 19 millones adicionales para reforzar el IVIA. “Además del estrepitoso fracaso de la UE para evitar la entrada de plagas, ha dejado el botiquín del campo vacío. Desde la Conselleria seguiremos trabajando para investigar, conseguir autorizaciones excepcionales como el spinosad y facilitar a los agricultores las medicinas necesarias”.
En el mismo sentido, el director del IVIA, Alejandro Tena, coincidió en que “el centro está llevando a cabo una ardua labor para hacer frente a las plagas del kaki. Hemos pasado en 10 años de no sufrir ninguna plaga a tener ahora cinco especies diferentes (dos cotonets, dos moscas blancas y el nuevo trips), de manera que debemos hallar soluciones eficaces a la vez que cumplir la legislación europea”.
La jornada kakifórum 2025, celebrada en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), contó con el apoyo de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA), la Asociación 5 al día, Fruit Attraction y el patrocinio de Cajamar.
Tras meses de intenso trabajo y negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, ASAJA ha logrado que se incluya una enmienda clave en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, hoy aprobada en el Congreso de los Diputados. Gracias a esta iniciativa, los agricultores y ganaderos podrán volver a realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas, dotando así al sector de la seguridad jurídica necesaria para afrontar las necesidades específicas de cada temporada.
Esta enmienda, promovida por el Partido Popular en el Senado y ratificada posteriormente en el Congreso, recoge las demandas planteadas por ASAJA desde la aprobación de la reforma laboral, que había dejado en una situación crítica al sector en materia de contratación temporal.
La ley también incorpora importantes mejoras en materia energética para el sector, reivindicadas y trabajadas por ASAJA desde hace años, que permiten a los titulares de explotaciones agrarias, sean autónomos o empresas, incluidas las cooperativas agrarias y las comunidades de regantes, disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad, con la mera comunicación por medios telemáticos y/o telefónicos a su suministrador, lo que significa una reducción de la carga burocrática y ofreciendo una mayor flexibilidad operativa.
Desde ASAJA celebramos este logro, fruto del esfuerzo constante y la estrecha colaboración mantenida con los representantes políticos, lo que demuestra que el trabajo riguroso y comprometido en defensa de los intereses del sector agropecuario da sus frutos.
Seguiremos trabajando para garantizar un marco legislativo adecuado y justo para nuestros agricultores y ganaderos.
Los temporales de lluvias que se están sucediendo en prácticamente la totalidad del territorio valenciano durante este mes de marzo impacta de manera destacada a las producciones de cebollas. Estos daños climáticos, unidos a la falta de materias eficaces para combatir el hongo del mildiu, provocan una merma superior al 80% de la cosecha de cebolla, que se traducen en unas pérdidas económicas de 7’5 millones de euros solo en la comarca de l’Horta, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).
Vicente Sebastià, responsable de la sectorial de hortalizas de AVA-ASAJA, califica la situación como de “auténtico desastre, salvo dos o tres campos en L’Horta, el resto tendrá que labrarse sin recoger ni una sola cebolla”. No solo el temporal es el principal culpable; el mildiu, un hongo que afecta especialmente a este cultivo, carece de sustancias permitidas para hacerle frente. La prohibición de materias eficaces como el mancozeb provoca que los agricultores tengan que aplicarle un mayor número de tratamientos con unos sobrecostes valorados en 1’5 millones de euros. Sebastià advierte de que los fungicidas “ya no sirven, nos han retirado los que funcionaban. Es una situación desesperada, muchos agricultores están planteándose no volver a plantar cebollas”. Pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la apelación presentada por el grupo de trabajo sobre el mancozeb de la UE, todavía no hay autorización oficial para usarlo. Por ello, AVA-ASAJA pide al Ministerio de Agricultura que autorice el mancozeb, así como otras soluciones fitosanitarias o biológicas de contrastada eficacia, con las que controlar las plagas y enfermedades. “No tiene sentido sacar leyes contra el desperdicio alimentario y al mismo tiempo quitar soluciones fitosanitarias que provocan desperdicio alimentario”, añade Sebastià.
Respecto a otros cultivos, las lluvias son beneficiosas para las patatas, alcachofas y otras hortalizas, si bien podrían tener un efecto negativo si en los próximos días las temperaturas subieran de manera drástica. En los cítricos, solo hay que lamentar daños puntuales en algunas variedades de naranjas y mandarinas que estaban maduras y a punto de ser recolectadas. Las precipitaciones permiten ahorrar en riegos, pero hay preocupación por posibles daños a causa del exceso de humedad en la floración. La ganadería y los cultivos de secano también reciben el agua con optimismo, sobre todo tras la dura sequía que afectó al sector hace un año.
Hace cinco años, España estaba paralizada por el miedo, la incertidumbre y el confinamiento. Las calles vacías, los hospitales colapsados, las familias rotas por la distancia. Pero si hubo algo que no se detuvo fue la producción de alimentos. Mientras el país entero se quedaba en casa, los agricultores y ganaderos salieron al campo cada día, sin descanso, asegurando que las estanterías de los supermercados siguieran llenas y que no faltara comida en ningún hogar.
Se les llamó "sector estratégico". Se les aplaudió, se les reconoció. Eran, junto con los sanitarios, el pilar sobre el que se sostenía un país en crisis. Pero hoy, cinco años después, ¿dónde están esos aplausos? ¿Qué queda de aquel reconocimiento? La respuesta es desoladora: nada.
De héroes a olvidados
Cuando llegó la pandemia, el sector agrario estaba en plena batalla. Protestas en toda España, tractoradas reclamando precios justos, denuncias sobre el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad. Pero el COVID lo cambió todo. De la noche a la mañana, la preocupación ya no era solo el precio de los productos, sino cómo seguir produciendo en medio de una crisis global.
Hubo que adaptarse a nuevas normativas, restricciones de movilidad, falta de mano de obra. Y aun así, los agricultores y ganaderos no fallaron. No hubo desabastecimiento, no hubo crisis alimentaria. No dejaron de trabajar. Incluso usaron sus tractores para desinfectar las calles de los pueblos.
Pero cuando la situación mejoró, cuando la vida volvió a la normalidad, el campo volvió a ser invisible. El mismo Gobierno que en 2020 hablaba de lo esencial que era el sector, hoy lo ahoga con burocracia absurda, normativas inasumibles y una Ley de la Cadena Alimentaria que no se cumple.
Más problemas que nunca
Cinco años después, lejos de solucionar los problemas que ya arrastraba el sector, la situación ha empeorado. Los costes de producción han subido a niveles insoportables por la inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania. Los fertilizantes cuestan más que nunca, los precios en origen siguen sin cubrir los costes, y la burocracia europea y española sigue asfixiando a los productores. Y, por si fuera poco, siguen llegando nuevas amenazas: los acuerdos comerciales que ponen en jaque a nuestros productos, las exigencias medioambientales desproporcionadas y la falta de apoyo para el relevo generacional.
El campo español no necesita más discursos vacíos. Necesita soluciones reales. Que les dejen trabajar, que se les pague un precio justo, que las ayudas lleguen a tiempo y que la burocracia no sea un muro infranqueable.
Lecciones del COVID: ¿Aprendimos algo?
Si algo nos enseñó la pandemia es que la soberanía alimentaria es vital. Que no podemos depender del exterior para alimentar a nuestra población, del mismo modo que no podemos depender de otros países para garantizar nuestra seguridad energética. Ambas son la base de nuestra estabilidad y de nuestra independencia como sociedad. La agricultura y la ganadería son sectores estratégicos de verdad, no solo cuando hay una crisis. Sin energía no hay industria, sin alimento no hay vida.
Pero cinco años después, parece que los políticos han olvidado la lección. Siguen sin entender que sin agricultores y ganaderos no hay comida, no hay seguridad alimentaria, no hay futuro.
Por eso, hoy, cinco años después del COVID, es momento de recordar y exigir. Recordar quién sostuvo el país en los momentos más duros. Y exigir que se les devuelva el respeto, el apoyo y la dignidad que merecen. Porque sin el campo, no hay vida.
Afortunadamente, en Europa se han dado pasos en la dirección correcta. La Visión de la Agricultura y la Alimentación busca reforzar el papel del sector primario y garantizar un modelo productivo sostenible y competitivo, además se nos vuelve a reconocer como empresarios. Ahora es el momento de que esta estrategia se traduzca en hechos y no en palabras.
Artículo de Juan José Álvarez Alcalde, secretario de Organización de Asaja.
Valencia, 14 de marzo de 2025. El sector citrícola valenciano valora de manera positiva que la Comisión Europea haya decidido, según avanza Castellón Plaza, prolongar tres años más, del 31 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2028, los controles fitosanitarios sobre los cítricos de Sudáfrica, Argentina, Brasil, Uruguay y Zimbabue, entre otros países terceros, con el objeto de evitar la entrada y propagación de la enfermedad de cuarentena de la mancha negra de los cítricos (Phyllostica citricarpa).
Esta medida responde a las demandas que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha venido trasladando a las administraciones, en representación de ASAJA Nacional, y que entregaron sus dirigentes personalmente el pasado mes de noviembre junto a representantes de ASAJA Bruselas al comisario de Agricultura (en ese momento aún designado), Christophe Hansen; a las Direcciones Generales de Agricultura, Comercio Internacional, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea; al COPA-COGECA que aglutina a las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas europeas; a europarlamentarios españoles de varios grupos políticos; y a funcionarios de la Representación Permanente del Gobierno de España ante la UE.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “esta decisión comunitaria está en concordancia con nuestras reivindicaciones y con las necesidades reales que tiene el sector citrícola valenciano, español y europeo para garantizar su seguridad fitosanitaria. Hay que mantener las medidas de prevención, siempre bajo el aval de los científicos, mientras los países terceros no sean capaces de reducir el riesgo de introducirnos plagas y enfermedades de cuarentena que no están presentes en Europa”.
Aguado también se muestra “satisfecho porque este paso va en la dirección que hemos pedido a Madrid y Bruselas para defender las medidas fitosanitarias de la UE frente a la mancha negra y la falsa polilla (Thaumatotibia leucotetra) que el Gobierno de Sudáfrica ha denunciado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Gobierno español y la Comisión Europea se han comprometido con nosotros a que van a defender nuestros intereses en los paneles abiertos en la OMC y esta prorroga de los controles a la mancha negra es un anuncio que coincide con ese mensaje de apoyo”.
A instancias de AVA-ASAJA, el COPA-COGECA también solicita a la Comisión Europea que vuelva a establecer en su normativa un número tope de detecciones de una determinada enfermedad o plaga a partir de la cual, según el riesgo que considere inasumible la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), deban cerrarse las fronteras a las importaciones de un país tercero.
Valencia, 13 de marzo de 2025. Vivercid, uno de los viveros más afectados por la riada del pasado 29 de octubre, con graves destrozos tanto en plantas vivas como en las instalaciones y equipos que alberga en el término de Chiva, ha sido objeto desde entonces de continuados robos que han sumido a la empresa en la desesperación porque suman nuevas pérdidas económicas de 150.000 euros y complican los trabajos de recuperación de la actividad previa al temporal.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT), de la que Vivercid es asociado, denuncian “la situación de inseguridad y vulnerabilidad” del colectivo y exigen al Gobierno “más vigilancia, aplicando nuevas tecnologías, así como cambios en el Código Penal para acabar con esta lacra que no acaba nunca y pone contra las cuerdas a muchas empresas del medio rural”.
En el primer asalto que sufrió este vivero de referencia en la producción de plantas mediterráneas ornamentales, cítricos y frutales, los ladrones sustrajeron dos máquinas (un dumper y un rulo compactador) que estaban siendo empleadas por Vivercid precisamente para las labores de reconstrucción. Ambas máquinas estaban alquiladas y contaban con un seguro en caso de robo. El gran tamaño y peso de las mismas sugieren que los ladrones disponían de la organización, los conocimientos y los medios necesarios para llevar a cabo una actuación tan compleja. Curiosamente, al día siguiente del robo, la banda dejó abandonada otra máquina de origen desconocido en un camino al lado del vivero.
Dos robos posteriores se centraron en el cableado de cobre que había colocado en las instalaciones del vivero. En la primera ocasión los ladrones arrancaron el material del suelo en una parcela afectada por la DANA, mientras que en un segundo allanamiento robaron el cobre que discurría cubierto por protectores de goma a varios metros de altura a lo largo de los invernaderos. La cantidad del material sustraído alcanza los 4.000 metros de longitud y el valor económico asciende a 20.000 euros, a lo que hay que añadir los sobrecostes de mano de obra porque la empresa ha decidido quitar el cable que quedaba para que no lo roben también, los gastos de la posterior colocación de cobre y los problemas indirectos por falta de suministro eléctrico.
“Damnificados por la DANA y vapuleados por los robos”. Así se mostró el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, tras conocer los hechos: “La lacra de los robos es una vergüenza indigna de un estado de derecho como el nuestro. En el caso de Vivercid, ha interpuesto denuncias ante la Guardia Civil, porque tiene seguro, pero la mayoría de robos no se denuncian al considerarse una pérdida de tiempo. Por eso las estadísticas oficiales no reflejan la realidad del sector agrario. Cuando no son cosechas (aceitunas, aguacates, algarrobas, naranjas, etc.), son plantones, y cuando no son máquinas, son materiales (cobre, hierro, etc.) o instalaciones de riego. Esta situación es insostenible y las administraciones han de tomar decisiones contundentes para acabar con este problema”.
AVA-ASAJA ha enviado una carta a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para solicitarle que “intensifique la vigilancia -tanto en las explotaciones como en los centros que son susceptibles de recibir los productos sustraídos-, aplicando para ello las nuevas tecnologías disponibles”. Asimismo, plantea el estudio de “modificaciones en el Código Penal para aumentar las penas, sobre todo en los casos reincidentes”.
En otra misiva, la organización agraria igualmente pide al alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, que aumente la vigilancia de la policía local en el término municipal ya que “los propietarios agrarios también pagan contribución y tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos a sentirse seguros”.
A las puertas de Les Corts Valencians decenas de agentes sociales, representantes institucionales y alcaldes se han concentrado hoy, convocados por Juristes Valencians, bajo el lema “5 años de deslealtad institucional del congreso de los Diputados con Les Corts” para recuperar el derecho civil valenciano.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) expresa una vez más su compromiso en defensa de esta capacidad autorreguladora que el territorio autonómico tuvo durante siglos y, tras haberse recuperado en 2007, fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2016. Aquella sentencia inició la movilización de la sociedad valenciana en una lucha que estuvo a punto de acabar en febrero de 2020 cuando una reforma de la Constitución abrió la oportunidad de incluir una enmienda que devolviera el derecho civil a la Comunitat, pero que finalmente no se aceptó por acuerdo de los dos principales partidos del Congreso de los Diputados.
La protesta ha servido para requerir a les Corts la aprobación de iniciativas legislativas en materia de derecho sucesorio y de familia, designar diputados en Corts para defender el proyecto de reforma constitucional en el Congreso y derogar expresamente los Decretos de Nueva Planta por las Cortes Generales, entre otras iniciativas.
Madrid, 11 de marzo de 2025.- En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las principales organizaciones del sector agrícola y ganadero español -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias- manifiestan su profunda preocupación ante las propuestas que baraja la Comisión Europea en relación con el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) posterior a 2027. En particular, alertan sobre el impacto que tendría la reconfiguración del MFP hacia un modelo de "Fondo Único", que transformaría la estructura y la gobernanza del MFP y de la Política Agrícola Común (PAC), poniendo en riesgo el futuro del sector agrario.
La propuesta barajada por la Comisión Europea implicaría la concesión de un “sobre” con el montante conjunto de todos los fondos europeos a cada Estado miembro, siendo este quien decidiera qué uso dar a estos fondos y a qué sectores financiaría. Estos fondos serían concedidos en caso de que el Estado Miembro cumpliera con ciertos hitos que nada tendrían que ver con el sector agroalimentario. Si bien el objetivo de simplificación administrativa es compartido, las organizaciones advierten del riesgo que supone esta propuesta, pues el montante económico que se destina actualmente a la PAC pudiera ser destinado a otros sectores y/o actividades no relacionados con la agricultura. Se pondrían en peligro las medidas europeas de apoyo al sector en el marco de la PAC, en concreto las del primer pilar, incrementado las diferencias de trato entre agricultores de los diferentes Estados miembros, fragmentando el mercado único.
La aplicación de un "Fondo Único" también supondría un incremento de la complejidad y la incertidumbre para los agricultores, afectando a la estabilidad de la cadena agroalimentaria y generando muy posiblemente un colapso administrativo en la gestión de los fondos europeos. Además, esta propuesta acercaría peligrosamente una renacionalización de la PAC, algo que iría en contra de los objetivos de la PAC establecidos en los Tratados, y que históricamente ha sido rechazado por el Gobierno español en Bruselas.
Teniendo en cuenta que el Marco Financiero Plurianual es discutido y acordado en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, el sector agrario español solicita al presidente del Gobierno que defienda con firmeza un presupuesto sólido, sencillo y específico para la PAC, que permita fortalecer la competitividad del sector, garantizar unos ingresos dignos a los agricultores y asegurar la disponibilidad de alimentos saludables y asequibles para la población.
Las organizaciones firmantes instan a las autoridades nacionales y europeas a preservar la esencia de la PAC, política base de la integración europea y evitar reformas que pongan en riesgo la viabilidad del sector agrícola y ganadero en España y en toda la UE y que sus fondos no estén ligados al cumplimiento de hitos ajenos al sector agrario.
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