El Real Decreto 1028/2022 regula el registro digital de los contratos alimentarios formalizados con productores primarios y las agrupaciones de estos antes de la entrega del producto objeto del contrato. Dicha inscripción será voluntaria a partir del 31 de enero de 2023 y tendrá carácter obligatorio a partir del 30 de junio de 2023. Los compradores ya pueden darse de alta en el registro, a través de la página web de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), como paso previo a la inscripción de los contratos.

En cuanto a las entidades que venden las cosechas de sus socios, la directora de la AICA, Gema Hernández, aseguró durante una jornada de AVA-ASAJA en Valencia que la legislación también les comporta una serie de obligaciones, como definir las referencias que se emplearán para establecer el precio de las producciones de sus socios y garantizar la cobertura de los costes de producción cuando el producto sale de la puerta del almacén.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, defiende que “un país desarrollado y miembro de la Unión Europea como es España debe asumir las políticas del siglo XXI a favor de la transparencia, la trazabilidad y la profesionalidad en las relaciones comerciales. Creemos que, siempre guardando la confidencialidad, la Administración ha de disponer de las garantías legales necesarias a fin de comprobar con total claridad, exactitud y agilidad las transacciones en el primer eslabón de la cadena, que es donde se producen la mayor parte de los abusos comerciales debido a la debilidad del productor”.

Afirma Aguado que “el Gobierno es plenamente consciente de la problemática que vienen arrastrando los agricultores y ganaderos al carecer de la capacidad real de repercutir la subida de los costes de producción en los precios que perciben. La Administración tiene motivos más que suficientes para actuar: si la población agraria bate récords de envejecimiento, si no hay incorporación de jóvenes y si crece la mancha marrón de los campos abandonados es principalmente por la falta de un precio justo. Confiemos en que el Gobierno seguirá adoptando más medidas dirigidas a reequilibrar la cadena alimentaria y garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones agropecuarias”.