La discriminación presupuestaria del sector hortofrutícola y vinícola hace más grave si cabe la au­sencia en la propuesta de una mayor concreción en las iniciativas que se anun­cia­ron para corregir los dese­qui­librios que dominan la cadena agroalimentaria, contra los que el agricultor me­di­te­­rrá­­­neo se encuentra desamparado, con precios ruinosos y casi sin ayudas. En este sentido, el es­fuerzo realizado estos años por la propia CE, que elaboró una co­mu­nicación criticando los “abusos” en el mercado alimentario, por el Comité Económico y So­cial Europeo (CESE), que emi­tió un dic­ta­­men en esta misma línea en el que colaboró la pro­pia AVA-ASAJA o el pro­nun­cia­miento del Parlamento Europeo, que reclamó “precios justos pa­ra los agricultores”, contrasta con la vaguedad con la que Bruselas ha enunciado ahora los posibles instrumentos de la PAC para co­rre­gir ta­les distorsiones. Aguado subraya a este respecto que “las medidas para afianzar al es­la­bón más dé­bil de la cadena debían de haber sido un punto básico de la re­for­ma, más im­portante incluso que las propias ayudas porque nues­tra agri­cul­tura es­tá volcada al mer­ca­do, pe­ro no ha sido así y sin­­ce­ramente creo que estas cuestiones deben de aclararse y re­sol­­verse cuanto an­tes”.

Otro de los aspectos novedosos incluidos en la propuesta es el llamado “pago verde”, una fórmula con la que se pretende fomentar las prácticas agronómicas res­petuosas o po­ten­­­­cia­doras de los beneficios medioambientales. La importancia de tal con­cepto es tal que la re­­forma le asigna hasta un 30% del presupuesto comunitario asignado a cada Estado miem­bro. Sin em­bargo y sor­prendentemente, algunas prácticas agronómicas muy arraigadas en la Comunitat, como el riego por goteo o funciones como la labor de absorción de CO2 por par­te de los cítricos y de los frutales en general –que retienen más carbono contaminante por hectárea que cualquier otro cultivo de secano o incluso cualquier bosque- no han sido con­sideradas. El presidente de AVA-ASAJA considera “injusto e incomprensible que tales usos, que repercuten directamente en favor del medio ambiente y por tanto, de toda la so­cie­­dad, no hayan sido ya reconocidas expresamente como una forma más para el pago ver­de”.

Con todo, Aguado reconoce el esfuerzo que han venido realizando el comisario Ciolos y su equipo “para disponer del mejor presupuesto posible para la agricultura comunitaria en una época de recortes generalizados” y de igual forma valora los cambios introducidos para potenciar la incorporación de jóvenes agricultores.