Más de 200 personas entre agricultores, profesionales del comercio hortofrutícola o vinculados a la lucha contra las plagas han participado hoy en la jornada ‘La nueva normativa europea de fitosanitarios. Análisis y Perspectivas’ organizada por AVA-ASAJA y patrocinada por la Conselleria de Agricultura y por Syngenta Agro. El presidente de esta organización, Cristóbal Aguado así como Pedro Barato, líder de Asaja nacional, han coincidido en remarcar que la nueva regulación que pronto se implantará “aumentará la burocracia, disparará los costes de cultivo y –al limitar drásticamente las sustancias activas- reducirá la productividad”.
Por este motivo, y de cara a la próxima transposición a la legislación nacional de los nuevos requerimientos, tanto Barato como Aguado han exigido un “diálogo constructivo y permanente” con los productores y con las autonomías para tratar de atenuar así su impacto. En esta misma línea, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández –que ha clausurado la jornada- se ha mostrado muy crítica con la nueva regulación. La responsable autonómica ha manifestado que su “planteamiento es equívoco y sus postulados hipócritas” porque “ya teníamos una legislación en materia de fitosanitarios que era –que es- la más exigente del mundo y ahora se trata de resolver un problema que no teníamos”.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plagas (AEPLA) y director general de Syngenta Agro, Sergio Dedominici, ha advertido de que los requisitos establecidos supondrán añadir “más trabas a la investigación fitosanitaria” y de forma gráfica ha señalado que el proceso emprendido es como “no haber llegado aún a la Luna y plantearnos ya cómo conquistar Marte”. Es más, Dedominici, ha concluido que la regulación finalmente promovida es “sobre grandes deseos y no sobre realidades”.
En sendas videoconferencias, dos responsables de la Comisión Europea (CE) han explicado el alcance de las nuevas normativas. De un lado, Wolfgang Reinert, de la Dirección General de Sanidad y Consumidores (DG Sanco), se ha referido al Reglamento de Comercialización de Fitosanitarios, que será aprobado a finales de este mes por el Consejo Europeo.
El nuevo reglamento sustituirá a la actual legislación, la directiva 91/414/CEE, cuyo legado a mediados de 2011 será la retirada del mercado del 66% de las sustancias activas existentes en 1993 así como de las nuevas aprobadas desde aquel año. Aguado ha remarcado en este sentido la importante campaña conjunta que emprendió en Bruselas y Estrasburgo AVA-ASAJA de la mano de la propia ASAJA y de AEPLA para tratar de reducir el “desastre” que hubiera supuesto la redacción del citado reglamento en los términos que planteó inicialmente el Parlamento Europeo.
Pese a ello, como ha destacado el director general de Innovación Agraria, Manuel Láinez, la futura regulación en materia de comercialización agravará los problemas que ya se están dando en la lucha contra las plagas en algunos cultivos mediterráneos, muy especialmente en los llamados ‘menores’. Por tal cosa se entienden multitud de hortalizas, pero también algunos frutales -como el caqui- o cereales, como el arroz que ya se han quedado si casi insecticidas y que amenazan con sufrir en breve mayores problemas de resistencias, al verse obligados a repetir los tratamientos con las mismas sustancias.
La eurodiputada de la Comisión de Medio Ambiente, Pilar Ayuso, ha destacado pese a todo la “gran labor realizada” desde el hemiciclo europeo y tras remarcar que se sentía “satisfecha por tener la conciencia del deber cumplido” ha insistido en la importancia en que, de aquí en adelante, se hagan los análisis científicos pertinentes para garantizar un uso adecuado de los fitosanitarios. En segunda instancia, Anne-Cécile Cotillon, de la Dirección General de Medio Ambiente de la CE, ha detallado los contenidos básicos de la no menos trascendente Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios que, según ha avanzado, podría ser aprobada por el Consejo de Europa esta misma semana y entrar en vigor ya en octubre-noviembre.
El Gobierno español dispondrá a partir de entonces de dos años para transponer la nueva regulación y más concretamente de 18 meses para redactar los llamados Planes de Acción Nacional (PAN). Estos planes serán el instrumento clave con el que los Estados miembros determinarán los objetivos cuantitativos de reducción en el uso de los fitosanitarios, las medidas así como los calendarios de aplicación y los indicadores de riesgo.
La secretaria general del Medio Rural, Alicia Villauriz, ha sostenido que tal plazo es “suficiente” para garantizar una transición “tranquila” y ha prometido –en la línea de lo solicitado por ASAJA- que habrá la “coordinación y debate con las autonomías y las organizaciones agrarias”. Es más, la responsable ministerial ha anunciado que España aprovechará la presidencia de turno de la UE, a partir del 1 de enero, para avanzar en el desarrollo de un proceso de armonización de la exigente legislación europea en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) con la de los países terceros.
Tanto la consellera Hernández como Aguado coincidieron en denunciar en este sentido la “doble vara” que aplica la UE en materia de LMR y fitosanitarios “tan estricta con la producción europea y tan generosa con las importaciones de los países terceros”, motivos por los que valoraron la iniciativa anunciada y exigieron su cumplimiento efectivo.
