Las Directoras Generales de Producción Agraria y de Comercialización, Laura Peñarroya y Marta Valsangiacomo respectivamente, se reúnen mañana, a las 18:30 horas, en el Centro Social del Ayuntamiento de Utiel con los viticultores de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) de la comarca Utiel-Requena para explicar el resultado de la negociación que esta organización agraria ha mantenido con el departamento de Maritina Hernández durante los últimos 4 meses.
La Junta Comarcal de AVA-ASAJA ya se reunió la semana pasada con la consellera para consensuar el alcance del acuerdo hecho público ayer parcialmente a las organizaciones que no han participado en las reuniones de trabajo. Sin embargo, será mañana cuando todos los viticultores puedan conocer de primera mano los detalles de la moratoria de dos años en los préstamos para los planes de mejora y primera instalación que vencían entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2011, así como otras medidas puntuales en defensa del viticultor.
“La negociación va por muy buen camino, pero seguirá para intentar lograr otras reivindicaciones de la organización como las ayudas de mantenimiento a cooperativas a causa de la falta de ventas de vino almacenado”, afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
“Es un acuerdo que demuestra que AVA y la Conselleria estaban negociando y que justifica más que sobradamente el que la directiva no estuviera oficialmente en la manifestación de abril frente a la Conselleria”, manifiesta Aguado, “protesta que sí hizo ante el Ministerio ya que, a excepción de la colaboración tardía en aportar la información necesaria para que la Conselleria realizara los trámites de la moratoria, no se ha mojado ni ha apoyado al sector vitivinícola valenciano”.
En este sentido, AVA-ASAJA está estudiando organizar algún tipo de acción puntual frente al Ministerio “ante su falta de voluntad para colaborar en defensa de los intereses de los viticultores”. Entre las demandas, cabe añadir la destilación de crisis que el sector vitivinícola lleva reclamando varios meses para evitar excedentes, actuar ante importaciones de terceros países que inciden en dumping social y económico, y emprender campañas informativas sobre el consumo responsable del vino.




