Esto se podría traducir en el abandono de un por­cen­taje con­si­de­­­­rable de la superficie plantada, que ahora suma unas 78.000 hectáreas. En este sentido, AVA-ASAJA atribuye este hecho a la crítica situación por la que atraviesa el sector, atenazado por la sucesión de crisis de precios en origen y por los problemas de falta de relevo generacional.

“La inmensa mayoría de viticultores son demasiado ma­­yores, no tienen quien les pueda suceder y están hartos de per­der dinero, de afron­­­tar cotizaciones ruinosas mientras los costes se disparan, por lo que es ló­gico que mu­chos estén por la labor de arrancar sus viñas si es que les pagan por ello”, explica el pre­sidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado.  

AVA-ASAJA advierte, por otra parte, de que el número de solicitudes sería mu­cho mayor si se hubiera flexibilizado las condiciones para acceder a estas ayudas eu­ropeas. Así, por ejemplo, quedaron excluidos como posibles solicitantes de pri­mas para el arranque los cientos de viticultores que en su momento se be­neficiaron de planes de reconversión o reestructuración de sus viñedos así como de cualquier otra ayuda de alguna OCM.  

La citada regulación europea del mercado del vino aspira a eliminar en tres tem­­poradas hasta 175.000 hectáreas de viñedos en toda la UE. Para la primera de estas campa­ñas, la que ahora comienza, se dispuso de la mayor de las tres partidas habilitadas, de 464 millones de euros, lo que permitirá que la prima de arranque de este año pueda ser mayor que la de las dos temporadas posteriores. La OCM, por otra parte, concede a los Estados miembros la posibilidad de limitar la concesión de es­tas ayudas en el caso de que las solicitudes superasen el 8% de la superficie viní­co­la de un Estado o del 10% de una autonomía.  

Por estos motivos, AVA-ASAJA solicita a la Administración que fle­xi­bilice la con­cesión de estas ayudas porque así se aseguraría una mayor prima para los be­neficiarios. De igual manera y ante la posibilidad cierta de que se supe­rasen los lí­mites de superficie citados, estatales o regionales, la organización agraria pide que no se apli­quen las restricciones.