Las conversaciones en este sentido no guardan relación alguna con las que se mantienen simultáneamente para revisar el Acuerdo de Asociación con los países de la ribera sur del Mediterráneo, que recientemente ya fructificaron en un pacto con Egipto que supondrá importantes concesiones comerciales en materia de frutas y verduras y que, en el caso alauí, han sido aplazadas a septiembre. Mientras tanto, Marruecos mantiene con la UE una negociación paralela y ‘sigilosa’ que va mucho más allá en lo político y que arrancó en 2005 con el llamado Proceso de Barcelona.
En aquella cumbre europea se impulsó para el país norteafricano la concesión de unos ‘Estatutos Avanzados’ de integración en la UE, que ya se sabe que le permitirán participar a medio plazo en programas comunitarios, acceder en condiciones privilegiadas al mercado europeo y que reforzarán la cooperación en materia energética, migratoria o antiterrorista. El mes pasado, el país africano presentó a la CE su propuesta definitiva en este sentido, que fue recibida con entusiasmo.
El ministro de Agricultura marroquí visitará España en breve para defender sus planes y la UE tiene que dar una respuesta a lo largo del presente mes porque está previsto que el acuerdo definitivo pueda ser firmado en octubre. “Marruecos no ha cumplido ninguno de los compromisos que, en materia de avances sociales y democráticos, se le exigieron en Barcelona y ahora pide a la UE además que se le recompense por ello a costa de las frutas y verduras europeas y muy especialmente valencianas, muchas de cuyas empresas tendrán que cerrar si se accede”, advierte Aguado quien confía en que “la agricultura no vuelva a ser moneda de cambio”.
El ingreso de Marruecos –a medio plazo Francia plantea otros ‘Estatutos Avanzados’ para Turquía- en la OCM de Frutas y Hortalizas permitiría a los grandes terratenientes alauís modernizar sus estructuras agrarias e incrementar su grado de penetración hortofrutícola en la UE al no sufrir barrera comercial alguna y poder crear incluso Organizaciones de Productores con las que beneficiarse de los fondos operativos europeos.
En este sentido, AVA-ASAJA advierte de que la citricultura valenciana difícilmente podría afrontar el ‘dumping social, económico, fiscal y medioambiental’ del país norteafricano. Efectivamente, Marruecos mantiene la edad mínima laboral en los 12 años (se estima que 1 de cada 2 niños tiene que combinar estudios y trabajo); su Seguridad Social cubre a poco más del 20% de los asalariados, tiene una ‘laxa’ legislación hídrica y medioambiental e incluso exonera de impuestos agrarios a los grandes terratenientes
