Aunque en apariencia ofrecen precios distintos, en la realidad, si se comparan los costes medios de todos los conceptos, representan precios prácticamente idénticos lo que hace sospechar que ha habido acuerdos al respecto, contrarios a la libre competencia.  Las compañías eléctricas están aprovechando la liberalización, que en principio debería ser buena y conveniente, como ha defendido el Gobierno, para imponer su­bi­das “exa­ge­ra­das” que oscilan, por término medio, entre el 35% y el 60% y que en algunos casos superan el 100%. Además, discriminan a los usos agrarios (riego, granjas…) con mo­dalidades de contratación que no tienen en cuenta las peculiaridades y necesidades de este sector. 

“Espero que la CNC se atreva a investigar a las todopoderosas compañías eléctricas, en­tre otras cosas porque la supuesta libe­ra­li­za­ción, lejos de favorecer la competencia, la está complicando y los encarecimientos afectarán, primero, a los sec­tores pro­duc­ti­vos, pero acto seguido llegarán a los consumidores, con lo que la in­flación se dis­pa­ra­rá aún más”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­do.  

En la denuncia se recuerda a Berenguer que el proceso de liberalización, que comienza a apli­­carse el próximo 1 de julio, es sólo la antesala del que entrará en vigor el 1 de ene­­­­ro de 2009, que afectará también a todos los usuarios domésticos, por lo que la “receta” que aho­ra se aplique será básicamente la misma que vendrá después. Esta organización agraria cuestiona el modo de liberalización que se está imponiendo, puesto que “casi nadie puede acceder ahora a que le suministre electricidad otra compañía distinta de la que ya lo hace y que es predominante en esa zona geográfica”.

Esto demuestra que las eléctricas “siguen repar­tién­dose el territorio”, advierte la carta. A lo sumo, y seguramente para guardar las apa­rien­cias, continúa, “se dan tímidas incursiones de compañías en zonas ‘ajenas’, pero dándose la llamativa circunstancia de que cada una deja a las demás que entren sólo un poco en las suyas”.  De igual manera, AVA-ASAJA denuncia que la negociación previa a la liberalización no ha ampliado la oferta de precios sino que las medias de éstos son “glo­balmente iguales, sólo con ligeras variaciones en algunas tarifas para determi­na­dos periodos”.

Especialmente gravoso para las entidades de riego agrícola resulta la modalidad de contratación de ‘tres periodos’ obligatoria para aquellos usuarios con una po­tencia menor de 450 kw/h. En esta situación se encuentran la inmensa mayoría de po­zos, a los que se les excluye del horario ‘menos caro’ sábados, do­mingos y festivos, dejando sólo las 8 horas nocturnas (de 0 a 8 horas de la mañana). En cambio, los grandes consumidores, con potencias superiores a 450 kw/h, disponen de dichas 8 horas más todos los sábados, domingos, festivos nacionales y todo el mes de agosto.

Aguado lamenta que se dis­crimine “a los usuarios más modestos, en este caso a los agricultores, que tienen menor capacidad de negociación”. En este sentido, resulta igualmente “escandaloso” que las mayores subidas de precios, entre el 50 y el 100%, “se den precisamente en las franjas horarias de menor consumo y de precios menos altos, con lo cual se está poniendo de entredicho el gran esfuerzo realizado por los agricultores y las administraciones públicas en la modernización masiva de los regadíos”.