AVA-ASAJA lamenta la “insensibilidad” mostrada por el Gobierno en la negociación sobre las tarifas de riego

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lamenta la “insensibilidad” que volvió a demostrar el Gobierno central ayer du­ran­te la reunión mantenida con los re­presentantes nacionales de las aso­cia­cio­nes agrarias y de los regantes para abordar la li­beralización, el próximo 1 de julio, de las tarifas eléctricas.

 

Tras negarse a tratar el pro­ble­ma du­rante más de un año, los al­tos funcionarios del Ministerio de Medio Am­­biente y del departamento de Indus­tria se limitaron a prometer que, a lo sumo, las ta­rifas es­peciales de riego que ven­cen en tal fecha se podrían prorrogar entre un mes y tres. “Quiero pensar que la Ad­mi­nis­tración central no ha valorado las graves consecuencias que esta subida tendrá y que rectificará, porque al incremento de esta factura hay que sumar la subida del gasoil, la de los fertilizantes y la propia crisis estructural que arrastramos desde hace años”, advierte el presidente de esta asociación, Cristóbal Aguado.

 

Los altos funcionarios de sendos ministerios, no sólo descartaron la prórroga de un año que reclama unánimemente el sector, sino que tampoco aceptaron las al­ter­nativas propuestas para compensar a los regantes por una subida de la factura de la luz que, en el mejor de los casos, llegará al 30% y que –como ya de­nunció AVA-ASAJA- en el caso de la Comunitat podría suponer duplicar los costes del riego. A es­te respecto, se mostraron escépticos también a la hora de aprobar un IVA re­du­cido (del 16 al 7%) similar al establecido para al gasoil agrícola y que, por cierto, ya aprobó Italia, así como a introducir fórmulas para dotar de una mayor flexibilidad a la po­tencia contratada.

 

 

De cualquier manera, y pese a la proximidad de la fecha de con­tra­­­tación, las partes acordaron mantener las conversaciones.  La liberalización supone pasar de comprar la electricidad mediante la tarifa especial a ad­­­­quirirla en el mercado directamente a las compañías distribuidoras, lo que re­pre­sen­­­ta “un cambio de enorme calado para muchas comunidades de regan­tes que en una negociación con las poderosas empresas eléctricas nos encontramos en clara po­­­sición de desventaja y además, con un tiempo mínimo para la negocia­ción”, e­x­pli­ca Aguado quien advierte, además, que el cambio resulta especialmente “ino­­por­tu­no” no sólo por el contexto de crisis económica en la que se da, sino tam­bién por­que “la subida se cebará especialmente con la agricultura que más esfuerzo ha he­cho por ahorrar agua y que ahora más sufre las consecuencias de la sequía y podría lle­gar incluso a pensarse que primará a aquellos que no consumen luz pero sí mucha agua y que en su momento no modernizaron sus sistemas de riego”.  

 

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