En esta misma línea, el secretario general de La Unió-COAG, Josep Botella, reclama a Bruselas que, de cara a la última y decisiva fase de revisión de materias activas “claves y sin alternativas, se escuche al sector porque si no se atiende a sus necesidades, la UE no podrá garantizar la seguridad alimentaria a los consumidores europeos”.
Hasta el momento, la aplicación de la directiva 91/414/CEE, ha supuesto la eliminación desde 1993 hasta febrero de este año de 252 sustancias activas permitidas en España mientras que se han admitido otras 175, pero entre ellas sólo se ha aceptado el uso –en muchos casos con grandes limitaciones- de 30 insecticidas. Así las cosas, se puede concluir que la agricultura mediterránea se quedará en próximas fechas sin dos de cada tres insecticidas existentes anteriormente en el mercado.
Si bien el proceso de revisión de las materias activas de los fitosanitarios está previsto que concluya el 31 de diciembre de este año, la Comisión Europea estudia una segunda iniciativa del Parlamento Europeo que podría agravar la situación. Se trata de una propuesta más restrictiva sobre la comercialización de fitosanitarios en tanto implica la exclusión directa de multitud de pesticidas ya revisados satisfactoriamente y que además complicará la renovación de las autorizaciones para cada uno de ellos.
De hecho, según un estudio realizado por el centro italiano Nomisma, la aplicación de tal regulación provocaría fuertes pérdidas en los rendimientos agrarios, lo que a su vez generaría caídas de las cosechas de hasta el 30% en trigo, del 20% en cereales o del 33% en patatas. En el caso de la agricultura mediterránea, AVA-ASAJA y LA UNIÓ-COAG alertan que la caída de la producción hortofruticola sería mucho mayor que en el caso de la continental puesto que su productividad está más condicionada a cuestiones climáticas y porque, por el mismo motivo, la afección de las plagas en la cosecha es también más importante.
La eliminación de sustancias activas provocada por el primer proceso así como la que se derivaría del segundo supondría ‘de facto’ la eliminación del 75% de los fitosanitarios hoy existentes y de hasta el 90% en el caso de los insecticidas, según datos de la Asociación Española para la Protección de las Plantas (AEPLA).
LA UNIÓ-COAG y AVA-ASAJA advierten, además, que la eliminación de alternativas en la lucha contra las plagas obligará a repetir sucesivamente los tratamientos con los mismos productos, lo que facilitará la aparición de resistencias. El problema –a la luz de los fitosanitarios cuyo uso se ha restringido temporalmente o eliminado- se agudizará y de hecho ya se está dando especialmente en aquellos cultivos menores, como la chufa, con pequeñas explotaciones que requieren de productos específicos que no despiertan el interés por defenderlos de los grandes laboratorios europeos.
Por todo ello, Botella y Aguado coinciden en denunciar que “vistiéndolo bajo el manto de un falso principio de seguridad alimentaria, Bruselas está eliminando plaguicidas a espaldas del propio sector, lo que agravará el problema porque lo que aquí se prohíbe se seguirá utilizando fuera y acabará por entrar a Europa”. “El daño se dará entonces, no sólo para el agricultor, sino también para el consumidor”, concluyen los dos líderes agrarios.
