AVA denuncia que la UE protege a la fruta importada que usa fitosanitarios prohibidos en Europa

Tras aprobar desde 1990 más de medio cen­te­­­­­nar de confusas directivas y con un retraso de casi dos años so­bre el último ca­len­da­rio previsto, Bruselas publicó el pasado 1 de marzo el ansiado re­gla­men­to con el que los Vein­tisiete armonizan sus respectivas regulaciones na­cio­na­les so­bre límites máximos de re­si­­duos (LMR, los restos de fitosanitarios acep­tados en los frutos), que entrará en vigor en septiembre. AVA-ASAJA denuncia que, el nue­vo listado de LMR’s se extiende a materias muy efi­ca­ces en la lucha contra determinadas plagas cuyo uso fue prohibido años atrás para los agri­cul­to­res europeos.

 

 

 

 

Para su presidente, Cristóbal Aguado, este he­cho servirá para dar “co­bertura jurídica” a las importaciones hortofrutícolas que vio­lan las normas eu­ropeas y consolidar así otro factor más de competencia desleal, el fitosanitario”.   

 

Así, entre los residuos máximos que el ejecutivo comunitario ha ar­mo­nizado se encuentran insecticidas con marcas tan populares entre los citricultures como el ‘Le­baicid’ (cuya materia activa es el Fentión) o el ‘Ultracid’ (Metidatión). Si el primero demostró durante lustros su eficacia en la lucha contra la ‘mosca del Me­diterráneo’ (ceratitis capitata), el segundo lo hizo contra todo tipo de cochinillas.

 

 

Su éxi­to comercial y fitosanitario no impidió que años atrás, Bruselas or­de­nase retirar del mercado sendas sustancias por motivos medioambientales. “Aho­ra disponemos de insecticidas más caros y menos eficientes. Aceptamos los cam­bios, pero lo que no podemos asumir es que lo que fue bueno para los europeos no se quiera aplicar aho­ra para la fruta importada de países terceros, que además ya com­pite con costes más bajos y menores garantías de seguridad alimentaria”, de­nun­cia Aguado. 

 

AVA-ASAJA valora en todo lo demás la nueva regulación pues, sobre el pa­pel, elimina los obs­táculos que la aplicación de las distintas normativas nacionales e in­cluso pri­va­das su­ponían para la exportación hortofrutícola. Y es que, durante este tiempo se podría dar el caso de que, cumpliendo con la legislación española, se produjeran rechazos en algún destino europeo por violar una normativa local que, sin jus­ti­fi­ca­ción científica al­guna, re­sul­ta­ba más restrictiva.

 

 

Este creciente problema afecta tanto al operador comercial como al propio agricultor, que debe aplicar los tra­ta­mientos adecuados no sólo para la plaga o enfermedad que tenga que com­batir, sino según la regulación del lugar donde vaya a ser expedida después su co­secha.  

 

En idéntico sentido, al­gu­nas grandes cadenas de supermercados han venido usando esta cues­tión como barrera co­­mercial de facto, creando normativas de re­siduos propias de imposible cumplimiento. “Si quieren producto ecológico que lo pa­guen como tal, pero si no es así no pueden ‘inventarse’ reglamentos como baza con la que presionar los precios a la baja”, denuncia Aguado.

 

 

AVA-ASAJA reclamará a  la CE por tanto que obligue a estas cadenas a que se ciñan al nuevo reglamento eu­ropeo e instará al Gobierno español a que presione a Bruselas para que lo rectifique y garantice la reciprocidad en la regulación fitosanitaria para la fruta eu­ropea y la no co­munitaria.

 

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