AVA pide al Gobierno que retome la negociación con Rusia para garantizar las exportaciones citrícolas

La Comisión Europea (CE) informó el pa­sa­do viernes sobre las condiciones del nuevo memorándum para la exportación hor­to­fru­tícola a Rusia firmado el pasado 28 de febrero. El acuerdo tendrá que ser de­sa­rro­lla­do en algunos de sus pun­­tos esenciales –como en el de los residuos- antes del 1 de julio, momento en el que co­­­menzará a aplicarse uni­lateralmente por el país ex ­co­mu­nista. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­do, espera que “España retome las con­­versaciones con Ru­sia para renegociar bilateralmente las condiciones del pro­to­colo”.

 

 

 

Aguado advierte además que este acuerdo demuestra la “política co­mer­­­­cial errática de Bruselas, que ha vuelto a usar al sector hortofrutícola como mo­ne­­­da de cam­bio”, motivo por el que el líder de AVA-ASAJA insiste en que este tipo de ne­go­cia­ciones se tendría que desarrollar en el seno de la Or­ga­nización Mundial del Co­mercio (OMC), en la que Rusia ingresará próximamente. “Si nos abocan a una eco­­­­­­­no­mía glo­ba­l, todos debemos competir con las mis­mas reglas de juego”, ad­vier­te. 

 

El memorándum suscrito en Moscú deja sin resolver dos de las cuestiones más espinosas: La fijación de los Límites Máximos de Resi­duos (LMR, los restos de fi­tosanitarios aceptables en los frutos) y las to­le­ran­cias (el colchón que se establece entre las respectivas regulaciones rusa y europea). Las partes habrán de llegar a un acuerdo a este respecto antes del citado 1 de julio para lo que se crearán co­misiones bilaterales. Como ya denunció AVA-ASAJA, el listado de LMR’s de Rusia rebaja sin justificación técnica al­gu­na la mayor parte de los límites europeos hasta el punto de hacer inviable la exportación de cítricos.

 

 

En concreto, la Federación rusa impone unos LMR im­po­si­bles de cumplir, ni siquiera apli­cando las tolerancias que aún se han de pactar, pa­ra tres materias activas de uso común en la ci­tricultura: el ‘Clorpirifos’ (el más utilizado para lu­char con­tra pla­gas de cochinillas), el ‘Imazalil’ (el más usa­do en los almacenes para re­trasar el po­drido de la fruta) y el ‘Tiabendazol’ (el fungicida más so­­corrido entre los tratamientos de postcosecha). Es en este punto donde el Go­bier­no español, a juicio de Agua­do, “debe tomar la batuta en las ne­gociaciones como primer exportador del mundo”. 

 

El pacto suscrito, para el que no se ha consultado al sector europeo ni a los Es­tados miembros, exige a los operadores “tener disponible” un documento distinto al habitual con toda la información sobre los pesticidas usados durante su fase de pro­ducción y con­fec­ción.

 

 

Se trata de un nuevo trámite que encarecerá los costes burocráticos de los envíos y que añade mayor inseguridad jurídica. Junto a ello se ha acordado la posibilidad de que las autoridades rusas realicen visitas para com­probar in situ el grado de cumplimiento del protocolo y, en caso de detectar vio­la­cio­nes en materia de residuos, a la documentación citada se tendría que aña­dir un cer­tificado sanitario expedido por un laboratorio autorizado por Rusia.

 

El do­cumento no aclara si éstas mismas condiciones serán aplicadas a otros pro­vee­dores hor­to­fru­tí­colas rusos no europeos, como Turquía, Marruecos o Argentina lo que ló­gicamente po­dría generar una evidente competencia desleal para los productores de la UE. En lo que llevamos de temporada, Rusia ha duplicado las importaciones de cí­tricos españoles hasta llegar a las 35.265 toneladas, lo que lo convierte en el se­gundo mercado tercero tras EEUU más importante. El país excomunista sólo produce el 50% de su consumo hortofrutícola lo que, unido al espectacular de­sarrollo de su clase media, lo hace una plaza emergente clave.  

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