En primera instancia, la reforma aprobada supone una clara cesión a los países productores del norte de Europa que, liderados por Alemania, se opusieron a la pretensión inicial de la Comisión Europea (CE) de eliminar los métodos de ‘chaptalización’ del vino (añadir azúcares para subir el grado de alcohol). El mantenimiento de esta medida era, no sólo para AVA-ASAJA sino para todo el sector vinícola valenciano una aspiración irrenunciable porque supondría poner en valor sus caldos al primar sus dones naturales y no los ‘artificiosos’. El presidente de esta organización tilda de “rendimiento en toda regla” la postura española al acceder a que se permitan tales prácticas en tanto ni siquiera se ha logrado que tal enriquecimiento se pueda realizar con mostos (que servirían para eliminar excedentes) sino que sólo se aprueba para la sacarosa procedente de la remolacha.
En segundo lugar, el acuerdo alcanzado supone una significativa mengua de los presupuestos que se venían dedicando al sector del vino. El departamento de Elena Espinosa se felicita por haber conseguido mantener un presupuesto nacional anual de unos 420 millones de euros pero lo cierto es que la cifra resulta inferior a la media de los últimos años, situada en 450 millones de euros. Con valorarse que se haya mantenido básicamente este presupuesto, esta partida sólo sumará en 2009 unos 230 millones en tanto buena parte del esfuerzo financiero corresponderá durante los primeros años al arranque voluntario de vides (una medida necesaria para renovación generacional pero que lógicamente no mejorará la renta de los viticultores que queden en el sector y que sí servirá para detraerles fondos).
Aguado censura igualmente que se haya “vendido como un éxito” el plazo transitorio de cuatro años dado para la destilación de crisis, las ayudas al mosto y para el alcohol de uso de boca en tanto son “caramelos con fecha de caducidad, pan para hoy y hambre para mañana”. Con tal horizonte y, conociendo además que la liberalización de los viñedos se producirá en 2015, “difícilmente podremos afrontar el libre mercado y el dumping social con el que compiten los nuevos producidores masivos de vino del hemisferio sur”. En este sentido, AVA-ASAJA critica también que las ayudas para el alcohol de uso de boca sólo puedan llegar al viticultor si éste mantiene un contrato con el destilador cuando, pasados 4 años, se acabarán dando directamente en pagos a la superficie desligados de la producción. Aguado defiende que “hubiera resultado más fácil y provechoso para aliviar la crisis de renta del viticultor el recibir la ayuda directamente sin antes ponerlo a los pies de los caballos de la industria”.