Una mayoría holgada de Estados miembros de la UE han votado a favor de reducir la protección del lobo en la UE, con tan solo los votos en contra de Irlanda y España. Por lo tanto, se ha superado el mínimo de 55% de los Estados miembros de la UE, es decir, el mínimo necesario de 15 de los 27 Estados miembros. Por su parte, Alemania pide un cambio de estatus exclusivo para los lobos y no para más grandes carnívoros.
Aunque los Representantes Permanentes de los Gobiernos nacionales ante la UE hayan aprobado la propuesta, ésta necesita ser formalmente adoptada por el Consejo de Ministros de la UE y probablemente la ratificación se produzca mañana en el Consejo de Competitividad, con el objetivo de acelerar el procedimiento antes del 1 de octubre. En este contexto, el Consejo adopta la posición que la UE defenderá en las negociaciones internacionales relacionadas con el Convenio de Berna (primeros días de diciembre). La votación probablemente se realice por mayoría cualificada, siguiendo las reglas habituales.
La propuesta de cambiar el estatus del lobo en la lista de especies protegidas implicaría modificar el Anexo II del Convenio de Berna (que clasifica al lobo como estrictamente protegido) para moverlo al Anexo III (que lo clasifica como "protegido", pero con más flexibilidad para su control).
Así pues, el Comité Permanente del Convenio de Berna discutirá en diciembre la propuesta presentada por la UE y es posible que se realicen estudios técnicos adicionales o consultas con expertos para evaluar el impacto del cambio en el estatus de protección del lobo. Si hay consenso la propuesta puede ser adoptada. En caso contrario, puede someterse a votación. Esto se estima que ocurrirá en enero de 2025.
Si el Comité Permanente aprueba la modificación del estatus de protección del lobo, la Directiva de Hábitats (que protege al lobo en la UE), podría requerir ajustes para alinearse con el nuevo estatus del lobo en el Convenio de Berna y en el caso de los Estados miembros, estos podrían implementar políticas de gestión más flexibles. Aunque seguirá siendo una especie protegida, los países tendrían más margen de maniobra para gestionar situaciones específicas (por ejemplo, control de la población o protección del ganado).
En algunos casos, los Estados miembros ya tienen sus propias normativas nacionales para la gestión del lobo, por lo que la implementación del cambio puede depender de las circunstancias locales, como la densidad de población de lobos o los conflictos con actividades humanas.
Por último, los Estados miembros deben mantener un monitoreo continuo de las especies protegidas, incluido el lobo, a través de informes sobre el estado de conservación del lobo, su manejo y los posibles impactos de las nuevas políticas.
El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha reaccionado a la noticia con alivio tras conocer que “la mayoría de Estados miembros no pondrán ningún impedimento al cambio de estatus de protección del lobo”.
Asimismo, ha insistido en que “ahora más que nunca, es necesario el diálogo con el MITECO y Teresa Ribera -que no ha recibido a los ganaderos y agricultores en seis años que lleva como ministra del Gobierno de España- para que busquemos una solución consensuada”. Por último, Barato ha indicado que “desde ASAJA mantendremos un seguimiento exhaustivo de la metodología y los informes de gestión del lobo que presente el Gobierno de España, al mismo tiempo que ofreceremos todos los datos a nuestro alcance sobre la situación que viven los ganaderos españoles cada semana”.