- Las guerras, los aranceles de Trump, los acuerdos con países terceros y la oferta de vino francés a precios reventados amargan las perspectivas de los viticultores
Alerta roja en las filas del sector vitivinícola a tan solo un mes de que empiecen las labores de la vendimia. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de “una grave parálisis comercial de la uva que está ralentizando las operaciones, prolongando la acumulación de stocks de la campaña pasada en las bodegas, frenando las exportaciones a destinos internacionales y, en definitiva, hundiendo la rentabilidad de los viticultores”.
AVA-ASAJA atribuye como principales causas de esta crisis vitivinícola a las dificultades que atraviesan los flujos comerciales derivados de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio; los aranceles impuestos por Donald Trump; y la entrada masiva de importaciones procedentes de países terceros, en condiciones de competencia desleal, que fomentan los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea.
El problema que encuentra el sector vitivinícola europeo para colocar sus vinos es de tal magnitud que, por primera vez, bodegas valencianas se están enfrentando no solo a importaciones de países terceros más baratas -por no cumplir los mismos estándares de seguridad alimentaria y sostenibilidad que sí se exigen a los vinos europeos- sino incluso a la oferta de vino francés a precios reventados, por debajo de los costes de producción en España.
Los bajos precios en origen afectan especialmente a la uva para vinos tintos, como viene sucediendo en los últimos años a causa de las nuevas tendencias de los consumidores. Sin embargo, también cae la rentabilidad de la uva para vinos blancos e, incluso, para la elaboración de cava en el término de Requena. No en vano, las cotizaciones que las grandes bodegas ofrecieron en la última campaña a los productores requenenses de uva para cava fueron la mitad de un año atrás, alegando una recuperación de la cosecha en Cataluña que no fue tal debido a los ataques de enfermedades fúngicas.
AVA-ASAJA reivindica a las administraciones una serie de iniciativas decididas para reactivar el consumo, ajustar la oferta y demanda y recuperar la rentabilidad de los viticultores.
Poner en marcha el ‘Paquete del Vino’ aprobado por las autoridades europeas
Ayudas al arranque de viñedos, con financiación pública, para reducir de forma estructural el exceso de producción y equilibrar la oferta y la demanda. Además, plantea que los productores puedan volver a plantar esas superficies tras un periodo determinado si el mercado mejora.
Mantener e incluso reforzar el presupuesto para el sector del vino dentro de la PAC, de manera que todos los viticultores europeos dispongan de un nivel similar de apoyo y no dependan únicamente de las decisiones presupuestarias de cada Estado miembro. también reclama al Gobierno español un esfuerzo financiero comparable al realizado por Francia.
Medidas para regular la producción, como la vendimia en verde, restricciones temporales de rendimientos o mecanismos que permitan adaptar la producción a la demanda del mercado.
Cumplimiento riguroso de la ley de cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas.
Habilitar una destilación de crisis, con financiación pública suficiente, para retirar del mercado parte de los excedentes de vino, reducir los stocks acumulados en las bodegas y contribuir a recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Impulso a la promoción y al enoturismo, con el objetivo de aumentar el consumo y abrir nuevos mercados para el vino español.
Valencia, 16 de julio de 2026. Los productores valencianos de cebollas y patatas están acabando una de las campañas más negativas de los últimos tiempos. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifra en 18 millones de euros -10 millones en el cultivo de patatas y 8 en el de cebollas- las pérdidas sufridas por los horticultores de la Comunitat Valenciana, quienes se han visto obligados a malvender sus cosechas muy por debajo de los costes de producción e incluso, ante la falta de un precio que cubriese al menos los gastos de recogida, a dejar perder la producción en el campo.
AVA-ASAJA destaca que la entrada excesiva de patata vieja de Francia y de importaciones de cebollas y patatas procedentes de países terceros -Chile, Perú, Israel, Egipto, Marruecos, Senegal, Nueva Zelanda, etc.- coparon los mercados españoles y europeos desde el principio de la etapa de comercialización, lo que ha contribuido de manera decisiva a hundir la demanda del producto local, ralentizar las compras hasta el mes de julio y desplomar los precios en campo.
En el caso de la cebolla, los precios ofrecidos por los operadores comerciales a los agricultores han caído a 0,08 euros por kilo (€/kg), frente a unos costes de producción que superan los 0,25 €/kg. En el tramo final de la campaña han llegado a hundirse a 0,03 €/kg, lo que no permite ni siquiera recolectarlas, de modo que algunos productores han optado por ‘rotovatarlas’ con su tractor o regalarlas. Las cotizaciones ofrecidas por la patata se han reducido a 0,17 €/kg, muy por debajo de los 0,30 €/kg que suponen ya los costes de producción después de encarecerse los carburantes, los fertilizantes y otros insumos.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denuncia que “la campaña de cebollas y patatas ha sido desastrosa de principio a fin. Los agricultores han cumplido las normativas más exigentes del mundo, han afrontado unos costes de producción enormes, han luchado contra el calor y las plagas para obtener la mayor producción posible, pero todo ese esfuerzo ha sido inútil porque la clase política de la Unión Europea ha abierto las puertas de par en par a una producción de fuera que ni es tan fresca, ni es tan saludable, ni es tan sostenible como la nuestra. Basta de competencia desleal que viene para echarnos del mercado. O damos preferencia a la producción de proximidad o seguirán aumentando los campos abandonados”.
Al respecto, Aguado lamenta que “la Huerta de Valencia está protegida por ley, pero el agricultor no puede sobrevivir. Las ayudas testimoniales que se dan están bien, pero si queremos mantener este paisaje es necesario que los cultivos sean rentables. No habrá huerta si las limitaciones restan competitividad, si los precios de las cebollas y patatas están por los suelos, si los precios de las sandías no permiten su cultivo o si la chufa pierde cada año más productividad. El futuro de la huerta solo será posible si garantizamos el futuro del agricultor”.
Valencia, 15 de julio de 2026. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA, La Unió, Unión de Uniones y UNIADE -Asociación de Industrias Arroceras Españolas- denuncian el uso del arroz envasado como producto reclamo en determinadas promociones comerciales, con precios finales al consumidor que no reflejan el coste real de producir, transformar, envasar y distribuir un alimento básico.
Las cinco organizaciones advierten de que este tipo de prácticas degradan la percepción del arroz, destruyen valor en la cadena alimentaria y trasladan una presión injustificable tanto al sector productor como a la industria arrocera. El arroz es un cultivo estratégico en España, esencial para muchas zonas productoras y con un papel económico, social y medioambiental que va mucho más allá del lineal. En muchas áreas, además, constituye una de las pocas alternativas agronómicas viables y contribuye al mantenimiento de ecosistemas de gran valor.
Por ello, UNIADE, ASAJA, AVA-ASAJA, La Unió y Unión de Uniones consideran inadmisible que se utilice el arroz como producto gancho para atraer consumidores mediante precios artificialmente bajos. No se puede exigir al sector calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, trazabilidad, cumplimiento normativo e inversión permanente mientras se banaliza el precio final del producto.
Las cinco organizaciones recuerdan que la Ley de la Cadena Alimentaria tiene como objetivo evitar la destrucción de valor y garantizar que cada eslabón pueda cubrir sus costes efectivos. En este contexto, reclaman a las administraciones competentes una vigilancia más firme sobre las promociones que sitúan el arroz envasado en niveles de precio incompatibles con una cadena alimentaria equilibrada.
El sector arrocero español soporta costes crecientes en agua, energía, fertilizantes, mano de obra, envases, logística, transformación, seguridad alimentaria y exigencias medioambientales. Convertir el arroz en un producto reclamo no solo perjudica a agricultores, cooperativas e industrias, sino que amenaza la viabilidad futura de un sector esencial para España.
UNIADE, ASAJA, AVA-ASAJA, La Unió y Unión de Uniones subrayan que el consumidor tiene derecho a precios razonables, pero no a costa de destruir el valor de quienes producen y transforman el arroz. Cuando un alimento básico se vende por debajo de su valor real, alguien en la cadena está pagando la diferencia.
Estas organizaciones hacen un llamamiento conjunto a la distribución para que actúe con responsabilidad y deje de utilizar el arroz como reclamo comercial. La competencia en precios no puede convertirse en una carrera hacia abajo que comprometa la sostenibilidad del sector arrocero español.
Valencia, 15 de julio de 2026. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama a la Conselleria de Agricultura y al resto de administraciones con competencias que se impliquen en la apertura y funcionamiento de un matadero en la provincia de Valencia, puesto que los ganaderos de vacuno, ovino y equino se ven obligados a transportar sus animales a mataderos más alejados como Burriana, con la pérdida de tiempo y dinero que ello conlleva. La organización agraria considera que esta iniciativa no solo supondría un alivio para las explotaciones ganaderas, sino también resultaría positiva para las carnicerías locales y los consumidores que prefieren una carne de proximidad más saludable y sostenible.
Antiguamente la gran mayoría de poblaciones tenían mataderos municipales que daban servicio a los ganaderos de la zona. A excepción de unos pocos centros abiertos como Buñol (no está habilitado para pequeños ganaderos), los últimos mataderos que fueron cerrando sus puertas al sector se encontraban en Valencia (Mercavalencia), Picassent y Benaguasil, siendo el cierre más reciente el de Burjassot hace poco más de un año. De este modo, decenas de ganaderos valencianos tuvieron que redirigir sus vacas, ovejas y caballos a la instalación que ahora les queda más cerca: el Matadero de la Plana, situado en la población castellonense de Burriana, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Valencia, e incluso en algunos casos a Vinaròs, de reciente apertura. Ello está causando un grave perjuicio económico, más aún con la escalada de los carburantes desde la guerra en Oriente Medio.
Además, los pocos ganaderos de la provincia de Valencia que apuestan por la ganadería en ecológico siguen teniendo que comercializar en convencional por no disponer de un matadero certificado en ecológico.
Los cunicultores, por su parte, sacrifican la mayor parte de la producción de conejos en otras provincias: Albacete, Tarragona y un pequeño porcentaje en un matadero de Benassal (Castellón), entre otros. La excepción es el sector avícola que, a diferencia de otras cabañas ganaderas valencianas, sí cuenta en la provincia con un número suficiente de mataderos modernos y de gran capacidad.
En la provincia de Castellón, los ganaderos de vacuno de Els Ports, que en décadas pasadas llegaron a llevar sus animales a mataderos de Valencia, Xàtiva o Burjassot, actualmente disponen de una instalación en Morella y complementan los sacrificios en los mataderos de Burriana y Vinaròs a fin de suministrar carne hacia esas áreas.
Consumo de kilómetro cero
AVA-ASAJA envió una carta a la Conselleria de Agricultura tras el cierre del matadero de Burjassot para trasladar la preocupación de los ganaderos y solicitar, aunque no sea su competencia, un impulso del diálogo entre los distintos actores involucrados -ganaderos, autoridades locales, carnicerías y consumidores- en aras de encontrar soluciones que aseguren la sostenibilidad del sector.
La organización presidida por Cristóbal Aguado reivindica que “la puesta en marcha o la reactivación de un matadero en Valencia o su área metropolitana, bajo una correcta gestión y con un servicio mínimo de dos o tres días a la semana, además de conseguir un ahorro de costes y tiempo a los ganaderos, redundaría en el bienestar animal al disminuir las distancias de transporte y permitiría un mejor control de la calidad y la trazabilidad de la carne. Por el contrario, la desaparición de los mataderos comporta el cierre de explotaciones ganaderas y la pérdida de empleos tantos en el matadero como en las carnicerías y otros negocios locales que dependen de sus productos”.
Aguado concluye que “si queremos que los ganaderos mantengan sus granjas y que los jóvenes se incorporen al sector, hay que facilitar mataderos próximos que den el servicio que necesitan para su actividad. El coste del transporte, que es muy importante, puede ser la diferencia entre continuar o abandonar. El matadero no es una opción caprichosa o un debate ideológico, sino una pieza imprescindible en la cadena alimentaria para hacer llegar una carne de máxima calidad a los consumidores. No es coherente defender el consumo de kilómetro cero y, al mismo tiempo, negar la existencia de mataderos cercanos. Hay que dar una solución antes de que sea demasiado tarde”.
Tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo del Acuerdo modernizado entre la Unión Europea y México, ASAJA, como organización miembro de Copa-Cogeca, subraya que su éxito dependerá de una aplicación rigurosa, del cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos y de un seguimiento constante de su impacto sobre los sectores agrícolas más sensibles.
ASAJA y Copa-Cogeca mantienen una especial preocupación por la concesión de un contingente arancelario adicional de 35.000 toneladas de miel mexicana, debido al efecto acumulativo que las sucesivas concesiones comerciales están teniendo sobre un sector apícola europeo que atraviesa una situación especialmente delicada.
Por ello, ambas organizaciones instan a la Comisión Europea y a las autoridades mexicanas a garantizar una protección efectiva de las indicaciones geográficas, avanzar de forma tangible en la cooperación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS), sanidad y bienestar animal, y realizar un seguimiento continuo de los contingentes arancelarios y de su impacto acumulado sobre los sectores agrícolas más sensibles.
Asimismo, ASAJA y Copa-Cogeca recuerdan que los acuerdos comerciales solo serán beneficiosos para el sector agrario europeo si se garantiza una competencia leal y el respeto de los mismos estándares que cumplen los productores de la Unión Europea. En este sentido, reiteran la importancia de que la Comisión Europea vele por el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos y actúe con rapidez ante cualquier distorsión que pueda afectar a la competitividad de los agricultores europeos.
Para ambas organizaciones, el éxito del acuerdo no debe medirse únicamente por las oportunidades comerciales que pueda generar, sino por su capacidad para garantizar un acceso efectivo al mercado, unas condiciones de competencia equitativas, el cumplimiento de las normas acordadas y la confianza de los agricultores y ganaderos europeos.
Valencia, 13 de julio de 2026. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita formalmente al Ministerio de Agricultura que amplíe, del 27 de julio al 30 de septiembre, el plazo de solicitud de las ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes con motivo de la crisis en Oriente Medio. La organización considera que el periodo establecido por el Gobierno, de apenas 15 días, “va a resultar insuficiente para remitir todos los trámites -solo por medios electrónicos- de los agricultores y ganaderos, entre otras razones, por abrirse la convocatoria en pleno verano, por las dudas sin resolver en diferentes casuísticas, por solaparse con la tramitación de otras líneas de ayudas y dado el desconocimiento generalizado sobre los procesos digitales que caracteriza a este colectivo tan envejecido”.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo del Ministerio de Agricultura, publicó un primer listado de 424.593 beneficiarios de las referidas ayudas que, a juicio de AVA-ASAJA, “son insuficientes, pero bien recibidas, porque compensarán parte de las pérdidas derivadas del encarecimiento de este insumo sin el cual no habría un adecuado desarrollo de la actividad agropecuaria”.
Sin embargo, el plazo de solicitud, que termina el 27 de julio, amenaza con dejar fuera a miles de beneficiarios. Una de las principales causas es que esta convocatoria coincide con el periodo estival, donde se concentran las vacaciones de los técnicos. Asimismo, desde la organización agraria se han remitido al FEGA consultas ante diferentes casuísticas sin recibir respuesta a fecha de hoy.
En el caso de la Comunidad Valenciana, AVA-ASAJA destaca la dificultad añadida que implica el elevado envejecimiento de la población agraria (con una edad media superior a 65 años y un desconocimiento general de la tramitación por medios digitales) y el solapamiento de esta convocatoria con otras líneas de ayudas aprobadas por la Generalitat Valenciana, tales como las ayudas dirigidas a los agricultores de las zonas H1 y H2 de la Huerta de Valencia para compensar las limitaciones añadidas que soportan, las ayudas para la replantación de cultivos permanentes dañados por la DANA y las ayudas destinadas a inversiones en modernización y mejora de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana.
AVA-ASAJA facilita las gestiones
Tras las pertinentes gestiones con el FEGA, AVA-ASAJA puede presentar de forma telemática la declaración responsable, en representación de los asociados, que la Administración requiere para abonar esta ayuda. En el caso de las personas jurídicas -que tienen la obligación de relacionarse con la Administración por medios digitales- AVA-ASAJA ofrece su asesoramiento para el correcto envío de la declaración responsable. La cuantía es 38,33 €/ha en secano y 92,50 €/ha en regadío. Los beneficiarios que no estén de acuerdo con los datos aparecidos en el primer listado han de comunicar una subsanación en la página web del FEGA, la cual también facilita AVA-ASAJA. Los beneficiarios deben tener al menos una factura de compra de abonos a partir del 1 de marzo de 2026. Las personas que no figuran en el primer listado no deben hacer ninguna gestión hasta que se publique el último listado y, en caso de no aparecer en ninguno, entonces tendrían que presentar un recurso.
Décadas de políticas equivocadas -jaleadas por el ecologismo radical y un animalismo más cerca de la fantasía de Disney que de la realidad cotidiana- han incrementado a cotas alarmantes el problema de la fauna salvaje. Ya no hablamos solo de los daños que provoca en la agricultura y la ganadería, que son cada vez más inasumibles. Es tal el exceso de animales silvestres que ya afecta también a nuestra salud. Además de las enfermedades que transmiten al ganado (sarna, gripe aviar, tuberculosis, brucelosis o peste porcina africana), la suma de campos abandonados y de mamíferos como jabalíes o conejos está generando una presencia nunca antes vista de garrapatas.
Hemos solicitado a la Conselleria de Sanidad que nos concrete la cifra de atenciones en ambulatorios y hospitales por picaduras de garrapatas, ya que ese balance nos permitiría calibrar la dimensión del asunto y recetar las soluciones necesarias. También vamos a empezar charlas en pueblos arroceros, a cargo de médicos de La Fe, que incluirán extracciones de sangre para ser más conscientes de la exposición real del colectivo a enfermedades contagiadas por garrapatas, mosquitos y el ‘mal de la rata’ (leptospirosis).
Después de un Botànic que menospreció el control de la superpoblación de especies silvestres, el gobierno de Juanfran Pérez Llorca ha empezado a cambiar el rumbo, poniendo en marcha líneas de ayudas a cazadores y la empresa pública Vaersa para batir y retirar jabalíes, así como a ayuntamientos para colocar jaulas-trampas. Pero es evidente que aún falta mucho por avanzar.
Tenemos el apoyo explícito de la Diputación de Valencia, con la que, además de potenciar la actividad cinegética y medidas preventivas, estamos estudiando vías legales para que los ayuntamientos obliguen a los propietarios de campos abandonados a mantenerlos limpios de maleza. Estamos a la espera de reunirnos conjuntamente con las Consellerias de Agricultura y Medio Ambiente para hacer un plan de choque importante, sin precedentes, y comenzar a hablar de que la Generalitat disponga de cazadores profesionales que estén disponibles para batidas requeridas al momento.
Además, este problema no se circunscribe únicamente a la Comunitat, sino que es de ámbito nacional y europeo. Por ello resulta imprescindible que el Gobierno central y la Unión Europea corrijan las políticas ambientalistas extremistas que nos han llevado aquí y apliquen soluciones, con base científica y consensuadas con el sector agrario, que garanticen la salud y la calidad de vida de las personas.
Artículo de opinión del presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, publicado en Levante-EMV.
Farm Europe y Eat Europe, asociaciones de las que ASAJA es miembro, han pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que revierta la reducción del 50 % propuesta en el presupuesto de 2027 destinado a la política de promoción agrícola de la UE, advirtiendo de que dicho recorte socavaría la competitividad de los agricultores y las empresas agroalimentarias europeas en un momento de creciente incertidumbre mundial.
En una carta conjunta enviada a la Comisión, las organizaciones sostienen que reducir el presupuesto de 205 millones de euros a 112 millones de euros envía una señal equivocada cuando la UE está promoviendo la autonomía estratégica y animando a los consumidores de todo el mundo a «comprar productos europeos». Destacan que la política de promoción no es un gasto, sino una inversión estratégica que genera valor para los agricultores, las comunidades rurales y la economía europea en general.
Asimismo, critican la falta de coherencia en las recientes decisiones presupuestarias, argumentando que los repetidos cambios en los niveles de financiación generan incertidumbre entre las empresas y los Estados miembros y dificultan cada vez más la inversión y la planificación a largo plazo. Señalan que, a pesar de los anuncios de presupuestos récord, la financiación realmente disponible para los programas de promoción ya ha disminuido en los últimos años.
Ambas organizaciones llegan a la conclusión de que, si la Unión Europea se toma en serio el fortalecimiento de su sector agrícola y el fomento del consumo de productos europeos, sus ambiciones políticas deben ir acompañadas de recursos financieros adecuados y evitar que, con una mano, se retire dinero y, con la otra, se devuelva solo una parte.
Por tanto, han instado a la Comisión Europea a restablecer el presupuesto de promoción para 2027 a un nivel que refleje la importancia estratégica de esta política y a garantizar una financiación estable y previsible para los programas de promoción.
Además, desde ASAJA se ha pedido que este tema sea tratado y apoyado por el Gobierno de España en el Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH) del próximo lunes 13 debido a la importancia de este asunto para la competitividad y estabilidad del sector agrícola europeo.
ASAJA exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las instituciones europeas que actúen con la máxima rapidez y que suspendan de forma inmediata las importaciones de carne procedentes de Brasil, sin esperar a nuevos plazos ni a decisiones aplazadas. Para la organización, cuando se detectan incumplimientos que afectan a la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la confianza del consumidor, la respuesta debe ser inmediata.
"No puede haber dos varas de medir: máxima exigencia para los ganaderos europeos y tolerancia con productos de terceros países que no garantizan los mismos controles", denuncia ASAJA. La organización considera inaceptable que el sector ganadero español esté sometido a una normativa cada vez más exigente en sanidad, bienestar animal, sostenibilidad, trazabilidad y transporte, mientras se mantienen abiertas las importaciones de carne procedente de países cuyos sistemas productivos no ofrecen garantías equivalentes.
ASAJA advierte de que este problema no puede plantearse solo como una cuestión de competencia desleal para los ganaderos. Es también una cuestión de seguridad alimentaria, defensa del consumidor y credibilidad del modelo europeo de producción. Si Europa prohíbe determinadas sustancias y prácticas en sus explotaciones, no puede permitir que entren en su mercado productos obtenidos bajo condiciones que aquí serían ilegales.
En este sentido, la Sectorial ha criticado la incoherencia de la política europea, que sigue incrementando las obligaciones al ganadero comunitario, con nuevas exigencias en bienestar animal, transporte o sostenibilidad, mientras impulsa acuerdos comerciales y mantiene importaciones de países como Brasil o Argentina sin una reciprocidad real. ASAJA insiste en que no se opone al comercio internacional, pero exige igualdad de condiciones, cláusulas espejo verificables, controles efectivos en frontera y salvaguardas automáticas.
ASAJA trasladará estas reivindicaciones al Ministerio de Agricultura. Para la organización, el vacuno de carne es un sector estratégico para la alimentación, el empleo, la economía rural y la conservación del territorio, y sin controles reales en frontera España seguirá perdiendo ganaderos, explotaciones y capacidad productiva.
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