La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha presentado hoy ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sus alegaciones con motivo de la consulta pública sobre la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. En resumen, la asociación presidida por Cristóbal Aguado solicita una revisión más objetiva y garantista del Dominio Público Hidráulico (DPH), conforme a la legislación en materias de aguas, y que los propietarios que sufran la pérdida de terrenos por integrarse en el DPH sean beneficiarios de una justa compensación al tratarse de un acontecimiento extraordinario.

El departamento de aguas, proyectos y expropiaciones también ofrece a los afectados una plantilla adicional para que puedan presentar a la CHJ alegaciones que incorporen, además de las observaciones genéricas de la asociación, las demandas particulares de cada caso.

La organización agraria constata, en primer lugar, que la delimitación del DPH fijado por la CHJ a lo largo de los terrenos ribereños de los diversos municipios que atraviesa el río Sot de Chera (Sot de Chera) y el río Turia (Chulilla, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja del Turia, Manises, Paterna y Quart de Poblet) “ni se ajusta a la realidad física existente ni tampoco a la normativa vigente en materia de aguas”.

Mientras que la definición de cauce que establece la Ley de Aguas habla expresamente de crecidas de carácter ordinario, AVA-ASAJA alega que la DANA del 29 de octubre de 2024 constituyó una crecida de carácter extraordinario: “Esta crecida totalmente extraordinaria no puede constituir, por sí sola, la hoja de ruta para fijar una nueva delimitación del dominio público que implique la apropiación por parte del Estado de terrenos de propiedad privada, principalmente de agricultores y ganaderos, sin compensación ni indemnización alguna, es decir, una incautación en toda regla”.

Asimismo, en el término de Sot de Chera “se han incluido como cauce público terrenos de parcelas de propiedad privada que en ningún momento histórico fueron cubiertos por las aguas, ni siquiera en la DANA”. Por ello, AVA-ASAJA insta a modificar la cartografía delimitadora del DPH, en materia de cauces, que tenga en cuenta la legislación vigente.

La asociación también alega que el mecanismo empleado para actualizar la delimitación del DPH “no ha sido transparente, no ha contado con la difusión y publicidad que una cuestión de tanta importancia merece, no se ha contado con la participación y opinión de las administraciones locales ni de las organizaciones profesionales agrarias y muchos de los propietarios de terrenos ribereños afectados e incluidos en la cartografía como DPH ni se han enterado de la publicación del anuncio en el BOE”. Así, a juicio de AVA-ASAJA, “debería de hacerse a través de expedientes administrativos de deslinde, previsto en la legislación en materia de aguas, con cada uno de los propietarios afectados, contemplando compensaciones extraordinarias para los mismos ya que se han visto o se van a ver privados de su propiedad como consecuencia de una desgracia, riada o crecida de carácter extraordinario”.

Los propietarios damnificados continúan pagando impuestos, cánones de entidades de riego y demás desembolsos propios de la actividad agraria que constituye su medio de vida, por lo que “precisan de medidas claras y procedimientos serios ante la situación de desamparo, vulnerabilidad e inseguridad que están sufriendo, impropias de un estado democrático de derecho y más propias de dictaduras marxistas”, según denuncia AVA-ASAJA. En ese sentido, reclama a la Administración del Estado “una urgente respuesta al deslinde del DPH que se encuentre a la altura de la catástrofe sufrida”.