La sectorial de pozos insta a “estar más unidos y asesorados” ante las obligaciones que “nos complican la vida”

Un centenar de asociados participaron ayer en la sectorial de Pozos y Aguas de Riego de AVA-ASAJA para conocer y debatir el aluvión de obligaciones que deben cumplir las entidades de riego. El presidente de la asociación, Cristóbal Aguado, inauguró el acto poniendo de relieve que “cada vez tenemos que estar más unidos porque nos van a barrer con tantas normativas que nos complican la vida. Hay que implicarse, reivindicar y estar bien informados y asesorados”.

Los técnicos de la sectorial Rosa María Gómez, Carlos Ballester y Luis Carbonell detallaron obligaciones en vigor tales como la instalación de contadores volumétricos con telemedida (la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) exime en sus primeros requerimientos a las entidades de riego afectadas por la DANA, pero más adelante estarán igualmente obligadas a cumplirlo), las publicaciones de las asambleas de las comunidades de regantes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la firma digital y la llevanza del libro de actas, entre otras actuaciones establecidas por las administraciones.

La empresa C. Serrador Gómez, con el apoyo de Microdos Energy, expusieron sus tecnologías para cumplir la obligación de instalar un sistema de medición telemática de volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico, según establece la normativa. Los asociados de AVA-ASAJA tienen un descuento en el precio ofrecido por estas firmas.

La sectorial también recomendó a las entidades de riego que consulten al departamento de aguas antes de firmar renovaciones de los contratos de energía eléctrica con las comercializadoras, que comprueben que se aplica la exención de hasta el 85% en el Impuesto Eléctrico (IE) por la aplicación del Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE), o que, en el caso de las entidades situadas en los municipios afectados por la DANA, eviten posibles penalizaciones a la hora de modificar las potencias contratadas, independientemente de que se haya hecho en menos de doce meses, hasta el 31 de diciembre de 2025.

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