La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está ultimando una orden según la cual adoptará nuevas medidas de emergencia para evitar la introducción del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en España y la Unión Europea, cuando tal plaga fue declarada oficialmente en la Comunitat Valenciana en febrero de 2004, tras introducirse probablemente a través de importaciones desde Egipto.
La propagación del picudo rojo, que entró por primera vez en España a mediados de los noventa, está causando la muerte a centenares de miles de palmeras en el medio rural y urbano valenciano, viveros, jardines y Palmerales Históricos. “Tarde, demasiado tarde, va a empezar el Gobierno a asumir su responsabilidad y a endurecer los controles de entrada del picudo rojo”, afirma el presidente de AVA-ASAJA Cristóbal Aguado.
“La Administración central vuelve a ir por detrás de la realidad, y por su incompetencia y falta de previsión ha permitido la entrada de una plaga muy agresiva que apenas tiene tratamientos eficaces para extinguir el insecto”. La adopción en España de las medidas contra el picudo rojo es consecuencia de la reciente publicación de dos disposiciones europeas, la 2007/365 y la 2008/776. “Nada más detectarse oficialmente la plaga en la Comunitat Valenciana, hace ahora cuatro años, el Gobierno debería haber presionado inmediata y enérgicamente a Bruselas para evitar a tiempo su propagación, reforzando entonces la vigilancia en todos los puntos de entrada europeos por donde se introducen las palmeras procedentes de terceros países”, indica Aguado.
Además de dicha armonización, lo que pretende la orden ministerial es proteger palmeras singulares y garantizar la identidad y trazabilidad durante todo el proceso de traslado de estos materiales así como su posible inmovilización o incluso cuarentena de un año antes de su puesta en circulación en caso de detectarse el patógeno. “Valoramos las medidas que puedan frenar la propagación del picudo rojo en las zonas donde la concentración de palmeras es elevada”, señala Aguado, “pero no es más de lo que esperamos de la Administración, donde por cierto no ha habido ninguna dimisión todavía por la tragedia botánica y paisajística que la plaga está ocasionando”.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Gobierno dificulta la contratación de jubilados en el campo al aumentar en un 43% las cotizaciones por día trabajado, mientras no aplica incrementos tan elevados en las cotizaciones mensuales del resto de trabajadores. “Esta discriminación perjudica tanto a este colectivo de trabajadores como a los empresarios agrícolas”, según Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.
Además, asegura que “ante la falta de relevo generacional, muchos agricultores encuentran en los jubilados a trabajadores que pueden aportar una gran experiencia en las labores agrarias y que necesitan seguir trabajando en el campo para complementar una pensión que les resulta insuficiente”.
No en vano, la pensión media que recibe un agricultor y ganadero valenciano a través del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) es de tan sólo 484 euros al mes, un 44% menos de la que les corresponde a los que provie-nen del Régimen General (867 euros). Entre los cambios adoptados en las modalidades de cotización a partir del 1 de enero de 2009 destaca este incremento en las cotizaciones por contingencias comunes por jornada laboral en la contratación de trabajadores no inscritos en el censo agrario, es decir, autónomos y jubilados contratados por cuenta ajena.
Para este colectivo, hasta 31 de diciembre de 2008 se destinaba a la Seguridad Social el 15,50% de la base de la cotización diaria por jornada realizada. Ahora, los empresarios ven incrementadas las cotizaciones mensuales por los jubilados al 28,30%, porcentaje que de este modo se iguala a la cotización en el Régimen General. Los jubilados pueden trabajar hasta 90 días al año. Numerosos agricultores se ven obligados a estar dando de alta y baja a diario a los trabajadores jubilados y autónomos para evitar los mayores costes que supone la cotización mensual.
Esta modificación se enmarca dentro de la Ley de los Presupuestos Genera-les del Estado por la cual se varía la cotización del Régimen Agrario por cuenta ajena en dos modalidades: cotización mensual, obligatoria para trabajadores con contrato indefinido, y cotización por Jornadas Reales, opcional para el resto de trabajadores.
La Comisión Europea (CE) tendrá que evaluar la “eficacia y coherencia” de los controles sanitarios y fitosanitarios de la importación de productos alimenticios, vegetales y animales y presentar un informe al Consejo y al Parlamento a finales de 2010. Así lo acordó el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que además "invitó" también al ejecutivo comunitario a agilizar las iniciativas legislativas dirigidas a mejorar los controles a los productos foráneos.
La conclusión del citado informe coincidirá, pues, con el inicio de la presidencia española de turno de los Veintisiete. AVA-ASAJA reclama al Gobierno español que aproveche la oportunidad “para cumplir el mandato e impulsar medidas para acabar con el doble rasero aplicado por la UE, que es tan exigente con las frutas y hortalizas europeas como permisivo con las llegadas de países terceros”, denuncia el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
AVA-ASAJA valora el giro que parece que esté dando la política comunitaria gracias a la impronta dejada por la presidencia de turno de los 27 ocupada durante el segundo semestre de 2008 por el ejecutivo de Sarkozy. Fue el Gobierno del país vecino el que en junio presentó un demoledor memorándum titulado ‘Importación de alimentos: seguridad sanitaria y conformidad con las normas comunitarias’ en el que se ponía en solfa el diferente trato aplicado en materia sanitaria y fitosanitaria según la procedencia de los alimentos, europea o foránea.
Poco más tarde, el Comité Económico y Social Europeo (CESE, el más importante organismo consultivo de la UE) reincidía en lo mismo en su dictamen ‘La seguridad sanitaria de las importaciones agrícolas y alimentarias’. Más recientemente, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), a petición de la CE, elaboró otro informe en el que –en la línea también con lo denunciado reiteradamente por AVA-ASAJA- se cuestionaban los controles para evitar la llegada en cítricos sudafricanos de la Gignardia citricarpa o ‘mancha negra’.
“El presidente Zapatero tiene tantos o más motivos que Sarkozy para hacer pasar a la UE de las palabras a los hechos” señala Aguado quien además advierte que “ya que es complicado luchar contra el dumping social que practican los países no comunitarios que tienen costes de producción insignificantes, por lo menos Bruselas debía asegurar a los consumidores que todas las frutas y verduras que llegan al mercado europeo reúnen las mismas garantías”.
Efectivamente, en las conclusiones del último Consejo de Ministros de Agricultura de 2008 sobre el punto relativo a la seguridad de los productos agrícolas importados y su conformidad con las reglas comunitarias, el Consejo recuerda que la UE es el mayor importador mundial de productos agroalimentarios y que el crecimiento de los intercambios mundiales en este ámbito "convierte en muy probable la emergencia y la difusión de los factores de riesgo o enfermedades que en ocasiones se descubren a posteriori”. A este respecto, AVA-ASAJA ya denunció cómo sólo en la última década y siempre procedentes de países terceros se han introducido hasta siete plagas en la citricultura valenciana, una cada 15 meses.
AVA-ASAJA valora que el Plan de Huerta recoja antes un programa para asegurar la renta al agricultor
Casi un centenar de productores de chufa participaron ayer en la jornada organizada por AVA-ASAJA en Alboraia en relación a la situación de este cultivo. En el transcurso de la misma la directora general de Paisaje, Arancha Muñoz, explicó el contenido del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia (PATHV) y aclaró la filosofía del programa agrícola. “Si en un primer momento fuimos críticos con este plan, ahora valoramos que, por primera vez en un proyecto de esta índole, se esté considerando al agricultor como protagonista.
Sólo cuidando a quien trabaja la tierra y asegurando la rentabilidad de su actividad se podrá preservar un paisaje que sabemos es único en Europa”, destacó el líder de esta organización, Cristóbal Aguado. La Generalitat viene manteniendo desde hace meses contactos con las organizaciones agrarias para coordinar los planteamientos del programa agrícola integrado dentro del PATHV. Muñoz explicó que con este plan, cuyo objetivo primero es asegurar la rentabilidad a los horticultores, se constituiría un consorcio, un ente gestor conformado por la Administración –en su caso, la Generalitat y los municipios afectados- así como los representantes de los agricultores.
Este nuevo órgano se encargaría de captar financiación -con partidas autonómicas, estatales y/o europeas- para crear un ‘fondo de compensación’ para los agricultores por los servicios ambientales prestados. “Los usos no agrícolas como la restauración o el agroturismo que se puedan permitir y que fomentará el PATHV serán voluntarios y deberán estar subordinados a asegurar la rentabilidad al horticultor” advirtió Aguado en la jornada. La representante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo puso como ejemplos análogos la experiencia que se está abordando en el ‘Parc Agrari del Baix Llobregat’ donde la Diputación de Barcelona, los ayuntamientos e incluso un convenio con las cajas financian líneas de mejora en la comercialización de sus productos agrícolas.
Más ambicioso si cabe resultaría ‘el Parco Agrícola Sud Milano’, uno de los más más grandes de Europa con 61 municipios y donde un ente gestor con fondos de Lombardia, del Estado y de la UE mantiene una zona agrícola de gran diversidad. Sin perder la perspectiva de los problemas que afectan a la huerta, el catedrático de la UPV, José García Jiménez, abordó los avances en la lucha contra un hongo que en su momento puso en ‘jaque’ la producción de chufas. García Jiménez aludió a los estudios realizados sobre este patógeno, que aún está por clasificar pero que se sabe que provoca una fuerte defoliación en el cultivo y una importante merma en la producción.
El catedrático explicó que son las simientes de la chufa las que portan este hongo y cómo las últimas investigaciones han demostrado que aplicando sistemas de termoterapia se reduce su afección. La acción combinada con algunos fungicidas ha permitido en las últimas fechas controlar definitivamente la enfermedad pero, según destacó el catedrático, la aplicación de la nueva regulación europea de fitosanitarios podría dejar sin alternativas de lucha contra las plagas a este cultivo considerado ‘menor’.
Por su parte, la directora general de Comercialización Agraria, Marta Valsangiacomo, ilustró sobre la enorme potencialidad de la horchata para la promoción en los mercados. “Si el consorcio que emane del PATH sabe atender a las particularidades de la huerta será un instrumento útil y hay cultivos, como la chufa, que están demostrando que pueden ser rentables y servir para mantener la huerta”, concluyó Aguado.
El malestar social en el sector arrocero sigue creciendo un año más por las discriminaciones existentes en las compensaciones que la Conselleria de Medio Ambiente ha aprobado a los arroceros afectados por los daños provocados por la avifauna en el Parque Natural de La Albufera. Al igual que en 2008, los agricultores volverán a perder más de 200.000 euros, lo que supone el 65-70% de los daños reconocidos por la Dirección General del Medio Natural, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).
La organización agraria reclama la revisión de algunos “despropósitos” de la normativa para, de una vez por todas, compensar “todos los daños registrados en los arrozales, por todas las especies de la avifauna, y en todas las zonas de cultivo, sin discriminaciones arbitrarias e injustificadas”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA.
“No es de recibo que el esfuerzo realizado por los agricultores para mantener el Parque Natural de La Albufera, que es la insignia de la Comunitat Valenciana por calidad e importancia ambiental, no reciba año tras año una compensación digna y acorde a su gestión agroambiental”, indica Aguado: “Únicamente los arroceros serán los que correrán con las pérdidas de la proliferación de las anátidas en el paraje.
Tras seis años consecutivos con importantes daños de avifauna y tras la creación de un grupo de trabajo que realiza un seguimiento de los perjuicios y las correspondientes ayudas, se dio a conocer el 5 de febrero un Plan de Actuación que contempla varias actuaciones dirigidas a compensar los daños en los cultivos. El programa aprobado aumenta en cuatro los días asignados a la caza de anátidas. Además, se inundarán una serie de parcelas en los términos de Silla y Massanassa durante el secado de la marjal con el propósito de evitar el estrés de la avifauna por falta de comida.
Asimismo, el plan contempla hacer acopio de comida en varios puntos de reserva para aumentar el ‘efecto llamada’ de las aves fuera de las zonas de cultivo. También permitirá efectuar disparos controlados en zonas donde se produzcan daños en los cultivos durante el período de siembra. “Valoramos estas iniciativas pero continuamos pensando que al final de la campaña, contando con las compensaciones, habrá centenares de arroceros que no recibirán ayudas pese a tener daños en el cultivo”, concluye Aguado.
Corte de voz de Sergio Navarro, técnico de AVA-ASAJA
AVA-ASAJA denuncia que la Administración central y autonómica “enmascaran” en la estadística la evidencia del abandono masivo de campos de cítricos que en los últimos años está provocando la crisis de este cultivo. Así, en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos (ESYRCE) 2008, publicada recientemente, se concluye que la superficie citrícola se mantuvo estable tanto en la Comunidad (188.650 hectáreas por las 187.810 de 2007) como en el conjunto del país (332.626 ha. en 2008 y 332.796 en 2007).
Para el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado, tales números “no se corresponden, ni de lejos, con la triste realidad que vivimos pero sí sirven para justificar la pasividad de la Administración, que es capaz de negar hasta lo más obvio”. El informe ESYRCE utiliza el eufemismo ‘superficie de secano’ para referirse a las plantaciones abandonadas en las que efectivamente no se regó pero que sí computan a los efectos de calcular la superficie citrícola total. Así, la estadística referida a la Comunidad hablaba en 2006 de una superficie citrícola de ‘secano’ de 7.035 ha., de 10.083 ha en 2007 pero de sólo 1.330 ha en 2008.
“Pensar que en 2008 se invirtió la tendencia y se abandonaron sólo un millar de hectáreas es impensable porque sólo con los asociados de AVA-ASAJA que llamaron para informar que la crisis de precios les obligaba a abandonar la actividad ya se acumularía mucha más superficie”, advierte Aguado. A este respecto conviene destacar, por otra parte, que el informe referido a la Comunidad es el único en el que se apostilla que en el año 2008 se ‘han variado ligeramente las unidades de investigación (segmentos) de la muestra por lo que no es exacta la comparación de las cifras’.
Un comentario que, sin duda, cuestiona la validez de sus propias conclusiones. “Si el Gobierno central y autonómico se quiere consolar pensando que la crisis no está provocando un abandono masivo de campos, perfecto, pero todos sabemos que esto no es así y si no se toman medidas ya el proceso se acelerará y las consecuencias medioambientales y económicas serán muchísimo mayores”, advierte Aguado. AVA-ASAJA ya estimó que hasta diciembre los citricultores valencianos acumulaban pérdidas por valor de 134 millones de euros.
AVA-ASAJA denuncia que los errores denunciados por las organizaciones de consumidores en las facturas de la luz también se están repitiendo desde el pasado verano en el caso de los agricultores. Si para los usuarios domésticos ha sido el cambio del sistema de cobro de bimestral a mensual el detonante del serial de errores y desproporciones en las facturas, en los productores de regadío y ganaderos tal cosa se está produciendo por la “imprevisión y la falta de planificación con la que el Ministerio de Industria ha abordado la supresión de las tarifas especiales de riego".
Así lo denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, quien además reclama al Ejecutivo Central una comisión de investigación para aclarar las deficiencias detectadas y tomar medidas.
AVA-ASAJA mantendrá una estrecha colaboración con las organizaciones de consumidores de la Comunitat Valenciana para tratar de llevar a cabo acciones de manera conjunta, con el fin de acabar con las irregularidades detectadas en las facturas de alta, media y baja tensión.
“Justo en el momento más crítico, cuando los regantes se han visto abocado a adaptarse al nuevo sistema de contratación en un mercado libre, la improvisación en las regulaciones aprobadas por el Gobierno sólo han servido para aumentar el grado de desinformación y confusión entre los regantes, que están asumiendo desorbitados incrementos en los costes de la electricidad”, asegura Aguado.
El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, obliga a las eléctricas a remitir la facturación del suministro mensual o, como máximo, bimestralmente. Con la liberalización del mercado eléctrico, “la dejadez y permisividad” del ministerio –en palabras de Aguado- está posibilitando que en algunos casos se remitan facturas desorbitadas al contabilizar un consumo acumulado de hasta ocho meses. Se están dando innumera-bles errores de cálculo en la facturación de la energía. Por ejemplo, un regante llegó a recibir en noviembre una factura con un importe que triplicaba el coste real de la energía en ese pozo.
En segunda instancia, el retraso en las lecturas y emisión de facturas ha agravado también los efectos de la confusión generada desde la supresión de las tarifas especiales de riego. Así, multitud de regantes se han llevado durante estos meses la desagradable sorpresa de recibir una factura por varios meses que, además de multiplicar considerablemente su gasto mensual, venía acompañada por penalizaciones del 5% en cada mes. Ante las cantidades recibidas en tales facturas, muchos afectados se han visto obligados a presentar las correspondientes reclamaciones para solicitar que se les fraccione el pago.
AVA-ASAJA recuerda, además, que los usuarios de las tarifas de alta y baja tensión están sufriendo también los cambios de los precios y horarios que se publicaron en el BOE, sin previo aviso ni negociación alguna, el 30 de diciembre, en la víspera por tanto de Nochevieja y que ya entraron en vigor el pasado 1 de enero. La orden comenzó a aplicarse sin que antes se hubieran adaptado los contadores de las eléctricas a la nueva disposición.
AVA-ASAJA lamenta que el Ministerio de Medio Ambiente haya optado por mantener acoplado el pago único de cítricos pese al “caos y la desinformación” generalizada en 2008, en el que fue su primer año de tramitación. “Pese a que algunos se han aprovechado de la situación para pagar precios ridículos por la fruta que iba a la industria de zumos o incluso cobrar por recogerla, el Gobierno no ha querido cambiar el decreto”, señala el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado.
Tras la negativa experiencia vivida en 2008, AVA-ASAJA ha venido reclamando al Ejecutivo central que modificara el decreto para acabar así con el segundo año del periodo transitorio impuesto. De esta manera, los citricultores podrían haber solicitado este año directamente la ayuda, sin necesidad de entregar a la industria el mínimo que aún se requerirá este año de 2.300 kilos por hectárea en el caso de naranjas y de 1.300 kg/ha en el de clementinas.
Pero el Ministerio de Medio Ambiente ha rechazado tal posibilidad y los citricultores, para acceder a las subvenciones europeas, tendrán que seguir asegurando tales cantidades al ‘receptor autorizado’ (que son casi todos los comercios y Organizaciones de Productores -OP’s-) para así figurar posteriormente en el contrato que éstos firmen con la industria transformadora de zumos. Para el pago único de cítricos se establece el mismo periodo de solicitud que para el resto de cultivos sometidos a este régimen, es decir, entre 1 de febrero y el 30 de abril.
“Muchas cooperativas, OP’s no cooperativas y un número reducido de comercios han colaborado en facilitar la gestión al citricultor pero ha habido una gran cantidad de operadores (receptores autorizados) que no lo han hecho, que han cobrado un ‘peaje’ al productor por tales ayudas o incluso se han negado a hacer el trámite” advierte Aguado quien señala por todo ello que es un sistema “arbitrario y viciado”. Será a partir de 2010 cuando los productores de naranjas, clementinas y limones podrán cobrar directamente en función de la superficie declarada, sin mayores condiciones que las de acreditar que el cultivo ya estaba plantado a 30 de septiembre de 2006. Pero conviene dejar claro que sólo podrán cobrar en ese año quienes activaron sus derechos en 2008. El no haber hecho tal cosa en 2008 no impediría, sin embargo, el reclamar la ayuda en el periodo de solicitud ahora abierto.
Con todo, AVA-ASAJA augura que, dadas las dificultades sufridas el año pasado, en esta segunda campaña de tramitación del pago único de cítricos serán menos los solicitantes. Por otro lado, la organización agraria informa que la principal novedad de este año será la incorporación a este sistema de la uva entregada para la elaboración de mosto no destinado a vinificación. Casi 4.200 productores valencianos con unas 7.200 hectáreas cultivadas podrán solicitar tales ayudas.
AVA-ASAJA denuncia que la línea de crédito del ICO prometida por Puxeu no llegará a los agricultores
AVA-ASAJA denuncia que la línea del ICO de mil millones de euros que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu, prometió para aliviar los problemas de liquidez de los agricultores no llegará a este colectivo. Efectivamente, el ‘número dos’ del ministerio anunció tal cosa en sendas reuniones, la una en Madrid el día 20 de enero con la junta directiva de Asaja y la otra en Valencia, el 23 de enero, con las organizaciones agrarias valencianas convocadas para debatir medidas por la crisis citrícola.
El miércoles día 28, por el contrario y en un nuevo encuentro con Asaja en el que también participó Puxeu así como otros altos cargos del ministerio, se matizó que esta línea sólo se ofrece a empresas agroalimentarias. “Los agricultores no sufrimos únicamente esta crisis sino la que veníamos arrastrando de años anteriores y si actuásemos como algunos sectores hace tiempo que hubiéramos echado el cierre por lo que necesitamos aún más si cabe que otros medidas para poder continuar con nuestra actividad”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Así, en la última cita mantenida en Madrid se aclaró que los únicos productores que se beneficiarán de esta línea de crédito serán aquellos que traten de financiar proyectos como la modernización de invernaderos, granjas y en general mejoras en bienestar animal. Medidas que distan mucho de compensar a los agricultores por la crisis de precios que vienen sufriendo y que este año, por ejemplo, en el caso de los cítricos, supondrá que se vuelva a trabajar a pérdidas, sin cubrir los costes de producción. “Muchos agricultores acumulan ya una gran deuda imposible de afrontar.
Las ayudas públicas llegan tarde y mal pero la devolución de los créditos vence con puntualidad británica y la situación de muchos es ya desesperada”, denuncia Aguado. AVA-ASAJA confía en que la Administración central y autonómica sea capaz, al menos, de mantener la promesa que también se realizó el día 23 cuando tanto Puxeu como la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, garantizaron que se concedería un aplazamiento en la devolución de los préstamos concedidos por las históricas heladas de 2005.
La organización agraria reclama por todo ello una línea de apoyo financiero específica para el agro, similar a la ya aprobada para otros sectores, con préstamos con intereses al 100% bonificados, baremados en función de la superficie de cada explotación y con un plazo de vencimiento de 5 años.
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